Consulta: ¿para qué?

Simón Pachano
spachano@yahoo.com
La consulta popular, en Ecuador, ha sido utilizada principalmente como un medio para legitimar al presidente que la ha convocado. Generalmente se la ha impulsado para zanjar conflictos políticos que han llegado al nivel que se suele calificar como empate catastrófico. Solo excepcionalmente ha sido utilizada para aprobar políticas, leyes o reformas de interés popular, aunque se incluyeran algunas preguntas en ese sentido. Los resultados tuvieron que ver más con el aspecto oculto que con el texto explícito de la pregunta. Ejemplo claro de ello fue la consulta de León Febres-Cordero acerca de las candidaturas de los independientes. La respuesta expresó el sentir ciudadano hacia su gobierno y no constituyó un pronunciamiento sobre el derecho de los no afiliados. Tanto fue así que ocho años después el mismo tema fue aprobado contundentemente cuando lo consultó Sixto Durán-Ballén que atravesaba por un buen momento.

La última vez que se la convocó, en el año 2011, se discutió acaloradamente sobre la manipulación de un procedimiento que está pensado como el eje de las formas de democracia directa. A la metida de la mano en la justicia –que era el núcleo para lograr el control de todas las funciones del Estado– se la adornó con las prohibiciones de los toros y con otros asuntos de menor importancia. Muchos fuimos quienes la cuestionamos en ese momento, no solo porque se buscaba convertir a la ciudadanía en cómplice de intenciones claramente autoritarias, sino porque aquella utilización llevaba a la degradación de este valioso instrumento y se repetía la historia previa.

Cabe recordar estos hechos ahora, cuando se dice que el presidente Moreno podría convocar a una consulta. Cabe también preguntarse si los temas y los contenidos a ser consultados marcarán alguna diferencia con esa historia de manipulación. Es innegable que se requieren soluciones inmediatas para problemas muy serios, como la existencia de ese engendro que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (solo a analfabetos funcionales se les pudo ocurrir quitarle las atribuciones fundamentales al órgano máximo de expresión de la voluntad popular que es el parlamento). Ciertamente, deben ser reemplazadas urgentemente las autoridades seleccionadas por ese organismo. Es innegable que hay leyes, como la de comunicación, que deben ser derogadas. Es necesaria una definición sobre la reelección indefinida. Pero no está claro que la consulta sea el camino para lograr esos y otros objetivos.

Hay temas que requieren de acuerdos políticos orgánicos y no del entusiasmo pasajero de la ciudadanía. A manera de ejemplo, la eliminación del CPCCS exige un debate en profundidad para evitar futuras frustraciones. Para que la reforma tenga legitimidad y viabilidad, en ese debate deben participar todas las fuerzas políticas, incluido el correísmo como expresión orgánica. Dejarlo al azar de un sí o un no sería asegurar un nuevo fracaso. Si, por razones de principios, antes cuestionamos la utilización de la consulta como mecanismo excluyente, no hay razones para aceptarla ahora si va a tener el mismo carácter. La experiencia propia podría darnos pistas para no repetir errores. (O)

DIARIO EL UNIVERSO