miércoles, 30 de septiembre de 2015

“Correa cierra los espacios de una sociedad autónoma”

El director de Fundamedios acusa al presidente ecuatoriano de utilizar la Secretaría de Comunicación como portavoz oficial

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César Ricaurte Ecuador
El director de Fundamedios, César Ricaurte. / CECILIA PUEBLA (EFE)
El periodista ecuatoriano César Ricaurte, de 50 años, dirige desde 2006 la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). Si bien el nombre con que se le bautizó permitía anticipar una vocación académica, la organización pronto cobró forma como un muy activo observatorio de la libertad de prensa en el país andino. Tal vez no podía ser de ninguna otra manera pues, con la llegada al poder de Rafael Correa y su Revolución Ciudadana, el de los medios se convirtió en uno de los frentes más calientes de la diatriba política en Ecuador.
Ricaurte puso su impronta personal en el desempeño de la fundación. Así que tanto uno como la otra debieron pagar el precio por levantar la bandera de la libertad de prensa en un ambiente tan caldeado: el periodista se convirtióen uno de los blancos favoritos para las críticas que desde su programa sabatino derrama el presidente Correa y para la presión desde los medios gubernamentales.
Ahora le tocó el turno a la organización, que emite de manera regular alertas sobre ataques contra medios y periodistas: después de varias advertencias, el 9 de septiembre la gubernamental Secretaría de Comunicación (Secom) inició el proceso de cierre de Fundamedios, sanción que aparcó el viernes pasado, según aseguró un boletín del ente, solo en aras “del diálogo nacional”.
Ricaurte, que ejerció el periodismo en la prensa impresa y la televisión, evalúa desde Quito la situación en la que la organización queda ahora tras el archivo de su caso.
Pregunta. ¿A qué atribuye la decisión del Gobierno ecuatoriano de suspender el procedimiento de cierre de Fundamedios?
Respuesta. A la enorme ola de solidaridad y de apoyo, nacional e internacional, que incluyó 50 pronunciamientos de organismos de derechos humanos y protección a la prensa, y la histórica declaración de cinco relatores de Libertad de Prensa, dos de la OEA y tres de la ONU, condenando el cierre. Creo que esa ola le hizo ver al Gobierno que el potencial cierre de Fundamedios podía tener un costo muy grande, en un momento en que está intentando regresar al mercado de capitales para enfrentar la crisis económica y fiscal del país.
Si lo que molesta en definitiva al Gobierno es que haya alertas, pues lo sentimos mucho, porque vamos a seguir haciéndolas
P. A pesar de la tregua, la Secom advierte a Fundamedios de que sigue violando la ley.
R. Lo que nos dice es que debemos dejar de emitir alertas, y las alertas son una de las razones de ser de Fundamedios. Es una amenaza muy grave, pero no podemos dejar de hacer lo que hacemos. No encontramos razones válidas para dejar de emitir alertas. Si hay algo que corregir, no tenemos problema en hacerlo, y por eso hemos preguntado al Gobierno qué le molesta de nuestras alertas. Pero si lo que molesta en definitiva al Gobierno es que haya alertas, pues lo sentimos mucho, porque vamos a seguir haciéndolas.
P. El Gobierno acusa a Fundamedios y otras organizaciones de la sociedad civil de comportarse en los hechos como un actor político.
R. Evidentemente, la defensa de un derecho fundamental como la libertad de expresión es un acto político. También lo es participar en el debate de los asuntos de interés público, derecho que reivindicamos. Lo que de ninguna manera hacemos, como lo quiere hacer ver el Gobierno, es política partidista. Ni siquiera nos vemos como una organización de oposición contra el Gobierno. Criticamos, sí, las acciones del Gobierno que afectan a la libertad de expresión. Porque eso viola derechos fundamentales del individuo y obligaciones del Estado ecuatoriano que queremos recordarle.
La defensa de un derecho fundamental como la libertad de expresión es un acto político
P. El Gobierno también insta a que Fundamedios aclare cuáles son sus fuentes de financiación económicas.
R. Quieren crear toda una mitología sobre ese asunto. El Estado ecuatoriano tiene toda la información financiera de Fundamedios. De hecho, con el inicio del expediente para cerrar Fundamedios también se inició una campaña masiva desde los medios del Estado en contra de Fundamedios. El diario El Telégrafo, por ejemplo, publicó una infografía que mostraba los ingresos que hemos tenido todos estos años; así que esto no es ningún misterio. Y quedó claro que los montos que manejamos son los de una organización mediana. En el mejor de los años tuvimos ingresos por 300.000 dólares. Eso es lo que gasta el Gobierno en uno solo de sus actos.
P. ¿Acusa de este intento de cierre al presidente Correa?
R. La Secretaría de Comunicación es una oficina de la Presidencia. Pero tengo la impresión de que este episodio es una demostración del titular de la Secretaría, Fernando Alvarado, de que está dispuesto a actuar por su cuenta. En esta ocasión no detectamos ningún pronunciamiento del presidente Correa. O bien fueron muy cuidadosos y quisieron que solo se queme un fusible como Alvarado, o este estaba actuando por su cuenta.
El Estado ecuatoriano tiene toda la información financiera de Fundamedios
P. ¿Por qué hay tanta pugnacidad en Ecuador en torno a los medios y la libertad de prensa?
R. Hay una idea política detrás del argumento de que los medios son los enemigos, de que son mera expresión de los poderes fácticos. Es un modelo que intenta ir cerrando los espacios de una sociedad autónoma, pues lo que se pretende es que el Estado ocupe todos los espacios, y que los que no ocupe luzcan sospechosos.
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    ECUADOR: HRF CELEBRA ARCHIVO DE PROCESO CONTRA FUNDAMEDIOS Y EXIGE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
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    NUEVA YORK (30 de septiembre de 2015) — Human Rights Foundation (HRF) celebra la decisión administrativa dictada por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) que ordena el archivo del proceso de disolución contra la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). HRF también exige al estado ecuatoriano implementar garantías de no repetición para que, en el futuro, ni la SECOM ni ningún otro órgano del Estado pueda reactivar el expediente de disolución en contra de la organización.

    “Desde el momento en que asumió la presidencia en 2007, Rafael Correa instauró una campaña permanente de hostigamiento contra los medios de comunicación que tienen una línea informativa crítica o independiente de la del gobierno. Las agresiones han ido desde insultos proferidos por Correa, hasta el enjuiciamiento de periodistas y la imposición de una línea editorial oficialista”, dijo el presidente de HRF, Thor Halvorssen. “Los periodistas en Ecuador se desempeñan hoy en un clima de tensión y autocensura alarmantemente similar al que se vivió hace más de veinte años, durante la última dictadura militar que azotó a ese país. De seguir por el camino del autoritarismo, en muy poco tiempo en Ecuador ya no quedarán vestigios de disenso en la opinión pública. Si bien celebramos la victoria de Fundamedios, la situación para los periodistas en Ecuador no ha cambiado un ápice. Los que vivimos en sociedades abiertas tenemos la obligación moral de expresar nuestro apoyo a quienes, a un gran costo personal, continúan luchando para exponer estos abusos”, dijo Halvorssen.

    El pasado 8 de septiembre, tras años de descalificaciones públicas y campañas de desprestigio por parte del gobierno, muchas de las cuales fueron lideradas por el propio presidente de la República durante su cadena sabatina, la SECOM notificó a Fundamedios que había iniciado un procedimiento administrativo de disolución debido a que la organización habría difundido mensajes, alertas y ensayos con “indiscutibles tintes políticos”. En la misma resolución, la secretaría otorgó un plazo de diez días para que Fundamedios presentara sus pruebas de descargo.

    La semana pasada, después de numerosas expresiones de apoyo por parte depersonalidades e instituciones internacionales a favor del trabajo que realiza Fundamedios, la SECOM emitió una resolución final en la cual resolvió “archivar el procedimiento administrativo de disolución iniciado”. Sin embargo, la SECOM ratificó las acusaciones que había realizado contra Fundamedios durante la apertura del expediente y expresó que otorgaba el archivo del proceso “bajo una última advertencia para que esta organización social respete sus normas estatutarias, en especial la prohibición de ejercer asuntos de índole político, evitando levantar alertas infundadas, con la única finalidad de afectar el prestigio del Ecuador y su institucionalidad”.

    “Según el derecho internacional, los Estados están obligados a adoptar 'garantías de no repetición' como medida para evitar que un acto internacionalmente ilícito vuelva a producirse. En el ámbito interamericano, esta obligación está fundamentada en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la corte interamericana a través de los años”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Exigimos al estado ecuatoriano, como miembro pleno del sistema interamericano, que adopte las ‘garantías de no repetición’ necesarias para asegurar que Fundamedios pueda desempeñar sus actividades sin ser objeto de campañas de desprestigio ni amenazas de disolución”, dijo El-Hage.

    HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
    PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA ANTE EL AVANCE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN RÍO BLANCO Y QUIMSACOCHA
    Desde la semana anterior ha vuelto a la discusión pública el tema del informe presentado en el 2013 a la Municipalidad de Cuenca por el Instituto Francés de Investigación Geológica y Minera (BRGM por sus siglas en francés). Dicho informe señala, entre otros preocupantes puntos, que no existen estudios que den cuenta de la situación actual y los posibles impactos de la minería aurífera en el agua, especialmente subterránea, en Río Blanco (Molleturo) y Quimsacocha (Victoria del Portete), lo cual es grave dado que son zonas de páramo donde nacen cuencas y subcuencas hídricas que abastecen extensos territorios de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando, llegando incluso a la parte costanera de Azuay, y sectores de las provincias de Guayas y El Oro.
    El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama al respecto manifiesta:
    1.    Su sentida preocupación, una vez que queda claro que ninguna autoridad de la provincia de Azuay, ni del cantón Cuenca, ha tomado interés en un tema tan sensible como es la posible explotación de minería a gran escala en los páramos del Macizo del Cajas, ya que el informe del BRGM quedó en el olvido por más de dos años, tiempo en el cual ha avanzado el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto minero Río Blanco, aprobándose en el 2014 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación, cuando el informe del BRGM señala: “De la información que se tiene, el estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Río Blanco no dispone de estudios y datos necesarios para definir adecuadamente las líneas de base de punto cuantitativo y cualitativo de las aguas. Es especialmente débil en la definición de acuíferos, de los flujos subterráneos y de la velocidad del agua subterránea.”, entre otras consideraciones que constan en dicho informe.

    2.    Su rechazo a la política minera del actual gobierno dirigida únicamente a favorecer a las corporaciones transnacionales facilitándoles el saqueo de los minerales, sin importar el costo social y ambiental que esto significará para las comunidades y para la ciudadanía de Cuenca, de otros cantones del Azuay y de otras provincias, ya que tanto el proyecto minero Río Blanco como Loma Larga se encuentran en áreas de páramo del Macizo del Cajas, fundamentales para el abastecimiento de agua de los cantones Cuenca, Girón, San Fernando, Santa Isabel, y zonas de las provincias costeras de Guayas y El Oro.

    3.    Su indignación a la pretensión de hacer pasar a los mega proyectos mineros Rio Blanco y Loma Larga dentro de la figura de “mediana minería”, creada el año pasado por el gobierno, lo cual traerá ingentes beneficios a las corporaciones Junefield (China) e INV Metals (Canadiense). En el caso Loma Larga, la empresa en un informe de marzo de este año presenta una cantidad de remoción de material de sólo 1.000 toneladas diarias, cuando antes se hablaba de 3.000, lo que le permitiría entrar en la categoría de “mediana minería” y con ello no tendría que negociar contratos con el Estado, ni pagar impuestos a las ganancias extraordinarias y las regalías serían menores al 5%, entre otras ventajas. 

    4.    Su rechazo al fraudulento proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la fase de explotación del proyecto minero Río Blanco, realizado por el Ministerio de Ambiente (MAE), y de solicitud de concesiones en la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Jubones.
    En el caso de la aprobación del EIA, se trata de un procedimiento totalmente viciado de ilegalidad desde su inicio, ya que estas concesiones mineras fueron hechas sin información ni Consulta Previa a las comunidades, desacatando el Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en 2008, y como una mera formalidad para la entrega definitiva de los territorios en beneficio de la corporación china Junefield, ya que este EIA quedó aprobado con una serie de deficiencias, inexactitudes, vacíos de información o información desactualizada, que no permiten tener seguridad de lo que va hacer la empresa en temas sensibles como: la gestión de residuos sólidos y líquidos, efluentes industriales, escorrentía, demanda de agua y los impactos del proyecto en la calidad y disponibilidad de agua.
    Lo anterior es mucho más grave si se tiene en cuenta que el EIA de Río Blanco fue aprobado en 2014 con una demanda de agua de5.04 l/s (litros por segundo), en base del balance completo (mina y beneficio), según lo ha indicado la empresa a su contestación a las observaciones hechas por el MAE. Sin embargo, desde el año pasado la empresa viene solicitando en la Secretaría Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Hidrográfica Jubones, un total de 18.17 l/s, es decir, el triple de la cantidad que asegura va a utilizar según el EIA aprobado por el MAE. Las concesiones que solicita son de las quebradas Migsihuigsi por 13.11 l/s, Achupalla 3.66 l/s y Catichimachay 2 por 1.40 l/s.

    Así este trámite de solicitud de concesiones de agua en la SENAGUA, deja en entredicho el EIA mismo, ya que si este fue elaborado en base a 5.04 l/s pero la empresa ocupará el triple de agua, este instrumento “técnico” simplemente carece de valor y credibilidad.Por todo lo manifestado el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama considera que a más de retomar el informe dado por el BRGM, el Concejo Cantonal de Cuenca debe: 

    a)    Exigir en forma urgente la suspensión de todos los procesos administrativos para explotación minera en el Cantón Cuenca que se estén llevando en distintas instancias estatales. 
    b)    Exigir a la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA-Demarcación Hidrográfica Jubones el archivo del trámite para la entrega de concesiones de agua para el proyecto Río Blanco, expediente administrativo DHJ-2013-303-C; así como, la suspensión de los trámites de licenciamiento ambiental en el Ministerio del Ambiente para la fase de explotación y beneficio del mismo proyecto minero.
    c)    Impulsar una auditoria al trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero Río Blanco, que incluya la revisión exhaustiva de los EIA aprobados por el Ministerio de Ambiente.
    d)    Impulsar de igual manera una auditoria al trámite para las concesiones de agua solicitada por la empresa San Luis Minerales S.A. en SENAGUA-Demarcación Jubones.
    e)    Manifestar su posición frente a todas las adecuaciones legales que el gobierno está haciendo para facilitar la explotación minera y beneficiar a las transnacionales como con la creación de la figura de “mediana minería”.

    martes, 29 de septiembre de 2015

    Denuncian falta de derechos humanos en Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua

    Directivos de Fundamedios César Ricaurte y Mauricio Alarcón dan rueda de prensa acerca de la notificación de proceso de disolución de la fundación. Fotografías: Carlos Rodríguez/Andes.
    El Centro de Estudios Analíticos de Latinoamérica (Casla) presentó este martes en Bruselas un informe que denuncia las supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con testimonios de diferentes personalidades.
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    Mitzy de Ledezma, esposa del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que en Venezuela se intenta “callar la voz disidente”, a la que “se criminaliza”, al tiempo que consideró que “los ojos del mundo están condenando la violación sistemática” de derechos en el país.
    En el evento, organizado por el grupo liberal (ALDE) en la Eurocámara, la presidenta de la asociación VenEuropa, Patricia Betancourt, entregó a esa formación una lista de firmas en apoyo a la candidatura de la oposición venezolana agrupada en la Mesa de Unidad Democrática al premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.
    El Partido Popular Europeo (PPE) apoyó el lunes la candidatura de la oposición democrática venezolana al premio europeo Sájarov, como manera de presionar al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dar un mensaje de cara a las próximas elecciones en el país.
    Por su parte la directora ejecutiva de Casla, Tamara Sujú, se refirió a Venezuela para señalar que “o se respetan todos los derechos para todas las personas, o no es una democracia”.
    También se refirió a Cuba, donde señaló que a pesar de la nueva etapa de apertura con EEUU “las violaciones de derechos humanos continúan”, y apuntó en concreto a la detención de activistas o a presuntas agresiones a opositores.
    La senadora boliviana de Convergencia Nacional (CN) Eva Carmen González, criticó en la misma presentación la ley en su país que plantea una reforma constitucional para permitir que el presidente Evo Morales vuelva a ser candidato en los comicios de 2019.
    Por su parte, el abogado y activista Mauricio Alarcón puso el acento en los procedimientos judiciales o administrativos a los que se enfrentan los medios de comunicación en Ecuador, y lamentó “el fallecimiento de periodistas y la impunidad que en muchos casos se da por la inacción”.
    Desde Nicaragua, el columnista y activista José Antonio Peraza, indicó por videoconferencia que el país ha experimentado un “retroceso sustantivo” en materia de libertades fundamentales, como la libertad de expresión y movilización, con su actual presidente, Daniel Ortega.
    Representantes de las embajadas en Bruselas de los países aludidos en el informe, lamentaron que apenas se les concediera la palabra para dar la réplica en la sesión.
    El representante de la embajada de Cuba Alejandro Fuentes calificó la presentación del informe de “farsa”, al tiempo que dijo no reconocer al Parlamento Europeo (PE) y a los conferenciantes “cualificados” o “con competencia” para hablar de los derechos humanos en países del Alba.
    El diplomático cubano y otros representantes de esos países recalcaron la importancia de que se considere el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como el foro apropiado para abordar estos asuntos. EFE (I)

    Sumisión, el nuevo rol de la mujer en la autocracia de Correa

    La Revolución Ciudadana ha logrado retroceder casi doscientos años en la lucha por la emancipación de la mujer en Ecuador

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    La asambleísta Lourdes Tibán fue golpeada y se le niega una investigación sobre este hecho porque es opositora. (Radio Colosal)
    La asambleísta Lourdes Tibán fue golpeada y se le niega una investigación por ser opositora. (Radio Colosal)
    Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, que tiene como punto de origen el asesinato de las hermanas Mirabal, por orden del entonces dictador Rafael Trujillo en República Dominicana, porque ellas denunciaron su régimen sanguinario y represivo.+
    En esta fecha, Rafael Correa, junto con sus respectivas ministras, despliegan todo el aparato de propaganda estatal para promocionar “la equidad de género” que ha alcanzado Ecuador gracias a las políticas implementadas por la Revolución Ciudadana, adornadas con eslóganes tales como :“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”; o “La Revolución tiene rostro de mujer”.+
    No obstante, la semana anterior, la asambleísta de oposición Lourdes Tibán fue golpeada y arrastrada del cabello por dos mujeres no identificadas, quienes la amenazaron de muerte. Posteriormente, un hombre desconocido la persiguió para intimidarla, diciéndole: “Ya vas a ver lo que te va a pasar, sinvergüenza”.+
    Pese a existir un video como prueba, la Asamblea Nacional —dominada por el bloque oficialista—, se negó a tramitar un proyecto de resolución en rechazo de actos violentos en contra de la asambleísta Tibán, utilizando motivos que oscilan entre lo surrealista y lo inverosímil. ¡Tal parece que los agresores hoy en día deben dejar una tarjeta de presentación junto a la víctima!+
    En vista de que Lourdes Tibán responsabilizó directamente al presidente Rafael Correa de sus ataques, una asambleísta del partido de Gobierno, como ya es característico en estos tiempos de “revolución”, iniciará acciones legales en contra de Tibán por supuestas calumnias, pasando luego a cuestionar su reputación con el objetivo de que la “opinión pública”, orquestada por la Secretaría de Comunicación (Secom), la termine de crucificar.+
    Está por demás resaltar que la asambleísta Tibán ha venido desempeñando el rol para el cual fue elegida por los ecuatorianos, que consiste en legislar y fiscalizar, algo que en este régimen autocrático es considerado subversivo. También, ha ejercido su legítimo derecho a la resistencia frente a los atropellos del Gobierno, conducta catalogada como indeseable bajo un sistema que exige sumisión absoluta de la mujer ante el poder patriarcal del autócrata Rafael Correa, como ya lo manifestó la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pues otro de los logros de la Revolución Ciudadana es habernos retrocedido casi doscientos años en la lucha por la emancipación de la mujer.+
    De tal forma que hoy, en Ecuador, las mujeres que alzan la voz son doblemente rebeldes, porque se oponen tanto a un régimen autocrático como a la sumisión de la mujer que el Gobierno pretende imponer como norma. Rafael Correa permanentemente se jacta de la enorme cuota de participación política de la mujer en su gabinete, pero ignora que un cambio revolucionario no significa igualdad de oportunidades para ser parte de un sistema de sumisión y tiranía.+
    Adicionalmente, el presidente Correa ha deteriorado la calidad de convivencia en la sociedad ecuatoriana mediante la utilización abusiva e irresponsable de los medios de comunicación, a través de los cuales se ha dedicado a insultar a sus opositores sin tener en cuenta la plasticidad de la mente y sus procesos psicológicos subyacentes, pues al atribuir una serie de características negativas sin fundamento a todo opositor u opositora a su gobierno, está construyendo en sus seguidores una percepción distorsionada de los mismos, la cual disparará un afecto negativo (rabia, odio, resentimiento), que conlleva a la estigmatización, despojándolos por ende de todo rasgo humano.+
    Así, pasan a ser blanco fácil de cualquier agresión sin el menor grado de compasión o empatía, tal y como sucedió con la asambleísta Tibán.+
    Mientras tanto, el silencio más elocuente ante este episodio de violencia proviene de laSecretaría Nacional del Buen Vivir, que nos cuesta a los ecuatorianos más de USD $3 millones al año. Al parecer, las practicas de yoga del secretario Ehlers no han sido suficientes para sensibilizarse y rechazar la agresión en contra de la asambleísta Tibán.+
    Resulta más que una burla crear un organismo para promover la armonía basada en “valores y virtudes”, mientras el primer mandatario ostenta una conducta marcada por el irrespeto y bellaquería, ejemplo que es asimilado por los niños y adolescentes en plena etapa formativa y que va a repercutir en sus pautas de conducta como futuros ciudadanos.+