miércoles, 30 de mayo de 2018

A Jorge Yunda lo pescan con las manos en la masa

  en La Info  por 
No hay duda: Jorge Yunda es experto en crear espejismos. Juzgue usted: nadie sabía que él, que fue asambleísta correísta y pudo armar un emporio mediático, consideraba mañoso el concurso de frecuencias hecho por el correísmo en 2016, en el cual su grupo postuló, mediante 12 empresas, para 46 frecuencias: 42 de radio y 4 de televisión.
Yunda es persona de efectos retardados, pero muy oportunos: solo ahora, cuando la Contraloría leyó el informe del examen especial que hizo al proceso de concesión de frecuencias, él dice que en ese concurso se actuó con órdenes y afinidades para favorecer a los lacayos y perjudicar a aquellos que eran críticos o hacían, según sus palabras, oposición. Incluso se condolió con Diego Oquendo que fue perjudicado, según reconoció, en la segunda parte del concurso…
Yunda dijo a El Telégrafo no saber por qué la Contraloría lo menciona en el informe. Según él no es concesionario desde 2007, en el 2016 dejó de ser accionista de una empresa de comunicación y tampoco participó en el concurso… En la rueda de prensa dijo, no obstante, conocer el informe. Lo cual sería legalmente imposible si no fuera porque está involucrado en la investigación. Y la Contraloría lo involucra directamente con su número de cédula. Con la información del Banco Internacional y el Banco de Pichincha, se oyó durante la lectura del informe, los auditores comprobaron que de las 12 empresas relacionadas con el Grupo Canela, en diez están autorizadas, para manejar sus cuentas, familiares del asambleísta: son su madre y su hermana si se siguen los números de cédula dados durante la lectura. Entre esas empresas están Telecanela Tv. Costera, Radio Colón, Radioeventos, Gamboa Comunicación, Sonido y Energía Sonoenergía, Canela Piel del Ecuador… Las empresas del Grupo de Yunda también comparten cuatro personas que prestan sus servicios contables.
La composición accionaria dio igualmente pistas a la Contraloría para sacar conclusiones sobre el grupo mediático de Jorge Yunda. Los accionistas de Radio Canela son familiares suyos. Los auditores hablan de parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad. En la parte administrativa, según datos que fueron extraídos de la Superintendencia de Compañías, vuelven a figurar la madre de Yunda como Presidenta de la compañía y la hermana como Gerente General.
El borrador del informe que fue leído durante un par de horas, refiere la misma relación de parentesco, en primero y segundo grado de consanguinidad, en Telecanela. Según el número de cédula leído, la Contraloría hace referencia a un hijo de Yunda.
La relación entre las empresas no se limita a los familiares. Incluye a los socios. En el informe se alude a accionistas de una decena de empresas que no declaran bienes inmuebles o cuyos avalúos no llegan a 11 000 dólares. La Contraloría se encontró con otras curiosidades: socios que tienen relación de dependencia con empresas del grupo Canela y cuyos salarios están entre el mínimo fijado por la ley y alrededor de 700 dólares. La misma relación de dependencia se encontró entre los gerentes de las empresas del grupo Canela con otras empresas.
Ante la prensa Jorge Yunda no dijo que de las 46 frecuencias solicitadas por su grupo, 37 fueron calificadas y pasaron a la segunda etapa en el Cordicom. El asambleísta puede ahora pavonearse ante las cámaras afirmando que no recibió frecuencias. El hecho cierto, según dice la Contraloria en el informe, es que tres empresas del grupo Yunda lograron la frecuencia pedida: Canela Piel del Ecuador, Sonido y Energía Sonoenegía y JH Radio FM. Las demás quedaron en suspenso como consecuencia de la denuncia de irregularidades formulada por Fundamedios y medios digitales como 4P. El entonces candidato Lenín Moreno pidió parar el concurso.
Jorge Yunda se defiende creando espejismos en serie: no concursó, pero sus empresas sí. Reta a los periodistas a que pregunten en la Contraloría si sus familiares recibieron frecuencias en este concurso; pero no dice que muchas otras de las 34 calificadas hubieran sido suyas si el concurso no se hubiera paralizado. Solo ahora critica el concurso calificándolo de mañoso. Incluso se da aires de resistencia y ética ante el autoritarismo que forjaba concursos, tildando a los beneficiarios de lacayos.
No hay duda: Yunda es experto en crear espejismos. Porque a la luz del informe de la Contraloría se puede decir que entre los lacayos (es su término) estuvo él y que también él, como Ángel González, dueño de diario El Comercio, montó un esquema de ocultamiento para sumar 46 frecuencias a su grupo mediático. Un hecho no solo inaudito sino ilegal. Esta vez el tiro le salió por la culata.

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El dueño de El Comercio montó un fraude para concentrar frecuencias

  en La Info  por 
Para alzarse con el mayor número de frecuencias de radio y TV en el Ecuador, el zar de los medios en América Latina, el mexicano Ángel González, montó un esquema de ocultamiento de la propiedad de sus empresas. Con ese sistema, el grupo mediático González pretendía burlar las normas anti monopolio que rigen el concurso para la entrega de frecuencias de radio y televisión. Este establece que una empresa únicamente podrá operar simultáneamente una emisora en FM, otra en AM y otra en televisión.
De acuerdo al informe que la Contraloría hizo al proceso de concesión de frecuencias hecho por el Cordicom y el Arcotel, el grupo González, al que pertenece diario El Comercio de Quito, postuló para la obtención de la concesión de 104 frecuencias: 60 de televisión, 43 de radio FM y una de radio AM, a través de 18 empresas que fueron calificadas en su totalidad para el concurso y que aparecían como si cada una tuviera accionistas distintos.
El equipo auditor de la Contraloría descubrió, sin embargo, que las empresas estaban vinculadas entre ellas puesto que compartían las mismas firmas calificadas para manejar cuentas en los principales bancos del país o estaban domiciliadas en direcciones que resultaron ser exactamente las mismas. Es decir, Contraloría destapó un plan que buscaba que Gonzalez pudiera concentrar una cantidad de frecuencias que está prohibido por las normas legales que rigen al concurso y que, aparentemente, ni el Cordicom ni Arcotel se habían percatado.
Este esquema había sido denunciado antes por varios medios de comunicación digitales pero nunca había había sido confirmado por algún organismos oficial: hasta que llegó la lectura del informe de Contraloría. Fundamedios, la organización que hizo la investigación que se publicó en varios medios digitales, ya había alertado sobre las pretensiones del grupo González detallando perfectamente el esquema que ahora Contraloría hace público. El nuevo Cordicom, posesionado en el gobierno de Lenín Moreno, paralizó el proceso hasta que se investiguen las denuncias. Fundamedios había afirmado que el Arcotel se había hecho de la vista gorda ante las irregularidades, a pesar de que había enviado y publicado las evidencias del esquema tramposo.
De la información que Contraloría consiguió de algunos bancos, entre ellos el Produbanco y el Pichincha, se determinó que de las 18 empresas relacionadas con el grupo El Comercio, en doce constan la misma firma autorizada para el manejo de las cuentas bancarias. Estas empresas son: Andivisión, Compañía Radiodifusora Trafalgar del Ecuador, Distribución y Representaciones Yomar, Ecuadoradio, Megacomunication, Ecuatoriana de Televisión Ortel, Radiodifusora Ayax del Ecuador, Radiodifusora Kashmir del Ecuador, Tamaggio, Telecuatro Guayaquil, Televisión Independiente Indetel y Zakarie. La Contraloría, además, confirmó que en el caso de ocho empresas todas aparecen con una misma dirección que corresponde a un estudio jurídico: Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre en Guayaquil.
En su informe, también advierte que, de las 18 empresas de González, diez fueron constituidas hace muchos años (las que ha tienen frecuencias) y ocho lo fueron en fechas tan cercanas al concurso que resulta evidente que las hicieron exclusivamente con el objetivo de que participen en él.
La Contraloría hizo otro hallazgo que evidencia que hubo la intención manifiesta de evadir las leyes que tratan de impedir la concentración de la propiedad de los medios. En las empresas Byrtum, Tamaggio, Jaygycorp y Manaseijas constan tres accionistas con el 50 % de las participaciones que no tienen bienes muebles ni inmuebles y una persona cuya única propiedad es una moto que cuesta 1 090 dólares. Estas personas, halló el equipo de Contraloría, tienen ingresos mensuales de, máximo, 600 dólares mensuales. Además no declararon impuesto a la renta. La afirmación del informe apunta a lo inverosímil que resulta que personas que no tienen patrimonio ni sueldos importantes puedan ser dueños de las empresas.
Contraloría también encontró parentesco entre accionistas de varias empresas del grupo González. Por ejemplo, la gerente de Locnom y Ozenca es hermana de una de las accionistas de Semneg y Orodrec.
‘El Fantasma’, como se le llama a Ángel Gonzalez, posee en Latinoamérica 45 canales de televisión, 68 emisoras de radio, 65 salas de proyección cinematográfica, 3 cadenas de televisión satelital (DTH) y dos medio impresos que son El Comercio y Últimas Noticias en Ecuador. La red mediática convierte a ‘El Fantasma’ en el oligopolio privado más grande del país: es concesionario de 87 frecuencias de radio y televisión, 66 repetidoras y 19 matrices, más dos de televisión digital.
No es la primera vez que resulta favorecido. Fundamedios señaló que, según el artículo 6 de la Ley de Comunicación del Ecuador, se prohíbe que una persona o empresa extranjera sea dueña de un medio de comunicación a escala nacional. Sin embargo, en el reglamento de la Ley de Comunicación, se puso como una excepción que esto no aplica para ciudadanos de países con los que Ecuador tiene convenios. Con esto se allanó el camino para la compra de El Comercio… Y para la operación del canal Televicentro, del mismo diario.
‘El Fantasma’ usa en todos los países, según los relatos de la prensa internacional, el mismo mecanismo para extender su red: entrega a crédito programación de Hollywood y enlatados mexicanos a canales en mala situación económica. Luego, cuando la deuda se agiganta, los compra a muy bajo costo. Su fortuna, según cálculos de El Universal de México, supera 2.000 millones de dólares.
El informe que se leyó el lunes deberá ser respondido por los acusados en cinco días. Todo indica, sin embargo, que con tal cúmulo de trampas y mañas, el grupo de González se quede fuera del concurso, al menos las empresas que aún no tenían concesiones.  Sería el desmoronamiento de un monopolio creado gracias a los excelentes vínculos que el mexicano tenía con los operadores del gobierno de Rafael Correa.

¿Los compinches del autoritarismo ya se lavaron la cara?

  en La Info  por 
¿Alguien sabe en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que Lenín Moreno cumplió un año ya en el gobierno? ¿Alguien se habrá enterado de que, en ese lapso, Jorge Glas, recibido con alfombra roja por María José Carrión, presidenta de esa Comisión, cambió de estatus y pasó de vicepresidente de la República a reo en una cárcel de Quito?
En la Comisión de Fiscalización todo sigue igual. María José Carrión sigue presidiendo como si no hubiera sido una pieza clave en el mecanismo autoritario de Rafael Correa. Acólito y compinche. Nadie le ha pasado la factura por haber complotado contra su cargo y su misión fiscalizadora. Por haber hecho parte de esos ejércitos de funcionarios secuaces dedicados a ocultar la verdad y proteger a los corruptos. Ella no citó a Glas para dar explicaciones: lo dejó dar lecciones de moral al país que sabía que a su tío le regalaban plata empresas como Odebrecht y empresarios como Tomislav Topic. Tanta lealtad volvió a Carrión una política con poder en la Asamblea; una política dedicada a labores despreciables.
Con el derrumbe del correísmo, María José Carrión viró hacia Lenín Moreno pero siguió haciendo los mismos favores a los jerarcas de su partido que, gracias a su diligencia y a su servilismo cómplice, escaparon a la fiscalización política. Ayer volvió a salir indemne de esa Comisión Alexis Mera, citado en el marco del juicio político contra Gustavo  Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros funcionarios. Pudo decir que sí hubo corrupción en la justicia… Pero toda en contra del gobierno de Rafael Correa.
Silvia Salgado también estuvo presente y comparte las mismas circunstancias que María José Carrión. Política elíptica y sinuosa, enfundada en traje hurtado de mujer de izquierda, ella es actora de mil amarres y maniobras que ejecuta sin rasguño aparente. Su declaración sobre la prestación de Alexis Mera, la retrata de cuerpo entero. Para ella no es grave que el hombre más fríamente cínico del correísmo haya llamado jueces. O les haya escrito amenazándolos. A ella, tan ducha en terrenos cenagosos, eso no le inquieta. Ni merece que califique de injerencia en la Justicia la actitud de Mera. Esa injerencia palmaria solo podría ser calificada por ella de injerencia si se llegara a probar que las intervenciones de Mera surtieron efectos en las sentencias de los jueces u operadores de la justicia.
Así es Salgado: la expresión perfecta de los políticos a los que no hay que oír porque sus vericuetos retóricos son enrevesados e infinitos y le permiten, al mismo tiempo, ensuciarse las manos y lavárselas ante las cámaras sin correr ningún peligro: en su caso solo hay que ver cómo vota. Y qué resultados oscuros produce con sus acciones. Ella debe figurar en cualquier balance sobre el autoritarismo y la corrupción durante el correísmo: fue una pieza clave en la Asamblea para tapar y enterrar movidas y maniobras chuecas. Hoy Silvia Salgado sigue operando en la Asamblea como sacerdotisa incólume.
Alexis Mera ya ha sido retratado algunas veces por 4Pelagatos.
Lo increíble no es que María José Carrión, Silvia Salgado, Alexis Mera sean lo que son. Impresiona que puedan proceder con el mismo descaro y las mismas coartadas que manejaron durante el autoritarismo al que sirvieron. Y que lo puedan hacer ante las cámaras sin sufrir la más mínima sanción por parte de la sociedad. Ellos, como otros actores de la década correísta, son un desafío a la memoria, a la decencia mínima, a la necesidad imperiosa de trazar líneas rojas, en el ámbito ético, en la esfera pública para los funcionarios y políticos.
Personajes como ellos suscitan un baño doloroso de realismo político en el país: en la Asamblea Nacional nada sustancial ha cambiado. Y Correa dejó el poder hace un año.

martes, 29 de mayo de 2018


Cuenca se despierta y sale a las calles para exigir castigo y justicia


 
Se desarrolla en Cuenca una marcha en contra de los depredadores sexuales, de manera especial, para que se sancione los abusos a niños y jóvenes, cometidos durante décadas por el sacerdote César Augusto Cordero Moscoso, fundador y director de establecimientos educativos. Estudiantes de establecimientos primarios y secundarios, fueron los principales protagonistas, al igual que víctimas y familiares, que decidieron romper su silencio para que se haga justicia. Se pudo observar la presencia de concejales que votaron a favor de que el Concejo Cantonal, entregue la máxima Presea al cura pederesta, dándose golpes de pecho. La Libertad de Expresión,ni se compra, ni se vende, ni se transa.
www.radioelobservador.com

 


Mera solo habla para abogados


El exsecretario jurídico estuvo en la Comisión de Fiscalización por su supuesta injerencia en la justicia. La sesión empezó con retraso. Él llegó puntual.
ROBERTO AGUILAR / 29 MAY 2018 / 00:00

Alexis Mera no presionó a los jueces: luchó contra la corrupción. Es lo que él dice. Ayer, el antiguo secretario jurídico presidencial del correísmo anduvo por la Asamblea, con su astroso portafolio de viejo litigante y su fe inquebrantable en las destrezas del procedimiento. La Comisión de Fiscalización lo llamó para que rindiera su testimonio en el marco del juicio político levantado contra el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por presiones indebidas sobre el sistema de justicia. Según los interpelantes, Esteban Bernal de CREO y el independiente Raúl Tello, él es una de las figuras clave del caso. Según él, lo único que hizo fue defender los intereses (y el dinero) del gobierno.
Dos pruebas documentales involucran a Mera en el escándalo de intromisión en la justicia: una carta dirigida a los jueces de un tribunal distrital de Portoviejo, recordándoles su obligación de fallar a favor del Estado en un caso de jubilaciones del magisterio y amenazándoles con recurrir al CNJ en caso contrario; y el audio de una conversación telefónica en la que Mera pide a un juez modificar un fallo. Le dice que el caso es de interés del señor presidente y remata con un pedido que el juez sabría interpretar: “Ayúdenos en lo que se pueda”.
Mera se tomó 13 minutos para librarse de responsabilidades. Sentado entre María José Carrión y Silvia Salgado, la presidenta de la Comisión y su escurridizo factótum, el exfuncionario despachó sus razones no aptas para profanos de la ciencia del derecho: “Los que no son abogados –pontificó–, no saben. Y los que son abogados puede que no lo sepan”.
Lo cierto es que hay abogados que elevan los debates jurídicos al terreno de los principios. Mera, en cambio los hace descender al de los procedimientos. Y el que siguió en este tema de sus cartas y sus llamadas telefónicas, según él, es el que cualquier abogado particular aplicaría en cualquier caso: remitir escritos, “pelearse con los jueces” y aplicar el lenguaje común de los litigantes, “que debo reconocer –admitió– es agresivo”. Después de todo, “siempre digo que el latino es un poco agresivo”.
Así que Mera fue agresivo con los jueces como cualquier litigante lo sería. Más aún en su caso, dijo, en que se trataba de defender el dinero público y los intereses del gobierno ante la amenaza de “jueces corruptos que se dejan manipular por abogados mañosos que les ofrecen el 10 por ciento”. Dejó caer estas palabras sin que nadie en la sala advirtiera que se encontraba ante un nuevo caso de corrupción encubierto admitido por un funcionario del anterior gobierno.
Según el argumento de Alexis Mera, “es legítimo que el Estado haga gestiones” como las que él cumplió por escrito y por vía telefónica. La injerencia, sostiene, es otra cosa: “No he visto ninguna comunicación en la que el presidente del Consejo de la Judicatura dijera a los jueces que me hagan caso”. Eso sí sería injerencia. Lo otro, agresividad normal de un litigante latino.
Este argumento, al parecer, fue del gusto de Silvia Salgado. En realidad, dijo, para saber si hubo injerencia habría que conocer qué efectos tuvieron la carta y la llamada telefónica de Mera, cómo actuó el CNJ y qué hicieron finalmente los jueces. A Mera le parece, cree recordar, que el caso del magisterio se falló a favor del gobierno. No está seguro, ya no es funcionario. Y aunque Raúl Tello lo acusó de haberse atribuido funciones del procurador (representar al Estado), no hubo mayor lugar para el debate. Prevaleció la incómoda sensación de no saber muy bien qué hacer con el compareciente. Al fin y al cabo, contra él no es el juicio político.
Finalmente, se fue como llegó: sin dar declaraciones.
Los ausentes
Hubo cuórum con las justas
La sesión se instaló con siete miembros de la Comisión presentes. Algunas de las ausencias ya son recurrentes: la de la correísta Sofía Espín. Otras, pueden resultar significativas. No fueron los oficialistas Daniel Mendoza, Kharla Chávez y Karla Cadena, así como el correísta Hermuy Calle.


Chamorro nos reporta en exclusiva, desde las honras fúnebres, el destino de la Ley de Comunicación concebida por el Gobierno de Rafael Correa.
Y no dejes de leer nuestros artículos de #opinión en → https://lahora.com.ec/seccion/114/opinion

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Correa se compra otro lío por pelear en Twitter

  en La Info  por 
Rafael Correa ha estado agitado durante los últimos días con su cuenta de Twitter. Si hace un par de días eliminó un mensaje suyo en el que decía que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, solía acudir a donde él y el ex vicepresidente Jorge Glas en busca de auxilio porque el ex alcalde de Quito, Augusto Barrera, la “perseguía por corrupta”, el sábado 26 de mayo en cambio decidió colocar otro en su reemplazo, sobre la misma Cabezas, pero sin hablar de corrupción ni de su supuesto auxilio. Si en el mensaje que borró sugería que sabía de las denuncias de corrupción que había en contra de Cabezas y que no hizo nada para investigarlas, en el nuevo prefirió criticar la falta de coherencia de la presidenta de la Asamblea y decir que por motivos como esos aprecia “muchísimo” a su perro Segismundo.
El tuit borrado

El tuit de reemplazo
¿Qué le hizo borrar el primer mensaje y colocar uno distinto dos días más tarde? Lo más probable es que Correa haya temido que el contenido del primero lo podría exponer a un posible proceso judicial. Con lo que señalaba ahí, la Fiscalía perfectamente podría llamar a Correa a declarar sobre lo que decía, a más de a la propia Cabezas, Jorge Glas y Augusto Barrera. Además, el mensaje generaba automáticamente una pregunta que ponía aun más en tela de duda su honarabilidad: ¿si sabía de la corrupción de Cabezas por qué la hizo poner de candidata a asambleísta?
En realidad esta no es la primera vez que borra un mensaje suyo. Lo había hecho una vez antes, en febrero del 2017, cuando aún era presidente. En ese entonces había publicado junto a su mensaje de tuiter un par de correos electrónicos en los que se evidenciaba que había que socapado a Carlos Pareja Yannuzzelli que, para entonces, comenzaba a ser investigado por la Fiscalía por actos de corrupción en los contratos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y por los que actualmente está en la cárcel.
“La Asamblea no te puede meter preso, y no veo por qué. En eso tienes todo mi respaldo”, decía Correa a Pareja en un intercambio de emails que publicó en ese tuit que borró pero que volvió a publicar por el escándalo que había provocado su eliminación. “Gracias por tu respaldo” le contestaba Pareja Yannuzzelli.
Cuando publicó ese mensaje lo que realmente estaba tratando de hacer Correa es hacer quedar mal a Pareja, sin percatarse de que el que peor quedaba era él. Cuando ocurrió lo de Pareja Yannuzzelli, Correa volvió a publicar el tuit al ver el revuelo que causó en redes sociales que lo haya borrado. En ese tiempo, Correa aún tenía controlada la justicia y en la Fiscalía estaba una persona de su entera confianza: Galo Chiriboga.
La maniobra de Correa en su cuenta de Twitter, sin embargo, no parece que estuvo coordinada con las otras redes sociales en las que se expresa el ex presidente. En su cuenta de Telegram, por ejemplo, el mensaje ofensivo en contra de la presidenta de la Asamblea seguía colocado hasta el cierre de esta nota y en Facebook ocurría exactamente lo mismo. Correa normalmente pone primer sus mensajes en Twitter y luego en Facebook y Telegram.
Lo ocurrido con el mensaje sobre Cabezas y Pareja Yannuzzelli parecería confirmar que lo único que hace dar marcha atrás a Correa en redes sociales es cuando un mensaje suyo puede acarrearle procesos judiciales porque, de alguna manera, se autoincrimina. El mensaje sobre Cabezas, en efecto, llevaba dos temas que exponían a Correa y que aún lo exponen, ya que el hecho de que lo haya borrado no significa que no exista o no haya existido, amén de que cientos de usuarios de Twitter guardaron al tuit para que no desaparezca. Y lo han publicado profusamente.
La decisión de Correa de borrar el mensaje se produjo, además, en medio del ajetreo que para él significa el proceso que la Fiscalía lleva adelante por el secuestro de Fernando Balda donde él es, hasta ahora, el principal implicado. El ex presidente puso el mensaje poco luego de haber declarado desde Bruselas ante el fiscal Edwin Pérez Reina, la defensa de Balda y la de los agentes que están detenidos por haber participado en el secuestro que se cometió en Bogotá. Las circunstancias en las que escribió y luego borró el mensaje estaban evidentemente contagiadas por lo que la audiencia ante la Fiscaía le significa emocional y procesalmente.  Correa sabe que, sin las protecciones que tenía antes, está expueso a la posibilidad de que la Fiscalía lo involucre en algún caso en el que haya participado, peor aún si se ha autoincriminado.
Las cuentas de redes sociales se han convertido prácticamente en los únicos medios que tiene Correa para comunicarse. Autoincriminarse es, por eso, un riesgo que corre si quiere entrar en polémicas y disputas con sus rivales.

lunes, 28 de mayo de 2018

El atraco de las cocinas de inducción

Publicado el  | REPORTAJE
  • • El Estado no ejerció su potestad de control sobre la ejecución del proyecto y se ha afectado a los sectores más vulnerables de la población
  • • Varias casas comerciales obligaron, bajo engaños, a miles de personas de escasos recursos a recibir las cocinas de inducción
  • • Los afectados contrajeron deudas inmanejables con el Estado, que continúa cobrándoles mediante las planillas eléctricas, pese a que esto está prohibido por la ley
Conflicto de intereses y posible colusión están tras el fracaso del ambicioso proyecto mediante el cual el ex presidente Rafael Correa quiso remplazar más de 3 millones de cocinas a gas por estufas de inducción entre el 2014 y el 2016. El Programa de Cocción Eficiente PEC no sólo resultó otro espejismo de la revolución ciudadana sino una masiva violación de derechos de los consumidores y eso es apenas la punta del iceberg.

La vulneración de derechos se estableció en una reciente sentencia judicial del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resultado de las demandas de miles de usuarios, recogidas por la Defensoría del Pueblo.



Funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad realizan trabajos de cableado de 220 voltios en la cabecera cantonal de Salitre, provincia del Guayas pero un año antes los pobladores recibieron forzadamente las cocinas de inducción, hasta la fecha la mayoría las mantienen empacadas. 


El PEC ha funcionado bajo una alianza público-privada que ha operado así: El Estado entregó la comercialización de las cocinas y las ollas de inducción a la empresa privada. La contraparte estatal era el subsidio en el costo de la electricidad para los usuarios, el financiamiento de las cocinas, y la conexión de 220 voltios.  La contraparte del Estado con las empresas comercializadoras era pagar mediante efectivo y Títulos del Banco Central (TBCs) por las cocinas y ollas vendidas.  Las comercializadoras privadas aseguraban entonces su cartera de cobro y los destinatarios de las cocinas quedaban endeudados con el Estado.  En síntesis, la comercializadora vendía y el cobro se realizaba a través de las planillas de energía eléctrica, pese a que esto está prohibido por la Constitución y las leyes Eléctrica y del Consumidor.

La contraparte de las comercializadoras era colocar las cocinas de inducción.  Pero las comercializadoras no esperaron solamente a que los clientes llegaran a su red de ventas.  Desarrollaron una intensa estrategia de entrega de las cocinas puerta a puerta.  Especialmente los camiones de los almacenes Japón y Orve Hogar, del grupo ICESA, llegaban a las comunidades campesinas más recónditas para indicarles que estaban haciendo entrega de las cocinas de inducción promocionadas en sabatinas por el propio presidente de la República, sin que estas hayan sido solicitadas.

Para estas ventas puerta a puerta las empresas parecían contar con información detallada de los destinatarios y un guión de venta que estos no podían rebatir.  “La cocina se la dejo porque se la dejo”.  “Usted ha sido beneficiado”.  Este era el discurso engañoso y de coacción que se repetía, con pocas variaciones, en las denuncias que presentaron más tarde los perjudicados y que deja ver un libreto homogéneo.

Debido a este mecanismo miles de ecuatorianos de los quintiles más bajos de pobreza, muchos de ellos personas con discapacidad y de tercera edad se encontraron de pronto con que los valores de sus planillas eléctricas se multiplicaban hasta por 10 veces. Una persona de estos grupos vulnerables que pagaba una planilla mensual de $3 se vio abocado a sacar de su bolsillo entre $25 y $30 al mes, durante tres años. Estamos hablando de pobladores rurales cuyo nivel de subsistencia es tan bajo que estos abonos pueden llegar a significar más de la mitad de lo que reciben por el Bono de Desarrollo Humano.

FOTO: Moradora de la parroquia rural Junquillal, cantón Salitre, provincia del Guayas, muestra su cocina de inducción que le entregaron en febrero de 2017. Un año después los equipos seguían empaquetados, en ese rincón del país no existe energia de 220 voltios.  

Ante esta agresiva política de comercialización implementada para introducir las cocinas a inducción, en sus denuncias, muchos usuarios reclamaban que la propia naturaleza de la transacción no era clara pues se los indujo a pensar que estaban siendo “beneficiarios” de las cocinas de Correa, que recibirlas era una obligación, que en poco tiempo sus cocinas de gas les iban a ser retiradas, y jamás se les aclaró que la deuda que contraían iba a ser cobrada por la empresa eléctrica. Muchos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido y realmente era un pagaré. Cuando, ante las primeras planillas de electricidad con el recargo, quisieron devolver las cocinas que nunca fueron desempacadas -pues la Empresa Eléctrica no había cumplido con la instalación de la acometida de 220- no tenían a quién devolverlas. Las casas comerciales les decían que el Estado ya les había pagado por la estufa y que su deuda era con este. Mientras, las empresas eléctricas les decían que si no pagaban se les iba a cortar el servicio y a retirar el medidor, cosa que efectivamente sucedió con muchos usuarios.

Los perjudicados quedaron en indefensión con un electrodoméstico que no podían utilizar y con deudas inmanejables. Para algunos, los pocos que decidieron reclamar por la vía legal, el único camino fue la Defensoría del Pueblo.

Después de la insistencia, sobretodo de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal, la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de protección que, en segunda instancia, llevó a la sentencia del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La sentencia reconoce que las prácticas comerciales utilizadas en la venta de las modernas estufas fueron violatorias de derechos y reconviene al Ministerio de Electricidad por su falta de control sobre las mismas.  La sentencia establece recomendaciones para esta entidad y para ICESA, la comercializadora que concentra el 51% de las denuncias. 

La sentencia sin embargo es limitada. Pese a reconocer la violación de derechos cometida por el Ministerio y la comercializadora, los mecanismos de cobro que siguen aplicando las empresas eléctricas no fueron explícitamente parte de las resoluciones de la mencionada Corte. Además, la sentencia no es extensiva y sólo ampara a los denunciantes y no a los cientos de miles de perjudicados por las mismas prácticas, cuya condición de vulneración es tan extrema que ni siquiera han tenido capacidad de denunciar. Tales perjudicados deberían iniciar demandas individuales para acceder a algún nivel de protección de sus derechos.

Lo actuado por la Defensoría del Pueblo y la subsiguiente sentencia se queda en la punta del iceberg y no aborda lo que, según la Comisión Anticorrupción del Guayas, podría revelar prácticas colusorias entre las entidades estatales y las casas comercializadoras.

De hecho, ninguna instancia de control ha analizado evidentes conflictos de intereses surgidos de los acuerdos público-privados celebrados por el Estado ecuatoriano para ejecutar este proyecto. Hasta ahora sólo hay un informe de contraloría (DAI-AI-1003-2016) sobre el PEC (Proyecto de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas Licuado de Petróleo en el sector residencial), que se enfocó más en las demoras de los pagos del Ministerio de Electricidad a los proveedores de las cocinas.

La Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas ha solicitado a Pablo Celi, Contralor General Subrogante, que realice un examen especial al PEC.

Uno de los órganos de control que recibió múltiples denuncias fue la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En una rueda de prensa brindada por funcionarios de este organismo en 2016, Jack Robles, director de promoción de competencia de la entidad, aseguraba que los vendedores han llegado a los domicilios a dejar ciertos productos que no han sido requeridos por el usuario. Según la autoridad, los clientes se veían obligados a adquirir el artefacto pese a que solo firmaban un documento de recepción y después de un tiempo debían pagar por un aparato que no solicitaron. Marlon Vinueza, Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia agregó que se están comercializando electrodomésticos probablemente incurriendo en una práctica de acoso. (ver video)

Casi dos años después no se conoce qué acciones tomó la Superintendencia de Poder de Mercado ante los hechos denunciados. Cuando Mil Hojas solicitó información vía email (como fue requerido por el organismo de control) sobre los resultados de su investigación, no hubo respuesta y posteriormente una funcionaria del área de comunicación de la Superintendencia indicó telefónicamente que no se pueden pronunciar, ni negando ni confirmando, dado que todos los casos que llegan a esa entidad son confidenciales, por lo tanto no pueden entregar ningún tipo de información.

Detrás del drama humano de los afectados por estos mecanismos de comercialización se esconde un turbio negocio.

En la investigación de Fundación Mil Hojas sobre cómo se cocinó esta violación de derechos encontramos un conflicto de interés: quien fue nombrado por parte del ex presidente Correa para liderar este Programa de Cocción Eficiente era un alto funcionario de la comercializadora ICESA, la empresa que concentra el más alto porcentaje de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.

La puerta giratoria de Pablo Zambrano:



Hasta agosto de 2015 Pablo Zambrano se desempeñaba como gerente comercial de ICESA. En septiembre de ese año aparece en el distributivo de personal de la Presidencia de la República como Consejero de Gobierno. Dos meses después, en noviembre de 2015 Correa nombra a Pablo Zambrano, gerente nacional del Programa de Cocción Eficiente (PEC), adscrito a la Presidencia de la República.

La creación de esta gerencia se dio en diciembre de 2014 y el primer titular en este cargo fue Enrique Arosemena, ex gerente general del canal público EcuadorTV y de la Radio Pública.

En menos de un año Arosemena fue remplazado y cuando la gerencia del PEC se encontraba en la etapa de suscripción de convenios con las cadenas de electrodomésticos para la venta de cocinas importadas, pasó a manos de Zambrano.

Este funcionario, que antes había trabajado por casi tres años en ICESA, una de las empresas que expende las estufas de inducción, lideró por dos años el manejo del sistema de ventas de estas cocinas desde la presidencia de la República.

¿Por qué la presidencia de la República coordinaba directamente las transacciones comerciales de las cocinas de inducción? Una interrogante que aumenta si se toma en cuenta que al mismo tiempo funcionaba en el Ministerio de Electricidad otra gerencia destinada al Programa de Cocción Eficiente.

ICESA es un holding corporativo que maneja varias líneas comerciales en más de 500 almacenes a nivel nacional. Pero ha sido la venta de cocinas de inducción, política propiciada por el Gobierno, lo que ha favorecido el desarrollo de la compañía en los últimos años.

ICESA S.A. se dedica a la comercialización y distribución de artículos nacionales e importados como electrodomésticos, equipos de sonido, mobiliario para el hogar, accesorios, ropa, etc. De acuerdo con el informe de calificación de riesgos que la firma ICRE del Ecuador aprobó (el 31 de enero de 2018) sobre la Segunda Emisión de Obligaciones que ha hecho ICESA en el mercado de valores por $10 millones, esta compañía opera con 564 sucursales a nivel nacional de los almacenes Japón, Orve Hogar, Loco Luis, iStore, Samsung Experience Store, HP Store, Home Appliance, entre otros.

En el mencionado informe se evidencia los positivos resultados que le generó a ICESA el programa oficial de cocción eficiente. En 2015, cuando la venta de cocinas de inducción representaba el 0,22 % de las ventas totales de ICESA, esta empresa estableció un convenio con el Ministerio de Electricidad para la venta de productos de Inducción. Para el 2016 tales ventas aumentaron al 41% (en dólares eso significó $58,86 millones).  A noviembre de 2017 la comercialización de estas estufas representó un 23% del total de ventas de la compañía. El informe de la calificadora de riesgo atribuye tal caída a la incertidumbre por el cambio de gobierno en el país.

Por otro lado, se destaca en varias partes del informe que “…la venta de cocinas de inducción al ser una medida propiciada por el Gobierno favoreció a la compañía” y que  “el Gobierno (con los subsidios de las cocinas a inducción) y el crédito directo ofrecido a clientes conforman más de las tres cuartas partes del financiamiento de ICESA S.A. a sus clientes”. Además, se precisa que las cocinas de inducción tienen “el mejor margen de contribución a las líneas de negocio de la empresa”.

En consecuencia, desde 2015, se evidencia un incremento pronunciado en las cuentas por cobrar comerciales de ICESA debido al aumento de las ventas de las estufas a inducción. La fórmula de pago acordada con el Ministerio de Electricidad incluía TBCs (Títulos del Banco Central), cuyo plazo de negociación es de 360 días. Para 2015, el saldo por cobrar era de $3,8 millones y para el 2016, el saldo mostró poca variación. A noviembre de 2017 la cartera por cobrar relacionada con este concepto representó del 49,96 % del saldo total de deudores comerciales de ICESA y ascendió a $14’881.890. Pero, a criterio de la calificadora ICRE ese monto no presenta riesgo de incobrabilidad.

Si bien es cierto que ICESA comprende el 51% de las denuncias presentadas por los perjudicados ante de la Defensoría del Pueblo, no nos ha sido posible determinar su participación de las ventas totales de cocinas de inducción y ollas en el marco del PEC, pues los datos oficiales solo nos presentan cifras agregadas de ventas, pero no por cada empresa comercializadora.

La ex Ministra de Electricidad, Elsy Parodi, anunció en rueda de prensa del 5 de marzo de 2018 que se han vendido 740. 000 cocinas a nivel nacional. 



Mil Hojas solicitó al Ministerio de Electricidad, mediante su dirección de comunicación, que nos informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con la sentencia de la Sala Civil y Mercantil de Corte de Justicia de Pichincha, y se nos proporcione las estadísticas de entrega de cocinas de inducción por cada casa comercial desde el 2015. Hasta el cierre de esta edición, la única respuesta que recibimos vía telefónica es que “debido a la fusión en la que se encuentra esa cartera de Estado con el ministerio de Energía, no se ha terminado de procesar nuestros requerimientos”.

Según la Superintendencia de Compañías, ICESA tiene cinco accionistas, de los cuales dos son inversiones nacionales. Su capital suscrito es de $8’635.822,20.



 Mabel Group Holding S.A. tiene los siguientes accionistas:

 

En las consultas hechas por Mil Hojas sobre los dueños de ICESA, en el mercado nacional de electrodomésticos se identifica como las cabezas de este gran holding a sus accionistas nacionales: los hermanos Jorge y Munir Abedrabbo Larach, empresarios con poca exposición pública, sin embargo en la Superintendencia de Compañías, aparecen como dueños de decenas de empresas dedicadas principalmente al comercio nacional e internacional de casi todo tipo de productos.

Mientras la accionista internacional Chen Trading Group Limited se constituyó en mayo de 2012. Es una empresa que comercializa bienes y productos desde China y Estados Unidos a Ecuador.

Bright Exports Limited es una sociedad anónima constituida el 3 de enero de 1996 y se dedica a la fabricación de prendas de vestir.

La socia, constituida en Ecuador, Mabel Group holding, tiene como principal accionista a Munir Abedrabbo Larach, quien también es socio y ha sido administrador de Textiles El Rayo. Esta última empresa, cuyas oficinas en Quito funcionan en el edificio de Orve Hogar, patrocina a nueve clubes de fútbol ecuatoriano, mediante su marca de Medias Roland.

Durante las visitas que realizaba constantemente el ex ministro de Industrias Ramiro González para “impulsar fórmulas de colaboración público-privada e intensificar las medidas de apoyo a las empresas del país” Textiles El Rayo aparece entre las destacadas por el funcionario como una de las firmas comprometidas con la innovación e incorporación de valor agregado.

ICESA y algunos de sus accionistas fueron parte de más de una alianza público-privada, impulsada por el anterior Gobierno, mecanismo que en el caso del Programa de cocinas de inducción dio paso a prácticas comerciales que violaron los derechos de las personas más pobres y vulnerables del país.

Mientras tanto, la ejecución del PEC se mantiene e incluso fue relanzado por la ex ministra Parodi horas antes de dejar el cargo; los traspiés que ha tenido este programa dentro de la política gubernamental en materia de eficiencia energética, desde sus inicios, denotan que el proyecto no ha contado con la confianza ciudadana.