El correato repartió radios y teles para sus amigotes
La Contraloría confirmó hoy que el gobierno de Rafael Correa propició la concentración de la propiedad de los medios de comunicación privados en pocas manos: esto pone en evidencia que el discurso que mantuvo sobre la llamada “democratización de la propiedad de los medios” fue tan solo una mascarada ideológica.
La confirmación se produjo durante la lectura de una investigación realizada por la Contraloría al concurso que el gobierno montó para repartir las frecuencias de radio y televisión. En el documento que fue leído, durante un par de horas, se habla de un proceso ilegal de concentración a favor de tres grupos empresariales por parte de dos de los brazos que el correísmo estructuró para controlar el acceso a las frecuencias: la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom.
Según Contraloría, el proceso estuvo lleno de irregularidades cometidas por Arcotel y el anterior Cordicom. Ese proceso, que estaba en marcha hasta que el nuevo Cordicom decidió ponerlo en suspenso, permitió que apenas tres grupos empresariales puedan quedarse con cientos de frecuencias, violando la ley que establece que un grupo únicamente puede tener una radio en FM, una en AM y un canal de televisión. Esos tres grupos son: el que pertenece al asambleísta Jorge Yunda, el del empresario mexicano Ángel “Fantasma González, propietario de diario El Comercio, y el del manabita Lenín Andrade.
Lo que Contraloría destapó hoy en su auditorio es algo que se sabía desde hace algunos años pero que no había podido ser documentado ni confirmado por un organismo oficial. Es decir que en el Ecuador existen grupos empresariales que se beneficiaron de los favores que recibieron de los funcionarios del gobierno para quedarse con una inmensa tajada en la repartición de las frecuencias.
El informe de Contraloría parece probar que el discurso del correato que decía que la propiedad de los medios de comunicación en el Ecuador tenía que ser “democratizada”, fue únicamente una coartada retóric. Una coartada que, de paso, sirvió como justificativo para montar un proceso de concentración de la propiedad a partir de la entrega de frecuencias a amigos del régimen. Desde casi los inicios del gobierno, el ex presidente Rafael Correa articuló su discurso de desprestigio y de ataque en contra de la prensa diciendo que tan solo unas pocas familias en el Ecuador manejaban la casi totalidad de los medios de comunicación. “El problema de fondo es la forma de propiedad de los medios de comunicación”, dijo Correa durante una supuesta Cumbre de Periodismo que organizó su gobierno en junio del 2013. Pocas eran las ocasiones en que Correa hablaba mal de la prensa, cosa que hacía casi a diario, en que no hablara sobre el tema de la concentración de la propiedad y de cómo él iba a cambiar aquello. Sin embargo, al final de sus diez años de gobierno lo que ocurrió es que, como nunca antes, un porcentaje considerable de los medios de comunicación quedó concentrado en tan pocas manos.
"El desenlace del proceso deberá ser la nulidad del #ConcursoFrecuencias llamado por #Arcotel y @CordicomEc", enfatiza @JCSolines, abogado experto en telecomunicaciones y miembro del Observatorio de Frecuencias
¿Cómo demostraron los auditores de la Contraloría los nexos entre las empresas concentraron las concesiones? Básicamente a través de una investigación de las firmas autorizadas que tenían sus contadores o administradores en los bancos del país. Es decir, Contraloría probó que las distintas emisoras de radio estaban en manos de una misma persona al hallar que las firmas autorizadas en las cuentas bancarias eran la misma.
La concentración durante el correato se dio a favor de tres grupos.
Uno es el del asambleísta Jorge Yunda, quien en el concurso pretendió obtener 35 frecuencias en todo país. Yunda, según el informe, se valió de parientes y empleados para que aparezcan como accionistas de varias radios que finalmente le pertenecen a él. En total tiene alrededor de 50 emisoras que además le han servido para elevar su perfil político al punto de que tiene aspiraciones electorales: en su mira está la Alcaldía de Quito. Cuando Fundamedios publicó una publicación sobre su relación con varias emisoras, Yunda reaccionó diciendo que esa organización se había equivocado al decir que eran 35 medios de su propiedad. “Fundamedios se equivoca no son 35 son 50”, “la publicación de Fundamedios está mal, les falta RTU Cuenca, le falta Canela Quevedo le falta Hoy la radio Quito, o sea está incompleta”, “auisiera que alguien diga si alguna frecuencia es mal habida o robada! Ahora ser emprendedor y generar plazas de empleo ha sido malo”, dijo Yunda en una publicación suya.
En el caso del “Fantasma” Gonzáles, se trata de varios canales de televisión y de radio que concursan para tener las concesiones de las frecuencias. Gonzáles es, además, propietario de diario El Comercio y del vespertino Últimas Noticias. González postuló para este concurso a través de al menos 18 empresas. Algunas de ellas ya formaban parte de la red de medios que él construyó en Ecuador y que Fundamedios reveló en febrero del 2016. Mientras que, además, ocho empresas fueron creadas en el 2016 con el exclusivo fin de que concursen en este proceso, según información de Fundamedios. A través de estas 18 empresas, el conglomerado de González está concursando por 104 frecuencias a escala nacional: 60 frecuencias de TV abierta, 43 de radio FM y una de radio AM. En algunos casos, están postulando para frecuencias que ya estaban adjudicadas a medios locales o nacionales.
El tercer grupo que concentró las concesiones, según Contraloría, es el de Lenin Andrade. Este empresario manabita tiene pedidas 13 concesiones de las que se ha probado que 5 están relacionadas directamente con él, dice el informe.
“Se propició una mayor concentración de estos tres grupos. Hay toda una trama para esto en la que partipa el Arcotel y el antiguo Codicom”, dijo a la salida de la audiencia César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización que ha venido construyendo opinión pública para que se suspenda el proceso de entrega de frecuencias. Fundamedios considera que las concesiones se las ha estado haciendo de forma irregular para favorecer a grupos cercanos al gobierno de Rafael Correa. El resultado del informe de Contraloría podría resultar en una declaratoria de nulidad de todo el proceso para que se inicie una nuevo, además de un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios del Arcotel y el antigua Cordicom que deberá ser enviado a la Fiscalía. No se descarta, incluso, que los grupos que se han beneficiado de las concesiones irregulares no puedan concursar nuevamente.
Y así es como ha terminado el cuento de la democratización de la propiedad de los medios de comunicacion que Rafael Correa incorporó como uno de los pilares de su relato redentor.
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