El atraco de las cocinas de inducción
Conflicto de intereses y posible colusión están tras el fracaso del ambicioso proyecto mediante el cual el ex presidente Rafael Correa quiso remplazar más de 3 millones de cocinas a gas por estufas de inducción entre el 2014 y el 2016. El Programa de Cocción Eficiente PEC no sólo resultó otro espejismo de la revolución ciudadana sino una masiva violación de derechos de los consumidores y eso es apenas la punta del iceberg.
La vulneración de derechos se estableció en una reciente sentencia judicial del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resultado de las demandas de miles de usuarios, recogidas por la Defensoría del Pueblo.
Funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad realizan trabajos de cableado de 220 voltios en la cabecera cantonal de Salitre, provincia del Guayas pero un año antes los pobladores recibieron forzadamente las cocinas de inducción, hasta la fecha la mayoría las mantienen empacadas.
El PEC ha funcionado bajo una alianza público-privada que ha operado así: El Estado entregó la comercialización de las cocinas y las ollas de inducción a la empresa privada. La contraparte estatal era el subsidio en el costo de la electricidad para los usuarios, el financiamiento de las cocinas, y la conexión de 220 voltios. La contraparte del Estado con las empresas comercializadoras era pagar mediante efectivo y Títulos del Banco Central (TBCs) por las cocinas y ollas vendidas. Las comercializadoras privadas aseguraban entonces su cartera de cobro y los destinatarios de las cocinas quedaban endeudados con el Estado. En síntesis, la comercializadora vendía y el cobro se realizaba a través de las planillas de energía eléctrica, pese a que esto está prohibido por la Constitución y las leyes Eléctrica y del Consumidor.
La contraparte de las comercializadoras era colocar las cocinas de inducción. Pero las comercializadoras no esperaron solamente a que los clientes llegaran a su red de ventas. Desarrollaron una intensa estrategia de entrega de las cocinas puerta a puerta. Especialmente los camiones de los almacenes Japón y Orve Hogar, del grupo ICESA, llegaban a las comunidades campesinas más recónditas para indicarles que estaban haciendo entrega de las cocinas de inducción promocionadas en sabatinas por el propio presidente de la República, sin que estas hayan sido solicitadas.
Para estas ventas puerta a puerta las empresas parecían contar con información detallada de los destinatarios y un guión de venta que estos no podían rebatir. “La cocina se la dejo porque se la dejo”. “Usted ha sido beneficiado”. Este era el discurso engañoso y de coacción que se repetía, con pocas variaciones, en las denuncias que presentaron más tarde los perjudicados y que deja ver un libreto homogéneo.
Debido a este mecanismo miles de ecuatorianos de los quintiles más bajos de pobreza, muchos de ellos personas con discapacidad y de tercera edad se encontraron de pronto con que los valores de sus planillas eléctricas se multiplicaban hasta por 10 veces. Una persona de estos grupos vulnerables que pagaba una planilla mensual de $3 se vio abocado a sacar de su bolsillo entre $25 y $30 al mes, durante tres años. Estamos hablando de pobladores rurales cuyo nivel de subsistencia es tan bajo que estos abonos pueden llegar a significar más de la mitad de lo que reciben por el Bono de Desarrollo Humano.
FOTO: Moradora de la parroquia rural Junquillal, cantón Salitre, provincia del Guayas, muestra su cocina de inducción que le entregaron en febrero de 2017. Un año después los equipos seguían empaquetados, en ese rincón del país no existe energia de 220 voltios.
Ante esta agresiva política de comercialización implementada para introducir las cocinas a inducción, en sus denuncias, muchos usuarios reclamaban que la propia naturaleza de la transacción no era clara pues se los indujo a pensar que estaban siendo “beneficiarios” de las cocinas de Correa, que recibirlas era una obligación, que en poco tiempo sus cocinas de gas les iban a ser retiradas, y jamás se les aclaró que la deuda que contraían iba a ser cobrada por la empresa eléctrica. Muchos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido y realmente era un pagaré. Cuando, ante las primeras planillas de electricidad con el recargo, quisieron devolver las cocinas que nunca fueron desempacadas -pues la Empresa Eléctrica no había cumplido con la instalación de la acometida de 220- no tenían a quién devolverlas. Las casas comerciales les decían que el Estado ya les había pagado por la estufa y que su deuda era con este. Mientras, las empresas eléctricas les decían que si no pagaban se les iba a cortar el servicio y a retirar el medidor, cosa que efectivamente sucedió con muchos usuarios.
Los perjudicados quedaron en indefensión con un electrodoméstico que no podían utilizar y con deudas inmanejables. Para algunos, los pocos que decidieron reclamar por la vía legal, el único camino fue la Defensoría del Pueblo.
Después de la insistencia, sobretodo de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal, la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de protección que, en segunda instancia, llevó a la sentencia del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La sentencia reconoce que las prácticas comerciales utilizadas en la venta de las modernas estufas fueron violatorias de derechos y reconviene al Ministerio de Electricidad por su falta de control sobre las mismas. La sentencia establece recomendaciones para esta entidad y para ICESA, la comercializadora que concentra el 51% de las denuncias.
La sentencia sin embargo es limitada. Pese a reconocer la violación de derechos cometida por el Ministerio y la comercializadora, los mecanismos de cobro que siguen aplicando las empresas eléctricas no fueron explícitamente parte de las resoluciones de la mencionada Corte. Además, la sentencia no es extensiva y sólo ampara a los denunciantes y no a los cientos de miles de perjudicados por las mismas prácticas, cuya condición de vulneración es tan extrema que ni siquiera han tenido capacidad de denunciar. Tales perjudicados deberían iniciar demandas individuales para acceder a algún nivel de protección de sus derechos.
Lo actuado por la Defensoría del Pueblo y la subsiguiente sentencia se queda en la punta del iceberg y no aborda lo que, según la Comisión Anticorrupción del Guayas, podría revelar prácticas colusorias entre las entidades estatales y las casas comercializadoras.
De hecho, ninguna instancia de control ha analizado evidentes conflictos de intereses surgidos de los acuerdos público-privados celebrados por el Estado ecuatoriano para ejecutar este proyecto. Hasta ahora sólo hay un informe de contraloría (DAI-AI-1003-2016) sobre el PEC (Proyecto de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas Licuado de Petróleo en el sector residencial), que se enfocó más en las demoras de los pagos del Ministerio de Electricidad a los proveedores de las cocinas.
La Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas ha solicitado a Pablo Celi, Contralor General Subrogante, que realice un examen especial al PEC.
Uno de los órganos de control que recibió múltiples denuncias fue la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En una rueda de prensa brindada por funcionarios de este organismo en 2016, Jack Robles, director de promoción de competencia de la entidad, aseguraba que los vendedores han llegado a los domicilios a dejar ciertos productos que no han sido requeridos por el usuario. Según la autoridad, los clientes se veían obligados a adquirir el artefacto pese a que solo firmaban un documento de recepción y después de un tiempo debían pagar por un aparato que no solicitaron. Marlon Vinueza, Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia agregó que se están comercializando electrodomésticos probablemente incurriendo en una práctica de acoso. (ver video)
Casi dos años después no se conoce qué acciones tomó la Superintendencia de Poder de Mercado ante los hechos denunciados. Cuando Mil Hojas solicitó información vía email (como fue requerido por el organismo de control) sobre los resultados de su investigación, no hubo respuesta y posteriormente una funcionaria del área de comunicación de la Superintendencia indicó telefónicamente que no se pueden pronunciar, ni negando ni confirmando, dado que todos los casos que llegan a esa entidad son confidenciales, por lo tanto no pueden entregar ningún tipo de información.
Detrás del drama humano de los afectados por estos mecanismos de comercialización se esconde un turbio negocio.
En la investigación de Fundación Mil Hojas sobre cómo se cocinó esta violación de derechos encontramos un conflicto de interés: quien fue nombrado por parte del ex presidente Correa para liderar este Programa de Cocción Eficiente era un alto funcionario de la comercializadora ICESA, la empresa que concentra el más alto porcentaje de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.
La puerta giratoria de Pablo Zambrano:
Hasta agosto de 2015 Pablo Zambrano se desempeñaba como gerente comercial de ICESA. En septiembre de ese año aparece en el distributivo de personal de la Presidencia de la República como Consejero de Gobierno. Dos meses después, en noviembre de 2015 Correa nombra a Pablo Zambrano, gerente nacional del Programa de Cocción Eficiente (PEC), adscrito a la Presidencia de la República.
La creación de esta gerencia se dio en diciembre de 2014 y el primer titular en este cargo fue Enrique Arosemena, ex gerente general del canal público EcuadorTV y de la Radio Pública.
En menos de un año Arosemena fue remplazado y cuando la gerencia del PEC se encontraba en la etapa de suscripción de convenios con las cadenas de electrodomésticos para la venta de cocinas importadas, pasó a manos de Zambrano.
Este funcionario, que antes había trabajado por casi tres años en ICESA, una de las empresas que expende las estufas de inducción, lideró por dos años el manejo del sistema de ventas de estas cocinas desde la presidencia de la República.
¿Por qué la presidencia de la República coordinaba directamente las transacciones comerciales de las cocinas de inducción? Una interrogante que aumenta si se toma en cuenta que al mismo tiempo funcionaba en el Ministerio de Electricidad otra gerencia destinada al Programa de Cocción Eficiente.
ICESA es un holding corporativo que maneja varias líneas comerciales en más de 500 almacenes a nivel nacional. Pero ha sido la venta de cocinas de inducción, política propiciada por el Gobierno, lo que ha favorecido el desarrollo de la compañía en los últimos años.
ICESA S.A. se dedica a la comercialización y distribución de artículos nacionales e importados como electrodomésticos, equipos de sonido, mobiliario para el hogar, accesorios, ropa, etc. De acuerdo con el informe de calificación de riesgos que la firma ICRE del Ecuador aprobó (el 31 de enero de 2018) sobre la Segunda Emisión de Obligaciones que ha hecho ICESA en el mercado de valores por $10 millones, esta compañía opera con 564 sucursales a nivel nacional de los almacenes Japón, Orve Hogar, Loco Luis, iStore, Samsung Experience Store, HP Store, Home Appliance, entre otros.
En el mencionado informe se evidencia los positivos resultados que le generó a ICESA el programa oficial de cocción eficiente. En 2015, cuando la venta de cocinas de inducción representaba el 0,22 % de las ventas totales de ICESA, esta empresa estableció un convenio con el Ministerio de Electricidad para la venta de productos de Inducción. Para el 2016 tales ventas aumentaron al 41% (en dólares eso significó $58,86 millones). A noviembre de 2017 la comercialización de estas estufas representó un 23% del total de ventas de la compañía. El informe de la calificadora de riesgo atribuye tal caída a la incertidumbre por el cambio de gobierno en el país.
Por otro lado, se destaca en varias partes del informe que “…la venta de cocinas de inducción al ser una medida propiciada por el Gobierno favoreció a la compañía” y que “el Gobierno (con los subsidios de las cocinas a inducción) y el crédito directo ofrecido a clientes conforman más de las tres cuartas partes del financiamiento de ICESA S.A. a sus clientes”. Además, se precisa que las cocinas de inducción tienen “el mejor margen de contribución a las líneas de negocio de la empresa”.
En consecuencia, desde 2015, se evidencia un incremento pronunciado en las cuentas por cobrar comerciales de ICESA debido al aumento de las ventas de las estufas a inducción. La fórmula de pago acordada con el Ministerio de Electricidad incluía TBCs (Títulos del Banco Central), cuyo plazo de negociación es de 360 días. Para 2015, el saldo por cobrar era de $3,8 millones y para el 2016, el saldo mostró poca variación. A noviembre de 2017 la cartera por cobrar relacionada con este concepto representó del 49,96 % del saldo total de deudores comerciales de ICESA y ascendió a $14’881.890. Pero, a criterio de la calificadora ICRE ese monto no presenta riesgo de incobrabilidad.
Si bien es cierto que ICESA comprende el 51% de las denuncias presentadas por los perjudicados ante de la Defensoría del Pueblo, no nos ha sido posible determinar su participación de las ventas totales de cocinas de inducción y ollas en el marco del PEC, pues los datos oficiales solo nos presentan cifras agregadas de ventas, pero no por cada empresa comercializadora.
La ex Ministra de Electricidad, Elsy Parodi, anunció en rueda de prensa del 5 de marzo de 2018 que se han vendido 740. 000 cocinas a nivel nacional.
Mil Hojas solicitó al Ministerio de Electricidad, mediante su dirección de comunicación, que nos informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con la sentencia de la Sala Civil y Mercantil de Corte de Justicia de Pichincha, y se nos proporcione las estadísticas de entrega de cocinas de inducción por cada casa comercial desde el 2015. Hasta el cierre de esta edición, la única respuesta que recibimos vía telefónica es que “debido a la fusión en la que se encuentra esa cartera de Estado con el ministerio de Energía, no se ha terminado de procesar nuestros requerimientos”.
Según la Superintendencia de Compañías, ICESA tiene cinco accionistas, de los cuales dos son inversiones nacionales. Su capital suscrito es de $8’635.822,20.
Mabel Group Holding S.A. tiene los siguientes accionistas:
En las consultas hechas por Mil Hojas sobre los dueños de ICESA, en el mercado nacional de electrodomésticos se identifica como las cabezas de este gran holding a sus accionistas nacionales: los hermanos Jorge y Munir Abedrabbo Larach, empresarios con poca exposición pública, sin embargo en la Superintendencia de Compañías, aparecen como dueños de decenas de empresas dedicadas principalmente al comercio nacional e internacional de casi todo tipo de productos.
Mientras la accionista internacional Chen Trading Group Limited se constituyó en mayo de 2012. Es una empresa que comercializa bienes y productos desde China y Estados Unidos a Ecuador.
Bright Exports Limited es una sociedad anónima constituida el 3 de enero de 1996 y se dedica a la fabricación de prendas de vestir.
La socia, constituida en Ecuador, Mabel Group holding, tiene como principal accionista a Munir Abedrabbo Larach, quien también es socio y ha sido administrador de Textiles El Rayo. Esta última empresa, cuyas oficinas en Quito funcionan en el edificio de Orve Hogar, patrocina a nueve clubes de fútbol ecuatoriano, mediante su marca de Medias Roland.
Durante las visitas que realizaba constantemente el ex ministro de Industrias Ramiro González para “impulsar fórmulas de colaboración público-privada e intensificar las medidas de apoyo a las empresas del país” Textiles El Rayo aparece entre las destacadas por el funcionario como una de las firmas comprometidas con la innovación e incorporación de valor agregado.
ICESA y algunos de sus accionistas fueron parte de más de una alianza público-privada, impulsada por el anterior Gobierno, mecanismo que en el caso del Programa de cocinas de inducción dio paso a prácticas comerciales que violaron los derechos de las personas más pobres y vulnerables del país.
Mientras tanto, la ejecución del PEC se mantiene e incluso fue relanzado por la ex ministra Parodi horas antes de dejar el cargo; los traspiés que ha tenido este programa dentro de la política gubernamental en materia de eficiencia energética, desde sus inicios, denotan que el proyecto no ha contado con la confianza ciudadana.
La vulneración de derechos se estableció en una reciente sentencia judicial del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resultado de las demandas de miles de usuarios, recogidas por la Defensoría del Pueblo.
Funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad realizan trabajos de cableado de 220 voltios en la cabecera cantonal de Salitre, provincia del Guayas pero un año antes los pobladores recibieron forzadamente las cocinas de inducción, hasta la fecha la mayoría las mantienen empacadas.
El PEC ha funcionado bajo una alianza público-privada que ha operado así: El Estado entregó la comercialización de las cocinas y las ollas de inducción a la empresa privada. La contraparte estatal era el subsidio en el costo de la electricidad para los usuarios, el financiamiento de las cocinas, y la conexión de 220 voltios. La contraparte del Estado con las empresas comercializadoras era pagar mediante efectivo y Títulos del Banco Central (TBCs) por las cocinas y ollas vendidas. Las comercializadoras privadas aseguraban entonces su cartera de cobro y los destinatarios de las cocinas quedaban endeudados con el Estado. En síntesis, la comercializadora vendía y el cobro se realizaba a través de las planillas de energía eléctrica, pese a que esto está prohibido por la Constitución y las leyes Eléctrica y del Consumidor.
La contraparte de las comercializadoras era colocar las cocinas de inducción. Pero las comercializadoras no esperaron solamente a que los clientes llegaran a su red de ventas. Desarrollaron una intensa estrategia de entrega de las cocinas puerta a puerta. Especialmente los camiones de los almacenes Japón y Orve Hogar, del grupo ICESA, llegaban a las comunidades campesinas más recónditas para indicarles que estaban haciendo entrega de las cocinas de inducción promocionadas en sabatinas por el propio presidente de la República, sin que estas hayan sido solicitadas.
Para estas ventas puerta a puerta las empresas parecían contar con información detallada de los destinatarios y un guión de venta que estos no podían rebatir. “La cocina se la dejo porque se la dejo”. “Usted ha sido beneficiado”. Este era el discurso engañoso y de coacción que se repetía, con pocas variaciones, en las denuncias que presentaron más tarde los perjudicados y que deja ver un libreto homogéneo.
Debido a este mecanismo miles de ecuatorianos de los quintiles más bajos de pobreza, muchos de ellos personas con discapacidad y de tercera edad se encontraron de pronto con que los valores de sus planillas eléctricas se multiplicaban hasta por 10 veces. Una persona de estos grupos vulnerables que pagaba una planilla mensual de $3 se vio abocado a sacar de su bolsillo entre $25 y $30 al mes, durante tres años. Estamos hablando de pobladores rurales cuyo nivel de subsistencia es tan bajo que estos abonos pueden llegar a significar más de la mitad de lo que reciben por el Bono de Desarrollo Humano.
FOTO: Moradora de la parroquia rural Junquillal, cantón Salitre, provincia del Guayas, muestra su cocina de inducción que le entregaron en febrero de 2017. Un año después los equipos seguían empaquetados, en ese rincón del país no existe energia de 220 voltios. Ante esta agresiva política de comercialización implementada para introducir las cocinas a inducción, en sus denuncias, muchos usuarios reclamaban que la propia naturaleza de la transacción no era clara pues se los indujo a pensar que estaban siendo “beneficiarios” de las cocinas de Correa, que recibirlas era una obligación, que en poco tiempo sus cocinas de gas les iban a ser retiradas, y jamás se les aclaró que la deuda que contraían iba a ser cobrada por la empresa eléctrica. Muchos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido y realmente era un pagaré. Cuando, ante las primeras planillas de electricidad con el recargo, quisieron devolver las cocinas que nunca fueron desempacadas -pues la Empresa Eléctrica no había cumplido con la instalación de la acometida de 220- no tenían a quién devolverlas. Las casas comerciales les decían que el Estado ya les había pagado por la estufa y que su deuda era con este. Mientras, las empresas eléctricas les decían que si no pagaban se les iba a cortar el servicio y a retirar el medidor, cosa que efectivamente sucedió con muchos usuarios.
Los perjudicados quedaron en indefensión con un electrodoméstico que no podían utilizar y con deudas inmanejables. Para algunos, los pocos que decidieron reclamar por la vía legal, el único camino fue la Defensoría del Pueblo.
Después de la insistencia, sobretodo de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal, la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de protección que, en segunda instancia, llevó a la sentencia del 13 de marzo pasado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La sentencia reconoce que las prácticas comerciales utilizadas en la venta de las modernas estufas fueron violatorias de derechos y reconviene al Ministerio de Electricidad por su falta de control sobre las mismas. La sentencia establece recomendaciones para esta entidad y para ICESA, la comercializadora que concentra el 51% de las denuncias.
La sentencia sin embargo es limitada. Pese a reconocer la violación de derechos cometida por el Ministerio y la comercializadora, los mecanismos de cobro que siguen aplicando las empresas eléctricas no fueron explícitamente parte de las resoluciones de la mencionada Corte. Además, la sentencia no es extensiva y sólo ampara a los denunciantes y no a los cientos de miles de perjudicados por las mismas prácticas, cuya condición de vulneración es tan extrema que ni siquiera han tenido capacidad de denunciar. Tales perjudicados deberían iniciar demandas individuales para acceder a algún nivel de protección de sus derechos.
Lo actuado por la Defensoría del Pueblo y la subsiguiente sentencia se queda en la punta del iceberg y no aborda lo que, según la Comisión Anticorrupción del Guayas, podría revelar prácticas colusorias entre las entidades estatales y las casas comercializadoras.
De hecho, ninguna instancia de control ha analizado evidentes conflictos de intereses surgidos de los acuerdos público-privados celebrados por el Estado ecuatoriano para ejecutar este proyecto. Hasta ahora sólo hay un informe de contraloría (DAI-AI-1003-2016) sobre el PEC (Proyecto de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas Licuado de Petróleo en el sector residencial), que se enfocó más en las demoras de los pagos del Ministerio de Electricidad a los proveedores de las cocinas.
La Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas ha solicitado a Pablo Celi, Contralor General Subrogante, que realice un examen especial al PEC.
Uno de los órganos de control que recibió múltiples denuncias fue la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En una rueda de prensa brindada por funcionarios de este organismo en 2016, Jack Robles, director de promoción de competencia de la entidad, aseguraba que los vendedores han llegado a los domicilios a dejar ciertos productos que no han sido requeridos por el usuario. Según la autoridad, los clientes se veían obligados a adquirir el artefacto pese a que solo firmaban un documento de recepción y después de un tiempo debían pagar por un aparato que no solicitaron. Marlon Vinueza, Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia agregó que se están comercializando electrodomésticos probablemente incurriendo en una práctica de acoso. (ver video)
Casi dos años después no se conoce qué acciones tomó la Superintendencia de Poder de Mercado ante los hechos denunciados. Cuando Mil Hojas solicitó información vía email (como fue requerido por el organismo de control) sobre los resultados de su investigación, no hubo respuesta y posteriormente una funcionaria del área de comunicación de la Superintendencia indicó telefónicamente que no se pueden pronunciar, ni negando ni confirmando, dado que todos los casos que llegan a esa entidad son confidenciales, por lo tanto no pueden entregar ningún tipo de información.
Detrás del drama humano de los afectados por estos mecanismos de comercialización se esconde un turbio negocio.
En la investigación de Fundación Mil Hojas sobre cómo se cocinó esta violación de derechos encontramos un conflicto de interés: quien fue nombrado por parte del ex presidente Correa para liderar este Programa de Cocción Eficiente era un alto funcionario de la comercializadora ICESA, la empresa que concentra el más alto porcentaje de denuncias ante la Defensoría del Pueblo.
La puerta giratoria de Pablo Zambrano:
Hasta agosto de 2015 Pablo Zambrano se desempeñaba como gerente comercial de ICESA. En septiembre de ese año aparece en el distributivo de personal de la Presidencia de la República como Consejero de Gobierno. Dos meses después, en noviembre de 2015 Correa nombra a Pablo Zambrano, gerente nacional del Programa de Cocción Eficiente (PEC), adscrito a la Presidencia de la República.
La creación de esta gerencia se dio en diciembre de 2014 y el primer titular en este cargo fue Enrique Arosemena, ex gerente general del canal público EcuadorTV y de la Radio Pública.
En menos de un año Arosemena fue remplazado y cuando la gerencia del PEC se encontraba en la etapa de suscripción de convenios con las cadenas de electrodomésticos para la venta de cocinas importadas, pasó a manos de Zambrano.
Este funcionario, que antes había trabajado por casi tres años en ICESA, una de las empresas que expende las estufas de inducción, lideró por dos años el manejo del sistema de ventas de estas cocinas desde la presidencia de la República.
¿Por qué la presidencia de la República coordinaba directamente las transacciones comerciales de las cocinas de inducción? Una interrogante que aumenta si se toma en cuenta que al mismo tiempo funcionaba en el Ministerio de Electricidad otra gerencia destinada al Programa de Cocción Eficiente.
ICESA es un holding corporativo que maneja varias líneas comerciales en más de 500 almacenes a nivel nacional. Pero ha sido la venta de cocinas de inducción, política propiciada por el Gobierno, lo que ha favorecido el desarrollo de la compañía en los últimos años.
ICESA S.A. se dedica a la comercialización y distribución de artículos nacionales e importados como electrodomésticos, equipos de sonido, mobiliario para el hogar, accesorios, ropa, etc. De acuerdo con el informe de calificación de riesgos que la firma ICRE del Ecuador aprobó (el 31 de enero de 2018) sobre la Segunda Emisión de Obligaciones que ha hecho ICESA en el mercado de valores por $10 millones, esta compañía opera con 564 sucursales a nivel nacional de los almacenes Japón, Orve Hogar, Loco Luis, iStore, Samsung Experience Store, HP Store, Home Appliance, entre otros.
En el mencionado informe se evidencia los positivos resultados que le generó a ICESA el programa oficial de cocción eficiente. En 2015, cuando la venta de cocinas de inducción representaba el 0,22 % de las ventas totales de ICESA, esta empresa estableció un convenio con el Ministerio de Electricidad para la venta de productos de Inducción. Para el 2016 tales ventas aumentaron al 41% (en dólares eso significó $58,86 millones). A noviembre de 2017 la comercialización de estas estufas representó un 23% del total de ventas de la compañía. El informe de la calificadora de riesgo atribuye tal caída a la incertidumbre por el cambio de gobierno en el país.
Por otro lado, se destaca en varias partes del informe que “…la venta de cocinas de inducción al ser una medida propiciada por el Gobierno favoreció a la compañía” y que “el Gobierno (con los subsidios de las cocinas a inducción) y el crédito directo ofrecido a clientes conforman más de las tres cuartas partes del financiamiento de ICESA S.A. a sus clientes”. Además, se precisa que las cocinas de inducción tienen “el mejor margen de contribución a las líneas de negocio de la empresa”.
En consecuencia, desde 2015, se evidencia un incremento pronunciado en las cuentas por cobrar comerciales de ICESA debido al aumento de las ventas de las estufas a inducción. La fórmula de pago acordada con el Ministerio de Electricidad incluía TBCs (Títulos del Banco Central), cuyo plazo de negociación es de 360 días. Para 2015, el saldo por cobrar era de $3,8 millones y para el 2016, el saldo mostró poca variación. A noviembre de 2017 la cartera por cobrar relacionada con este concepto representó del 49,96 % del saldo total de deudores comerciales de ICESA y ascendió a $14’881.890. Pero, a criterio de la calificadora ICRE ese monto no presenta riesgo de incobrabilidad.
Si bien es cierto que ICESA comprende el 51% de las denuncias presentadas por los perjudicados ante de la Defensoría del Pueblo, no nos ha sido posible determinar su participación de las ventas totales de cocinas de inducción y ollas en el marco del PEC, pues los datos oficiales solo nos presentan cifras agregadas de ventas, pero no por cada empresa comercializadora.
La ex Ministra de Electricidad, Elsy Parodi, anunció en rueda de prensa del 5 de marzo de 2018 que se han vendido 740. 000 cocinas a nivel nacional.
Mil Hojas solicitó al Ministerio de Electricidad, mediante su dirección de comunicación, que nos informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con la sentencia de la Sala Civil y Mercantil de Corte de Justicia de Pichincha, y se nos proporcione las estadísticas de entrega de cocinas de inducción por cada casa comercial desde el 2015. Hasta el cierre de esta edición, la única respuesta que recibimos vía telefónica es que “debido a la fusión en la que se encuentra esa cartera de Estado con el ministerio de Energía, no se ha terminado de procesar nuestros requerimientos”.
Según la Superintendencia de Compañías, ICESA tiene cinco accionistas, de los cuales dos son inversiones nacionales. Su capital suscrito es de $8’635.822,20.
Mabel Group Holding S.A. tiene los siguientes accionistas:
En las consultas hechas por Mil Hojas sobre los dueños de ICESA, en el mercado nacional de electrodomésticos se identifica como las cabezas de este gran holding a sus accionistas nacionales: los hermanos Jorge y Munir Abedrabbo Larach, empresarios con poca exposición pública, sin embargo en la Superintendencia de Compañías, aparecen como dueños de decenas de empresas dedicadas principalmente al comercio nacional e internacional de casi todo tipo de productos.
Mientras la accionista internacional Chen Trading Group Limited se constituyó en mayo de 2012. Es una empresa que comercializa bienes y productos desde China y Estados Unidos a Ecuador.
Bright Exports Limited es una sociedad anónima constituida el 3 de enero de 1996 y se dedica a la fabricación de prendas de vestir.
La socia, constituida en Ecuador, Mabel Group holding, tiene como principal accionista a Munir Abedrabbo Larach, quien también es socio y ha sido administrador de Textiles El Rayo. Esta última empresa, cuyas oficinas en Quito funcionan en el edificio de Orve Hogar, patrocina a nueve clubes de fútbol ecuatoriano, mediante su marca de Medias Roland.
Durante las visitas que realizaba constantemente el ex ministro de Industrias Ramiro González para “impulsar fórmulas de colaboración público-privada e intensificar las medidas de apoyo a las empresas del país” Textiles El Rayo aparece entre las destacadas por el funcionario como una de las firmas comprometidas con la innovación e incorporación de valor agregado.
ICESA y algunos de sus accionistas fueron parte de más de una alianza público-privada, impulsada por el anterior Gobierno, mecanismo que en el caso del Programa de cocinas de inducción dio paso a prácticas comerciales que violaron los derechos de las personas más pobres y vulnerables del país.
Mientras tanto, la ejecución del PEC se mantiene e incluso fue relanzado por la ex ministra Parodi horas antes de dejar el cargo; los traspiés que ha tenido este programa dentro de la política gubernamental en materia de eficiencia energética, desde sus inicios, denotan que el proyecto no ha contado con la confianza ciudadana.
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