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ECUADOR: EL IMPERIO CONTRATACA EN LA MITAD DEL MUNDO ¿Plan Cóndor del siglo XXI en marcha?

 

 

“El Ecuador es un territorio de paz.
No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras
ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares.
Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008.

 

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, abrió la puerta a “la guerra”. El volcán del crimen organizado, que tiene muchas aristas, terminó por estallar a inicios del presente año en este país de la mitad del mundo. De un enfrentamiento conocido como de “mano dura”, ahora se propone uno de “súper mano dura”. En concreto se decretó un “conflicto interno armado” y se estableció una serie de “objetivos militares” a neutralizar. En este empeño, la militarización de la sociedad asoma como el eje rector, aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada. Y así, las Fuerzas Armadas asumen un papel dominante, subordinando a la Policía Nacional.

Esta primera aproximación al tema despierta, con razón, preocupación. Como certeramente anota el jurista y docente universitario Luis Córdova Alarcón, “el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles”. Más militarización de la sociedad, conducirá a menos democracia.

El asunto es aún más complejo en la medida que se cristaliza la pretensión de diversos sectores dentro del país, que, desde hace varios años, vienen clamando por el retorno de miembros de la fuerza armada norteamericana. No se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta, en el año 2009. Es más, no han dudado en sostener permanentemente una campaña de acusaciones en contra de esta decisión, con la que, sin escatimar mentiras, pretenden convencer a la sociedad que allí estaría el origen del auge del narcotráfico.

Una compleja y poco conocida historia de pretensiones imperiales

Recordemos que, a fines del siglo pasado, el Ecuador, durante el gobierno del democristiano Jamil Mahuad, vivía una de sus mayores crisis sociales, económicas y políticas. En ese complejo entorno, de forma reservada, se permitió la instalación en territorio ecuatoriano de lo que se conoce como Base de Manta, cuyo nombre oficial era de Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location).

Así se posibilitaba, una vez más, la instalación de tropas de los EEUU en territorio ecuatoriano. ¿Cómo que una vez más? Si, en diciembre de 1941, sin que el gobierno ecuatoriano hubiera aún concedido la autorización para ocupar espacios del territorio nacional, contingentes de la marina y del ejército norteamericano desembarcaron en posiciones estratégicas en Salinas, en la costa ecuatoriana, y en Baltra, en las Islas Galápagos. En esos días, el Ecuador vivía una gravísima crisis política: su provincia de El Oro estaba invadida por tropas peruanas con las que Lima trataba de im­po­ner un arreglo limítrofe.

Esa agresión no preocupaba mayormente o casi nada en la región. Los países americanos estaban conmocionados por el ataque japonés a Pearl Harbor el día 7 del mismo mes de diciembre. La solidaridad panamericana estaba en su apogeo. La defensa colectiva del continente, inspirada en los convenios multilaterales de Lima y la Habana, se complementaba con varios convenios bilaterales.

El presidente Carlos Alberto Arroyo del Rio, del gobierno liberal-conservador, incapaz de dar una respuesta a la doble invasión, se sumó a esa solidaridad internacional, reclamando, un par de años más tarde, “el procerato de la lealtad”… a Washington. En la práctica toleró la ocupación del territorio nacional por las tropas yanquis y aceptó las imposiciones peruanas. Recién el 24 de enero de 1942 se firmó el convenio para normalizar la presencia de tropas de los EEUU en Salinas y el 2 de febrero en Baltra. Entre estas dos fechas, con la presencia de las fuerzas armadas peruanas en territorio ecuatoriano y con una enorme presión panamericana, el 29 de enero de 1942, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, con el que el Perú intentó dilucidar la larga disputa de límites con su vecino.

Cuando se avizoraba el fin de la segunda guerra mundial, los EEUU trataron de prolongar la ocupación de esas dos bases por 99 años, con un pago de 20 millones de dólares. Esas negociaciones con el gobierno liberal-conservador de Quito se frustraron por la revuelta popular del 28 de mayo de 1944, conocida como “La Gloriosa”. Durante el nuevo régimen se mantuvieron las pretensiones de la gran potencia del norte. Empero, en la Asamblea Constituyente de 1944 se exigió buscar una salida que evite al país “la más humillante ofensa a la dignidad soberana”. Las presiones y negociaciones continuaron. Inclusive fueron parte de la agenda en los debates de otra Asamblea Constituyente, la de 1946. Sería en ese año, el 1º de julio cuando se retiraron las tropas de Washington. Al salir sus soldados dejaron desmantelados los equipos y en escombros las construcciones.

No se trata de hechos y pretensiones aisladas. Las apetencias imperiales, contando con la complicidad de varias personas relevantes en Ecuador, han estado desde hace mucho tiempo presentes. Su mayor atención se ha fijado en las Islas Galápagos. Una y otra vez, desde el siglo XIX, este territorio formó parte de negociaciones para tratar de resolver los acuciantes problemas de la “deuda eterna”. Antes de la instalación de la base de Baltra, ya en el año 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt, preocupado por razones de geoestrategia y ante la no aceptación de Ecuador para vender las islas, buscaba mecanismos para que sea su país el que proteja la biodiversidad allí existente. Incluso se sugería la sesión de soberanía para que sea la Unión Panamericana la responsable del patrullaje de las islas y la encargada de financiar el proyecto.

Lo cierto es que Washington, insistentemente, ha desplegados esas intenciones. Los EEUU inclusive asoman prestos para “ayudar” cuando este pequeño país ecuatorial sufre alguna grave calamidad. En esta historia, larga y triste, bastaría traer a colación la llegada de tropas norteamericanas luego del terremoto de 1987, que golpeó duramente al nororiente del país y que destruyó el oleoducto transecuatoriano, ahondando la crisis económica desatada poco antes por el insostenible peso de la deuda externa. Llegaron reservistas norteamericanos para ayudar en la construcción de una vía que uniría San Pablo-Río Hollín-Huaticocha. Lo que buscaban esas tropas era aprender a construir carreteras en territorios selváticos, por eso su aporte real fue prácticamente nulo. Y aún cuando el Congreso Nacional dispuso su salida, el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero permitió que continúen en territorio ecuatoriano para cumplir con el plazo de seis meses acordado con los EEUU.

Para cerrar este breve repaso se podría mencionar también como el gobierno de Guillermo Lasso negoció la protección del archipiélago cediendo parte de la soberanía nacional a través de una confusa negociación financiera.

La cruda realidad de la Base de Manta

A contrapelo de quienes sostienen lo contrario, vale conocer que la base norteamericana en Manta no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó, los envíos de droga se triplicaron y decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis e inclusive se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016. Es más, como se demostró posteriormente, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes.

Muy lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los bares, discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los norteamericanos.  El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos. Las tropas allí instaladas consumían escasos productos locales.

También cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases de los EEUU, sin que se haya logrado parar hasta ahora el narcotráfico; es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan 5 bases militares norteamericanas.

Otra oportunidad propicia para Washington

Ahora, en medio de otra crisis de enormes proporciones, que ha desembocado en un enfrentamiento armado contra el narcotráfico y afines, aparecen nuevamente las condiciones para otro desembarco de tropas norteamericanas. La declaración del “conflicto interno armado” empata con las pretensiones de Washington, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo en la actualidad cuando las grandes potencias mundiales están empeñadas en consolidar sus espacios de influencia y de ser posible ampliarlos.

Los EEUU, lo sabemos muy bien, están metidos hasta el cuello en una larga y casi inútil guerra contra el narcotráfico; bastaría con recordar su aparatosa derrota en lo que se conoce como “la guerra del opio” en Afganistán, el año 2021. La guerra contra el narcotráfico, sin embargo, es parte de su geo-estrategia, sobre todo en nuestra región.

Como ya lo señalamos, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta se ha mantenido una campaña de diversas fuerzas políticas para que se autorice su retorno. En todo este tiempo, representantes del Comando Sur han ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar. Hubo varios acercamientos cobijados con lo que significa la coordinación en la lucha contra el narcotráfico; no faltaron los aplausos desde el Norte a las acciones del gobierno de Rafael Correa, en cuyo primer período se produjo la salida de la Base de Manta por una disposición constitucional a la que se llegó luego de un largo proceso de resistencia en el país, desplegado desde el año 1999, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador.

Las acciones para conseguir una mayor coordinación entre los militares de los dos países avanzaron aceleradamente en el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la Embajada norteamericana en Quito se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública. En ese contexto, mientras se profundizaba / toleraba la infiltración de los narcos en la institucionalidad estatal y entraban a raudales los narcodólares en toda la economía, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”, que no solo que no resolvió la cuestión del narcotráfico en ese país, sino que de diversas maneras es también uno de los causantes de la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.

En junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre los dos países. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, estableciendo un plazo de medio año para que el Departamento de Estado propusiera un plan de acción concreto. Posteriormente, el Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre ambos países, a mediados del 2023, propuso invertir más de 3.100 millones de dólares en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con un plazo de 7 años de duración.

En mayo del mismo año, en el régimen de Lasso se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En setiembre se alcanzó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas. Ambos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional. Y en ese mismo 2023, en octubre, a espaldas de la sociedad, como sucedió con la Base de Manta, el canciller ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos suscribieron el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que ha también recibido luz verde por parte de la Corte Constitucional.

Estas decisiones del órgano encargado de velar por la vigencia plena de la Constitución, sorprenden, por decir lo menos. Por mandato constitucional están prohibidas bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional; en realidad no se trata de una prohibición para tener tropas extranjeras en un espacio físico reducido, sino de una clara prohibición de tropas foráneas en el Ecuador. Nuestro país fue declarado por la Constitución del 2008 -aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas- como un territorio de paz. Lo grave es que la Corte determinó que este acuerdo no constituye un acuerdo militar, sino más bien es solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaría debate alguno en la Asamblea Nacional, tal como sucedió con la Base de Manta en el año 1999. Es decir, este acuerdo puede ser ratificado directamente por el presidente Noboa.

Quizás, como una anotación para la historia queda el voto salvado de tres magistrados de la Corte, que resaltaron la magnitud y la trascendencia de los compromisos acordados y los privilegios concedidos a una fuerza militar extranjera, que comprometen la soberanía nacional y que al menos debió ser tratado por la Asamblea Nacional. Intentar confundir el aporte militar de los EEUU como un simple apoyo policial es una conclusión realmente audaz; ese subterfugio legal sirve para no cumplir con el claro mandato constitucional: artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.

Los propósitos militares del acuerdo relacionado al estatuto de las fuerzas son evidentes. Basta revisar sus términos. El acuerdo se aplica a personal militar, tanto como al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de privilegios e inmunidades. Se establecen exenciones tributarias para las tropas norteamericanas. También se entrega el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se obvia la jurisdicción penal sobre ese personal; no solo es, inclusive se acepta la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Y, por cierto, esto es clave, se asegura el libre movimiento de vehículos y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitarán una base específica, pues podrán recorrer libremente todo el territorio nacional y acceder en la práctica a todas las instalaciones, bases y cuarteles de las fuerzas armadas ecuatorianas.

El tan mencionado Plan Fénix para enfrentar el crimen organizado, al que se ha referido con frecuencia el mandatario ecuatoriano, a la postre parece ser un plan elaborado so por el Pentágono. En palabras de la jefa del Comando Sur: “EEUU tiene un plan de seguridad de cinco años para Ecuador”. Un plan bautizado como la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad. Ella, adicionalmente, al celebrar la aceptación de este acuerdo y al tiempo de participar en la ceremonia de entrega de una nueva donación de equipos militares de los EEUU, declaró que “estoy orgullosa de servir con ustedes en el equipo democracia”, refiriéndose a los militares ecuatorianos presentes. Democracia, seguridad, desarrollo… todos conceptos con los que con frecuencia se disfrazan las apetencias imperiales.

Ecuador territorio en disputa de intereses geoestratégicos

Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los EEUU responden con su lógica geoestratégica. Desean una vez más poner en marcha lo que podría ser visto como una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI. De esta manera las fuerzas armadas del Ecuador -así como de otros países de la región- asumen cada vez más papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia popular. Una realidad que se constata en muchas partes de Nuestra América – cada vez más influenciada por el bukelismo-, incluso en países con gobiernos progresistas, como México.

Este devenir nos recuerda aquellos viejos principios de la Seguridad Nacional, orientados a fortalecer esquemas de contrainsurgencia -quien sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquilar como de lucha contra el crimen organizado.

Como para redondear este breve análisis cabría anotar el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a favor de objetivos e intereses norteamericanos. Mientras cada vez más gobiernos levantan al menos su voz de preocupación e incluso de rechazo por las brutales violaciones de derechos desatadas por el sionismo en contra del pueblo palestino, el gobierno de Noboa apoya la posición del gobierno de Netanyahu y profundiza la cooperación en el ámbito de la represión que recibe Ecuador de Israel. Igualmente, el hecho de que Ecuador haya resuelto entregar arnas de origen ruso y ucraniano a los EEUU a cambio de nuevo armamento norteamericano, implica asumir una posición en ese conflicto europeo, que tiene, sin lugar a dudas, series repercusiones en la geopolítica mundial. No falta, por cierto, la renovada declaración oficial de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Finalmente, si nos atenemos a las experiencias en México y Colombia, con sus fracasadas guerras en contra del narcotráfico, bien podemos anticipar el desastre de la estrategia belicista asumida por el gobierno de Noboa. Sin embargo, el “conflicto interno armado” parece tener otros objetivos colaterales, como sería profundizar aún mas las estructuras autoritarias en el país vía militarización de la sociedad –reforzada con la presencia de tropas norteamericanas-, al tiempo que en paralelo a la acción bélica se camina hacia una creciente neoliberalización de la economía. Así, la próxima estación, en una economía dolarizada, sostenida en gran medida por los narcodólares, sería un nuevo acuerdo con el FMI…

*****

Sin minimizar la necesidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, la salida de esta compleja encrucijada no pasa por la represión militar y el populismo penal, que terminan por crear las condiciones para seguir criminalizando a grupos empobrecidos y racializados, lo que podría transformar esa acción represiva en una estrategia para frenar las protestas populares y las resistencias territoriales en contra de los extractivismos. En definitiva, no es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado de Washington.

Algo tenemos que hacer frente al narcotráfico, nadie lo duda. El enfrentamiento a las bandas y carteles no puede obviar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras delictivas infiltradas en el Estado y en toda la economía. Tratándose de organizaciones criminales transnacionales se requieren respuestas de genuina cooperación policial y judicial internacional, sobre todo sur-sur, que en ningún caso menoscaben la soberanía de los países, y que propugnen simultáneamente respuestas orientadas a la despenalización de la droga y al tratamiento del consumo como una cuestión de salud pública. Además, es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y explotada, reduciendo los insultantes niveles de concentración de la riqueza. Por igual, se deben respetar las diferentes preferencias culturales. Y en todo momento se tienen que garantizar los equilibrios ecológicos.

Estos son apenas algunos pocos elementos para construir una estrategia que asegure la seguridad al pueblo ecuatoriano, que no se alcanzara sacrificando derechos y libertades. En definitiva, con estos elementos se define el principal campo estratégico de acción, que demanda siempre más democracia nunca menos.

Quito, 29 de enero del 2024

 EL ABUSO NO TIENE LÍMITES

POR JAIME CEDILLO FEIJÓO

Un nuevo suertudo aparece en el escenario "tragicómico" del reparto del dinero público en beneficio de agnados y cognados del alcalde de la ciudad, Cristian Zamora. Con el eslogan "Amor X Cuenca", sin verguenza y sin bochorno, es decir, sin una pizca de verguenza y sin una gota de sangre en la cara, se comete un nuevo perjuicio en contra del sagrado patrimonio del pueblo, que debe ser cuidado e invertido con absoluta responsabilidad.

Pero no es la primera vez que se reparten suculentos contratos direccionados, y que, incluso, han sido cuestionados por el propio Sistema Oficial de Compras Públicas, gracias a las denuncias del señor Concejal Xavier Bermúdez, que no le ha temblado la mano para cumplir con su deber, en representación de sus electores.

No así el resto de concejales que han preferido el camino fácil del silencio y la complicidad, frente a tamaños despropósitos de un alcalde que se aprovecha del cargo que ostenta para hacer y deshacer de la administración pública a su antojo, tal como si fuera su propia hacienda, en donde el amo abusa hasta más no poder de la paciencia de sus peones.

Qué papel cumple la comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal: Un papel indecoroso, por decir lo menos. El doctor Bermúdez, integra esta comisión, pero cumple con su deber lejos de la complaciente comisión, que la integran dos concejales más: el uno que es del equipo de Zamora, y, la señora que preside la comisión, pero que en la práctica no preside nada, desde que asumió la "honrosa" designación.

En ocho meses de un "intenso" trabajo la "comisión de fiscalización" no ha presentado un solo informe sobre las denuncias de corrupción en contra de la administración del alcalde que responde con ofensas a los periodistas cuando le preguntan sobre temas de la administración pública local y nacional.

Con una velocidad, digna de un trofeo, elaboran las actas, el contrato y todo el papeleo burocrático (22 de agosto) y el 28 del mismo mes adjudican el contrato por NOVENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES, A FAVOR DEL HIJO DE LA COIDEARIA DEL ALCALDE, WILMA ANDRADE (ESTUDIO JURÍDICO MORALES-ANDRADE ASOCIADOS CIA.)

Andrade es dirigente naranja (Izquierda Democrática), antes se desempeñó como asambleísta, y hoy es nada más ni nada menos, que embajadora de Ecuador en España ( o sea, está de momia coctelera, como diría el prófugo de la justicia que vive refugiado en el ático).

Recién Cristian Zamora y Wilma Andrade, se encontraron en España, con motivo de una feria internacional de turismo; posaron juntos para las cámaras y seguro que Zamora le dijo a Andrade: si algo te debo con ese suculento contrato para tu hijo, te pago. Estamos a mano. Olé.

El contrato lleva el pomposo y ridículo nombre de: Patrocinio y asesoría jurídica para la defensa técnica del GAD Municipal del Cantón Cuenca en el proceso de arbitraje nacional que enfrenta el GAD con ACTN.

El representante del Estudio Jurídico, al que le adjudican los 90.500 dólares (más IVA), es Marco Antonio Morales Andrade.

A qué se dedican los abogados de la Sindicatura del Municipio de Cuenca. Acaso no hay el suficiente personal profesional para asesorar al señor alcalde de la ciudad patrimonial, en temas jurídicos. Acaso el Procurador Síndico no está capacitado para defender los intereses de Cuenca en un conflicto legal. Acaso no hay por allí un PHd, que pueda hacerse cargo del caso, y ahorrarle a los cuencanos 90.500 dólares. Si debe haber no solo uno sino algunos, pero el chiste es el despilfarro, el amarre, los direccionamientos, el abuso, o como dicen en los recintos de la costa, es la "farra de la loca".

El concejal Bermúdez, en diálogo con El Observador, dijo que espera el pronunciamiento de los órganos de control, para poder pronunciarse, una vez más, sobre esta trama de amarres y componendas, a vista y paciencia de los ciudadanos, que miran desconcertados cómo van esquilmando los recursos en beneficio de unos pocos y en detrimento de la gran mayoría.

"Pueblo uníos en el peligro, uníos para salvar la Patria, y cuando un crimen contra ella ha sido perpetrado, uníos para castigarlo".

Juan Montalvo

 MISIÓN CUMPLIDA

Se fueron tras un sueño y lo cumplieron con sobra de méritos. El esfuerzo y sacrificio rindió buenos frutos. La experiencia ha sido motivadora, inolvidable, inigualable. El equipo de fútbol de AVICED Sub 16, viajó con destino a Montevideo para participar en el campeonato internacional Uruguay Cup.

Bajo la dirección técnica del profesor Pablo Arévalo, un extraordinario profesional, comprometido a fondo con la preparación del grupo de muchachos, todos adolescentes, con la compañía de varios padres de familia, que hicieron el esfuerzo económico para poder cubrir los gastos del viaje y estadía en la Atenas del Plata, durante diez días.

Jugaron, ganaron, empataron y también perdieron. En total cumplieron seis compromisos deportivos oficiales, acumularon 8 puntos, marcaron nueve goles, y recibieron seis. El balance es positivo. A cambio nos traen a la ciudad, el TROFEO DE BRONCE, más medalla en cada pecho de los deportistas noveles.

La alegría fue inmensa cuando los organizadores pidieron al equipo subir a la tarina para recibir la Condecoración. Juntos como un puño, cantaron el himno nacional y levantaron la bandera de nuestra querida patria Ecuador, ante la mirada de cientos de soñadores, que esperan y aspiran llegar lejos en el fútbol profesional.

Uno de esos soñadores es mi querido nieto Joaquín Cedillo Camacho, que cumple el rol de defensa central, ese es su puesto, pero cuando la situación requiere su contingente, hace de delantero y hasta de arquero, tal como sucedió en el encuentro frente al Arsenal, porque, según me informaron, el árbitro no le permitió tapar al guardameta titular (por algún problema), entonces tuvo que cuidar los tres palos todo el encuentro.

Ayudó desde su posición en cada partido, incluso marcó un gol en el primer partido disputado con el equipo de la escuela del mundialista Diego Forlán (DFC). Todos cumplieron a cabalidad, todos se merecen un sonoro reconocimiento por haber dejado el nombre de Cuenca, del Ecuador, en lo alto. AVICED un equipo que estuvo a la altura de los mejores, que se codearon y se fajaron de igual a igual, sin amilanarse. BIENVENIDOS A CASA, MISIÓN CUMPLIDA.

FIRMA: EL ABUELO ORGULLOSO

Dr Simón Zavala Justicia desacreditada

 LOS VIOLENTOS

POR JAIME CEDILLO FEIJÓO

"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."

Declaración de principios sobre Libertad de Expresión.

Los personajes que fungen de alcalde de Cuenca ( Cristian Zamora) y Prefecto del Azuay (Juan Lloret), protagonizaron un hecho bochornoso y vergonzoso el pasado 8 de enero de 2024, día fatídico para la libertad de prensa en el Ecuador; cuando en presencia de autoridades como el Gobernador, Fiscal y presidenta de la Corte de Justicia del Azuay, atacaron verbalmente al periodista Segundo Cabrera por hacer la siguiente pregunta, durante una rueda de prensa:

¿es posible controlar esta situación cuando es su organización política (Revolución Ciudadana), que es bastante señalada y vinculada en el caso ‘Metástasis’, en este tema de grupos delincuenciales?

Inmediatamente el alcalde Zamora, se compró el pleito ajeno, porque la pregunta fue dirigida al Prefecto; le interrumpió diciendo que no hable estupideces. El periodista Cabrera, sin dejarse amilanar, dijo que no son estupideces, a lo que el alcalde compra pleitos, respondió furibundo, que no pregunte estupideces.

Cabrera reiteró que es una pregunta periodística de un tema que conmociona al país: El caso Metástasis.

El (correísta) Prefecto, antes de abandonar violentamente la rueda de prensa, junto con su "coideario", acusó al comunicador de ser un enfermo mental. Así se dieron los hechos registrados por las cámaras, en presencia de los representantes de los poderes ejecutivo y judicial, que enmudecieron frente a semejante ataque a la libertad de expresión. Prefirieron el silencio cómplice, antes que reaccionar advirtiendo a los furiosos que están cometiendo un delito, sancionado por el Código Integral Penal, y por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

"Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley."

Dice el pensador Isaac Asimov que la "violencia es el último recurso del incompetente".

La intimidación, la agresión verbal, las injurias, no amedrentarán a la prensa independiente, a los periodistas que cumplimos con la sagrada misión de informar a la sociedad, poniendo el dedo en la llaga de la corrupción, la inmoralidad y abusos de poder, como el caso denunciado y rechazado a nivel nacional e internacional.

Alguna vez Juan Montalvo, escribió: "Nací libre, por eso lo soy; nací libre, por eso no gimo bajo el yugo de la servidumbre, y mi alma se encumbra por las regiones altas, al paso que mi cuerpo se contonea, sin temor de cadenas ni mordaza".

EL OBSERVADOR

 

Gabriela Sommerfeld afirma que Ecuador no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro

Redacción VistazoDomingo, 28 Enero 2024 - 19:00

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La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld se refirió a las relaciones con Venezuela. (Foto: redes sociales )

La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que el Ecuador no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro. La declaración llega en medio de una presión internacional para que se realicen elecciones democráticas en Venezuela.

En entrevista con el programa ‘Desde Adentro’ de la cadena NTN24, la funcionaria ecuatoriana comentó que el Gobierno de Daniel Noboa defiende las votaciones libres, lo cual no está ocurriendo en el país antes mencionado.

“El Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro y eso tenemos que estar claros”, reiteró Sommerfeld, quien recordó que Noboa ha dicho públicamente que no tendrá un “contacto mayor” con el mandatario venezolano, mientras no “se respeten las elecciones libres y se viva en democracia”.

“Vamos a velar y apoyar porque se refuerce y fortalezca la democracia en nuestros países”, acotó la jefa de Relaciones Exteriores.

De hecho, el pasado sábado 27 de enero del 2024, el Gobierno de Ecuador rechazó la inhabilitación política por quince años decidida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

Lea también: Venezuela cumple un cuarto de siglo con el poder chavista: así fue la llegada de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Agregó que esa “decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela”.

La reacción del Ecuador se ha sumado a expresiones de preocupación y lamento de gobiernos como los de Argentina y Uruguay.

El Gobierno venezolano, por su parte, ha asegurado que el caso de María Corina Machado es “cosa juzgada”, pero también ha afirmado que se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, que lo acusa de haber violado los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.

“Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa de diálogo. Se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos”, dijo ante periodistas el gobernador chavista Héctor Rodríguez.

 

Queridos amigos y amigas: ¡La Corte Internacional de Justicia acaba de ordenar a Israel que evite actos genocidas en Gaza! Los jueces han sido claros: han matado a 25700 palestinos y palestinas, 1,7 millones de personas se encuentran desplazadas y el 93% de la población se enfrenta a graves niveles de hambruna. Es una destrucción innegable. Hasta que Israel obedezca, el riesgo de genocidio seguirá aumentando cada minuto. ¡Pero ahora tenemos herramientas para detener esta situación! Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y nuestra comunidad puede presionar a Joe Biden y a otros gobiernos clave para lograr que Israel obedezca al tribunal. Avaaz está trabajando contrarreloj para lanzar una campaña atronadora y tu donación podría hacernos imparables. Protestas, anuncios, y un trabajo constante de incidencia política… Cuanto más recaudemos, más podremos hacernos oír. Y aún hay más. Podemos ayudar a construir una acusación tremendamente sólida contra Israel si proporcionamos equipos informáticos, cámaras y material de protección a los periodistas y grupos defensores de los derechos humanos que buscan financiación desesperadamente para seguir recopilando pruebas que demuestren que se están cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Tu apoyo es vital. Todo lo que hacemos en Avaaz está financiado íntegramente por gente como tú. Están arrastrando a Gaza al borde del infierno pero, si nos unimos, podemos ayudar a acabar con este horror. Dona ya lo que puedas: La Corte Internacional de Justicia ha acordado por una rotunda mayoría que los indicios de genocidio están por todas partes. Israel está impidiendo la entrada de alimentos y medicamentos, están asesinando a civiles inocentes a sangre fría y el 85% de la población de Gaza se ha quedado sin techo. Ahora el tribunal ha ordenado medidas de emergencia para evitar actos genocidas, como el asesinato de civiles palestinos, pero por sí solo no tiene autoridad para asegurar que se cumpla la sentencia. Estados Unidos, las Naciones Unidas y otros países deben obligar a Israel a acatar la decisión de la corte. Y podemos presionarlos ayudando a que los activistas, periodistas y grupos de derechos humanos que trabajan en Gaza y en todo el mundo alcen la voz ya.  Si conseguimos dinero suficiente, podríamos: Lanzar una campaña internacional atronadora para obligar a los aliados de Israel a exigir un alto al fuego y permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.  Apoyar a los periodistas que están sobre el terreno con material de protección y equipos informáticos, cámaras, cargadores solares y con otras necesidades urgentes. Financiar a grupos palestinos de derechos humanos para que documenten los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza y otras zonas de Palestina. Respaldar a los abogados y activistas que tratan de impedir el comercio de armas con Israel. Apoyar el activismo no violento que está organizando protestas por la paz y la justicia sobre el terreno. Nos negamos a cerrar los ojos ante las atrocidades que se están cometiendo en Gaza.

 

El 69% de los ecuatorianos confía en Daniel Noboa para sacar adelante el país

enero 24, 2024

POSITIVO. La valoración positiva del mandatario se mantiene en alza, mientras muestra flexibilidad en su hoja de ruta. Foto: Presidencia.

Según el último estudio de la encuestadora Ipsos,  los médicos, con un 85%, la empresa privada, con 57%, y la fiscal general, Diana Salazar, con 53%, están entre los mejor valorados del país.

A lo largo de los últimos meses, la confianza en el futuro del país se incrementa. Aunque hace apenas dos semanas el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un conflicto armado interno para poder retomar el control de las cárceles y combatir a los grupos delincuenciales, la confianza de los ciudadanos en un mejor futuro se incrementa.

La encuestadora Ipsos informó a LA HORA que en su último sondeo de opinión, la ciudadanía expresó que confía en Noboa en un 69%, cifra que muestra la alta receptividad que ha capitalizado desde que asumió el poder e inició el combate a las bandas criminales que operan en el territorio nacional.

El estudio también destaca que los médicos tienen 85% de confianza. Mientras que la empresa privada recibió un 57% y la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, mantiene la tendencia al alza, con un 53%.

En el otro lado de la moneda están el sistema de Justicia y los jueces que apenas recibieron un 15% y 13% de confianza, respectivamente.

Los datos sobre el primer mandatario representan un contraste con su predecesor, Guillermo Lasso, quien en el último sondeo de confianza realizado en octubre de 2023, tuvo un 35% de confianza.

Ante la pregunta sobre ¿quién podría sacar adelante el país?, en octubre de 2023, el expresidente Lasso recibió un 29%. Con Noboa este indicador se ha situado en el 39%.

Cambio ‘saludable’

El analista político y académico, Pablo Guerrero, valoró para LA HORA las decisiones del presidente que ha rectificado en algunas posiciones, como la consulta sobre los casinos, la semaforización del toque de queda o la posibilidad de solicitar la ampliación por un año del plazo para el cierre del Bloque 3 del ITT.

Durante la campaña presidencial, Noboa se había mostrado a favor de la consulta sobre la paralización de la actividad extractiva en el ITT, pero la realidad del combate al crimen organizado y la carencia de recursos en el Gobierno lo ha obligado a revisar su postura.

En este sentido, Guerrero estimó que “el peso de las circunstancias obliga al presidente Daniel Noboa a actuar de manera pragmática”.

El académico consideró además que “es saludable el pragmatismo, pero debe ir acompañado de una política de Estado que permita erradicar de raíz el problema que atraviesa el Ecuador”.

Advirtió que esto no será fácil, debido a que la violencia “ya es parte de las costumbres, de la manera de proceder y de la cultura. Eso se debe erradicar”.

Desde su punto de vista, el Gobierno debe mejorar la comunicación de los logros en la lucha contra la delincuencia, más allá de los informes que ofrecen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de un vocero que pueda explicar la trascendencia de los avances.

El académico y abogado señaló además que el conflicto armado no culmina en la acción militar y que esta debe ser acompañada por una política de Estado en la administración de la justicia, considerando que el actual sistema y las leyes “han promovido la impunidad y no han dado garantías al ordenamiento jurídico, ni a la convivencia pacífica de los ecuatorianos”.

Guerrero recomendó al presidente valorar la posibilidad de buscar un “mecanismo jurídico de cooperación, que sin violar las normas más vigentes permita el apoyo de los cascos azules de las Naciones Unidas en el Ecuador”.

Flexibilidad en el discurso

El analista y economista libertario, José Alvear, celebró la capacidad que ha mostrado el primer mandatario para escuchar las críticas y rectificar, lo que a su juicio es una posición que se observa poco en los políticos del Ecuador.

“Es un mensaje muy positivo y distinto al clásico discurso de los políticos que creen que su punto de vista es la verdad absoluta. Noboa, a diferencia del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, está demostrando que es un presidente que escucha, que interpreta y que puede ser flexible”, puntualizó Alvear.

Acotó que la decisión de desarrollar la ‘semaforización’ del toque de queda solicitado por diversos sectores del país, es una muestra que es consciente “que de alguna manera hay que reactivar a las ciudades del país y está es una forma inteligente de hacerlo”.

Sobre la posibilidad de ampliar el plazo para el cierre de las operaciones en el Bloque 3 del ITT, comentó que esta no debe ser la fórmula y recomendó volver a consultar al país sobre el tema, pues a su juicio, “la gente votó en contra de todo lo que proponía Lasso, porque nadie le creía”.

Alvear consideró como positivo que Noboa maneje una agenda flexible, “en cuanto a su hoja de ruta en función de lo que viene pasando en el país, es muy positivo”.

Advirtió que aunque ha sido crítico de las propuestas y medidas presentadas por la ministra de Energía, Andrea Arrobo, en la actualidad los ecuatorianos deben tener una consigna en común. “Tenemos que unirnos para sacar este país adelante, no solamente en cuestiones de inseguridad, sino en buscar salidas a las crisis”.

El economista consideró que la salida no puede ser a través de las cargas impositivas que hacen a la población seguir “pagando la factura de la mala administración y el pésimo criterio de los políticos de turno. Creo que hay otras formas para recaudar dinero y sacar de la crisis al país”.

En este sentido reiteró su llamado a la generación de una política “seria” que establezca las bases para una nueva matriz energética en Ecuador, que “le permitirá ahorrarse al país 3.000 millones de dólares al año”.