miércoles, 27 de noviembre de 2019

SU OPINIÓN POR FAVOR.
Para los 11 de los 15 concejales de Cuenca, que decidieron en nombre de la ciudad, entregar la Presea: "Patrimonio Cultural de la Humanidad", al calígrafo Gerardo Machado:
La intención de las preseas es reconocer a los ciudadanos que hacen aportes con hechos concretos a la gestión y conservación del Patrimonio.
Tampoco han decidido entregar Acuerdos y Reconocimientos, que son importantes, porque se entrega a los maestros- artesanos, arquitectos y restauradores que hacen lo mejor para preservar la técnica y la arquitectura vernácula
Opinión ciudadana.
La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.

Sobre el Monasterio del Carmen de la Asunción.

En la plaza de las Flores de Cuenca

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Kumiko Kosaka, la monja acusada de abusar de menores en el Próvolo. Foto: Difusión.
Kumiko Kosaka, la monja acusada de abusar de menores en el Próvolo. Foto: Difusión.

Caso Próvolo: monja elegía a los niños, curas los violaban y jardinero los secundaba [VIDEO]

Los niños con discapacidad auditiva eran escogidos de acuerdo con su nivel de sumisión a los golpes. Los llevaban a un cuarto que apodaban “la casita de Dios”, donde sacerdotes, monaguillos y hasta el jardinero abusaban de ellos.


Mundo LR
26 Nov 2019 | 18:19 h
El Caso Próvolo es uno de los más aberrantes reportados en Argentina. Suma uno más de los ‘escándalos’ del Vaticano en el que se involucran a curas y sacerdotes en delitos de abuso sexual.
No obstante, lo que ocurría en el interior del Instituto Próvolo lleva más dolor, indignación y horror del que se pueda imaginar. Niños con discapacidad auditiva fueron inscritos en esa escuela para ser adoctrinados, pero acabaron siendo maltratados física, psicológica y sexualmente.
PUEDES VER: Caso Próvolo: curas que abusaron de niños sordos son condenados a más de 40 años
Fueron 9 años de abusos, desde 2005 hasta 2016, cuando por primera vez un exalumno se atrevió a hacer la primera de las denuncias de violación por parte de los curas. A esta les siguieron muchas más llegando a sumar aproximadamente 25 casos más.

‘La casita de Dios’

De acuerdo con los testimonios de las víctimas recogidos durante el juicio de Próvolo, que inició en a finales de 2016, había un modus operandi para cometer los abusos sexuales. La mayoría de los relatos mencionan un cuarto al que eran llevados siempre conocido como “la casita de Dios”.
En ese lugar eran sometidos a diversos vejámenes: violaciones, tocamientos, pornografía y amenazas. Generalmente ocurría en la madrugada, cuando los otros niños dormían en sus habitaciones.
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Cura y dos monjas de Próvolo.
Los principales imputados son Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, dos sacerdotes que acaban de recibir una pena de 42 y 45 años de prisión, respectivamente, por sus delitos. A ellos también se le suman los nombres de Jorge Bordón, un exmonaguillo; Kumiko Kosaka una monja, y Armando Gómez, un jardinero.
De acuerdo con los documentos de la investigación, son en total 14 personas relacionadas con el caso Próvolo. Kosaka, la religiosa de origen japonés, era la principal pieza para que se lleve a cabo las violaciones.
PUEDES VER: Paro en Colombia: soldado se suicidó tras ser intimidado por apoyo a los manifestantes [VIDEO]
Según reportan las víctimas, ella era quien los llevaba a la ‘casita de Dios’. Elegía a los niños de acuerdo con su nivel de sumisión a los golpes para asegurarse de que lo fueran también con sus violadores.
Una vez que llegaban al terrorífico cuarto, los dejaba con los curas. Luego del abuso, los regresaba a sus cuartos.
grupo larepublica
El cura Corradi se encuentra en silla de ruedas por su deteriorada salud.

‘Monja mala’

El joven que denunció por primera vez a los miembros de Próvolo especificó cómo la “monja mala”, como le llamaban los alumnos, fue cómplice de todos los abusos. En una ocasión en que la víctima fue violada por los curas a los 10 años, sufrió una hemorragia, según contó. La monja no se alarmó y lo que hizo fue ponerle un pañal para ocultar que sangraba.
Algunos de los niños también fueron encadenados y obligados a violar a otros de sus compañeros, mientras los sacerdotes los observaban. Esto fue corroborado por las evidencias halladas al interior del instituto, donde se encontró material pornográfico, cadenas y otros elementos.
Kumiko Kosaka, la monja acusada de abusar de menores en el Próvolo. Foto: Difusión.
Kumiko Kosaka, la monja acusada de abusar de menores en el Próvolo. Foto: Difusión.
La monja Kosaka aún no ha sido sentenciada, pero se le acusa por el delito de complicidad. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y se espera un juicio por separado en 2020..
En tanto, los principales imputados, Corradi y Corbacho, han recibido más de 40 años de cárcel el pasado 25 de noviembre, pero llevarán las penas de manera distinta. El primero, de origen italiano y que ya tenía denuncias por abuso sexual en Próvolo de Italia (sucedidos entre 1955 y 1984), cumplirá su condena en arresto domiciliario por su deteriorada salud.
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Corbacho, por su parte, continuará recluido en el penal de Mendoza.
En cuanto al jardinero Gómez, se le otorgó 18 años de prisión; y al exmonaguillo Jorge Bordón, 10. En el caso de otro implicado, un administrativo de iniciales J. O., se le declaró inimputable, ya que presenta retraso madurativo severo y discapacidad en la comunicación.

martes, 26 de noviembre de 2019


Chile: asesinan a una fotoreportera que mostró la represión

Fue encontrada en su departamento donde había múltiples marcas de sangre.
23 DE NOVIEMBRE, 2019 | 20.08
La fotógrafa Albertina Martínez Burgos que cubrió varias de las protestas durante el estallido social en Chile fue encontrada muerta en su departamento de Santiago, en un caso que la fiscalía comenzó a investigar como homicidio.  El cadáver fue encontrado este jueves en un departamento de la capital chilena, en medio de una escena con múltiples manchas de sangre.

La mujer, de 38 años, se desempeñaba como asistente de iluminación en la televisora Mega y como fotógrafa freelance. En las últimas semanas había estado cubriendo las movilizaciones en Plaza Italia, eje de imponentes de demostraciones de protesta desde el pasado 18 de octubre.
Desde Niunamenos en Chile denunciaron que en el departamento no estaba la computadora, ni la cámara de la fotoreportera. 
El sitio informativo Biobio consignó que el deceso fue constatado luego de que la madre de la pareja de la víctima llegara hasta el departamento por petición de su hijo, quien no lograba contactar a Martínez Burgos. Con la ayuda de un cerrajero, la mujer entró y halló a Martínez sin vida, ante lo cual avisó a los carabineros.

El canal 24 horas entrevistó a la fiscal Deborah Quinta, quien informó "claramente estamos investigando un presunto homicidio". "Me entrevisté con los familiares directos, que serían el pololo (novio) y la suegra de la víctima. Están en calidad de testigos, porque fueron los denunciantes y es una investigación en curso", añadió la fiscal.

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La propaganda de odio racista de La Posta

De todo el odio que despliegan, lo que más ha causado rechazo es aquello de “indio encontrado  indio preso” y aquello de “apresarlos hasta hacerlos desaparecer”, expresiones de incitación al odio racial que quieren pasarlas como bromas  dentro de una supuesta reflexión sobre el paro.
Por: Natalia Sierra.
El sistema colonial y neocolonial, dice Sartre: …no es un conjunto de azares, ni el resultado estadístico de miles de empresas individuales. Es un sistema…  Un sistema que tiene una organicidad que empieza por vencer las resistencias, romper los cuadros, someter, aterrorizar…,  para así usurpar territorios, destruir las culturas, esclavizar a los pueblos.  Porque no es cierto que hay colonos buenos y malos: hay colonos y eso basta.
Es este sistema el que marcó la historia de este país y de este continente. Para muchos teóricos el peor holocausto de la historia moderna con el cual está se inaugura. Nuestros pueblos ancestrales víctimas de esta barbarie han sido sistemáticamente despojados de sus territorios, de sus culturas, de sus lenguajes; sometidos a múltiples violencias: físicas, económicas, políticas, simbólicas, jurídicas y religiosas. Humillados, excluidos, expulsados, negados, los pueblos colonizados han resistido durante estos más de 500 años y han sobrevivido defendiendo su dignidad. Parte de esa historia de resistencia y dignidad es el último levantamiento indígena y popular acontecido en el octubre pasado.
Sin embargo, las poblaciones autodenominadas blanco-mestizas, resultado de los procesos de colonización cultural inherente al sistema colonial,  lamentablemente no han tenido la posibilidad de mantener su dignidad. El mismo poder colonial que ha excluido a los pueblos ancestrales, ha obligados a los mestizos a negar día tras día su ancestralidad, como única garantía de lograr un lugar periférico en el mundo del colonizador. De hecho, el sacrificio que hay que hacer para obtener ese lugar periférico  es renunciar a la dignidad cultural y por lo tanto humana. Ya lo describía Icaza en sus obras literarias, a cambio de la aceptación del colonizador (“patrón”) hay que estar dispuesto a someterse a su mandato y además dar gracias por la “oportunidad”. La mejor forma en que el mestizo se gana la aprobación oprobiosa del colonizador es demostrando que rechaza todo lo que vienen del legado ancestral,  no sólo lo que está en él mismo como mestizo, sino sobre todo negando al otro, a aquel que se reconoce como runa. Así, se ve en la necesidad de visibilizar ese rechazo al otro, ejerciendo violencia contra “el indio” para de esta manera mostrar su lealtad al colonizador. En este ejercicio de la violencia delegada del opresor, el mestizo se vuelve mucho más violento con el indígena que el propio colonizador, le hace el trabajo más sucio y así garantiza su premio: tener un lugar marginal en el  mundo de los blancos.
Esta dinámica propia de la colonización y sus forzados procesos de blanqueamiento la hemos padecido  a los largo de nuestra historia colonial. Las poblaciones auto asumidas como blanco-mestizas ha violentando sistemáticamente al indígena dentro y fuera suyo. La auto-violencia que el mestizo se inflige y a pesar de la cual no logra borrar su herencia ancestral le genera ira y frustración, la misma que la descarga con mayor virulencia en contra del otro-indígena. Aún más violento se hace cuando los runas le muestran su dignidad, aquella que el blanco-mestizo ha perdido por su sometimiento servil al colonizador. No pueden soportar que el runa sea digno, que espiritualmente sea libre, pues le recuerda su miseria humana y su esclavitud consentida.
La alienación cultural que produce la colonización es la que explica la perversión estética, ética, política y humana que los dos periodistas de La Posta despliegan en sus producciones audiovisuales, sobre todo en la llamada men´s talk   donde supuestamente “debaten” sobre el paro de Octubre. Desde el inicio de este panfleto derrochan sin vergüenza alguna su violencia clasista, colonial y machista: en el tipo de restaurante que usan como locación, en la actitud corporal arrogante y machista con la cual se presentan, en su leguaje grotesco, en la forma despreciativa con la que tratan al señor mesero, en la comida que eligen, en fin en toda la violencia racista que exhiben durante su “conversación”.
De todo el odio que despliegan, lo que más ha causado rechazo es aquello de “indio encontrado  indio preso” y aquello de “apresarlos hasta hacerlos desaparecer”, expresiones de incitación al odio racial que quieren pasarlas como bromas  dentro de una supuesta reflexión sobre el paro. Estos supuestos periodistas convierte un asunto de enorme importancia para el destino del país en un hecho intrascendental, dentro de una conversación llena de trivialidades peligrosas como la expresión: “a veces te pones muy nazi loco”, banalizando una ideología perversa que generó un enorme herida en la humanidad. No se trata de un ataque racista a Leonidas Iza y Jaime Vargas, se trata de un ataque racista a los pueblos ancestrales que han sido históricamente oprimidos y humillados por el racismo colonial que ha marcado el devenir de nuestra sociedad.  Lo que hacen estos supuestos periodistas es banalizar la tragedia que ha significado el colonialismo para nuestra sociedad.
Todo este pasquín audiovisual, que intenta ser una conversación “inocente y graciosa” entre dos amigos, que por “casualidad” son dos machos “blancos”, es una exposición de lo que  Hannah Arendt llamó la banalidad del mal.  Este acto no responde tanto al odio al indígena que de hecho lo tienen estos individuos, sino a su posición de blanco-mestizos que los hace  operadores del sistema ideológico de las élites coloniales, basado en la propaganda racista. Lo que hacen estos sujetos en sus malos productos es actuar dentro de los códigos del blanqueamiento colonial  del cual son parte. No reflexionan sobre su detestable acto de incitación al odio, no se preocupan sobre sus efectos sociales, solo cumplen el mandato del colonizador. El odio que destilan en contra de los pueblos indígenas es parte del adulo y sometimiento al “patrón blanco”,  para ganarse su aprobación y la recompensa de tener ese miserable lugar en su mundo, aunque esto les cueste su dignidad humana. En este caso particular, lo que pierden por este sometimiento al mandato racista es su ética y estética profesional y su sobre todo su dignidad humana. No tengo  dignidad cunado humillo al otro, no tengo libertad cunado esclavizo al otro; mi dignidad y humanidad depende del respeto a la dignidad del otro. Por esto Sartre decía que Francia será libre cuando Argelia sea libre.
Lo que se observa en este producto es una exposición obscena de odio racista sin ningún pudor o vergüenza. En las entrelineas lo que se observa es la total pérdida de la dignidad de aquellos que entraron en el sistema del blanqueamiento colonial.  Lo preocupante no es este acto, sino la complicidad de la mayoría de la población blanca mestiza con el mismo. No he oído que los grandes medios de comunicación emitan un comunicado de rechazo a este tipo de incitaciones al odio racista por parte de dos individuos que se reconocen como periodista.

FENAJE exige destitución de Simón Valdivieso

POR: Jaime Cedillo Feijóo
Publicado en la revista El Observador (junio de 2019, edición 111)


Tanto la Función Judicial del Azuay, como la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, están a la espera del pronunciamiento del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, con respecto a la denuncia presentada por los Jueces de lo Penal de Cuenca, en contra del Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, Delegado del Consejo de la Judicatura.
Con fecha 6 de mayo del presente año, los jueces Sonia Cárdenas Campoverde, Paola Beltrán Castro, Cecilia Ottati Cordero, Iliana Pachar Rodríguez, Sandra Alvarado Jarrín, Fabián Romo Carpio, José Peralta Parra, Carlos Guzmán Muñoz, Felipe Córdova Ochoa, Cayetano Serrano Rodríguez, José Iñiguez Guerra, Jaime Andrade Jara, Pedro Fajardo Buñay, Guido Chalco Esparza y Willian Salgolquí Picón; dirigen una comunicación (firmada por todos ellos), a la Presidenta y Vocales del Consejo del Consejo de la Judicatura, denunciando que Valdivieso Vintimilla, ha afectado gravemente la independencia de la Función Judicial del Azuay.
En la comunicación (denuncia-queja), los jueces describen lo siguiente: “El Abg. Jorge Bladimir Iñiguez Guerra, Juez de la Unidad Judicial de Cuenca, tramita la causa 01283-2018-08573G, la cual el día 1 de mayo de 2019, a las 10h30 tenía señalada Audiencia de Formulación de Cargos, por lo cual, el día 30 de Abril del 2019, a las 09h09, el citado Juzgador, expide una providencia difiriendo la Audiencia, en virtud del Decreto Presidencial 729-2019, que suspendía la jornada laboral completa el día 1 de mayo del 2019, tanto para el sector público como privado, sin que hasta ese momento y hora, se conozca oficialmente por parte del órgano administrativo del Consejo de la Judicatura, disposición contraria, providencia que fue debidamente notificada a los sujetos procesales a través de las casillas judiciales y direcciones electrónicas, de las partes procesales, más sin embargo a las 11:22 minutos del referido 30 de abril de 2019, se recibe un correo electrónico de parte de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, el cual mediante Memorando CJ-DG-2019-0604-MC, se informa que el Consejo de la Judicatura no se acoge al Decreto Presidencial, laborará normalmente el día 1 de mayo”.
“Al haber ya un pronunciamiento jurisdiccional debidamente notificado a los sujetos procesales, el señalado Juez, a fin de garantizar la seguridad jurídica y tutelar el derecho a la defensa de los sujetos procesales, no emitió ninguna disposición que deje sin efecto tal diferiiento”.
“Sin embargo de aquello una de las partes procesales, el presunto ofendido, en la cusa citada, solicita diferimiento de la Audiencia el día 30 de abril del 2019, a las 09h26, en virtud del decreto presidencial que dispone suspensión de la jornada laboral el día 1 de mayo del 2019, y el día 1 de mayo a las 08h48, presenta nueva petición pidiendo revocatoria de dicho diferimiento por cuanto la Función Judicial, sí laborará aquel día, siendo atendido en debida forma aquellos pedidos que se pusieron a despacho del Juez el día 1 de mayo del 2019, a las 10h30”.
Sin embargo, anotan los denunciantes, “el defensor junto con el presunto afectado, y un grupo de unas 10 a 15 personas, que no son parte procesal, el día 1 de mayo a las 10h30 aproximadamente, comparecen ante el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, y presenta un reclamo verbal sobre el diferimiento de la Audiencia, a lo que el señor Director, mediante la Coordinación de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, llama a comparecer personalmente al Ab. Jorge Iñiguez, hasta las oficinas de la Dirección Provincial, y sin dar la oportunidad a explicación previa alguna, ni haberse iniciado una investigación, o sumario administrativo alguno, obliga al Juzgador a reunirse en privado, junto con el mismo Director, en la Sala de Sesiones de la Dirección Provincial, junto con la parte procesal reclamante y su defensa, exigiendo al Juez, en una forma totalmente arbitraria, intimidante, y descortés tanto con los usuarios, como con el Funcionario jurisdiccional, de explicación del motivo del diferimiento de la Audiencia, siendo que, el Juez aludido conociendo su función como las prohibiciones expresas contenidas en la ley, tanto de hacer pronunciamientos fuera de las causas, ni en audiencias públicas, sometidas, a los principios de inmediación, contradicción de los sujetos procesales, se manifiesta señalando que los pronunciamientos jurisdiccionales no los puede hacer en esa forma, y que cualquier pronunciamiento lo hará en el proceso”.
“más, sin embargo, el Director Provincial (Simón Valdivieso Vintimilla), en forma prepotente refiere que no es un tema jurisdiccional, y que el Juez de respuesta a los usuarios que en ese momento se encontraban, dice a los usuarios señalando que ese diferimiento nuca debió existir, y que pide disculpas por aquello y que no volverá a suceder otra situación como aquella, que se tomarán los correctivos del caso”.
Agregan los jueces de los Penal, que el denunciado sometió al Juez Jorge Iñiguez Guerra a un careo sin previo aviso, violentando el debido proceso, y que “continuaba increpando al Juez con una actitud prepotente. Esto comprende una clara, abusiva e ilegal actuación por parte de la autoridad administrativa del Consejo de la Judicatura”.
Califican la actuación de Valdivieso Vintimilla como “una intromisión grosera y altanera a la independencia de la Función Judicial”. Le acusan al “altanero” de haber violentado los derechos a la defensa, al debido proceso del Juez, que fue obligado arbitrariamente a un careo.
En la parte final de la comunicación, los jueces-denunciantes, califican lo sucedido como “infausto día para la independencia de la justicia en nuestro país, que las autoridades superiores no permitan que se repitan estos hechos bochornosos.
A la denuncia de los Jueces de lo Penal de Cuenca, se sumó la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, representada por el Ab. Frank Kenndy Roldán Pinargote. Mediante un documento de nueve hojas, realizan un minucioso análisis de este caso, destacando que las “atribuciones otorgadas a los Directores Provinciales son netamente administrativas y en ninguna de las partes se expresa que ORDENARÁ A LOS JUECES, a que den explicaciones públicas de sus providencias judiciales, ante la inconformidad de los litigantes”.
A criterio de la Federación, la actuación de Simón Valdivieso Vintimilla, a más de converger en infracción administrativa sujeta a destitución, es una vergüenza para el Consejo de la Judicatura, cuyos hechos han sido conocidos hasta internacionalmente, y producen estupefacto en el público en general. “Debe ser sancionado de manera ejemplar por ustedes señores vocales, con el objetos de salvaguardar el buen nombre de la Institución, que hoy más que nunca debe demostrar credibilidad ante propios y extraños”.
“Al no existir las sanciones correspondientes, con este antecedente nefasto, el día de mañana los jueces, a petición de los usuarios y por orden de los directores provinciales, tendrían que dar explicación de sus actuaciones en público, circunstancia que vulnera la independencia judicial establecida y las normas legales y constitucionales”.
El ciudadano Santiago Esteban Machuca Lozano, opina que “algo tan peligroso como la violación de la independencia judicial es el “voluntarismo judicial”, que se basa en una visión tutelar y colonial de la función judicial. Llamar la atención delante de los usuarios no es propio ni del mejor de los paternalismos. Amerita ser removido de su cargo por abuso del poder. Y parece que los problemas de la independencia judicial siguen. Juegos de manos es del diablo, el cambio de manos, también”.
Salim Zaidám: “!Qué alcances del Director del Consejo de la Judicatura del Azuay! Vocales del Consejo favor actuar. Si consideran que juez incurrió en infracción, sumario era la vía, no grotesca interferencia de autoridad administrativa en actuaciones jurisdiccionales. Urgente remoción de funcionario por atentar contra la independencia judicial”.

Juez denuncia a Simón Valdivieso

POR: Jaime Cedillo Feijóo
Publicado en la Revista El Observador (octubre de 2019, edición 113)

Con fecha 13 de agosto del presente año, el doctor Favio Alejandro Guaraca Maldonado, Juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Cuenca, remite una denuncia por escrito al Director General del Consejo de la Judicatura del Ecuador, en contra del doctor Simón Valdivieso Vintimilla, Delegado del Consejo de la Judicatura del Azuay, por atentar a sus derechos humanos.
Se refiere en el texto que Valdivieso ha impuesto sus “reglas” que deben ser cumplidas sin objeciones so pena del inicio de la respectiva acción administrativa, para así subordinar, provocar miedo y temor, para que sus “órdenes” sean cumplidas sin derecho a la réplica.
“Cuando me ordena que suba a su despacho, lo primero que hizo Valdivieso, es humillarme en público por mi forma de vestir, sin respetar que tengo un apellido con raíces indígenas, que de hecho me enorgullece”.
Explica Guaraca que en un proceso contravencional bajo su conocimiento, como juez de Violencia contra la Mujer, la defensa técnica particular de una víctima, no acude a una audiencia programada con anticipación, y, bajo absoluta responsabilidad (en apego al artículo 130 y 131 del Código Orgánico de la Función Judicial), dispuse que se ponga en conocimiento de la dirección provincial de control disciplinario, para que se observe la conducta para que se garantice su presunción de inocencia, y sean juzgados ante un juez natural.
Lo que hace Valdivieso, explica el juez denunciante, es emitir una resolución dentro del expediente disciplinario (01001-2019-0002C), causa seguida a dos profesionales, confirmando su inocencia, respecto de no haberse adecuado su conducta al artículo 335 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial; alegando falta de motivación, ordenando que se remita copia certificada de la resolución al juez y que se incorpore a su carpeta personal. Esta suerte de sanción, sin juicio ni defensa previa, dice el juez ofendido, “insulta de manera flagrante a mis derechos humanos, a mi dignidad como servidor público, a mi trayectoria limpia y transparente que la he forjado en el sector público por más de 29 años”.
Esta intención de atentar a mi honra tiene un claro objetivo, pretende Valdivieso, perjudicar mi imagen. “Es una actuación arbitraria y abusiva, creando una sanción inexistente en el ordenamiento jurídico, así como inventándose un nuevo procedimiento para emitir criterios de valor en contra de la dinidad de las personas, sin previo aviso”.
Frente a estos atropellos del Director del Consejo de la Judicatura del Azuay, Simón Valdivieso Vintimilla, al Juez Guaraca no le quedó otro camino que presentar una acción de protección (01204-2019-01134), ingresada el 2 de agosto del presente año, y el mismo día, Valdivieso, sin ser parte procesal envía una notificación con una providencia (1 de agosto de 2019, a las 15h30), mencionando que se ha incurrido en error. Se le notifica con la resolución el 1 de agosto a las 16h00. Pregunta el perseguido: “Si el 1 de agosto se me notifica con la resolución en la que se me sanciona sin juicio previo, por qué no se me entregó también la providencia del mismo día a las 15h30”?.
Pero hay más: “En la primera parte de la audiencia de acción de protección, amenazó con iniciarme las acciones penales y de daño moral en mi contra, infundiendo miedo y temor para silenciar mi voz, sabiendo que las autoridades públicas están sujetas al escrutinio público, y no pueden valerse del aparataje estatal para subordinar y anular”.
Además, el juez Guaraca se refiere en el texto-denuncia, que el caso de la ingeniera Catalina Alexandra Quinde Maldonado, y de otras funcionarias judiciales,que pusieron en conocimiento de la presidenta del Consejo de la Judicatura, por acoso laboral y violencia. Cuenta el caso de una compañera.madre que se vio obligada a accionar la justicia constitucional para lograr protección, y poder cuidar de su tierna hija con cáncer. El permiso solicitado fue negado por Valdivieso,pero una acción de protección le devolvieron sus derechos vulnerados (artículo 35 de la Constitución).
Estos y otros son ejemplos claros de lo que estamos afrontando en la Función Judicial del Azuay. “Somos seres humanos que necesitamos trabajar en paz y tranquilidad. La zozobra y el miedo desgasta nuestras emociones, peor cuando se labora en una Unidad de Violencia en Contra de las Mujeres, en donde el Estado debe proporcionar rehabilitación a sus funcionarios, pues, el auto cuidado ya no es suficiente ante esta ola de nerviosismo y miedo, bajo amenazas de iniciar sumarios administrativos. No soy un delincuente,. Desde que pertenezco a la Función Judicial del Azuay, he consignado mi esfuerzo para atender con responsabilidad el derecho humano de petición de los ciudadanos”.
Pero no es el único ni el último caso: el Juez de la Unidad Penal de Cuenca, Jaime Andrade Jara, también presentó una Acción de Protección y pedido de medidas cautelares, en contra de Valdivieso Vintimilla, por, supuestamente, violar sus derechos constitucionales al iniciarle un sumario administrativo, a pesar de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la investigación efectuada, confirmó su inocencia.
En el texto de acusación, (cuya copia llegó a la Dirección de El Observador), el Juez Andrade, manifiesta que se ha vulnerado sus derecho a la defensa, se ha violado el debido proceso y los derechos constitucionales. Afirma, además, que el Director del Consejo de la Judicatura, le “atribuye una infracción disciplinaria, consistente en; “no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, de haber violado los derechos y garantías constitucionales...”. Le recuerda Andrade a Valdivieso, que “nadie puede ser juzgado más de una vez, por la misma causa y materia”.
Por su parte, la doctora Lourdes Yamunaque, Jueza de la Unidad judicial de la Familia de Cuenca, ante un ilegal acto administrativo, mediante el cual, se pretendía trasladarla a un juzgado multicompetente en el cantón azuayo de Santa Isabel, para favorecerle al hijo del vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Jorge Moreno; presentó una acción de protección, que detuvo este arbitrario acto administrativo.
AUDIENCIA FALLIDA
Otro de los casos que motivó una lluvia de críticas, tiene que ver con la audiencia de apelación fallida, en el caso conocido como “mangajo”, que debía realizarse el 12 de septiembre del presente año, a las 08h30, pero que no llegó a darse porque la Sala respectiva no pudo ser integrada a tiempo. Dos de las tres magistradas que componen la Sala, las doctoras Katerina Aguirre Bermeo (ponente), y Jenny Ochoa Chacón, dirigieron una amplia comunicación-aclaración, al Departamento de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura del Azuay, señalando en la parte final del documento, lo siguiente:
“Debemos ser enfáticas en sostener en que las razones para la concesión y
reprogramación de vacaciones sin que se interrumpa el servicio de justicia
y la omisión e incumplimiento de las decisiones legítimas de las juezas que
suscribimos el documento, razones por las que finalmente fracasó la
audiencia convocada en la causa penal tantas veces referida no le corresponden
al área jurisdiccional sino a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del
Azuay, conforme el contenido del artículo 254 del Código Orgánico de la Función
Judicial, que establece que es el órgano instrumental para asegurar el correcto,
eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por el
contrario fue sorpresivo, para las juezas de la Sala Penal encontrarnos a la salida
de la fracasada audiencia con la presencia del Director Provincial del Consejo de
la Judicatura del Azuay Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, cuando lo procedente era
que antes de la audiencia el Consejo de la Judicatura hubiera cumplido con
nuestra disposición judicial, sabiendo además que estas deficiencias en el sistema
han sido reiterativas y no solucionadas a tiempo a pesar de las exigencias que en
este sentido hemos realizado como juezas y jueces”.
“Callar, debiendo hablar, es cobardía, nos recuerda la abuela de la casa”