jueves, 21 de noviembre de 2019

El discurso anti corrupción: puro buche y pluma

   en Elenfoque/Lainfo  por 
Los noventa días adicionales que la semana pasada dio el gobierno a la Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha Contra la Corrupción para que, finalmente, empiece a operar, son algo así como los minutos adicionales que le dan a un equipo de fútbol para que trate de ganar un partido cuando a sus integrantes les quitaron los zapatos y les vendaron los ojos. No existen condiciones ni señales que indiquen que ese tiempo extra vaya a servir de algo. De hecho, desde hace siete meses en que fue creada mediante un decreto presidencial la tan cacareada Comisión, no ha hecho nada para lo que fue creada.
Según uno de los cinco observatorios de la sociedad civil que hacen el seguimiento a la Comisión, los culpables de que la Comisión no haya operado, a pesar de todo la fanfarria que hubo en el anuncio público de su creación, son en este orden: primero, la misión de las Naciones Unidas en el Ecuador que no ha habilitado siquiera el millón de dólares que entregó para el trabajo de la Comisión. Y, segundo, el gobierno de Moreno que no ha sabido cómo responder ante dicho bloqueo ni ha mostrado interés en que las cosas comiencen a caminar. En otras palabras, a nadie que tenga poder de decisión parece interesarle que los comisionados, que ya están nombrados, metan sus narices en la cloaca pública ecuatoriana. Tan poco es el interés del gobierno que incluso en el decreto 731, del 13 de mayo pasado, no otorga a la Comisión facultad alguna para que investigue casos y denuncias. Se estableció que únicamente hará asesorías y acompañamiento a las instituciones del país que se dediquen a la lucha contra la corrupción.
El fracaso de esta Comisión resume lo que ha sido el discurso del gobierno de Lenín Moreno sobre la lucha contra la corrupción: mucho tilín tilín y nada de paletas. Se trata de un discurso que comenzó cuando, aún candidato,  dijo, ante la enorme indignación que existía en el país por escándalos como el de Odebrecht, que apenas llegara al Gobierno pediría a las Naciones Unidas una asistencia técnica para establecer un sistema de combate a la corrupción e impunidad. Se cuidó de ofrecer, sin embargo, que la Comisión tuviera independencia y capacidad de investigar y sentenciar.
Muy poco luego de asumir el poder, Moreno hizo algo que no tenía nada que ver con su ofrecimiento electoral y creó una comisión anti corrupción en la que, con desfachatez, nombró a importantísimos miembros del gobierno de Rafael Correa: es decir, a quien se suponía había que investigar. Ahí estaban Rossana Alvarado, María Fernanda Espinosa y el embajador correísta Francisco Borja. Y como si fuera poco, un miembro, que no fue funcionario de ese Gobierno, resultó ser un simpatizante obsecuente de la Revolución Ciudadana: el abogado Javier Zavala Egas. Los ratones cuidando el queso. Fue tan impresentable la propuesta, que no duró más de lo que que duró la ceremonia de anuncio en Carondelet.
Luego del episodio de la comisión correísta que, supuestamente, iba a investigar el correísmo, se habló de pedir a las Naciones Unidas una ayuda para montar en el Ecuador una comisión internacional contra la corrupción. Incluso, en el interior del Gobierno se pensó hacer una consulta popular para preguntar sobre la creación de esa comisión internacional. La idea era montar una Comisión similar a la que funcionó en Honduras bajo patrocinio de la OEA y que tuviera un equipo administrativo y otro de jueces y fiscales que trabajen con el sistema de justicia del país. Nada de esto ocurrió.
En febrero del 2019, Moreno aseguró que pediría a la comunidad internacional ayuda para montar un sistema de lucha contra la corrupción y su canciller, José Valencia, convocó a todos los embajadores y representantes de los organismos multilaterales para explicar el supuesto interés del Ecuador. La convocatoria se hizo sin que el Gobierno tuviera un modelo en mente, ni siquiera alguna fórmula que hubiere funcionado en otro país. Se hizo la reunión en Cancillería. Nada más.
Ese mismo mes de febrero, la Presidencia anunció también la creación de la Secretaría Anti Corrupción y nombró como responsable a Iván Granda. En su página web, la Secretaría dice que recuperó 13 millones de dólares del escándalo Odebrecht y que presentó información para que se investigue el departamento no declarado de la ex directora del IESS, María Sol Larrea en los EEUU y avaluado en 440 mil dólares. Pero aparte de eso, no hay mayores resultados en un tema que, se supone, alcanza miles de millones de dólares, sin contar con que hay quienes dicen que esos 13 millones de dólares de Odebrecht se recuperaron en virtud de gestiones que no tienen relación con esa Secretaría
En mayo se creó, finalmente, la  Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha Contra la Corrupción con el supuesto apoyo de la misión de la ONU en el Ecuador. Su límite para empezar a operar era el 15 de noviembre; fecha en la cual se supo que no había hecho casi nada. La situación de la Comisión fue tan penosa que los últimos pasajes los comisiones los compraron con dinero de su bolsillo. Hasta ahora no han sido reembolsados.
En descargo del Gobierno, lo único que se puede anotar es que el 23 de septiembre el canciller José Valencia expresó en una carta al coordinador residente de la ONU en Quito, Arnauld Peral, su «frustración» porque «pese a hacer su parte, incluyendo la provisión de fondos suficientes para el arranque de la Comisión, situaciones fuera de su alcance han impedido que hasta la fecha se de inicio a la Fase II».  A pesar de esta supuesta frustración, el gobierno pidió, semanas más tarde, a Peral que mediara en el conflicto con el movimiento indígena para poner fin a la ola de protestas que se encendieron con motivo del alza del precio de los combustibles.
En definitiva lo que ha ocurrido con la  Comisión de Expertos Internacionales de la Lucha Contra la Corrupción y con las iniciativas que la precedieron, confirma la consigna de Clemenceau, un político francés, que decía: cuando quieras enterrar un problema, crea una comisión. Ahora, el gobierno está atormentado por otros temas que lo tienen paralizado, como el la crisis fiscal y el permanente asedio del movimiento indígena. Al discurso de la lucha contra la corrupción le pasó su cuarto de hora y parece estar en estado comatoso.
Foto: Presidencia de la República

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