viernes, 29 de junio de 2018

LE LLEGÓ LA HORA

El exviceministro de Justicia César Augusto Ochoa acude a la para rendir su versión dentro del . Él fue funcionario cuando el perito argentino Roberto Meza elaboró los informes.
 

541.000 = 10.000.000.000

  en Columnistas/Las Ideas  por 
El título, evidentemente, no es una igualdad matemática y está lejos de representar los postulados de igualdad social. Son 541.000 los servidores públicos que viven del Presupuesto General del Estado, cuyo pago anual demanda la inentendible cifra de 10.000 millones de dólares. Cuando un país destina toda la recaudación del impuesto a la renta, del impuesto valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE), para cubrir los sueldos del 3,2 por ciento de la población que se mantiene a través del presupuesto estatal, sólo se alienta las desigualdades sociales y degrada las funciones intrínsecas de un Estado.
Un Estado racionalmente concebido en su natural función de perseguir el desarrollo, utiliza los presupuestos públicos como herramienta fundamental para ejercer los esfuerzos redistributivos hacia los más necesitados. No obstante, deniega esta noble labor, cuando destina para cubrir los sueldos públicos 15 veces más, de cuanto asigna para pagar el bono de desarrollo humano a alrededor de un millón personas pobres, discapacitados y adultos mayores.
El Estado perpetúa la pobreza de 3.5 millones de personas que viven con 84,49 dólares al mes, cuando mantiene a 541 mil personas con ingresos promedio mensual de 1.600 dólares; esto es, 19 veces el ingreso de los condenados a la miseria. Brecha de bienestar que se agiganta con los ingresos de ciertos segmentos aún más privilegiados del sector público. Así, la renta promedio mensual de 11.205 servidores del Consejo de la Judicatura, masa salarial total dividida para el número de empleados, es treinta veces el ingreso mensual de cada pobre. Relaciones parecidas se repiten con otros estadios del paquidérmico sector público.
El pago total de los sueldos públicos en el presupuesto, se multiplicó por cuatro al pasar de 2.581 millones de dólares en 2006 a 10.000 millones de dólares en 2018, mientras, la producción del país apenas se duplicó. Crecimiento burocrático totalmente desfasado con la evolución de la economía. La conformación de un sector público privilegiado es atentatorio a los derechos del resto de la sociedad, más, cuando existen casi cinco millones de personas que subsisten en el desempleo, sub empleo e informalidad; 3.5 millones de personas viven en la pobreza, y más de un millón de personas mayores de 60 años no tienen una pensión del seguro social que algo alivie sus pesares.
Un sector público voluminoso y atrofiado, sólo dificulta la vida de las personas y es óbice permanente para la creación de riqueza. El elevado costo del sector público está lejos de justificarse con servicios eficientes para la sociedad, a fin de contribuir de modo eficaz a la reducción de las desigualdades sociales. Quizá, quienes la construyeron, adolecen de una alucinante demencia, para con sarcasmo ponderar la actual estructura del sector público. Una justicia, a diario vilipendiada, en la que laboran 11.205 funcionarios cobijados en el Consejo de la Judicatura y 3.239 funcionarios al amparo del Ministerio de Justicia. Una Secretaría de Educación superior, Ciencia y Tecnología con 3.400 empleados, sobre cuyo beneficio los jóvenes tiene bastante que cuestionar. Una Defensoría Pública, denostada en cada momento por quienes están en la indefensión, ante la violación de sus derechos, en la que laboran 1.127 personas. Es un oprobio para el ejercicio de las libertades, una Secretaría de Inteligencia que emplea 297 personas. Para el pobre Estado, que ya tiene bajo su control todo el sector público para gestionarlo a su libre albedrío, es ofensivo mantener 386 funcionarios en una Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. El derecho individual a un pleno ejercicio de la libertad de información, jamás se puede justificar con la existencia de 245 servidores de la Secretaría Nacional de Comunicación y 302 servidores de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Esta es sólo una pequeña muestra de la composición del sector público. La indignación asociada al peso de un sector público que ofende al sentido común y a las posibilidades de progreso, es posible conduzca a la urgente corrección del mal uso de los recursos públicos producto de trabajo de la sociedad.
El servicio público es una labor que debe dignificarse con eficiencia y sacrificio. Atributos a ejercerse a plenitud, mediante un costo compatible con la capacidad de la economía y en fiel contribución a la estabilidad y crecimiento de la economía y a los inherentes avances sociales de los más pobres. El costo del servicio público no puede superar su armonía con el orden fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, abandonando su protagonismo en la inestabilidad fiscal y en el grosero incremento del endeudamiento público externo. El servicio público está llamado a ser apreciado por la sociedad y no constituirse en el calvario permanente de la cotidianidad de las personas y de las empresas.

Moreno rompió hoy con el nacionalismo bobo

  en La Info  por 
La visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, sirve para volver a poner en el país los relojes a la hora. Tras una década de hojarasca ideológica y alardes de nacionalismo bobo, que produjeron muchos aplausos y muy pocos beneficios comerciales, Ecuador vuelve a pararse ante la realidad: tiene necesidad de préstamos de organismos multilaterales, necesita dólares para defender su sistema monetario, requiere mercados para sus productos y apoyo logístico y de inteligencia para combatir el narcotráfico y demás delitos que amenazan la frontera norte. No hay, además, un mejor mecanismo para defender a los emigrantes en Estados Unidos que tener vías fluidas de diálogo con el gobierno de ese país. Dicho de otra manera, hay innumerables carpetas que se tienen que discutir con Estados Unidos. Y mejor si esas conversaciones se hacen con definiciones directas de la Casa Blanca.
Las críticas hechas al gobierno por el despliegue de una bandera estadounidense muestran no solo el prurito anti-yanqui de la vieja izquierda: recogen la religión de la soberanía autárquica que tanto daño hizo al país. Todavía hay actores en el gobierno (Fander Falconi), o en la Asamblea (Pabel Muñoz), que armaron mapas de los países de Asia y Europa del Este que debían reemplazar los mercados tradicionales del Ecuador. Una forma solapada de decir Estados Unidos; país con el cual el correísmo no quería acuerdo comercial alguno.
El país perdió una década extraviado en esos sueños fantasiosos de unos políticos que prefirieron endeudar el Ecuador, a tasas demenciales con China, solamente para mantener la fachada de ser de izquierda. Esa factura es la que aún paladea el gobierno sin saber cómo ni cuándo se va a pagar. Ahora basta con revisar los temas principales tratados en la charla de Lenín Moreno con Mike Pence para sopesar el daño absurdo que hizo la ideologización de la política en la década correísta.
  1. La agenda económica: Según el presidente Moreno Estados Unidos ayudará a viabilizar el financiamiento que necesita Ecuador con los organismos internacionales. Eso no es ni de izquierda ni de derecha: es lo que tiene que hacer Ecuador. Así como aspirar a mantener los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (que beneficia a unas 800 empresas) y pedir que los productos nacionales entren sin aranceles al mercado estadounidense. Es la forma de ampliar la paleta de productos y mantener el superávit comercial no petrolero y también el petrolero, registrados en 2017. Así se debe entender el acuerdo político para facilitar e incrementar el comercio bilateral y la inversión. Por esto, Ecuador tiene que cuidar ese mercado y aprovechar el acercamiento propuesto, mediante esta visita, por Estados Unidos. El momento es, además, propicio porque hay que reducir los riesgos que conlleva para el Ecuador que Donald Trump, otro cruzado nacionalista, haya declarado la guerra comercial a sus grandes competidores mundiales.
  2. La agenda política: hay acuerdo para convocar una mesa de diálogo político bilateral para fin de año. Eso pone plazo y escenario al diálogo con el primer socio comercial del país. Es un buen paso. Además plantea al gobierno y al país económico y político trabajar en un andarivel pragmático en el cual cabe sacar partido a los acuerdos y encapsular las diferencias.
  3. La agenda de seguridad: Ecuador tiene un problema enorme en la frontera norte y los hechos han mostrado que no está preparado ni tiene los mecanismos para enfrentarlo. En ese punto, hay acuerdo para ampliar la cooperación y encontrar nuevas formas para combatir las amenazas de las mafias transnacionales -en particular las que trafican drogas-, un tema que forma parte de la agenda de seguridad nacional para Estados Unidos. Lo más probable es que la embajada en Quito abra de nuevo la Oficina de Cooperación para la Seguridad mediante la cual los militares estadounidenses ofrecen asistencia, capacitación y equipamiento. Entretanto, el vicepresidente ratificó los fondos para la lucha contra el narcotráfico.
  4. La agenda sobre Venezuela: en este punto hay un desacuerdo entre Quito y Washington en el que, al parecer, no se avanzó. El vicepresidente de Estados Unidos, como otros 18 países de América, quieren una condena abierta y la expulsión de Venezuela de la OEA. El presidente Moreno reiteró, según dijo, su posición que, en última instancia, plasmó en la propuesta de una consulta popular en la cual los venezolanos deberían ratificar (o no) a Maduro en la Presidencia. Moreno dijo ante Pence que Ecuador no ha recibido respuesta a su iniciativa; ignorando así la contestación negativa del canciller de Maduro. Jorge Arreaza sencillamente dijo que en “la propuesta hay un desconocimiento profundo de la Constitución Venezolana”. Lo que es cierto es que Moreno sigue tratando con guantes el caso de Venezuela; no así el de Nicaragua, a pesar de que en esencia esos dos dictadores son y representan exactamente lo mismo.
  5. Punto de orden:  el gobierno de Ecuador marcó ante el vicepresidente de Estados Unidos abiertas distancias con la política migratoria, absolutamente indefendible, de Donald Trump. En definitiva, el gobierno de Moreno rompió hoy el esquema del nacionalismo bobo porque se defienden mejor los intereses del país negociando, a pesar de las asimetrías, que haciendo discursos para ser aplaudido por soberanos autárquicos.

¿El caso Mameluco provocó el secuestro a Balda?

  en La Info  por 
Hasta ahora, el llamado caso Mameluco ha sido tomado, más que como un hecho cierto, como una de aquellas fábulas que aparecieron al inicio del correato que con el pasar del tiempo se fueron perdiendo en el olvido por lo poco creíbles que eran. Pero también porque, en aquel entonces, la opinión pública prefería mirar a otro lado cuando aparecían historias truculentas que afectaban la imagen del todopoderoso presidente Rafael Correa. Peor suerte merecían esas historias si venían de personajes que, en ese entonces, habían sido deslegitimados y casi criminalizados por el aparato de propaganda del correísmo, como Galo Lara y Fernando Balda quienes siempre hicieron bulla por el este supuesto caso de acoso sexual de Correa.
La denuncia hecha por un ciudadano que aseguraba que Correa lo acosó sexualmente cuando le había ido a visitar a Carondelet para que le entregue dinero, siempre ha sonado como un chisme morboso y perverso, de esos que solo se cuentan en los grupos de amigotes pero que nunca es tomado en cuenta como una noticia lo suficientemente seria como para que los medios la reproduzcan.
Pero todo cambió el miércoles 27 de junio cuando el actual el fiscal Paúl Pérez Reina anunció el inicio de una indagación fiscal para establecer si aquella historia es cierta o no. El fiscal piensa que investigando el caso Mameluco se podría entender si es cierta o no la versión según la cual el odio de Correa hacia Balda se originó en el hecho de que éste había denunciado el caso en redes sociales. El fiscal, en efecto, ha pedido que se localice a Xavier Andrés Herrería Ramírez, el autor de la demanda, para que vaya a declarar en la Fiscalía.
Herrería Ramírez hizo en el 2011 una denuncia que, si no fuera porque la presentó a la Fiscalía y luego pasó a la administración de justicia donde fue archivada por pedido del entonces fiscal Galo Chiriboga, seguramente nadie se hubiera enterado de ella. El fiscal Pérez Reina quiere saber qué tan cierto es ese episodio, luego de escuchar testimonios dentro de las investigaciones sobre el secuestro a Fernando Balda que dicen que la animadversión de Correa por Balda, e incluso por el ex asambleísta Galo Lara, actualmente preso, se debe a que ellos publicitaban la historia en redes sociales y medios.
En su denuncia, Herrería Ramírez, relata una historia que luce inconcebible. Dice que el 6 de octubre del 2011 fue hasta Carondelet para ver si el presidente Correa le entrega la suma de 300 000 dólares que le había ofrecido en compensación por todo lo que había sufrido luego de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Cuando le hicieron pasar a un despacho, sostiene en la denuncia, donde supuestamente se iba a producir la entrega del dinero pactado, el entonces presidente le pidió que se quitara la ropa para verificar que no llevaba cámaras ni grabadoras. Fue entonces que, dice Herrería, el presidente se abalanzó sobre él. Herrería abandonó de inmediato el palacio presidencial, de acuerdo a la versión que dio a la Fiscalía.
La historia plasmada en la denuncia tiene elementos que la hacen poco creíble. Por ejemplo, el denunciante dice que fue a cobrar ese dinero que, sostiene,  Correa tenía que haber recibido del diario El Universo por el juicio que el ex presidente siguió en su contra. En realidad Correa nunca recibió el dinero de El Universo puesto que perdonó el pago de 40 millones de dólares al que sus jueces lo habían condenado. Al final de la denuncia, Herrería asegura que le amenazó a Correa con denunciarlo y que éste le contestó diciéndolo que le haría desaparecer como a los hermanos Restrepo.
La denuncia fue hallada en los archivos de la Fiscalía por el asambleísta Galo Lara quien la hizo pública en una rueda de prensa que los medios no recogieron. El tema quedó luego ignorado y Fernando Balda lo mencionó en su blog. De hecho hizo algunas menciones al tema, lo que en versión del agente Raúl Chicaiza, uno de los organizadores de su secuestro, motivó que Correa ordenara su secuestro. Es por este motivo que la Fiscalía está interesada en el tema.
Lo curioso del llamado caso Mameluco es que su protagonista, Xavier Andrés Herrería Ramírez, también fue protagonista de uno de los más ridículos episodios del juicio en contra del mayor Fidel Araujo, acusado por Correa de querer asesinarlo durante el 30S.  En efecto, pocos meses antes del supuesto incidente de acoso sexual, Herrería fue pieza clave en la alucinante versión de Correa según la cual el mayor Fidel Araujo quiso asesinarlo con una cámara de fotografía a la que se le había adaptado una pistola. Herrería fue el testigo protegido que dijo que Araujo le había querido pagar 5 000 dólares para que, durante los incidentes de esa sublevación policial, le tomara unas fotos al Presidente con la sui géneris cámara. Según Herrería, Araujo le pidió que le tome una foto al Presidente para lo cual le entregaría la cámara-pistola y una credencial de prensa para que ingrese a la habitación en la que estaba el mandatario. “Cuando vi en la cámara un mango de pistola estaba tapado, cogí, me regresé y la tiré en los pies y salí corriendo. Me siguieron dos policías y me dijeron que me largue del Regimiento. Entonces me fui del lugar”, dijo Herrería en su testimonio contra Araujo.
La versión de Herrería era el sostén para la tesis que Rafael Correa mantuvo sobre aquel episodio en la que aseguraba que lo habían querido asesinar. En una entrevista a la Agencia Francesa de Prensa anunció que había un testigo protegido que había declarado que la intención de Araujo era asesinarlo. “(…) La mano derecha de Lucio Gutiérrez, Fidel Araujo, en el Regimiento Quito Nº 1, primero dijo que fue a visitar a su mamacita, luego que fue a apoyar la protesta y resulta que todo el tiempo estuvo hablando por celular y con chaleco antibalas. Ya tenemos un testigo de cómo quiso pagarle para que dispare contra el Presidente, un testigo que ya dio su testimonio con firma y todo”. La misma cosa dijo también a la cadena colombiana NTN24. Tres semanas luego del 30-S, Correa insistió en el tema: “Ya tenemos un testigo de cómo quiso pagarle para que dispare contra el Presidente, un testigo que ya dio su testimonio con firma y todo”, dijo en la sabatina del 23 de octubre del 2010.
La versión de Herrería se destruyó muy pronto. En un careo, el abogado de Araujo, Édgar Pavón, le enseñó la fotografía de Araujo y le preguntó si lo conocía. No, respondió. Al poco tiempo, al percatarse de que su versión no iba a ser considerada en el proceso pues no podía sostenerla, se retractó y cambió el relato. En su segunda declaración, receptada el miércoles 27 del 2010, el “testigo protegido” cayó en nuevas contradicciones, registradiario El Comercio. Ante una pregunta del fiscal del caso, José Miguel Jiménez, sobre si conocía a Araujo, el testigo señaló: “Nunca lo he visto, ahorita con las noticias lo he visto en televisión”.
Que Herrería haya elaborado una tesis tan absurda y alucinada sobre la supuesta intención de Araujo de asesinar al Presidente hace que la credibilidad sobre lo que puso en su demanda sobre el supuesto acoso sexual de Correa sea muy baja. Sin embargo, hay interrogantes que surgen de su participación en el juicio a Araujo como testigo protegido. ¿Fue suya la idea de ir a sostener la historia de la cámara provista de balas o alguien que estaba apuntalando la versión de Correa se la hizo decir en la Fiscalía?
El relato de Herrería sirvió, en todo caso, como uno de los argumentos que usaron Correa y algunos de sus funcionarios, para que Araujo permaneciera preso. El mayor del Ejército estuvo preso seis meses sin que se le haya probado nada sobre su supuesto plan de asesinar a Correa ni de su supuesta intención de auspiciar la sublevación policial para ejecutar un golpe de Estado. Luego de seis meses, fue declarado inocente y Correa nunca más habló sobre el tema.
Ahora la Fiscalía ha puesto nuevamente en escena al caso Mameluco. La defensa de Balda sostiene que ahí podría explicarse el origen de la decisión de hacer el secuestro en Bogotá mientras que la defensa de Galo Lara, preso en Latacunga y acusado de asesinato, sostiene que ahí también puede estar la razón de la persecución que, según ellos, sufrió el ex asambleísta por parte del correato. Quizá también se podría agregar que a través de Herrería se podría saber quien orquestó la perversa teoría con la que se le privó a Araujo de seis meses de su libertad.

jueves, 28 de junio de 2018


LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NI SE COMPRA, NI SE VENDE, NI SE TRANSA
www.raduioelobservador.com
Johnson Gomez
Directora de UAFE, Diana Salazar, recuerda investigación por tráfico de influencias de abogado Caupolicán Ochoa.
En una entrevista realizada por diario El Universo a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, salió a flote nuevamente el tema del presunto tráfico de influencias que involucraría a Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, con sobornos a jueces en un caso de tráfico de oro.
Salazar señala que "ahí existían audios que involucraban a muchos funcionarios, no solo al señor Ochoa. Había de todo. En su momento remití esos audios para que sean investigados en la respectiva Unidad de Administración Pública. Habría que ver qué pasó".
Según Salazar, solo en ese caso habría unos 500 millones de dólares de perjuicio al Estado.
Las grabaciones a las que se refiere Salazar son las que realizó la policía como parte de una investigación de tráfico de oro internacional. En las grabaciones se nombra a varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa como Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
El portal milhojas.is mostró la trasncripción de algunas partes del peritaje de voces de estas grabaciones, por ejemplo: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
Según publica el portal verticenews.com "La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014."
Se agrega además que "Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015".
Según describe el portal MilHojas.is el ministro Serrano habría advertido a los Ochoa que ya no intervengan, según el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Así mismo otra transcripción del peritaje señala una llamada del 27 de noviembre del 2015 dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.

 

¿La Primera Dama vuelve política de Estado la caridad pública?

  en La Info  por 
¿Hay política social, administrada por las instituciones del Estado, o caridad pública administrada por la Primera Dama? La pregunta no es nueva y se ha formulado también en municipios, como el de Quito, y por la misma razón: tener primeras damas muy presentes políticamente, con alta exposición mediática y con una incidencia preponderante en los presupuestos sociales.
Rocío de Moreno tiene una altísima visibilidad en el plan Toda Una Vida que involucra algunas instituciones del Estado. Por obvias razones, su actividad tiene que ver con dinero público y políticas públicas. ¿Cómo calzan ahí los regalos que ella ofrece y entrega a algunos beneficiados de ese plan? En el video “El gobierno informa” que fue difundido este lunes 25 de junio, la esposa del Presidente regaló dos casas. Es lo que se dice en el video que aquí se publica. Se trata de regalos hechos a dos familias que, ciertamente, tienen problemas. Aquí no se trata de ignorar la pobreza y el dolor humano. Ni de cuestionar la entrega y buena fe de las personas que componen las brigadas de Las Manuelas que recorren el país, ocupándose de personas en situación vulnerable. ¿Pero es institucional una política social que incluye regalos hechos por la Primera Dama y con dineros públicos? ¿Acaso la esposa del Presidente somete su gestión a algún ente de control?

No solo eso: mortifica que regalos de ese tipo se hagan ante las cámaras y sean difundidos a las 20:00, como parte del informe presidencial. Hay ahí verdaderos actos de caridad pública que nada tienen que ver con una política social integral, sostenible en el tiempo y susceptible de contribuir a combatir realmente la pobreza. En cambio hay una puesta en escena que realza, como señora dispensadora de favores y milagros, a Rocío de Moreno, Primera Dama de la nación.
¿La prueba? Basta con seguir la lógica del guión oficial que se desarrolla en el video. Todo está libreteado: la esposa del Presidente recibe a una familia y dice a sus miembros que sean bienvenidos a su casa. La señora beneficiada le da las gracias “de todo corazón”. Se abrazan. En off se escucha: “esta familia recibió una vivienda que cuenta con dos habitaciones, sala comedor y baños. Equipada con enseres para que inicien una nueva vida”.
El segundo caso es muy parecido. Involucra a otra señora que “no podía creer que el ofrecimiento que le hizo Rocío de Moreno, Presidenta del Plan Toda una Vida, cuando visitó su hogar al sur de Guayaquil, hoy es una realidad”. Y la señora aparece y dice que todavía no se lo cree. Su madre, una señora que se tiene un tratamiento de diálisis, tres veces por semana, también recibió una casa. El Plan Toda una Vida contempla regalar 191 000 casas…
Dentro de las ofertas presidenciales, esa es la más populista y aquella que pueden rendir más réditos políticos para aquellos que se pongan el gorro de papá Noel. En este caso, la esposa del Presidente y, de carambola, también él.
El país recuerda las críticas ácidas que recibió Álvaro Noboa por regalar colchones en plena campaña. Los pagaba con su plata pero la opinión estimó, a justo título, que era una forma inmoral de comprar votos. ¿Regalar casas desde el gobierno, usando el aparato del Estado y el erario público, no es lo mismo? ¿Es ético que la Primera Dama construya la imagen de benefactora de esa manera y que el gobierno la promueva en el programa semanal del Presidente?
No hay cómo desconocer la sensibilidad política por los más desfavorecidos. Pero una cosa es tener programas, animados por servidores públicos, que busquen estructural y sostenidamente combatir la pobreza y generar empleo y otra, muy diferente, organizar shows mediáticos para papás Noel improvisados y con plata ajena. Los pobres y, más aún, los pobres con discapacidades o enfermedades graves, no deben ser objeto de réditos mediáticos para político alguno. Las imágnes que eso produce son particularmente lacerantes.
Se entiende que regalar una casa debe ocurrir en casos totalmente excepcionales. Pero hacer un programa de gobierno para regalar centenares de miles de casas (191 000 según cifras oficiales) es populismo puro. Insostenible en tiempos de vacas flacas. Estos precedentes además obligan a los más pobres a rogar a sus dioses para que un día se encuentren cara a cara con la Primera Dama.

Yunda y el dueño de El Comercio salieron bien embarrados

  en La Info  por 
La Contraloría confirma: el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión hecho durante el gobierno de Rafael Correa estuvo diseñado para beneficiar a los amigos y colaboradores del régimen, entre los que hay tres grupos empresariales que mediante triquiñuelas administrativas y la anuencia de las autoridades pretendían quedarse con la mayoría de las frecuencias.
El informe final de la Contraloría fue publicado hoy ratificando lo dicho en el preliminar que fue leído el 28 de mayo  en una audiencia pública con la asistencia de los involucrados. Del informe se desprende que el empresario mexicano Ángel González, propietario de diario El Comercio, pretendió a través de mecanismos irregulares concentrar frecuencias yéndose en contra del supuesto espíritu anti concentrador de la Ley de Comunicación. Lo mismo se establece para el caso de actual asambleísta y radiodifusor Jorge Yunda quien, según la Contraloría, también intentó concentrar frecuencias presentando en el concurso empresas vinculadas sin transparentar los nexos societarios. En el mismo esquema aparece el empresario de medios en Manabí, Lenín Andrade.
La Contraloría además, recomienda anular el concurso hecho en el gobierno de Rafael Correa y agrega que “si existen derechos adquiridos, generados por efecto de la emisión del título habilitante, deberán analizarse los casos individualmente para la adopción de las decisiones que correspondan en derecho”. Por otro lado, ordena a las autoridades cobrar multas por el 50% por todos los beneficios obtenidos o pactados como consecuencia de la venta o transferencia de las frecuencias concesionadas que se hicieron sin avisar al Arcotel y el Cordicom.
De acuerdo al informe se han detectado, en términos generales, lo siguiente:
1.  Irregularidades en asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes.
2.  Instructivo para evaluación de proyectos emitido sin conocimiento de los postulantes y luego de las bases del concurso y el reglamento.
3.  Concentración de frecuencias en tres grupos (liderados por el asambleísta Jorge Yunda y los empresarios Ángel González y Lenín Andrade).
4.  Medios que efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin poner en conocimiento de Arcotel.
5.  Dispersión de documentos que dificultó el análisis oportuno.
El correísmo trató de posicionar ese concurso como un hito en la historia de la comunicación en el país. Correa y sus funcionarios lo presentaron como un proceso transparente destinado a fortalecer y democratizar los medios de comunicación y alejarlos de la influencia de un grupo de familias para dar más fuerza a los llamados medios comunitarios. Sin embargo el concurso observado pretendía consolidar una nueva repartición de frecuencias basada en el grado de lealtad de los empresarios de la comunicación con su gobierno.
Se sabe que en los próximos días se presentará el informe de predeterminación de responsabilidades administrativas que podrían llevar sanciones de destitución a los funcionarios del Estado y multas a quienes pretendieron esconder información con el fin de quedarse con más frecuencias de las que podían legalmente.
En lo que tiene que ver con la concentración de frecuencias, la Contraloría sostiene que el asambleísta Jorge Yunda, a través de 12 empresas suyas, solicitó 46 frecuencias de las cuales cuatro eran para televisión y 42 para radio. Cuando Contraloría investigó esas empresas, detectó que, de acuerdo a la información de los bancos Pichincha e Internacional, diez de las doce empresas tenían las mismas firmas autorizadas para hacer pagos o girar cheques. Además, que las 12 empresas relacionadas con este grupo tienen la misma dirección domiciliaira.
Algo parecido ocurrió con el grupo empresarial de Ángel Gonzalez, propietario de diario El Comercio. En este caso, a través de 18 empresas se solicitó la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras que fueron calificadas en su totalidad, pasando a la segunda etapa ante el Cordicom para la emisión de los informes vinculantes. De las 18 empresas, en doce constan las mismas firmas autorizadas para el manejo de las cuentas bancarias. En cuatro empresas de ese grupo, constituidas en el 2016 para participar en el concurso, constan tres personas con el 50% de las participaciones. Se trata, sin embargo, de personas que no tienen propiedades ni pagan un centavo de impuesto a la renta. Además se detectó parentesco entre empleados con la misma función en varias de las empresas. Asimismo se descubrió los mismos dos contadores trabajaban para cinco empresas de ese mismo grupo.
En cuanto a Televisión Satelital, TV Satelital, de propiedad a Ricardo Rivera, el tío del exvicepresidente Jorge Glas, que está preso por cobrar coimas de Odebrecht, la Contraloría determinó que en primera instancia fue descalificada para el concurso de asignación pero que, tras trámites burocráticos, fue recalificada de manera ilegal, por la Arcotel.
No se descarta que en el informe de responsabilidades, la Contraloría pida la sanción a funcionarios y a empresarios que trataron de burlar los mecanismos de control destinados a evitar la concentración de medios en pocas manos.