541.000 = 10.000.000.000

Publicado en junio 28, 2018  en Columnistas/Las Ideas  por Jaime Carrera

El título, evidentemente, no es una igualdad matemática y está lejos de representar los postulados de igualdad social. Son 541.000 los servidores públicos que viven del Presupuesto General del Estado, cuyo pago anual demanda la inentendible cifra de 10.000 millones de dólares. Cuando un país destina toda la recaudación del impuesto a la renta, del impuesto valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE), para cubrir los sueldos del 3,2 por ciento de la población que se mantiene a través del presupuesto estatal, sólo se alienta las desigualdades sociales y degrada las funciones intrínsecas de un Estado.

Un Estado racionalmente concebido en su natural función de perseguir el desarrollo, utiliza los presupuestos públicos como herramienta fundamental para ejercer los esfuerzos redistributivos hacia los más necesitados. No obstante, deniega esta noble labor, cuando destina para cubrir los sueldos públicos 15 veces más, de cuanto asigna para pagar el bono de desarrollo humano a alrededor de un millón personas pobres, discapacitados y adultos mayores.

El Estado perpetúa la pobreza de 3.5 millones de personas que viven con 84,49 dólares al mes, cuando mantiene a 541 mil personas con ingresos promedio mensual de 1.600 dólares; esto es, 19 veces el ingreso de los condenados a la miseria. Brecha de bienestar que se agiganta con los ingresos de ciertos segmentos aún más privilegiados del sector público. Así, la renta promedio mensual de 11.205 servidores del Consejo de la Judicatura, masa salarial total dividida para el número de empleados, es treinta veces el ingreso mensual de cada pobre. Relaciones parecidas se repiten con otros estadios del paquidérmico sector público.

El pago total de los sueldos públicos en el presupuesto, se multiplicó por cuatro al pasar de 2.581 millones de dólares en 2006 a 10.000 millones de dólares en 2018, mientras, la producción del país apenas se duplicó. Crecimiento burocrático totalmente desfasado con la evolución de la economía. La conformación de un sector público privilegiado es atentatorio a los derechos del resto de la sociedad, más, cuando existen casi cinco millones de personas que subsisten en el desempleo, sub empleo e informalidad; 3.5 millones de personas viven en la pobreza, y más de un millón de personas mayores de 60 años no tienen una pensión del seguro social que algo alivie sus pesares.

Un sector público voluminoso y atrofiado, sólo dificulta la vida de las personas y es óbice permanente para la creación de riqueza. El elevado costo del sector público está lejos de justificarse con servicios eficientes para la sociedad, a fin de contribuir de modo eficaz a la reducción de las desigualdades sociales. Quizá, quienes la construyeron, adolecen de una alucinante demencia, para con sarcasmo ponderar la actual estructura del sector público. Una justicia, a diario vilipendiada, en la que laboran 11.205 funcionarios cobijados en el Consejo de la Judicatura y 3.239 funcionarios al amparo del Ministerio de Justicia. Una Secretaría de Educación superior, Ciencia y Tecnología con 3.400 empleados, sobre cuyo beneficio los jóvenes tiene bastante que cuestionar. Una Defensoría Pública, denostada en cada momento por quienes están en la indefensión, ante la violación de sus derechos, en la que laboran 1.127 personas. Es un oprobio para el ejercicio de las libertades, una Secretaría de Inteligencia que emplea 297 personas. Para el pobre Estado, que ya tiene bajo su control todo el sector público para gestionarlo a su libre albedrío, es ofensivo mantener 386 funcionarios en una Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. El derecho individual a un pleno ejercicio de la libertad de información, jamás se puede justificar con la existencia de 245 servidores de la Secretaría Nacional de Comunicación y 302 servidores de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Esta es sólo una pequeña muestra de la composición del sector público. La indignación asociada al peso de un sector público que ofende al sentido común y a las posibilidades de progreso, es posible conduzca a la urgente corrección del mal uso de los recursos públicos producto de trabajo de la sociedad.

El servicio público es una labor que debe dignificarse con eficiencia y sacrificio. Atributos a ejercerse a plenitud, mediante un costo compatible con la capacidad de la economía y en fiel contribución a la estabilidad y crecimiento de la economía y a los inherentes avances sociales de los más pobres. El costo del servicio público no puede superar su armonía con el orden fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, abandonando su protagonismo en la inestabilidad fiscal y en el grosero incremento del endeudamiento público externo. El servicio público está llamado a ser apreciado por la sociedad y no constituirse en el calvario permanente de la cotidianidad de las personas y de las empresas.