El Consejo de la Judicatura (T) olvida la infamia
El Consejo de la Judicatura Transitorio empezó trastabillando y tendrá que revisar los casos de los cuatro fiscales provinciales cuestionados, de los 23 que encargó. Uno de ellos es Guillermo Moreno, hermano del Presidente. Los miembros de ese Consejo han dicho que se trata de un error de buena fe, pues miraron las notas del concurso, no la hoja de vida de los fiscales designados. Sin embargo es un error que Lenín Moreno ha contribuido a dramatizar al solicitar a su hermano “que presente sus excusas a este cargo transitorio”.
Los otros tres casos tienen que ver con el antiguo régimen: René Astudillo quien habría liberado, mediante el pago de $20 000, a un implicado en el asesinato del general Gabela y que fue, a su vez, asesinado. Habría cometido otros delitos. Fabián Salazar, señalado por haber aupado algunos exabruptos del correísmo; entre ellos haber desconocido las medidas cautelares de la CIDH y haber pretendido capturar a Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y Carlos Figueroa en territorio Sarayaku. Gustavo Benítez, de quien Francisco Endara recuerda que fue él quien lo acusó en el caso del 30-S por haber aplaudido…; gesto por el cual fue condenado a 18 meses de cárcel.
En claro, El Consejo de la Judicatura Transitorio miró las notas que obtuvieron esos fiscales en el concurso pero olvidó el momento de transición del cual sus miembros (salvo Juan Pablo Albán, quien se posesionó después de esa decisión) hacen parte. La reacción crítica a la cual hacen frente es la de una opinión decepcionada, harta de todo lo que representó el correísmo: abuso de poder, manipulación de la Justicia, encubrimiento de delitos, cinismo, mentira institucionalizada, corrupción…
Hay un ambiente de hartazgo, de tolerancia cero con funcionarios y políticos que encarnan el antiguo régimen. Y es normal: ¿gente que ha sido funcional al autoritarismo, que han operado en contra de los derechos humanos y las convenciones internacionales, o que han torcido el derecho para dar gusto al caudillo autoritario, pueden administrar justicia? ¿Pueden seguir haciendo parte de instituciones que buscan renovarse y que, encarnan los valores democráticos bajo los cuales, supuestamente, se cobija la sociedad?
El Consejo de la Judicatura Transitorio no tuvo en cuenta que la transición requiere un estado de transparencia en el cual muchos políticos, funcionarios y amigos del autoritarismo tienen que responder por lo que hicieron. No hay en ello revancha o venganza. Hay un legítimo reclamo de Justicia. No de otra forma se explica que los ciudadanos de Loja hayan revocado el mandato a José Bolívar Castillo. El porcentaje de personas que votaron para que deje la alcaldía (70,85%) es lapidario. Y muestra que los lojanos al fin le pasaron la factura a un personaje que en esa ciudad, representó lo que fue Correa en el país.
La decepción y el fastidio parecen crecer ahora que se han ventilado casos de corrupción y abuso de poder. Saber lo que pasó con la deuda externa, la Refinería de Esmeraldas, el IESS, Gamavisión, el secuestro de Fernando Balda, el asesinato del general Gabela… produce ahora lo que era impensable hace unos meses.
Los lojanos sabían que José Bolívar Castillo había convertido su ciudad en un pequeño feudo en el cual se manejaba como monarca. No solo quiso desaparecer perros. Hizo meter presa a una concejala por llamarlo mentiroso. Quiso someter a la prensa y obligarla a hablar de él a su manera. Persiguió a periodistas por criticarlo como perro con hambre. Buscó dejarlos insolventes. O sin trabajo. Puso un letrero en las afueras de la alcaldía con los nombres de las personas que, a sus ojos, se oponían “al progreso de la ciudad”. Es decir, a él.
Ese tiempo pasó, pero nutre este ambiente de decepción que ninguna autoridad (así sea transitoria) puede ignorar. El Consejo de la Judicatura Transitorio no tendrá otra salida que remediar su error de buena fe y examinar con lupa las actuaciones de los fiscales cuestionados. Y cambiarlos.
Aquellos que sí siguen pasando de agache son los asambleístas correístas y sus aliados. Políticos como Silvia Salgado que, desde hace años, es experta en archivar casos. No hay cómo olvidar que ella, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no dio paso, entre tantos servicios rendidos al correísmo, al juicio político contra Javier Ponce, en el caso de los helicópteros Dhruv, y Ricardo Patiño por la narcovalija.
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