Asesinato de Gabela: la Fiscalía intenta romper el cerco de silencio
Un sacudón con consecuencias impredecibles podría ocurrir en los próximos días en las investigaciones por el asesinato del general Jorge Gabela. Por primera vez desde que hubo la sospecha de que el crimen estaba relacionado con sus denuncias sobre la compra de los helicópteros Dhruv, una serie de personas vinculadas con el caso, y que pueden tener información determinante, han sido llamadas a declarar por la Fiscalía. Funcionarios y ex funcionarios que tendrán que decir, finalmente, lo que saben y han callado por años.
Una indagación fiscal, iniciada por la Fiscalía el 22 de junio, llama a declarar a funcionarios de medio rango que podrían aclarar los grandes misterios del caso, pero también involucrar en las investigaciones a personajes emblemáticos del gobierno de Correa que tienen información y conocen detalles que no han querido revelar. En el grupo de funcionarios de medio rango hay tres muy importantes para las investigaciones: Paola Carrera Izurieta, Augusto Ochoa y Marcela Longo Silva.
Paola Carrera Izurieta era la secretaria del Comité Interinstitucional que creó mediante decreto Rafael Correa para disque aclarar el caso y, como tal, era la custodia del desaparecido informe del perito Roberto Meza y de todas las actas de las sesiones de ese Comité que también desaparecieron. La declaración de Carrera, prevista para hoy 26 de junio, podría despejar enormes dudas sobre la misteriosa desaparición de todo ese material, clave no solo para saber qué ocurrió con el crimen sino, también, para conocer quién ocultó la información para proteger a los autores del crimen.
El caso de Augusto Ochoa Balarezo no es menos importante. Ochoa, hijo de Caupolicán Ochoa, abogado de cabecera del ex presidente Rafael Correa, fue viceministro de Justicia cuando se conformó el Comité y fue quien envió un correo electrónico al perito Meza pidiéndole que elimine más de 35 páginas del informe: en ellas se hablaba del tema de las denuncias de Gabela sobre los helicópteros. ¿Por qué le hizo ese pedido? ¿Alguien se lo ordenó? ¿Y si alguien lo hizo quién fue? Ochoa podría esclarecer, en la cita del 29 de junio, las dudas que existen alrededor de cómo se adulteró el informe del perito ya que el que reposa en la Fiscalía es falso. Su autor no lo reconoció pues no tenía la cantidad de páginas que él entregó ni llevaba su firma.
Otra ex funcionaria de medio rango que ha sido llamada a declarar es Marcela Longo Silva, quien fue funcionaria del Ministerio de Justicia. Según los deudos de Gabela, Longo Silva encontró en el Ministerio una caja con muchas fotos e información del general asesinado. Luego de eso, dice la familia, Longo Silva fue maltratada y destituida por la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga. ¿Qué fotos había en esa caja? ¿Cómo la sacaron del Ministerio? Esas son algunas interrogantes que Longo Silva podría aclarar, este 28 de junio, para saber quién quiso proteger a los asesinos de Gabela.
También ha sido llamado a dar su versión, el 29 de julio, el ex ministro de Justicia y actual alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara quien dijo a la prensa, hace poco, que había recibido el informe final del perito y que lo entregó al Comité Interinstitucional poco antes de renunciar al Ministerio.
Estos llamados no son lo único que contiene la indagación fiscal ni lo único que puede producir revelaciones en las investigaciones sobre el caso Gabela. Fiscalía también solicita cierta información que nadie se había atrevido a pedir: dio 48 horas de plazo para que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entregue toda la información que existe en la Asamblea sobre el caso ya que las comisiones de Fiscalización y Asuntos Internacionales investigaron el tema. En el seno de esas comisiones reposa, con el carácter de secreto, la documentación que el Comité Interinstitucional envió cuando se investigaban las denuncias sobre la compra de los helicópteros y la muerte de Gabela. Entre esos documentos pedidos por Fiscalía destaca uno: el audio y video de la comparecencia del general Alfonso Espinoza quien defendió la compra de los artefactos.
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, tiene asimismo 48 horas para que suministre el acta de entrega-recepción de la pieza más controvertida de este caso: el informe final del perito Meza. Además, le exige que entregue las desaparecidas actas del Comité Interinstitucional. Este pedido toca el centro mismo del nudo gordiano del caso, porque se podrá saber qué pasó con ese informe y si hay o no las actas. Así se podrá investigar, si es del caso, quién adulteró el informe y quien desapareció las actas del Comité. La Fiscalía hace el pedido de las actas bajo la advertencia de prevenciones legales en caso de que se niegue a entregarlas.
Otro pedido que puede ser determinante en el proceso es el que hace la Fiscalía al Ministerio de Justicia para que entregue los nombramientos donde conste la fecha de inicio y cese de funciones de los ex ministros de Justicia, Lenín Lara, José Serrano y Ledy Zúñiga. Esto, aparentemente, es un trámite que hace la Fiscalía para indagar cuál de esos ex ministros puede ser el responsable de la alteración del informe del perito Meza. De hecho, hoy martes 26 de junio la Fiscalía extendió una boleta para llamarlos a declarar a los tres. De lo que se conoce, ese informe fue entregado a Lara pero para cuando Zúñiga lo leyó en una rueda de prensa, ya había sido adulterado. ¿En qué parte del camino se hizo el cambio? ¿Fue con Lara, Serrano o Zúñiga? La ex ministra Zúñiga dijo ayer lunes 25 que cuando ella leyó el informe se limitó a hacerlo con el material que había recibido.
En esa misma dirección camina el pedido que se le hace al Ministerio de Justicia para que entregue todas las actas y el listado de asistencia de las reuniones realizadas en el ECU911, donde los miembros de Comité Interinstitucional discutieron el documento con el perito Meza: éste, además, hizo ahí la exposición sobre las conclusiones.
En la indagación también se pide al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, que envíe copias de los nombramientos con fecha de inicio y cese de funciones de los ex ministros de Defensa, María Fernanda Espinosa y Fernando Cordero. Esto significa que estos dos funcionarios están siendo investigados y quizá serán llamados a declarar.
La Fiscalía pidió al perito Meza que remita copia del informe y le dio 48 horas para ello. El perito ha dicho que no tiene copia, pues el contrato que él firmó con el Ministerio de Justicia incluía una cláusula según la cual no podía quedarse con copia ni ningún documento relacionado con las investigaciones. La Fiscalía no no ha dicho si hizo algún gestión para levantar la confidencialidad que pesa sobre ese documento.
Si bien la indagación fiscal permite que se conozcan datos que no se conocían y versiones de personas no han querido hablar, la defensa de la familia no está totalmente satisfecha. El abogado Ramiro Román cree que es buen paso pero le extraña que no haya ningún pedido a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, donde también hay documentación clave para entender la compra de los helicópteros.
De lo que se sabe, en el caso Gabela hubo el interés manifiesto del Estado, administrado por el correísmo, de ocultar información para encubrir a los autores del crimen. Esta indagación fiscal parece ser un audaz intento para romper ese silencio concertado que ha impedido saber quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato
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