Directora de UAFE, Diana Salazar, recuerda investigación por tráfico de influencias de abogado Caupolicán Ochoa
En una entrevista realizada por diario El Universo a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, salió a flote nuevamente el tema del presunto tráfico de influencias que involucraría a Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, con sobornos a jueces en un caso de tráfico de oro.
Salazar señala que "ahí existían audios que involucraban a muchos funcionarios, no solo al señor Ochoa. Había de todo. En su momento remití esos audios para que sean investigados en la respectiva Unidad de Administración Pública. Habría que ver qué pasó".
Según Salazar, solo en ese caso habría unos 500 millones de dólares de perjuicio al Estado.
Las grabaciones a las que se refiere Salazar son las que realizó la policía como parte de una investigación de tráfico de oro internacional. En las grabaciones se nombra a varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa como Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
El portal milhojas.is mostró la trasncripción de algunas partes del peritaje de voces de estas grabaciones, por ejemplo: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
Según publica el portal verticenews.com "La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014."
Se agrega además que "Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015".
Según describe el portal MilHojas.is el ministro Serrano habría advertido a los Ochoa que ya no intervengan, según el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Así mismo otra transcripción del peritaje señala una llamada del 27 de noviembre del 2015 dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.
Salazar señala que "ahí existían audios que involucraban a muchos funcionarios, no solo al señor Ochoa. Había de todo. En su momento remití esos audios para que sean investigados en la respectiva Unidad de Administración Pública. Habría que ver qué pasó".
Según Salazar, solo en ese caso habría unos 500 millones de dólares de perjuicio al Estado.
Las grabaciones a las que se refiere Salazar son las que realizó la policía como parte de una investigación de tráfico de oro internacional. En las grabaciones se nombra a varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa como Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
El portal milhojas.is mostró la trasncripción de algunas partes del peritaje de voces de estas grabaciones, por ejemplo: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
Según publica el portal verticenews.com "La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014."
Se agrega además que "Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015".
Según describe el portal MilHojas.is el ministro Serrano habría advertido a los Ochoa que ya no intervengan, según el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Así mismo otra transcripción del peritaje señala una llamada del 27 de noviembre del 2015 dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.
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