Yunda y el dueño de El Comercio salieron bien embarrados
La Contraloría confirma: el concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión hecho durante el gobierno de Rafael Correa estuvo diseñado para beneficiar a los amigos y colaboradores del régimen, entre los que hay tres grupos empresariales que mediante triquiñuelas administrativas y la anuencia de las autoridades pretendían quedarse con la mayoría de las frecuencias.
El informe final de la Contraloría fue publicado hoy ratificando lo dicho en el preliminar que fue leído el 28 de mayo en una audiencia pública con la asistencia de los involucrados. Del informe se desprende que el empresario mexicano Ángel González, propietario de diario El Comercio, pretendió a través de mecanismos irregulares concentrar frecuencias yéndose en contra del supuesto espíritu anti concentrador de la Ley de Comunicación. Lo mismo se establece para el caso de actual asambleísta y radiodifusor Jorge Yunda quien, según la Contraloría, también intentó concentrar frecuencias presentando en el concurso empresas vinculadas sin transparentar los nexos societarios. En el mismo esquema aparece el empresario de medios en Manabí, Lenín Andrade.
La Contraloría además, recomienda anular el concurso hecho en el gobierno de Rafael Correa y agrega que “si existen derechos adquiridos, generados por efecto de la emisión del título habilitante, deberán analizarse los casos individualmente para la adopción de las decisiones que correspondan en derecho”. Por otro lado, ordena a las autoridades cobrar multas por el 50% por todos los beneficios obtenidos o pactados como consecuencia de la venta o transferencia de las frecuencias concesionadas que se hicieron sin avisar al Arcotel y el Cordicom.
De acuerdo al informe se han detectado, en términos generales, lo siguiente:
1. Irregularidades en asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes.
2. Instructivo para evaluación de proyectos emitido sin conocimiento de los postulantes y luego de las bases del concurso y el reglamento.
3. Concentración de frecuencias en tres grupos (liderados por el asambleísta Jorge Yunda y los empresarios Ángel González y Lenín Andrade).
4. Medios que efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin poner en conocimiento de Arcotel.
5. Dispersión de documentos que dificultó el análisis oportuno.
1. Irregularidades en asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes.
2. Instructivo para evaluación de proyectos emitido sin conocimiento de los postulantes y luego de las bases del concurso y el reglamento.
3. Concentración de frecuencias en tres grupos (liderados por el asambleísta Jorge Yunda y los empresarios Ángel González y Lenín Andrade).
4. Medios que efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin poner en conocimiento de Arcotel.
5. Dispersión de documentos que dificultó el análisis oportuno.
El correísmo trató de posicionar ese concurso como un hito en la historia de la comunicación en el país. Correa y sus funcionarios lo presentaron como un proceso transparente destinado a fortalecer y democratizar los medios de comunicación y alejarlos de la influencia de un grupo de familias para dar más fuerza a los llamados medios comunitarios. Sin embargo el concurso observado pretendía consolidar una nueva repartición de frecuencias basada en el grado de lealtad de los empresarios de la comunicación con su gobierno.
Se sabe que en los próximos días se presentará el informe de predeterminación de responsabilidades administrativas que podrían llevar sanciones de destitución a los funcionarios del Estado y multas a quienes pretendieron esconder información con el fin de quedarse con más frecuencias de las que podían legalmente.
En lo que tiene que ver con la concentración de frecuencias, la Contraloría sostiene que el asambleísta Jorge Yunda, a través de 12 empresas suyas, solicitó 46 frecuencias de las cuales cuatro eran para televisión y 42 para radio. Cuando Contraloría investigó esas empresas, detectó que, de acuerdo a la información de los bancos Pichincha e Internacional, diez de las doce empresas tenían las mismas firmas autorizadas para hacer pagos o girar cheques. Además, que las 12 empresas relacionadas con este grupo tienen la misma dirección domiciliaira.
Algo parecido ocurrió con el grupo empresarial de Ángel Gonzalez, propietario de diario El Comercio. En este caso, a través de 18 empresas se solicitó la concesión de 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras que fueron calificadas en su totalidad, pasando a la segunda etapa ante el Cordicom para la emisión de los informes vinculantes. De las 18 empresas, en doce constan las mismas firmas autorizadas para el manejo de las cuentas bancarias. En cuatro empresas de ese grupo, constituidas en el 2016 para participar en el concurso, constan tres personas con el 50% de las participaciones. Se trata, sin embargo, de personas que no tienen propiedades ni pagan un centavo de impuesto a la renta. Además se detectó parentesco entre empleados con la misma función en varias de las empresas. Asimismo se descubrió los mismos dos contadores trabajaban para cinco empresas de ese mismo grupo.
En cuanto a Televisión Satelital, TV Satelital, de propiedad a Ricardo Rivera, el tío del exvicepresidente Jorge Glas, que está preso por cobrar coimas de Odebrecht, la Contraloría determinó que en primera instancia fue descalificada para el concurso de asignación pero que, tras trámites burocráticos, fue recalificada de manera ilegal, por la Arcotel.
No se descarta que en el informe de responsabilidades, la Contraloría pida la sanción a funcionarios y a empresarios que trataron de burlar los mecanismos de control destinados a evitar la concentración de medios en pocas manos.
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