miércoles, 31 de agosto de 2022
martes, 30 de agosto de 2022
Gottifredi Pozo se expande a Quito y suma nuevo socio
lunes, 29 de agosto de 2022
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domingo, 28 de agosto de 2022
viernes, 26 de agosto de 2022
jueves, 25 de agosto de 2022
La terna para superintendente de bancos fue una metida de pata. El silencio oficial alrededor del caso Danubio, en el cual no hay, hasta ahora, prueba alguna en contra del ex asesor presidencial Juan José Pons, es un error indefendible. Igual ocurre con el caso de Francisco Gottifredi, amigo y asesor de Carola Ríos, directora de Aduanas, cuando él es socio de Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia.
Errores, falta de visión, impericia… El gobierno del presidente Lasso suma errores y metidas de pata en temas en que la fiebre mediática se ha venido expresando en potencial; un modo verbal que mata en el huevo cualquier primicia. Razón suplementaria, entonces, para que sean esclarecidas, con hechos, apenas aparecen.
El gobierno no parece considerar que esa suma de metidas de pata y silencios afectan el capital más importante que tiene en este momento de descomposición social, política e institucional: la transparencia y la honestidad. Dos valores que el presidente, en consonancia con el clamor ciudadano, juzgó tan sustanciales que propuso, precisamente para huir de la opacidad, un código de ética de cumplimiento obligatorio para los funcionarios.
Estos temas ocultan, además, el telón de fondo: el clima de anomia que se respira en el país y que amenaza con descomponer lo que queda de institucionalidad y racionalidad. Muchos grupos trabajan en ese escenario: las mafias del narcotráfico y sus sicarios. Los mineros ilegales y sus aliados. Los políticos que ya tienen uno o dos pies metidos en la narcopolítica. Esas bancadas de la Asamblea que, disfrazando sus verdaderos intereses, han convertido su oficio en una actividad pasmosamente irracional. Esos jueces que a diario prueban estar al servicio de intereses protervos. Y así se puede proseguir con las élites, la academia, la propia prensa… Incluso los jóvenes, más propensos -al parecer- a irse del país que a influir en la búsqueda de esas soluciones pragmáticas, responsables, contrarias al populismo y a la corrupción; soluciones en las que debe pesar el bien común y la razón que tiende a desaparecer bajo el influjo de prejuicios ideológicos, dinámicas emocionales y repliegues identitarios.
Este telón de fondo incide para que perdure en el imaginario social y en el discurso público esa visión catastrófica que se adhiere, como ladilla, a la piel nacional: Ecuador es un país fallido. Ese telón de fondo es, solo en parte, responsabilidad del gobierno. Y la respuesta -se habrá entendido- no depende, ni de lejos, de las mesas de diálogo con los indígenas (que Iza saboteará) ni de las conversaciones de Francisco Jiménez, ministro de gobierno, con Virgilio Saquicela, empleado del correísmo y los impresentables de PK y la ID.
Ante esa telaraña de desgracias nacionales la estrategia política del gobierno -si Jiménez fuera operador de alguna- es absolutamente ilusoria. Y deficiente el argumento oficial, de octubre pasado, que se resumía en: “no a la muerte cruzada porque hay que cuidar la economía”. Eso es importante, pero la crisis nacional es, en este momento, de una envergadura que la sociedad no veía hasta hace poco y que el gobierno no soñó ni en sus peores momentos.
El hecho cierto es que Guillermo Lasso no está solamente ante una crisis económica con incidencia en el empleo, la salud, la relación con la dirigencia indígena o el problema de la inseguridad que, como se nota en Guayaquil, no parará de agravarse. Y así como ese problema no se soluciona echando la culpa al gobierno, como hace Cynthia Viteri, tampoco el gobierno puede creer que su tarea se limita a capotear la anomia que se siente, mientras mejora las cifras económicas. El presidente Lasso, ante el estado del país, no será recordado por haber reducido, con Simón Cueva, y por capital que sea, el déficit fiscal de 7000 millones a 2000 millones…
La situación no se encara fabricando ficciones; un atributo del ministro de Gobierno. Ni sobreaguando en este estado de descomposición que el correísmo, Leonidas Iza y el socialcristianismo aúpan. Decir la verdad al país equivale hacerlo copartícipe de decisiones trascendentes que el presidente debe tomar. En esa agenda aparece como punto focal evitar que esta frágil democracia caiga totalmente en manos de los narcopolíticos que son, además, totalitarios.
Foto: Presidencia de la República
Como toda guerra, la que hay por el control de las aduanas produce efectos colaterales. En lo político, por ejemplo, son evidentes las disputas que hay en la Asamblea para controlar la fiscalización de la administración de las aduanas, a propósito de los escándalos que han saltado durante las últimas semanas.
En el centro de esta disputa está Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por un lado, están el Partido Social Cristiano y del correísmo empeñados en destituirla por no tener el título académico de tercer nivel que su cargo exige. Ese es el pretexto. Por el otro, hay sectores que se aglutinan alrededor de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que creen que lo relevante en este caso es la trama de corrupción que deben aclarar Ríos y las personas que la sostienen en el cargo.
Según Villavicencio, la gran diferencia es que socialcristianos y correístas tratan de evitar que las investigaciones lleguen hasta las conexiones que Carlos Vallejo, ex gerente de operaciones de las Aduanas (nombrado por Ríos) tendría con mafias. Mafias, dice, operadas por Javier Jordán, sindicado por el escándalos de las medicinas con sobreprecios en cuya piscina en Miami apareció el asambleísta correísta Ronny Aleaga. Villavicencio dice que quieren proteger a Jordan y a su gente.
Un episodio de esta pugna ocurrió ayer en la noche durante un debate en la Asamblea. Correístas y socialcristianos intervinieron en contra de Ríos para que comparezca ante el pleno y forzar su destitución. El tema recurrente fue su título obtenido en 1996 en el Instituto Profesional DUOC, de Santiago de Chile y que no tiene, según dijeron, equivalencia de tercer nivel en el Ecuador. El socialcristiano Luis Almeida, que hizo de buque insignia de ese grupo, invirtió sus pocas capacidades de oratoria para dramatizar lo que es, a sus ojos, el nombramiento más escandaloso del Gobierno. Su compañera Geraldine Weber también arremetió contra Ríos y dio detalles de su acusación: el título chileno de la funcionaria llegó tres meses luego de que se había posesionado de su cargo.
En el correísmo la ofensiva fue igualmente virulenta. Paola Cabezas acusó a Ríos de estar trabajando con la Embajada de los Estados Unidos. Blasco Luna pidió que, a la moción que había presentado su compañero Ángel Maita contra Carola Ríos, se agregue que el caso vaya a la Comisión de lo Económico. Así el correísmo intentó que esta investigación la maneje la correísta ex Pachakutik, Mireya Pazmiño. No lo lograron. La Comisión de Fiscalización aprobó una moción para que los que fueron convocados para rendir testimonio ante el pleno en ocho días, lo hagan este viernes en esa comisión.
Villavicencio cambió la dinámica de la sesión. Para él lo que se juega en este caso es mantener el control de los contenedores que salen a Europa y EEUU con droga. Eso es lo que quieren ocultar al sacar el caso de la Comisión de Fiscalización para hablar en el Pleno de temas accesorios. Villavicencio contextualizó este caso, llamado Danubio, sobre supuestas ventas de cargos. Según recordó, fue Carola Ríos que llevó la denuncia a la Fiscalía en septiembre de 2021. Sin embargo la funcionaria no investigó una denuncia que él le entregó con pruebas de cómo su anterior gerente de operaciones, Carlos Vallejo, operaba con un grupo de mafiosos liderada por Javier Jordán Mendoza, «el hombre de la piscina de Miami», en sociedad con Leonardo Cortázar, quien «maneja el sector eléctrico ayer y ahora, en este gobierno».
Carola Ríos no ha dado, además, una versión convincente sobre sus nexos con el abogado Francisco Gottifredi, acusado de operar en las aduanas sin ser funcionario. Ni en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Fiscalización ni en la entrevista con Carlos Vera, Ríos explicó su relación con Gottifredi, con quien trabajaba antes de ser funcionaria en un estudio jurídico del que también es socio Fabián Pozo, actual secretario jurídico de la Presidencia. En la Asamblea, donde corren rumores, se ha dicho que Gottifredi, Ríos y Pozo trabajaban para el grupo El Juri, de Cuenca, y que están operando en su beneficio en aduanas. La socialcristiana Geraldine Weber habló ayer de esos supuestos nexos.
En esta maraña de acusaciones y descargos, Carola Ríos parece contar con el apoyo de la Embajada de los EEUU, interesada en instalar escáneres en las aduanas. El 11 de agosto, cuando ya había reventado el escándalo y se había activado el operativo para sacarla del cargo, la Embajada puso un tuit favorable a la funcionaria: “gobierno de los EEUU respalda a @SENAE_Aduana en su implementación de tecnología moderna y no-intrusiva para facilitar el comercio y prevenir, detectar y combatir el contrabando y narcotráfico en los puertos».
El tuit de la Embajada estuvo acompañado de una fotografía en la que está Ríos junto al cónsul de los EEUU en Guayaquil, Brian Quigley y otro funcionario de ese país. ¿Un mensaje de la diplomacia de EEUU para el Gobierno y la Asamblea? El espíritu del texto, la fotografía y las circunstancias en las que salió hace pensar que sí.
Que un asambleísta impresentable, que muchos de sus compañeros de bancada saludan tapándose la nariz, se haya convertido en el rostro visible que impulsa los más importantes puntos de la agenda legislativa del Partido Social Cristiano, PSC, es síntoma del agotamiento y disfuncionalidad política por la que atraviesa ese partido. Durante las últimas semanas, Luis Almeida se ha consolidado en algo así como el buque insignia de la bancada de Jaime Nebot, en tres objetivos que tiene ese partido en la Asamblea en alianza con el correísmo: la toma de la administración de justicia mediante el juicio y censura a tres vocales del Consejo de la Judicatura, la salida de la actual administración de las aduanas y el asalto al Consejo de Participación y Control Social, Cpccs. Ah, y de la posesión de un Superintendente de Bancos que es un auténtico peligro público.
Almeida es quien da la cara y con más vehemencia empuja estos objetivos relegando al jefe de la bancada, Esteban Torres, a tareas discretas y grises: la coordinación, la comunicación con otras bancadas y alguna aparición en los medios.
La burda y destemplada aparición de Almeida el domingo anterior, en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa, hizo que algunos de sus coidearios desearan ser tragados por la tierra de la vergüenza. Ese es un epifenómeno de la crisis en el PSC. En realidad, Almeida está encargado de hacer los trabajos de alcantarilla que Nebot necesita. En Políticamente Correcto, Almeida cumplió el libreto que su partido ha trazado para justificar la decisión de acompañar al correísmo, en lo que se perfila como uno de las más escandalosas operaciones políticas de los últimos meses: abrir el camino para que se declare la nulidad de las sentencias condenatorias de Rafael Correa y sus lugartenientes, para así habilitarlos políticamente.
El primer cometido fue hacerse el loco con el tema que más cuestionamientos ocasiona la decisión socialcristiana. «No hay que ver cucos donde no hay, en el Gobierno (de Lasso) el 80% de los funcionarios son correístas y Lasso ya pactó con Correa». Eso dijo al periodista Carlos Rojas cuando le pidió que explique las razones por las cuales el PSC se ha embarcado en un objetivo cuyo mayor beneficiario será Rafael Correa. «El verdadero problema en esto es que han habido problemas en la Justicia en los últimos 30 años y ahora todo es más grave». Cuando Rojas insistió en si creía que la destitución de los jueces correístas que no pudieron pasar la evaluación que les hizo el Consejo de la Judicatura fue una injerencia política en la Justicia para perseguir al correísmo, Almeida nuevamente se hizo el loco: «Vea, más allá de aquello… Yo creo que se hizo bien, pero eh… eso le va a costar al Estado mucha plata». Se refirió así a una imposible condena internacional al Estado por por una demanda que han hecho los ex jueces de los casos emblemáticos del correísmo, por haber sido expulsados de la CNJ.
De a poco, Almeida fue convirtiéndose en el centro del programa, no por la lucidez de sus argumentos ni por los aportes al debate, sino por sus destemplados gritos con los que acusaba de corrupción y de estar conchabados con el Gobierno a los dos contertulios que lo contradecían: el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y el asambleísta Fernando Villavicencio. Cuando se dio cuenta que la había embarrado, acusó al periodista de haber estado coludido con los otros contertulios. «Por eso no quería venir: Yo sabía que iban a ser tres en contra de uno. Usted se manifiesta con ellos», dijo a Rojas recurriendo al típico recurso del mal perdedor: «el arbitro estaba vendido».
Almeida naufragó en su propia tinta. Su estrategia para tratar de espantar cualquier sombra de colaboración socialcristiana con el correísmo, para habilitar a Rafael Correa, fue un fracaso y sembró muchas más suspicacias. Se hizo visible en el silencio que el socialcristianismo mantuvo en redes sociales luego del programa, mientras en los cuarteles de Murillo y Villavicencio muchos se frotaban las manos. La imagen que Almeida dejó de él y de su partido fue miserable por su burda presentación y los pretextos indefendibles que el PSC se ha inventado para sumarse al correísmo y alzarse con la Justicia.
Foto: Caption de Políticamente Incorrecto
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