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2015 será recordado como uno de los años más críticos para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa. La aplicación selectiva y arbitraria de una legislación que ya de por si se cuenta como una de las más restrictivas del Continente, la censura previa vía la imposición de contenidos ejercida por distintas autoridades al frivolizar  y abusar del derecho a la réplica y a la rectificación (aplicados indistintamente), decenas de casos de persecución a tuiteros, blogueros e incluso administradores de páginas de Facebook, censura de contenidos en Internet a través de la empresa española Ares Rights, el cierre de medios e incautación de equipos, nuevos insultos y discurso estigmatizante sobre blancos periodísticos concretos, agresiones físicas, prisión y represión en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta, autocensura y la concentración de medios vía la compra o venta, configura un panorama desolador en el Ecuador del 2015 para una de las libertades democráticas esenciales.
Desde enero a diciembre, Fundamedios contabilizó 368 agresiones, con lo que se configura el año más violento contra la libre expresión, pues los ataques aumentaron un 44% respecto al año pasado, que cerró con 254 agresiones. Con el nuevo récord, la agresiones se elevan a un total de 1400, desde que se inició el monitoreo de Fundamedios en el 2008.
Esta situación solo confirma una preocupante realidad: que el creciente deterioro de la libertad de expresión ha ido de la mano del incremento de agresiones producto de la aplicación de leyes restrictivas, específicamente, la Ley Orgánica de Comunicación, teniendo como principales víctimas a los medios, y como principal agresor, a un Estado que lejos de garantizar los derechos ha creado toda una estructura para vulnerarlos. Esta afirmación se plasma en cifras, como se detalla a continuación.
La principal agresión de este 2015 se dio dentro de la categoría: “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión”, con 95 casos, (26%) que se traducen en las denuncias y sanciones contra los medios, ante la Superintendencia de la información y Comunicación (Supercom) y en aplicación a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Al igual que en 2014, el uso abusivo y selectivo de este cuerpo legal restrictivo dejó ver todos sus efectos negativos con la imposición de constantes multas y sanciones que afectaron severamente la economía de medios grandes, medianos y pequeños. Pero, lo más preocupante es que en el Ecuador se ha impuesto un régimen de censura previa, a través de la imposición de contenidos oficiales, con la obligación de transmitir y/o publicar réplicas, rectificaciones o disculpas públicas.
En segundo lugar se ubicaron las agresiones por el “Uso abusivo del poder del Estado”, con 85 casos (23%).Dentro de esta categoría se encuentran las agresiones por “Abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado”, con 55 ataques -en donde también se incluyen los pedidos de réplicas de funcionarios estatales que no han acudido ante la Supercom- ; nueve casos de “Abusos de organismos de control del Estado”, como los cobros de esas sanciones a través de procesos de coactiva; siete casos de “Uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión”, y seis dentro de la subcategoría “Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital”, por mencionar los más relevantes.
En tercer lugar, se ubican dos categorías de agresiones: las Físicas y las Verbales con 43 casos en cada una, lo que representa el 12%.
Dentro de las agresiones verbales, se reportaron 27 “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”; nueve “amenazas” y siete “Insultos o descalificaciones de personas particulares cuando generen consecuencias para la libertad de expresión”. Esta categoría evidencia el clima hostil y de estigmatización que existe para el ejercicio del periodismo perpetrado por las más altas esferas del poder, con un Presidente que en cada sabatina o intervención pública descalifica a la prensa con epítetos poco amables y demás conocidos.
En cuanto a las agresiones físicas, este año se incrementaron respecto al anterior debido al contexto de protestas que se vivieron en estos meses y como producto de la represión de las movilizaciones sociales. Es así que se reportaron 25 “Ataques a la integridad física de periodistas y ciudadanos”; 10 casos de “Intimidación/ acoso/persecución”, así como cuatro casos de “Agresiones contra la sede de medios de comunicación”. Dentro de esta categoría también figuran impedimentos de cobertura, Destrucción o confiscación de los equipos de los medios fuera de su sede, entre otros.
Otra agresión que ha incrementado de manera preocupante es la relacionada a la vulneración de los “derechos digitales” con 39 casos (10%) que incluyen el “Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales”; Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; Censura en internet como el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras.
Finalmente, y en menor número, se registraron 37 casos dentro de “Procesos penales”, muchos de ellos por detenciones a ciudadanos en medio de las protestas; siete casos de “Censura”; siete dentro del “Marco jurídico contrario a estándares internacionales”; cuatro por “Procesos administrativos”;  y tres por “Uso abusivo del poder no estatal”, por mencionar los más relevantes.
En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación, con 206, y los periodistas y trabajadores de los medios con 56 ataques siguen siendo los principales agredidos. Preocupa, el incremento de ataques contra ciudadanos, con 29 casos; ONGs, con 21; 20 contra personajes públicos, y 13 contra ciber-activistas.
El principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado. Responsable del 54% del total de los ataques (198 casos), seguido por los Funcionarios públicos, responsables del 21% de ellos (77 casos). Dentro de esta subcategoría, el principal agresor es el Presidente de la República (con 24 ataques) seguido por los cuerpos de seguridad del Estado (con 23 agresiones). En menor número se han dado agresiones perpetradas por parte de desconocidos y de Grupos violentistas con el 11% y 8% respectivamente.
Más allá de estas cifras expuestas y el dramático incremento de las agresiones, hay hechos graves que evidencian el deterioro de las libertades en el Ecuador. Casos como el cierre de Ecotel TV; el posible retiro de más de 300 frecuencias de radio y TV; el despido del periodista Martin Pallares de diario El Comercio -por haber tenido comentarios críticos al gobierno en su cuenta personal de Twitter- muestran el temor y la autocensura que existe dentro de las redacción.
Pero además, el hecho de que medios como diario La Hora y Expreso hayan tenido que ceder portadas y páginas enteras para publicar réplicas, y a la par, tener que declararse en resistencia para denunciar los abusos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) -cuya más reciente sanción se dio por no replicar un anuncio pagado a pedido de esa misma entidad, poniendo en duda la verdadera utilidad de la Ley de Comunicación y de manifiesto la cuestionada independencia de esa entidad reguladora, al estar actuando como juez y parte, pese a que su titular Carlos Ochoa haya negado estas acusaciones- evidencian la peligrosa imposición de contenidos oficiales y el abuso constante bajo el cual la libre expresión tuvo en el 2015 su peor año.