La consulta del 2011 o cómo tapar el fraude con un escándalo cualquiera
En la consulta popular de 2011, la OEA denunció que un 63,61% de actas tenía inconsistencias numéricas. El oficialismo tapó el evidente fraude electoral con un escándalo de firmas que logró desviar la opinión pública. La sociedad debe centrar sus ojos en la transparencia del sistema informático electoral con miras a las elecciones de 2017.
01 de diciembre del 2015
FUNDACIÓN MILHOJAS.IS
Un hecho de suerte sepultó el peor escándalo electoral de la vida democrática del Ecuador. Para ser exactos fue un escándalo encubierto por otro.
Sucedió el 7 de mayo de 2011, cuando se realizó el referéndum y la consulta popular que impulsó y ganó el gobierno de Rafael Correa con el objeto de reformar la Constitución y "meterle la mano" a la justicia.
También logró la licencia ciudadana para crear un sistema para amordazar a la prensa y restringir la libertad de expresión.
Desde ese día, todas las organizaciones que se registraron como sujetos políticos para participar como actores en la consulta, denunciaron a gritos que sucedieron cosas por demás irregulares. Esa denuncia se convirtió en certeza el 12 agosto de 2012 (un año después), cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió el informe final sobre los comicios de mayo de 2011.
En términos concretos, hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
El informe de la OEA señaló que el 63,61% de las actas de escrutinio de esa elección, a nivel nacional, tenía inconsistencias numéricas. Se considera inconsistencia cuando el total de votos no es igual al total de sufragantes. Con ello se reconoció que se contabilizaron mal los votos de 17 703 actas. Es decir, en términos concretos,hubo errores al contabilizar los sufragios de más de 7 millones de ecuatorianos.
Esa fue la razón por qué ningún ecuatoriano pudo determinar, en el momento, cómo quedaron los resultados de las mesas en que votaron y mucho menos contar con un mapa inmediato de resultados. De hecho la oficialización de estos duró dos meses.
¿A eso no se le llama fraude?
Sí. Pero en agosto de 2012, cuando se publicó el informe de la OEA, el Consejo Nacional Electoral ya había armado un nuevo escándalo que dejó en el olvido la consulta popular de mayo de 2011.
Dos semanas antes de que emita el informe definitivo, estalló el escándalo de lasfirmas falsas. Todas las organizaciones políticas en proceso de reinscripción fueron acusadas de presentar firmas falsas de sus afiliados o adherentes. El caso tenía dimensiones épicas, los noticiarios mostraban imágenes de grandes canchones, con centenares de computadores, en los que técnicos analizaban, escogían y aprobaban millones de firmas desde sus pantallas.
El caso tomó fuerza porque miles de ecuatorianos constataron que sus nombres fueron registrados en el sistema informático del CNE como afiliados o adherentes a organizaciones políticas de los que no eran parte.
Hubo detenidos, se habló de tráfico de bases de datos, se inculpó a las organizaciones políticas de actuar fuera de la ética al apoderarse de los nombre de los ecuatorianos, para registrarlos en sus partidos o movimientos.
Afiche oficial de la consulta del Gobierno.
Entonces todos entraron en la lógica del CNE y en vez de exigir un control exhaustivo al sistema informático del ente electoral, se pusieron a recolectar, nuevamente, firmas para impedir que sus partidos salgan del juego electoral. En ese camino todos los organismos políticos que un año atrás protestaron por las irregularidades cometidas en la consulta, no se enteraron del informe final de la OEA.
Llamó la atención que nadie de los partidos políticos nacionales fue enjuiciado por el caso firmas falsas, incluso hubo un movimiento que evidenció la falsedad de esos hechos cuando le probó al CNE que no presentó una sola firma para el proceso de reinscripción.
Cuestionado por la opinión pública, Domingo Paredes, recién asumido presidente del CNE, enfiló contra Omar Simon a quien criticó por haber adquirido un sistema barato.
Si el software usado en 2012 para calificar a los partidos no era el adecuado, ¿qué sucedió con sistema informático usado en elecciones pasadas?
Simon estuvo frente de los comicios presidenciales de abril de 2009, sobre estos la OEA emitió un informe poco favorable sobre la calidad del sistema informático. Pero en vez de mejorarlo, los ecuatorianos llegamos a la consulta popular del 2011 con un sistema que fue un verdadero misterio para los ciudadanos y todas las organizaciones políticas.
“Es común que pasen estas cosas”, Omar Simon en rueda de prensa a las 22:00 del 7 de mayo de 2011, al anunciar la suspensión del escrutinio en Pichincha por 12 horas.
El Fraude
A las 17:00 del 7 de mayo de 2011, al cierre de las mesas, el encuestador Santiago Pérez apareció en las pantallas de Gamavisión a narrar las cifras de la encuesta a boca de urna que su empresa, pagada por el Gobierno, había realizado. A cada pregunta Pérez dijo que el triunfo del Sí era de al menos 20 puntos de diferencia. Cada cifra leída por su encuestador era correspondida por el presidente Correa con una risotada en las pantallas de TV.
Un cartel del oficialismo que legitimaba ideológicamente los cambios que el Ejectuvo deseaba imponer en el Poder Judicial a través de la consulta.
Telesur recogió en su primer despacho internacional está información. A la primera pregunta: “tipificar en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado”, sostuvo que el 64 por ciento de la población estaba de acuerdo; mientras el 36 por ciento en contra.
En la pregunta sobre la creación de un Consejo de Regulación que controle los contenidos publicados en los medios de comunicación, dijeron que un 61% contestó Sí y el 39% No.
El triunfo pronosticado por el exit poll de Pérez no podía ser contrastado con la información oficial del CNE. De hecho, horas antes de instalarse el escrutinio y empezar a registrar los primeros datos de las actas, la página del CNE había colapsado.
Los medios en web recogieron esta información y atribuyeron el daño a una saturación de la página por el número de visitas.
El festejo del Correísmo no se hizo esperar. La avenida de los Shirys en Quito, dónde se encuentra la sede del movimiento Alianza PAIS, era un zafarrancho de música protesta y algarabía. Sólo quedaba esperar los resultados del conteo rápido.
Pero el conteo rápido fracasó. Omar Simon había persuadido al pleno del CNE aprobar - en el mes de abril de ese año- la ejecución del conteo rápido en 3091 Juntas Receptoras del Voto para tener resultados y proclamarlos rápidamente.
El escrutinio de la consulta fue un proceso lento por la cantidad de preguntas y porque la papeleta tenía falencias para el conteo manual.
Luego, el propio Simon, un día antes de las elecciones, dio marcha atrás a este proceos y dijo que el conteo lo haría el propio CNE.
El anuncio provocó preocupación en los observadores de la OEA como quedó registrado en Diario El Universo el 6 de mayo: "El magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Gilberto Rondón, comentó que en su país se contrata a un ente privado para la aplicación de este mecanismo con el propósito de garantizar imparcialidad en los resultados".
Además, el representante de Paraguay, Juan Muñoz, dijo que era la primera vez que conocía que un organismo oficial organizaba a la par un conteo rápido.
La fiesta de PAIS concluyó cuando Simon, ante la evidencia, no tuvo más remedio que aceptar que algo fallaba. El sistema informático estaba programado para rechazar actas con inconsistencias numéricas, que se suponía serían una excepción, pero la realidad es que se había mal contado los votos de al menos 7 millones de ecuatorianos.
Eso ya lo sabían los principales miembros del CNE como Simon y el vicepresidente Fausto Camacho. Diario El Universo en su crónica del día dijo: “Apenas a las 23:10, se conoció que el escaneo y digitalización de las actas en la delegación provincial de Pichincha estaba suspendida porque solo habrían llegado 80 de 800 actas. La paralización del proceso, al parecer, se produjo por una impugnación de AP”. Ese rotativo dijo que Simon intentó dar una respuesta a los medios de comunicación presentes, les explicó que había una suspensión en el proceso de escrutinio en Pichincha que duraba 12 horas. "Es común que pasen estas cosas".
A esa hora los diversos actores políticos de oposición empezaron a recolectar las primeras piezas del rompecabezas y comprendieron que en las actas de las juntas receptoras del voto las diversas preguntas tenían totales diferentes...
No solo en Pichincha había problemas: en Guayas también se suspendió el conteo en las Juntas Intermedias de Escrutinio mas numerosas como Tarqui y Ximena, donde había 75% de actas con inconsistencias.
Entonces Correa inició una reunión de emergencia en la sede de PAIS con el vicepresidente Lenín Moreno y Galo Mora, coordinador del movimiento.
A esa hora los diversos actores políticos de oposición empezaron a recolectar las primeras piezas del rompecabezas y comprendieron que en las actas de las juntas receptoras el voto las diversas preguntas tenían totales diferentes.
Por ejemplo, no había concordancia en el número de votos de cada pregunta. En la junta 10M (masculina) de la Zona El Paraíso de la Flor-El Fortín, Parroquia Tarqui, donde la pregunta 1 totalizaba 381 votantes, se diferenciaba del resto de ocho preguntas que registraban 386 votantes.
Pero no era el único problema: también se registró pérdida de actas y en varios lugares votaron más personas que el número permitido de 400.
Esos hechos que en primera instancia parecían un problema focalizado, tomó formas de fraude cuando fue explicado en el informe de la OEA un año después: “Las dificultades para completar el acta de escrutinio en las JRV generó inconsistencias numéricas en el 63,61% de las actas a nivel nacional”.
La parte del documento de la OEA en el que se dice que 63,61% de las actas, de la consulta popular de 2011, a nivel nacional, tenían inconsistencias. Click aquí para ir documento completo.
La definición de inconsistencia numérica se refiere a que “si en una Junta votaron 300 personas, en el acta de escrutinio debe constar exactamente el mismo número de votos, sumados los del Si, del No, nulos y blancos, por cada una de las diez preguntas.” (El Comercio del 11 de mayo del 2011).
“Este hecho provocó el retraso general de todo el proceso de transmisión de resultados desde las provincias a la capital, ya que las actas recibidas por las JIE (Junta Intermedia de Escrutinio) y JPE (Junta Provincial Electoral) no estaban en condiciones para la transmisión inmediata de resultados al centro de cómputos del CNE en Quito”, dijo la OEA en su informe.
En medio de estos problemas llegaron al CNE Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica y Luis Villacís del extinto MPD a reclamar transparencia en el conteo.
En las primeras horas del 8 de mayo Simon dio la cara con los resultados “validados”. En rueda de prensa felicitó a los ecuatorianos por su vocación democrática, dijo que fue un proceso normal y el momento en que se disponía a leer los resultados del conteo rápido, empezó a trastrabillar. Lo hizo de forma verbal, no le acompañó una pantalla con los datos numéricos para su análisis inmediato o posterior. Se limitó a leer los resultados de una hoja simple y al final exclamó: “La muestra ya se estabilizó y lo que se tiene son resultados reales con márgenes de error reales de Juntas Receptoras del Voto”.
A la pregunta de un periodista de cómo se tomó la muestra, Simon trastrabilló otra vez: “Realizamos otro diseño muestral, obviamente con un número mayor de datos pero la estabilidad muestral se la obtuvo ya con esta información con este porcentaje…las provincias, los resultados en las provincias va entrar en la página web en la medida que en cada una de las provincias ya se estabilicen las muestras…”
Fausto Camacho, vicepresidente del CNE de ese entonces, también colaboró para que se fraguara la estrategia oficialista para que ganara el Sí.
Luego fue Fausto Camacho quien se encargó de zanjar las preguntas de los periodistas que estaban presentes y asegurar que todo estaba en orden a pesar de la “confusión en las cifras”. Por ejemplo, aseguró que la tendencia de resultados no variaría. Que el margen de error estaría en 0,1% y sobre la página web dijo que estaba en “actualización”, pero no supo explicar qué pasó.
Lo que en realidad se vivía era la abrupta interrupción en la madrugada del domingo del conteo rápido debido a las inconsistencias numéricas de las actas, se trataba de actas no validadas por tanto no podían ingresarse al sistema de contabilización.
El artículo 138 del Código de la Democracia establece que: “La Junta Provincial Electoral únicamente podrá disponer se verifiquen el número de sufragios de una urna para establecer si corresponde a las cifras que constan en las actas de la Junta Receptora del Voto, en caso de inconsistencia numérica”.
Es decir, la única forma de solventar esas irregularidades era el reconteo de los votos. Entonces el CNE decidió considerar a las actas con inconsistencia como “con novedad” pero el concepto de “actas con novedad” no existía en ningún reglamento electoral.
Bajo esa consideración todo fue nombrado con el calificativo “novedad”. El informe de la OEA señaló: “A lo largo de la noche, desde los primeros momentos en que fueron entrando las actas en las Juntas Intermedias de Escrutinio y Juntas Provinciales Electorales se evidenciaron actas catalogadas como “con novedad”. Pudo corroborarse que esa novedad se debió a: Deficiencias en la legalidad de las actas por ausencia de las preceptivas firmas de Presidente de Mesa y Secretarios. Incoherencias en los resultados de los cómputos de votos efectuados por las Juntas en relación a los consignados en las actas. Falencias tales como no consignar en el encabezado de las actas el número de votos correspondientes al padrón de la mesa”.
Al día siguiente, Simon fue clave
El 8 de mayo, ante la obligación de abrir las urnas y contar voto a voto para subsanar las actas que no fueron validadas, el presidente Omar Simón ideó un instructivo mal llamado “para proceder al reconteo de los votos”, que en los hechos evitó el reconteo de votos.
El presidente, Rafael Correa, entrega las preguntas de la consulta a Omar Simon, en 2011. El 10 de marzo de 2014, Simon fue nombrado secretario personal de Correa en la Presidencia.
En ese instructivo dictado por Simon se evidenció que la Dirección de Sistemas del CNE ya contaba con el reporte de inconsistencias en cada provincia, es decir ya se conocía a ciencia cierta todos los problemas.
El contenido de esa guía fue elaborado para evitar abrir las urnas, un ejemplo: “Si la inconsistencia numérica es porque el total de votos emitidos por las opciones: SI, NO, BLANCOS y NULOS, es mayor al número de votantes se recurrirá al segundo ejemplar del acta de escrutinio o auxiliar de escrutinio para verificar dicha información”.
Es decir, comparar las actas originales, guardadas en las ánforas, con las copias presentadas para su registro en las juntas de escrutinio. Pero eso no solucionaba el problema al ser un número tan grande de inconsistencias.
El instructivo fue violatorio a la Constitución porque el presidente del CNE no estaba facultado para dictar procedimientos o normas obligatorias para el escrutinio.
Frente a los hechos surgió otra pregunta: ¿Cómo aceptó el sistema informático tantas inconsistencias? La consejera del CNE Marcia Caicedo aseguró que software fue reprogramado para aceptar inconsistencias en Santo Domingo de los Tsachilas.
Marcia Caicedo, entonces consejera del CNE, aseguró que el sistema de los escrutinios fue reprogramado.
Los hechos provocaron una denuncia de los partidos políticos a los observadores de la OEA donde se le hacía conocer esta anomalía a y se exigía que todas las actas no validadas tengan el tratamiento de actas suspensas y se cuente voto a voto.
En el informe de la OEA de agosto de 2012 se dijo: “Entre las provincias que registraron mayor número de actas con novedad se encontraron Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, las cuales se demoraron 7 días en finalizar el proceso de escrutinio y transmisión de datos. Es importante resaltar que las provincias de Pichincha y Guayas se vieron en la necesidad de pedir una prórroga excepcional al haber pasado el límite legal de presentación de resultados demorándose hasta el 18 y 19 de mayo en la revisión y transmisión al CNE. La cantidad de actas con errores en estas dos provincias llegaron al 74% y 72%, respectivamente”.
Bajo esas consideraciones de error, ¿cómo es que el CNE se atrevió a dar resultados del conteo rápido la madrugada del 8 de mayo, seis horas después de que se cerraron las urnas?
Antes del anuncio de esa madrugada, el oficialismo, con Rafael Correa a la cabeza, se mantuvo reunido en la sede de PAIS, lugar donde pocas horas antes festejaban.
A la izquierda, Galo Mora, y a la derecha su gran amigo Ricardo Patiño, canciller de la República.
En esa madrugada Galo Mora, entones coordinador del movimiento de gobierno, brindó ciertas declaraciones a la prensa que únicamente quedaron registradas en el portal coberturadigital.com.
—¿Esto se convirtió en un margen muy estrecho? —le preguntó un periodista a Galo Mora.
—Todos hemos confiado en el exit poll, toda la prensa, nosotros, creo que también la oposición —dijo Mora—. Cuando el CNE da otros datos obviamente causan una preocupación de conocer porque esos datos no coincidieron, podemos tener una específica determinación de la diferencia, pero en todo caso es a favor del presidente.
—¿Se puede pensar en error del exit poll? —preguntó la prensa.
—Puede hablarse, pero esperemos mañana —contestó Mora—. Quizá el hecho de tener 10 preguntas pueda haber incidido en la encuesta pero tendremos una proyección, dado el ingreso de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, que no han llegado en un gran porcentaje a incrementar la votación por el Sí.
Pero entonces nadie pensaba que los cálculos de los resultados se realizaron sobre actas con inconsistencias numéricas.
El enorme número de actas declaradas con novedad y suspensas obligó a los sujetos políticos en Guayas como en la Delegación Nacional a demandar públicamente se entregue un consolidado con detalle de cada Junta Intermedia de Escrutinio donde se indique número de actas totales, de actas válidas, con novedad, suspensas y nulas.
Pero en Guayas se rehusaron entregarlo. Justificaron señalando que a los delegados de cada partido se les entregó resúmenes de cada acta. Se dijo que no tenían capacidad de hacerlo porque todo el proceso de cómputo estaba centralizado en Quito y que por tanto la junta de Guayas no estaba en posibilidad.
Los sujetos políticos iniciaron la tarea de armar su propio consolidado a partir de la información parcial recuperada por sus delegados a las Juntas Intermedias de escrutinio.
La falta de datos contrastaba con los hechos de elecciones anteriores, cuando el Consejo Electoral del Guayas entregaba cortes hora por hora de todo lo digitado, diferenciando lo nacional y lo local. Los sujetos políticos iniciaron la tarea de armar su propio consolidado a partir de la información parcial recuperada por sus delegados a las Juntas Intermedias de escrutinio.
Entonces iniciaron la titánica tarea de explicar a la opinión pública qué sucedía. Pero ninguno tuvo éxito ¿Cómo un hecho que fue denunciado con fuerza por las organizaciones políticas no pudo sustentarse? La posible respuesta es que los hechos que daban como ejemplos no parecían representativos de la situación local y mucho menos nacional.
El periodista Carlos Vera Rodríguez, por ejemplo, se tomó el tiempo necesario para tratar de explicar qué sucedió en un video colgado en su canal de Youtube. Pero fue en extremo fácil perderse en las cifras de una parroquia determinada.
El error en el conteo de votos de cada una de las 17.000 mesas fueron provocado, supuestamente, por la falta de capacitación de los miembros de las mesas electorales.
Facsímil del informe de la OEA donde se explica que no se utilizó el sistema del CNE.
El informe de la OEA dijo que el CNE distribuyó un manual para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, que narraba la metodología para contabilizar los votos pregunta a pregunta. “Se observó que determinadas JRV utilizaron su propio sistema dado el volumen de votos a escrutar, no cumpliendo con el instructivo del CNE. Además, el diseño del acta de escrutinio carecía de un casillero que totalizara los votos de cada una de las preguntas que permitía cotejar numéricamente la cantidad de opciones en cada pregunta (SI; NO; NULO o BLANCO) contra el total de votantes. La falta de preparación, el diseño de las actas, el número de papeletas y número de preguntas a escrutar, fueron factores que contribuyeron a la lentitud observada en el proceso de escrutinio”.
Se puede agregar que a los procesos de capacitación solo llegó al 33% de los integrantes de las JRV. “En las provincias de mayor caudal electoral (Azuay, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos) los promedios capacitación fueron menores aún, quedándose en torno al 25%”, expresó la OEA.
La rueda de prensa en la que Omar Simon no pudo explicar el retraso en el conteo rápido y las inconsistencias.
Todo esta información nunca logró consolidarse en el debate público, los medios de comunicación no alcanzaron a comprender la gravedad de los hechos, por tanto los principales denunciantes fueron silenciados.
A medida que los partidos políticos reunieron información comprendieron que las irregularidades perfeccionaban el fraude, por ejemplo actas desaparecidas o simplemente actas falsas. En la Junta Intermedia de Guayaquil de la Red Ética y Democrática identificó 220 actas menos. A su vez, la Delegación Provincial del Guayas (que funcionó como junta intermedia para algunas parroquias) en cambio aumentó su número de actas totales. Originalmente eran 759 actas, de pronto eran 1250.
Carlos Vera en su canal de Youtube brindó datos importantes: en diversos centros de votación se perdieron decenas de actas que luego aparecieron sin explicación en la Junta Provincial del Guayas, fueron 491 actas, que en votos significan 196 400.
Eso quedó también evidenciado en el informe OEA: “Es importante resaltar las medidas de seguridad para el traslado de las actas desde los centros de votación a las Juntas Intermedias de Escrutinio. Los miembros de la policía nacional fueron los responsables de recolectar, acopiar, transportar los sobres cerrados que contendrán las Actas de Escrutinio…se observaron que en determinados casos los policías de acopio no portaban las respectivas cédulas de identidad y trasladaban las actas dentro de bolsas de plástico corrientes”.
¿Fueron las mismas actas u otras? Nadie respondió...
En medio del caos, el técnico Enrique Mafla, ingeniero con Ph.D, delegado de la “Coordinadora Plurinacional por el No” identificó 1 558 actas con problemas en las imágenes. Se trató de una grave irregularidad ya que las actas de las mesas eran llevadas hasta las Juntas Intermedias de Escrutinio donde eran digitalizadas.
El sistema de conteo tuvo problemas al finalizar el proceso de votación en la consulta popular.
Entonces las actas eran analizadas en las pantallas de cada computador y sus datos copiados en el Sistema de Escrutinio Oficial (SEO). Pero resulta que en ese número de actas (1 558 ) tenían problemas en las imágenes publicadas por el sitio Web del CNE. “En algunos casos no existía ninguna de las 5 imágenes (cada acta consta de 5 páginas). En otros casos, las imágenes no correspondían a las actas computadas; es decir que, por ejemplo, la imagen era de las preguntas 7 y 8 y el acta computada era de las preguntas 3 y 4. También existían imágenes que aparecían "dañadas (arrugadas) ¿Cómo las arreglaron. Yo tengo las copias de las páginas web originales que tenían estos problemas?” explicó Mafla en una de sus misivas con miembros de la coordinadora por el No.
Las demandas para aperturar las urnas y hacer el conteo de votos obligó a al presidente de la Delegación del Guayas iniciar el proceso como indicaba el reglamento: con la observación de un delegado por cada una de las fuerzas políticas, es decir Alianza PAIS, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Movimiento Popular Democrático y Red Ética y Democracia.
Pero AP presionó a la junta para que aceptara un delegado por “tendencia”, es decir uno por quienes propugnaron por el sí y otro por el no. La consecuencia fue que el desconocimiento de los sujetos políticos trasladó las responsabilidades a los delegados en las mesas que se encargaron de “cuadrar” los resultados, se explica en una denuncia presentada a la fiscalía del Guayas por el Partido Social Cristiano y la Red Ética y Democrática.
Uno de los afiches de la propaganda oficialista.
De las 29170 Juntas Receptoras del Voto del país, el 63% de actas de esas juntas fueron mal contadas, por tanto con inconsistencias; pero apenas se recontaron 128 en Guayas y 225 en Pichincha.
Sujetos políticos como Madera de Guerrero y la RED iniciaron sendas denuncias en La Junta Provincial de Guayas que fueron negadas el 27 de mayo.
Eso obligó a la RED a acudir al Consejo Nacional Electoral, pero tampoco fueron escuchados por el pleno del organismo compuesto por Omar Simon, Carlos Cortez, Manuela Cobacango, Fausto Camacho.
De ese grupo, solo Marcia Caicedo defendió las denuncias de las diversas organizaciones políticas.
Las negativa obligó a la RED acudir al Tribunal Contencioso Electoral, como organismo de última instancia. En ese entonces era dirigido por Tanía Arías Manzano.
El triunfo del Sí le permitió a Rafael Correa meter las manos en la justicia y formar un Consejo de la Judicatura a su medida. Tania Arias fue parte de ese grupo y beneficiaria de ese fallo.
Omar Simon es secretario particular del presidente Rafael Correa y Fausto Camacho, miembro del observatorio electoral. Marcia Caicedo se fue a su casa.
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