POR: Publicado en la Revista El Observador (edición 109, febrero de 2019)

Medicamentos caducados, un riesgo para la salud

Acta resúmen de la parte pertinente  de la resolución dictada en contra de Omar Andrés Aásquez Espinoza, por el Tribunal Penal del Azuay. “....Por lo que se declara su culpabilidad y se le condena a la pena privativa de libertad de cinco años, la misma que no se le modifica pues no operan agravantes de aquellas previstas en el art. 47 Del COIP, no opera la agravante del fraude propuesta por fiscalía y acusación particular para agravar la pena , pues esta implícita en el acto, esto es parte constitutiva del acto. Con respecto a la procesada María Isabel Tálbot Gonzáles accionista minoritaria y presidenta de MEDIVEZA, no obstante que conocía de la ilicitud de la actividad desarrollado por su cónyuge y se beneficiaba de sus réditos, la acusación oficial y particular, no han logrado demostrar la actos ejecutados por aquella en cuanto a producir y distribuir medicamentos falsificados y medicamentos caducados, por lo que procesalmente corresponde declarar su estado de inocencia y dejar sin efecto las medidas cautelares que se hubieren dictado en su contra. Se ordena la destrucción integral de todos los medicamentos incautados, y será la agencia de regulación, control y vigilancia arcsa quien en coordinación con las dependencias especificas del Ministerio de Salud y con la asistencia de gestores ambientales se proceda a dicha destrucción. Se ordena también que toda la maquinaria en numero de 7, incautada a MEDIVEZA pase a ARCSA. Con respecto a los vehículos que eran utilizados para la transportación y distribución de las medicinas falsificadas, sean puestos a órdenes de ARCSA, que el Ministerio de Salud realice una campaña de seguimiento a todas las farmacias, boticas de las provincias australes para recoger los medicamentos falsificados distribuidos por mediveza, se dispone que el estado a través del Ministerio de Salud emprenda una campaña de concienciación pública sobre la compra de medicamentos eficaces y estables, que posean registro sanitario autorizado por el ARCSA; se ordena que este fallo cuando el mismo se encuentre ejecutoriado se proceda a su difusión a través de los medios de comunicación escrita...” La adulteración de los productos de la salud, es uno de los delitos más atroces, que afectan a la salud y la vida de los pacientes. No es posible que los organismos encargados de regular los productos que se expenden en farmacias, hospitales públicos, clínicas privadas, guarden un silencio sepulcral  frente a este atentado, cuyos daños son irreparables por atentar contra la vida humana. En la ciudad de Cuenca se incautó más de 18 toneladas de medicamentos caducados, por parte de la Empresa Mediveza, lo cual representa un delito sin precedentes y un daño permanente a la salud, engaño falsificación y uso de documentos falsos por parte de los procesados Andrés Omar Vázquez y María Isabel Talbot, que acumularon millones de dólares  mal habidos por cometer este ilícito. En estos miles de medicamentos adulterados, falsificados y caducados que se vendieron en el Ecuador, hay muchos antibióticos, ¿cómo sabemos el número de personas que murieron de alguna infección grave al ingerir eso medicamentos sin que les hagan efecto alguno? Nunca se podrá saber, dice Felipe Rodríguez, abogado del Ministerio de Salud. Parece que este jugoso negocio se ha convertido en un práctica deshonesta que no escapan ni las instituciones de salud pública. Se pueden imaginar que en las bodegas del  IESS, se guardan medicamentos caducados, para atender enfermedades como el cáncer, VIH, diabetes. Por citar un ejemplo en el Hospital Básico de Esmeraldas, hay 44.262, medicinas caducadas para atender a pacientes con VIH. Esta actitud ha causado  indignación por el manejo administrativo que se da a la situación médica que atraviesan varios afiliados al Seguro Social. Jóvenes Contra el Cáncer, ante los actos de corrupción en el sistema médico nacional, proponen  al Consejo de Participación Ciudadana transitorio que, mediante un proyecto de ley, se permita utilizar el 25 e los recursos recuperados por estos delitos para la atención de pacientes con enfermedades catastróficas. En las farmacias no existe un manejo adecuado de los fármacos caducos, por lo que se hace necesario que las autoridades de salud y propietarios de farmacias cuenten con contenedores para eliminar las medicinas caducadas. Para evitar riesgos de salud se debe contribuir a la cultura ecológica evitando que las sustancias activas de los medicamentos vayan a dar a los  drenajes o a los tiraderos comunes, lo que implica contaminación de suelos y mantos freáticos. En este contexto, se trata de vincular la relación médico paciente para lograr este desafío, necesitamos reflexionar sobre nuestro recorrido por la medicina y recordar los cruciales momentos que la profesión médica reafirmó el compromiso con los valores “dar la vida por la salud del pueblo”. Estos momentos pueden referirse al espíritu que nos lleve a redescubrir los aspectos inherentes a la práctica médica y al reconocimiento que la sociedad otorgó a los médicos que están al servicio de aquellos que sufren y necesitan atención. Este atributo, que se basa en nuestra sincera preocupación por la centralidad de los valores humanos en todos los aspectos de la actividad profesional, se conoce como humanismo, que suele definirse como la presencia de empatía, altruismo, humildad y compasión.

 

POR: Jaime Cedillo F. (Publicado en la Revista El Observador. (edición 110, abril de 2019)

Razonamiento de Comisión, una falacia

Dentro del Procedimiento investigativo seguido en contra del Dr. Caupolicán Ochoa Neira, por denuncia presentada por Jaime René Cedillo Feijóo, he sido notificado mediante correo electrónico, en fecha 23 de marzo del 2019, con el informe emitido el 21 de marzo del 2019 por dicha comisión; sobre el cual expongo: La conclusión a la que llega la Comisión Especial del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, señala lo siguiente: “…esta Comisión concluye que el Dr. Caupolicán Ochoa Neira en el período marzo-agosto 2018, ha incurrido en las faltas leves sujetas a amonestación establecidas en los literales a) y b) del Art. 117 del Estatuto de la Universidad de Cuenca vigente a esa fecha…”. Es decir, luego de sustanciado el procedimiento administrativo y valoradas las pruebas, la Comisión confirma que el docente cometió una infracción disciplinaria. Pero inmediatamente recomienda NO sancionar con el siguiente argumento: “…sin embargo, al estar debidamente justificado en el expediente que desde el 23 de enero de 2019 ya no ostenta la calidad de docente en la Universidad de Cuenca, a la presente fecha no es posible imponer la sanción prevista en la norma antes señalada, debido a que la misma resultaría de imposible ejecución, toda vez que en atención a lo dispuesto en el Art. 1 del Instructivo que regula el procedimiento de investigación de actos denunciados en contra del personal académico y estudiantes de la universidad de Cuenca que indica: “este instructivo regula el procedimiento de investigación aplicable al personal académico y estudiantes de la Universidad de Cuenca cuando se presentan denuncias en su contra”, es aplicable para el personal académico y estudiantes de la Universidad de Cuenca; razón por la cual, recomendamos al Consejo Directivo de la Facultad disponga el archivo del expediente”. El razonamiento de la Comisión es una falacia, pues pretende establecer un régimen de irresponsabilidad por el hecho de que un Docente renunció o se desvinculó de la Universidad y actualmente ya no consta en nómina. De modo ilustrativo, pregunto a los señores miembros de la Comisión lo siguiente: si un servidor público, de cualquier Institución del Estado, comete una infracción disciplinaria reprochable legalmente, se instaura el sumario disciplinario y en el curso del trámite renuncia a su cargo, ¿los actos cometidos durante su gestión deben quedar impunes? El argumento de la Comisión es abiertamente contrario al Art. 233 de la Constitución del Ecuador que, de manera categórica, establece un régimen de responsabilidad (sin exclusión alguna) y no de irresponsabilidad. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”. La norma establece claramente que los actos u omisiones que acarrean responsabilidad administrativa, civil o penal son aquellos perpetrados mientras estuvo en el ejercicio de sus funciones. La Comisión ignora un hecho trascendental en el procedimiento (no sabemos si por un falso espíritu de cuerpo para con su compañero), pues en sus conclusiones omiten señalar que la denuncia fue presentada cuando el Dr. Caupolicán Ochoa Neira aún era Docente (9 de octubre de 2018), y es en el curso del procedimiento administrativo cuando se desvincula de la Universidad de Cuenca. Como lo vamos a demostrar, las leyes sectoriales que se citan a continuación no permiten que quienes ostentan la potestad sancionadora puedan renunciar al ejercicio de sus competencias, y el hecho de que un funcionario público se desvincule del servicio no es óbice para sancionar. Se recuerda a los señores miembros de la Comisión que uno de los principios fundamentales de Derecho Público es que la competencia del órgano administrativo es irrenunciable, por lo que no se pueden utilizar este tipo de argumentos para generar impunidad y beneficiar al infractor.   REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO Art. 99.- De la renuncia en sumario administrativo.- En caso de que la o el servidor, contra quien se haya instaurado un proceso de sumario administrativo, presentare su renuncia al puesto que desempeña, la máxima autoridad no la aceptará hasta que concluya el proceso administrativo, de conformidad con el artículo 45 de la LOSEP, y en caso de abandono del puesto, se continuará con el sumario administrativo aún en ausencia del servidor. Nótese cómo la renuncia de un servidor público no lo exime de responsabilidad, y el legislador autoriza a que se resuelva el sumario administrativo aún en ausencia. REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Los Arts. 116 y 264 # 10 del Código Orgánico de la Función Judicial realiza una remisión normativa a la potestad reglamentaria del Consejo de la Judicatura para emitir el procedimiento disciplinario para los servidores judiciales, por lo tanto, el actual Art. 24 del Reglamento para el ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura señala: “De haberse iniciado sumario administrativo en contra de una servidora o servidor judicial, que durante el proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y continuará aún en ausencia de la servidora o servidor. De igual forma, se continuará con la tramitación del proceso en aquellos casos en los que se dé por terminada la relación laboral por un medio distinto a la renuncia, exceptuando los casos de extinción de la acción disciplinaria y de la jubilación”. De la misma forma los servidores judiciales no quedan exentos de responsabilidad por haberse desvinculado (ya sea por renuncia o cualquier otro medio) de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Las competencias constitucionales y legales para dar inicio de un examen especial y la auditoría tendiente a establecer responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado, quedarían prácticamente vaciadas en su contenido si se permitiese que los ex servidores públicos no respondan por sus actos u omisiones, ya sea por renuncia a su cargo o terminación del periodo de su contrato o designación. Es por ello que los Arts. 20, 21 literal b) y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establecen que los ex dignatarios, ex funcionarios y ex servidores tienen que ser notificados para que ejerzan su defensa en el transcurso de una auditoría o examen especial, así como también mantener una comunicación con los auditores gubernamentales otorgándoles la oportunidad de que presenten justificativos y todo tipo de información que les permita desvirtuar su responsabilidad. Inclusive el Art. 25 literal b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que los ex servidores tienen que participar en la conferencia final de los resultados, precisamente porque se pueden establecer responsabilidades en su contra a pesar de que, a la fecha del examen, ya no consten en nómina. CODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE SANCIONES EXPEDIDAS POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR En el ámbito de la educación superior el principio de responsabilidad recogido en el Art. 233 de la Constitución del Ecuador tiene el mismo sentido. Conocido es que el Consejo de Educación Superior tiene competencias para sancionar a las máximas autoridades de las Instituciones de Educación Superior (IES), y que muchas de estas autoridades generalmente ejercen su cargo por un período fijo. Ahora bien, terminado ese período, ¿será que no responden por el ejercicio de sus funciones? Pues bien, analicemos lo que establece el Art. 7 del Reglamento de Sanciones del CES: “Art. 7.- Responsabilidad.- Sólo podrán ser sancionadas por los actos u omisiones que se consideren infracciones, las personas naturales o jurídicas que resulten responsables de los mismos. La imposición de una sanción no exime al administrado de su obligación de enmienda de la acción u omisión y/o el cumplimiento de la norma infringida. Tampoco exime de responsabilidad a las máximas autoridades de las IES, el hecho de la culminación del período para el cual fueron elegidos o nombrados, cuando EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES hubieren incurrido en el cometimiento de infracciones, hasta por cinco años posteriores al cometimiento de la infracción. En el caso de las IES particulares esta responsabilidad se establecerá conforme a la Ley. En este último caso, el CES remitirá la denuncia a las autoridades estatales correspondientes para que se continúe con los procedimientos pertinentes. Como se puede observar en todos estos ejemplos, ni la Constitución ni la ley autorizan un régimen de irresponsabilidad, a pesar de que los servidores públicos, judiciales, docentes etc., se desvinculen de la institución, y de comprobarse que cometieron una infracción, luego del procedimiento respectivo, deben ser declarados responsables. La interpretación que hace la Comisión del Instructivo que regula el procedimiento de investigación de actos denunciados en contra del personal académico y estudiantes de la Universidad de Cuenca es arbitraria, pues sugieren que dicho Instructivo solo es aplicable para el personal académico en funciones, lo que no es verdad conforme los argumentos antes señalados. Aceptar este argumento es contrario al Art. 233 de la Constitución. Se debe recordar nuevamente que la denuncia en contra del Dr. Caupolicán Ochoa Neira fue presentada cuando aún era Docente (9 de octubre de 2018) y fue en el curso del procedimiento administrativo que se desvinculó de la Universidad de Cuenca. Se recuerda asimismo que la infracción cometida FUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES como lo dice en el Art. 233 de la Carta Magna, por lo tanto, no se puede aceptar interpretaciones arbitrarias y contrarias a la norma constitucional. Finalmente, el argumento por el cual una eventual sanción “resultaría de imposible ejecución” es otra falacia. Este argumento es funcional a la IMPUNIDAD de los infractores, cuando la verdadera finalidad que persigue toda entidad con capacidad de emitir actos normativos que regulan prohibiciones bajo amenaza de sanción, es hacer efectivo el principio constitucional de responsabilidad del Art. 233 de la Constitución. Bien pueden decretarse actos de ejecución como el registro de la sanción en las respectivas hojas de vida, por ejemplo.

 

POR: Jaime Cedillo Feijóo Publicado en la Revista El Observador (edición 111, junio de 2019)

FENAJE exige destitución de Simón Valdivieso

Tanto la Función Judicial del Azuay, como la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, están a la espera del pronunciamiento del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, con respecto a la denuncia presentada por los Jueces de lo Penal de Cuenca, en contra del Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, Delegado del Consejo de la Judicatura. Con fecha 6 de mayo del presente año, los jueces Sonia Cárdenas Campoverde, Paola Beltrán Castro, Cecilia Ottati Cordero, Iliana Pachar Rodríguez, Sandra Alvarado Jarrín, Fabián Romo Carpio, José Peralta Parra, Carlos Guzmán Muñoz, Felipe Córdova Ochoa, Cayetano Serrano Rodríguez, José Iñiguez Guerra, Jaime Andrade Jara, Pedro Fajardo Buñay, Guido Chalco Esparza y Willian Salgolquí Picón; dirigen una comunicación (firmada por todos ellos), a la Presidenta y Vocales del Consejo del Consejo de la Judicatura, denunciando que Valdivieso Vintimilla, ha afectado gravemente la independencia de la Función Judicial del Azuay. En la comunicación (denuncia-queja), los jueces describen lo siguiente: “El Abg. Jorge Bladimir Iñiguez Guerra, Juez de la Unidad Judicial de Cuenca, tramita la causa 01283-2018-08573G, la cual el día 1 de mayo de 2019, a las 10h30 tenía señalada Audiencia de Formulación de Cargos, por lo cual, el día 30 de Abril del 2019, a las 09h09, el citado Juzgador, expide una providencia difiriendo la Audiencia, en virtud del Decreto Presidencial 729-2019, que suspendía la jornada laboral completa el día 1 de mayo del 2019, tanto para el sector público como privado, sin que hasta ese momento y hora, se conozca oficialmente por parte del órgano administrativo del Consejo de la Judicatura, disposición contraria, providencia que fue debidamente notificada a los sujetos procesales a través de las casillas judiciales y direcciones electrónicas, de las partes procesales, más sin embargo a las 11:22 minutos del referido 30 de abril de 2019, se recibe un correo electrónico de parte de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, el cual mediante Memorando CJ-DG-2019-0604-MC, se informa que el Consejo de la Judicatura no se acoge al Decreto Presidencial, laborará normalmente el día 1 de mayo”. “Al haber ya un pronunciamiento jurisdiccional debidamente notificado a los sujetos procesales, el señalado Juez, a fin de garantizar la seguridad jurídica y tutelar el derecho a la defensa de los sujetos procesales, no emitió ninguna disposición que deje sin efecto tal diferiiento”. “Sin embargo de aquello una de las partes procesales, el presunto ofendido, en la cusa citada, solicita diferimiento de la Audiencia el día 30 de abril del 2019, a las 09h26, en virtud del decreto presidencial que dispone suspensión de la jornada laboral el día 1 de mayo del 2019, y el día 1 de mayo a las 08h48, presenta nueva petición pidiendo revocatoria de dicho diferimiento por cuanto la Función Judicial, sí laborará aquel día, siendo atendido en debida forma aquellos pedidos que se pusieron a despacho del Juez el día 1 de mayo del 2019, a las 10h30”. Sin embargo, anotan los denunciantes, “el defensor junto con el presunto afectado, y un grupo de unas 10 a 15 personas, que no son parte procesal, el día 1 de mayo a las 10h30 aproximadamente, comparecen ante el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, y presenta un reclamo verbal sobre el diferimiento de la Audiencia, a lo que el señor Director, mediante la Coordinación de la Unidad  Judicial Penal de Cuenca, llama a comparecer personalmente al Ab. Jorge Iñiguez, hasta las oficinas de la Dirección Provincial, y sin dar la oportunidad a explicación previa alguna, ni haberse iniciado una investigación, o sumario administrativo alguno, obliga al Juzgador a reunirse en privado, junto con el mismo Director, en la Sala de Sesiones de la Dirección Provincial, junto con la parte procesal reclamante y su defensa, exigiendo al Juez, en una forma totalmente arbitraria, intimidante, y descortés tanto con los usuarios, como con el Funcionario jurisdiccional, de explicación del motivo del diferimiento de la Audiencia, siendo que, el Juez aludido conociendo su función como las prohibiciones expresas contenidas en la ley, tanto de hacer pronunciamientos fuera de las causas, ni en audiencias públicas, sometidas, a los principios de inmediación, contradicción de los sujetos procesales, se manifiesta señalando que los pronunciamientos jurisdiccionales no los puede hacer en esa forma, y que cualquier pronunciamiento lo hará en el proceso”. “más, sin embargo, el Director Provincial (Simón Valdivieso Vintimilla), en forma prepotente refiere que no es un tema jurisdiccional, y que el Juez de respuesta a los usuarios que en ese momento se encontraban, dice a los usuarios señalando que ese diferimiento nuca debió existir, y que pide disculpas por aquello y que no volverá a suceder otra situación como aquella, que se tomarán los correctivos del caso”. Agregan los jueces de los Penal, que el denunciado sometió al Juez Jorge Iñiguez Guerra a un careo sin previo aviso, violentando el debido proceso, y que “continuaba increpando al Juez con una actitud prepotente. Esto comprende una clara, abusiva e ilegal actuación por parte de la autoridad administrativa del Consejo de la Judicatura”. Califican la actuación de Valdivieso Vintimilla como “una intromisión grosera y altanera a la independencia de la Función Judicial”. Le acusan al “altanero” de haber violentado los derechos a la defensa, al debido proceso del Juez, que fue obligado arbitrariamente a un careo. En la parte final de la comunicación, los jueces-denunciantes, califican lo sucedido como “infausto día para la independencia de la justicia en nuestro país, que las autoridades superiores no permitan que se repitan estos hechos bochornosos. A la denuncia de los Jueces de lo Penal de Cuenca, se sumó la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, representada por el Ab. Frank Kenndy Roldán Pinargote. Mediante un documento de nueve hojas, realizan un minucioso análisis de este caso, destacando que las “atribuciones otorgadas a los Directores Provinciales son netamente administrativas y en ninguna de las partes se expresa que ORDENARÁ A LOS JUECES, a que den explicaciones públicas de sus providencias judiciales, ante la inconformidad de los litigantes”. A criterio de la Federación, la actuación de Simón Valdivieso Vintimilla, a más de converger en infracción administrativa sujeta a destitución, es una vergüenza para el Consejo de la Judicatura, cuyos hechos han sido conocidos hasta internacionalmente, y producen estupefacto en el público en general. “Debe ser sancionado de manera ejemplar por ustedes señores vocales, con el objetos de salvaguardar el buen nombre de la Institución, que hoy más que nunca debe demostrar credibilidad ante propios y extraños”. “Al no existir las sanciones correspondientes, con este antecedente nefasto, el día de mañana los jueces, a petición de los usuarios y por orden de los directores provinciales, tendrían que dar explicación de sus actuaciones en público, circunstancia que vulnera la independencia judicial establecida y las normas legales y constitucionales”.  El ciudadano Santiago Esteban Machuca Lozano, opina que “algo tan peligroso como la violación de la independencia judicial es el “voluntarismo judicial”, que se basa en una visión tutelar y colonial de la función judicial. Llamar la atención delante de los usuarios no es propio ni del mejor de los paternalismos. Amerita ser removido de su cargo por abuso del poder. Y parece que los problemas de la independencia judicial siguen. Juegos de manos es del diablo, el cambio de manos, también”. Salim Zaidám: “!Qué alcances del Director del Consejo de la Judicatura del Azuay! Vocales del Consejo favor actuar. Si consideran que juez incurrió en infracción, sumario era la vía, no grotesca interferencia de autoridad administrativa en actuaciones jurisdiccionales. Urgente remoción de funcionario por atentar contra la independencia judicial”.

 

Fiscalía investiga 13 denuncias de abuso sexual de un psicólogo a niños en plantel de Cuenca

Por

 Fabián Orellana

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30 enero, 2023

Las denuncias fueron receptadas por la Fiscalía entre el 5 y 13 de diciembre de 2022.

Cuenca.- La Fiscalía del Azuay investiga 13 denuncias en contra de un psicólogo que es acusado de presuntamente cometer abuso sexual en contra sus alumnos menores de edad, en una unidad educativa particular ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Los afectados serían -en su mayoría- niños de 4 años de edad.

Los casos fueron puestos en conocimiento por parte de padres de familia en la Fiscalía del Azuay a través del Sistema de Atención Integral.

Las denuncias fueron registradas entre el 5 y 13 de diciembre de 2022 por parte de padres de familia que consideran que sus hijos fueron objeto de delito sexual.

De acuerdo con Leonardo Amoroso, fiscal Provincial del Azuay, las investigaciones previas señalan que presuntamente la persona denunciada, en reuniones de clases, hacía a los menores “juegos” no aptos para los menores de edad como supuestamente besarse entre ellos y luego replicar esto con el profesor.

“En todos los casos se inició la investigación previa y dispuso diligencias fundamentales para recabar los elementos de convicción para sustentar la acusación y formular cargos, en el caso de evidenciarse la existencias del delito y la posible responsabilidad de la persona que está siendo investigada”, explicó el fiscal Amoroso.

Como parte de las averiguaciones, hasta el momento, la Fiscalía del Azuay, ha dispuesto:

– Recepción de versiones de los padres de familia denunciantes

– La valoración psicológica de los menores

– Solicitado medidas de protección a favor de los menores de edad

– Y dispuesto la versión del sospechoso

La Fiscalía tiene dos opciones:

Formular cargos al contar con los elementos de convicción y al no tener estos podría archivar el caso.

Denuncias

La Fiscalía del Azuay señala que, de los 13 casos denunciados por los padres de familia, 12 son por abuso sexual y uno de estos por acoso sexual.

El fiscal Leonardo Amoroso señala que, en el caso de conocer sobre un delito sexual contra menores de edad se debe denunciar y por parte de los padres de familia lo fundamental es creer al menor de edad y estar pendiente de las actitudes que tenga en en la casa o de síntomas de depresión. (I)

 

POR: Fundación 1000 Hojas

Los negocios del “Gran Mariscal del Azuay”

Cuando el entonces prefecto, Paúl Carrasco, presentó el proyecto Centro Ecoproductivo Girón, anunció que esta obra generaría USD 440,5 millones anuales y 18 mil empleos en un cantón que no supera los 13 mil habitantes. Por la oposición del alcalde de Girón se hicieron otros estudios en Sta. Isabel. Hubo retrasos en la entrega del estudio final e inconsistencias en los informes del análisis geológico. Siete años después de firmado el primer contrato para el estudio de factibilidad se pagaron tres millones de dólares, se suscribieron seis contratos más y el parque industrial nunca se construyó. El domingo 04 de agosto de 2013, el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, asistió al desfile anual de la Ecuatorianidad, organizado por la comunidad emigrante en Nueva York, Estados Unidos. Cursaba su segundo período en dicho cargo cuando fue embanderado como “Gran Mariscal” por los habitantes del austro en la Gran Manzana; caminó por las calles de Queens ostentando la banda insignia. Fue un acto ajustado a los deseos políticos del prefecto, pero apalancado financieramente en un rubro entregado por la Prefectura a una empresa de comunicaciones que se encargaba de la promoción de un proyecto industrial del que hasta hoy no se ha colocado ni la primera piedra.¨ La historia comienza en marzo de 2011, cuando la Prefectura convocó por concurso público para realizar los estudios de factibilidad del proyecto Centro Ecoproductivo Girón, por un monto de USD 999.000. La única oferta presentada la hizo la empresa ALTIOR y se le adjudicó el trabajo por USD 992.000 más IVA. El 29 de abril de 2011 se firmó el contrato con la participación de Carrasco, como autoridad competente; Lizandro Martínez, procurador; y Luis Pastor Herrera, representante de la consultora, (Proceso CONPC-GPA-001-2011). ALTIOR Cía. Ltda. es una empresa constituida en 2007, según los archivos de la Superintendencia de Compañías. Ofrece servicios especializados, relacionados a la planificación y evaluación proyectos de desarrollo. Pastor Herrera es su actual gerente y Fabián Carvallo figura como presidente de la firma. Ambos son también los accionistas de la empresa. El estudio de factibilidad se entregó en agosto de 2012. Meses más tarde, en abril de 2013, el prefecto convocó a un proceso, bajo la figura de Régimen Especial, para la promoción de la obra. El objeto, de acuerdo al proceso COMDIR-GPA-088-2013, disponible en el portal de compras públicas, es la provisión de productos y actividades comunicacionales para dar a conocer el proyecto Centro Ecoproductivo Girón.  Se convocó a tres empresas: EcoComunicaciones, Publigestión y la firma Hilda María Falla Comunicaciones que finalmente fue seleccionada pues, al igual que en el proceso anterior,  solo se presentó su oferta y no otra. El monto de este contrato suma USD 197.741, 51 y se firmó el 03 de mayo de 2013. Hasta aquí se comprometieron cerca de USD 1,2 millones. La noche del 16 mayo 2013, el entonces prefecto, presentó el proyecto Centro Ecoproductivo Girón, mismo que funcionaría en el cantón azuayo que lleva el mismo nombre, por su condición estratégica: ubicado a 120 km. del aeropuerto de Santa Rosa, 42 km. del aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca y 118 km. del Puerto Bolívar, en El Oro. El evento se realizó en el Salón Cuenca del Centro de Convenciones del Mall de Río. Carrasco indicó que serían destinadas 123 hectáreas en total, con un 40 e áreas verdes. Se preveía que el parque industrial genere unos USD 440,5 millones anuales, con una producción por hectárea estimada en USD 10.964.174, durante los primero años. Además, se generarían 18.000 puestos de empleo directo e indirecto. El mismo año se firmó un tercer contrato bajo la modalidad de lista corta por un monto de USD 386.850. Esta vez para una consultoría para el avalúo de los terrenos y estudios geológicos, hidrológicos, etc., del mismo proyecto industrial. Este contrato comparte una similitud con los anteriores y los que se firmaron después: Se convocó a varias empresas, pero solo una presentó una oferta y ganó. En este último proceso, cuatro empresas fueron invitadas (LCC-PGA-009 2013) y la única oferta fue entregada por ALTIOR Cía. Ltda., que firma el contrato el 03 de julio  de 2013. El mismo día se firmó un contrato de promoción y publicidad bajo la figura de régimen especial, por USD 512.110, y se adjudicó  nuevamente a la empresa Hilda María Falla Comunicaciones. El objetivo fue captar inversionistas, de acuerdo a los pliegos del proceso, por lo que se especificaba que los eventos deben realizarse en Quito, Guayaquil y Nueva York, en donde ya se alistaba el Desfile de la Ecuatorianidad. Todo esto con retransmisión en vivo en Girón (Azuay). En los pliegos del proceso figuran tres convocados: Diego Aguirre Figueroa (Live); Diego Paúl Asmal Barrera e Hilda María Falla Comunicaciones S.A. Solo la última presentó su oferta y se adjudicó con el contrato. Este portal buscó información de las empresas convocadas en la Superintendencia de Compañías y no se encontró participación alguna de Diego Aguirre Figueroa en una empresa llamada Live, únicamente figura como accionista minoritario del restaurante Raclette y no existe en su archivo el nombre de otras empresas. De Asmal Barrera no hay registros de participación empresarial en la Superintendencia. Por su parte, Hilda María Falla Comunicaciones S.A. aparece como una firma constituida en 2004, en Quito, dedicada las relaciones con los medios de comunicación, proyección de imagen y relaciones públicas. Su actual gerente es Hilda María Falla Muñoz que, además, es socia mayoritaria. Promoción en Nueva York En tarima, junto a reinas de belleza y otros representantes ecuatorianos, Carrasco lucía un traje blanco y, sobre sus hombros, la banda que le otorgaba el título de Gran Mariscal del Desfile de la Ecuatorianidad 2013. Del contrato de promoción antes detallado, firmado por el entonces prefecto Carrasco con la empresa Hilda María Falla Comunicaciones S.A.,  se desglosa el costo por la organización de dos eventos para la promoción del ecoparque en Girón el 1 y el 4 de agosto. Ambos por un monto de USD 238.312,35. De esa cifra, las más altas corresponden a la renta, decoración y pago de permisos de un carro alegórico el día del desfile, por USD 55.000. La coordinación general del evento y proyecto, por USD 29.982,90; el equipo de producción de Quito en Nueva York durante ocho días para 6 personas, por USD 25.944; y, el pago de cena y bebidas para 100 asistentes, incluido servicio e impuestos, por USD 20.724. La organización de los eventos de promoción en Quito, el 9 de julio de 2013 fue de USD 118.484,50; la transmisión de ese evento, el mismo día vía microondas, incluyendo la presentación de artistas nacionales, armado de tarima y otros rubros sumó USD 59.989,75. Mientras que el evento en Guayaquil, el 30 de julio, fue de USD 95.324,08. Suman más contratos de promoción y consultorías Hay un quinto contrato para una segunda consultoría. Se lo firmó el 9 de enero de 2014, por un monto de USD 91.200. Los cuatro consultores individuales convocados debían elaborar una propuesta para “el involucramiento de actores locales, fortalecimiento organizativo y socialización del proyecto Centro Ecoproductivo Girón, Fase II”. La única oferta recibida fue de Miguel Wladimir Galarza Ordoñez, persona natural, de acuerdo al proceso LCC-GPA-013-2013.  El sexto fue un proceso de contratación directa, adjudicado al Instituto de Estudios Sociales de la Opinión Pública, el 26 de junio de 2014, por USD 102.496 más IVA. Se trata de un estudio de opinión que no solo estaba enfocado en el Centro Ecoproductivo Girón, sino también en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a otras obras de la Prefectura como el proyecto Crecer y Bailo terapias.¨ Inicialmente, este contrato tenía un presupuesto de USD 65.000, pero se amplió el 27 de noviembre del mismo año, para que se realice un sondeo de opinión en la zona de Santa Isabel y otros distritos eco industriales, por un valor de USD 37.496. En total USD 102.496. El ecoparque no se construye y cambia de lugar El proyecto del Centro Ecoproductivo Girón no estuvo ajeno a las críticas por parte de los moradores de las zonas de influencia y de las autoridades municipales, por lo que Carrasco decidió buscar otros lugares en donde construirlo. 

Es así que se abrió la posibilidad de emplazar el ecoparque en el cantón Santa Isabel. José Miguel Uzhca, alcalde de Girón es una de las autoridades que se opuso al proyecto. Su argumento fue que se ofreció un precio por predio mucho menor al acordado. “Llegó a la zona (Paul Carrasco) y ofreció pagar millones. Primero ofrecieron pagar de USD 13 a USD 14 por metro cuadrado de terreno, luego cambiaron de opinión y dijeron que pagarían 0,60 centavos”, manifestó. “También ofrecieron a la gente que podrían vender comida en el ecoparque, luego dijeron que iba a ser una zona restringida”.  Explicó que cuando Carrasco llegó a mostrar el proyecto, se planeó levantarlo en las zonas de San Sebastián del Cachi, Santa Marianitas o El Pungo, en Girón; pero “habían inconsistencias”, dijo Uzhca a MIL HOJAS.  “La gente rechazó el proyecto porque nunca estuvieron claras las condiciones. Tenemos los planos del ecoparque pero nunca la ubicación exacta de donde iba a hacerse. Todo era un montaje. Revisamos el tema del agua. La cantidad de agua que necesitaba el ecoparque estaba sobre los 100 litros por minutos. ¡Si solo Girón maneja 33 litros por segundo, con los 6.000 habitantes que tenemos aquí en ciudad Girón!”, agregó. Otra de las dudas del alcalde es que se ofrecieron 18.000 empleos en un cantón con una población que no supera los 13.000 habitantes, incluyendo menores de edad. Así es que el prefecto Carrasco ordenó los estudios urbanísticos y de ingeniería del ecoparque en Santa Isabel. Entonces se firmó el séptimo contrato, el 03 de febrero de 2015, por USD 276.755,50. Precio tres veces menos al gastado en los primeros estudios de factibilidad. Nuevamente la empresa ALTIOR se hizo con la adjudicación, tras presentar la única oferta de tres empresas convocadas en el proyecto.¨ En Santa Isabel, el Concejo Cantonal declaró zona franca un área de 5.000 hectáreas entre las zonas de Puenteloma y Minas de Huascachaca, junto a la vía Cuenca-Girón-Pasaje, según explicó el alcalde del cantón, Rodrigo Quezada Ramón. A pesar del apoyo del alcalde, la consultora registró problemas en la realización de los estudios. El 03 de junio de 2015 se vio obligada a suspender las actividades hasta el 16 de agosto, por la oposición de los moradores. Hubo más inconvenientes, ALTIOR debe asumir multas por USD 4.981,60 debido a retrasos en la entrega del estudio final. Durante la ejecución del proyecto se pidió incluso cambiar al profesional a cargo de la consultoría por inconsistencias halladas en los informes del análisis geológico. Finalmente, el estudio se entregó el 6 de abril de 2016. En las calles de Santa Isabel existe incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, una vez posesionadas las nuevas autoridades. Lo que sí es cierto es que han transcurrido siete años desde la adjudicación del primero de siete contratos para estudios y promoción del proyecto, en los que la Prefectura asignó USD 2’559.153 que más IVA superaría los USD 3 millones. Y después de todo ese tiempo y los montos entregados, no se cuenta ni con los sustentos técnicos para la viabilidad de la obra, ni hay certeza sobre si se la podrá construir en el nuevo sitio escogido para ello. PUBLICADO EN LA REVISTA EL OBSERVADOR

 En Cuenca hay candidatos que se han paseado por todos los partidos y movimientos, simpre, pescando en río revuelto, siempre, vendiéndose al mejor postor. Y, para colmo, candidatos vinculados con estructuras mafiosas. Cuencano: medita bien tu voto.

El Observador

 

Lo que se sabe sobre el cometa verde que se acerca a la Tierra luego de 50 milenios

El cometa verde fue visto por última vez hace 50.000 años, cuando los neandertales aún vivían. Hoy podrá verse mejor, así.

    

¿Cuándo llega el cometa verde?

El cometa verde, bautizado científicamente como C/2022 E3, se acerca nuevamente a la Tierra. La última vez que esto sucedió fue hace 50.000 años, cuando el hombre de Neandertal u  Homo neanderthalensis aún era una especie viva Por estos días, el brillo verdoso del cometa podrá verse a simple vista, bajo ciertas condiciones.

En los próximos días, el cometa se ubicará cerca de la Tierra según las dimensiones astronómicas; es decir, a una distancia estimada en "solo" unos 42 millones de kilómetros. Este 1 de febrero alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta, en la presente trayectoria.

Con un poco de suerte, incluso se puede observar a simple vista, una oportunidad realmente rara, porque el C/2022 E3 solo pasa por la Tierra cada 50.000 años.

¿Cuándo se verá mejor el cometa C/2022 E3?

Si desea ver el cometa y su brillo intensamente verdoso, desde el Hemisferio Norte debe girar hacia el nor-noreste en una noche despejada. Allí, el cometa ascenderá en el horizonte hacia la Osa Menor. "Es necesario que el cielo esté oscuro. Así el cometa se podrá ver con binoculares e incluso simple vista”, dice Dirk Steinhauer del observatorio Greifswald, en Alemania.

El mejor momento para verlo será probablemente la noche de este martes 31 de enero al 1 de febrero, a las 4 de la madrugada y después de que se haya puesto la Luna. Pero el cometa también se puede observar en las noches anteriores y posteriores a esta hora a partir de las 22:00, para lo cual lo mejor es contar con un telescopio.

El cometa sera claramente visible el 10 y 11 de febrero

Después del 1 de febrero, la visibilidad del C/2022 volverá a disminuir a medida que la luna creciente lo eclipse. Durante este tiempo, el cometa se alejará de la Tierra en dirección hacia Marte. Alrededor del 10 y 11 de febrero pasará por Marte y con un poco de suerte se podrá volver a ver.

¿Por qué el cometa C/2022 E3 es verde?

Según el Centro Aeroespacial Alemán, la coloración verde es causada por una interacción entre un gas y el calor del sol cuando el cometa se acerca. Solo el calor del sol hace que el cometa brille; sin este brillo, no podríamos reconocerlo en la oscuridad del espacio.

¿Cómo obtuvo el cometa su nombre?

La C representa el hecho de que el cometa tiene un período orbital de más de 200 años. La combinación 2022 E indica que el cometa fue descubierto en 2022, en la primera quincena de marzo (E) y como el tercer cometa (3) en este período. El sufijo ZTF se refiere al programa "Zwicky Transient Facility (ZTF)" de un observatorio en California que descubrió el cometa.

Aunque su existencia solo se conoce desde hace un año, C/2022, como todos los cometas, ya tiene varios miles de millones de años. Proviene de los primeros días de nuestro sistema solar, y su órbita lo lleva hasta los bordes.

Editado por Enrique López

 

Queridos amigos y amigas: La batalla por la supervivencia de la Amazonía comenzó y esta mujer podría tener en sus manos el destino de la selva. Puyr Tembé encabeza a los pueblos indígenas de todo Brasil en una marcha hacia la capital para exigir al nuevo congreso que proteja la selva amazónica de las garras de la tala maderera, la minería y la ganadería que están llevándola de camino al colapso. El nuevo presidente de Brasil apoya la causa, pero algunos poderosos empresarios y sus títeres políticos ofrecen una feroz resistencia, pues ven en la selva una fuente de recursos para saquear. Puyr y su gente deben ganar esta batalla. Y podemos ayudarlos. Este valiente grupo de líderes indígenas provenientes de todo Brasil trabaja con un presupuesto reducido. Pero si todos y todas aportamos algo, podríamos impulsar su lucha ayudando a financiar una gran campaña política y mediática para conseguir las medidas de protección necesarias para salvar la selva. De esta manera nos aseguraremos de que la marcha hacia la capital sea solo el comienzo. ¡Solo faltan 3 días para la marcha! Y nuestra comunidad global podría marcar una gran diferencia. Dona ya lo que puedas. Apoyemos a Puyr y salvemos la Amazonía mientras aún estamos a tiempo:

Se están comiendo viva a la Amazonía. ¡Cada día se destruye el equivalente a 5 mil campos de fútbol! Los científicos advierten de que el ecosistema forestal podría colapsar, lo que pondría en riesgo los cimientos de la vida en la Tierra. El 60% de la cuenca amazónica está localizada en Brasil, así que su futuro se decide justo allí. Pero este valiente movimiento de resistencia indígena está luchando por su futuro. Nuestra comunidad podría respaldarlo e inclinar la balanza con el clamor del poder popular. Contamos con activistas increíbles, más de 19 millones de miembros en Brasil e importantes aliados en el nuevo gobierno. ¡Estamos en una posición privilegiada para generar impacto! Por la selva y por la vida en la Tierra, es el momento de ir a por todas. Si reunimos suficientes donaciones, podríamos: Apoyar la marcha multitudinaria hacia el congreso con la que Puyr y sus aliados exigirán nuevas medidas de protección para la Amazonía. Lanzar una gran campaña mediática y de incidencia política para asegurar la puesta en marcha de normativas imprescindibles para la selva. Construir una inmensa red ciudadana en Brasil para apoyar la protección de la Amazonía. Financiar una cumbre indígena que reúna a los líderes de toda la Amazonía para establecer un plan de protección de la selva a nivel nacional e internacional. Intensificar la presión internacional para proteger la Amazonía y otros ecosistemas clave mediante audaces campañas dirigidas  a los gobiernos de todo el mundo.

 

POR: Publicado en la Revista El Observador (edición 121, febrero de 2021)

Promesas incumplidas

PROPUESTA DE PEDRO PALACIOS EN CAMPAÑA ELECTORAL: “Que el alcalde gane el salario básico. Y, la diferencia entre el salario básico y los CINCO MIL previstos en la ley, sea una variable que se pague con base a la EFECTIVIDAD de la gestión del alcalde. No solo deberá ser para el alcalde, sino para los concejales y ejecutivos de mandos medios y altos, tanto de las empresas municipales como del GAD propiamente dicho. La esencia del quehacer público debe ser el servicio y la efectividad en los resultados en beneficio para los ciudadanos” Durante la campaña electoral, el entonces candidato Pedro Palacios Ullauri, se comprometió públicamente desarrollar obras y proyectos en beneficio de Cuenca, de llegar a la alcaldía de la tercera ciudad más importante del país. Esas promesas, cuando han pasado más de veinte meses de administración, no se han cumplido, al contrario, se ha comprobado que fueron promesas demagógicas, falsas, un engaño para captar la simpatía del pueblo, que en su momento creyó y hoy ese mismo pueblo está decepcionado. Ofreció ganar el sueldo básico, luchar contra la corrupción (hay investigaciones que están en manos de las instituciones competentes como la Contraloría y Fiscalía , los casos de abuso de bienes públicos en la subgerencia administrativa de la empresa municipal ETAPA, o las denuncias de supuestos sobornos que habría cometido el ex-gerente de control de tránsito de la EMOV, o las acusaciones de nepotismo en contra del ex gerente general de la EMOV, por citar ejemplos de inmoralidades. El Foro Independiente de Profesionales y el Observatorio de Políticas Locales, realizó un recuento de las promesas incumplidas, para que sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones. 1.- Construcción de 4 (cuatro) nuevos mercados mayoristas de Cuenca para generar trabajo a más de 1500 comerciantes. 2.- Nuevo Mercado de “El Arenal” el estudio, señaló, estaría listo a finales de 2019. 3.- Dos nuevos Terminales Terrestres (norte y sur) 4.- La nueva vía a “El Valle”. 5.- Nuevo Estadio de la Ciudad (Se anunció en campaña que se contaba con dos sitios) 6.- Estudios del nuevo Aeropuerto de Cuenca. 7.- Tarjeta turística para uso de tranvía interconectada con museos, bares, restaurantes y hoteles. 8.- Sueldo de funcionarios con base a cumplimiento de metas empezando con ganar el salario básico. 9.- Contratación de Consultora Internacional para selección de Directores y Gerentes de las Empresas Públicas. 10.- Nueva zona de tolerancia de Cuenca. 11.- Dos nuevas zonas industriales con infraestructura. 12.- Veterinaria Ambulante. 13.- Llegada de UBER y CABIFY a Cuenca. 14.- Intervención:  cambio vial en Av. Don Bosco y Av. 1 de mayo. 15.- Cuatro Municipios Zonales para desconcentrar los servicios. 16.- La Bolsa de Empleo Municipal. 17.- Reforma a la Ordenanza de EMOV y Guardia Ciudadana para que luchen contra la delincuencia. 18.- Supermanzanas y megamanzanas, (a la fecha solo se han hecho dos pilotos, dos fines de semana). 19.- Eliminación del impuesto a las patentes profesionales. 20.- Pedido al Gobierno Nacional para traslado de presos de alta peligrosidad a otras ciudades y devolución del helicóptero de la policía a la ciudad de Cuenca. Detalle Para el Programa “Cuenca Unida” se cuenta con un financiamiento de 58 millones para mejoramiento vial urbano y 20 millones parasoluciones de movilidad en intersecciones conflictivas. El contrato anterior del Municipio para mejora vial fue con la Corporación Andina de Fomento CAF, firmado el 26 de octubre de 2015, con: una tasa de interés del 2ás LIBOR (promedio tasa libor 2020:0,25 Es decir, la tasa efectiva total no superó el 2,5 nual con plazo de 15 años y 48 meses de gracia. Actualmente, el Municipio firmó el 11 de junio de 2020 un contrato de crédito con el Banco de Desarrollo, por 50 millones, con: una tasa de interés del 7,75ominal anual (la tasa efectiva será mayor) y reajustable trimestralmente, según la tasa de interés activa referencial del Banco Central, más 500 puntos básicos, con plazo de 10 años y 12 meses de gracia solo al capital. El costo final y cuotas de las obras de pavimentación al ciudadano serán mayores que las que se pagaban antes debido a que el costo financiero actual del préstamo con el BEDE, es superior en al menos 4 veces a la tasa de interés efectiva lograda con el crédito de la CAF. Asimismo, las obras de movilidad cargadas a obras de beneficio general serán más caras. Al 31 de diciembre se ha desembolsado 850.000 de un crédito y del otro no se registra desembolsos. El parque eucaliptos con un avance del 7,63uando inició la administración Palacios, la obra fue concluida y entregada a ciudadanos en noviembre de 2020. El contrato para el Parque Los Eucaliptos tiene el código LICO-GADC-0081-2018 y se firmó el 11 de octubre de 2018, con un plazo de 270 días. Debió entregarse la obra en julio de 2019, con la administración de Pedro Palacios. Sin embargo, se entregó en noviembre de 2020 con un año y cuatro meses de retraso según el plazo contractual previsto. No se informa las razones ni sanciones por la demora. El Complejo Deportivo La Gloria está concluido en un 97obra que encontró a esta administración con un avance del 14/span> El contrato para el Complejo Deportivo La Gloria tiene el código LICO-GADC-0077-2018 y se firmó el 20 de septiembre de 2018, con un plazo de 240 días. Esta obra debió entregarse en junio de 2019 en la administración de Pedro Palacios y hasta la fecha, con un año y medio de retraso, según el plazo contractual, se indica que tiene un avance del 97/span> Ciudad Mundial de la Artesanía No se da crédito a la verdadera fuente de la iniciativa para gestionar este reconocimiento internacional, cuya propuesta nació por iniciativa ciudadana de la señora Diana Sojos. Por la visión de esta ciudadana, se puso en manos de la anterior administración de la Fundación de Turismo en el período 2014-2019, la iniciativa, quienes comienzan los trámites para esta denominación. Durante el periodo de transición de administraciones municipales, se informa del mismo y se continúa las gestiones con la administración municipal actual, hasta que se dá la declaratoria en noviembre del 2020. Son diez tipos de artesanía que son reconocidos, se informó por parte del sector artesanal organizado. Multas Las multas de tránsito se anularon porque la EMOV EP generó mal las citaciones de infracción, y por tanto, eran nulas de pleno derecho. Esta petición la realizó el concejal Alfredo Aguilar (presidente de la comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal)  miembro del directorio de la institución municipal, con oficio CC-2191-2020 del 20 de octubre de 2020. Las multas generadas son improcedentes por errores al momento de su emisión hacia el infractor, por no haber elaborado las boletas que corresponden y haber usado boletas de infracciones y no generado una adecuada para lo que previó el Decreto Presidencial. La resolución fue unánime por parte del directorio de la empresa EMOV EP, y no se dio por petición del alcalde, ni por un tema de solidaridad por la situación económica producto de la crisis sanitaria como se ha indicado. Servicios Se ofreció la optimización de procesos, reduciendo notablemente los tiempos de respuesta. Se habilitaron más de 80 servicios a través de canales digitales web, nueva APP móvil Cuenca en línea, el canal mi voz, la ventanilla virtual y más formas de pago seguras. A pesar de ello, los gremios reportan demoras importantes en procesos de Avalúos y Catastros, trámites para pago de alcabalas y en Control Urbano, aunque también anotan profesionales que ciertos trámites han mejorado debido a la digitalización de los mismos. Consulta Popular por el Agua Si bien el Concejo Cantonal aprobó el llamamiento a Consulta Popular por el agua según contempla esta posibilidad la Constitución, no se reconoce en el informe que la iniciativa radicó en el Cabildo por el Agua que presentó una petición escrita a todo el Concejo Cantonal, para tratar este particular. Se informa que, pasadas varias semanas de dicha entrega de propuesta, es la Comisión de Medio Ambiente la que asume la iniciativa y trabaja el texto definitivo. Los sectores involucrados indican que NO hay que olvidar que el GAD Municipal de Cuenca, como miembro de la Cámara Provincial, votó en CONTRA para el llamamiento a Consulta Popular por el Agua, que se planteó a nivel provincial. Jardín Botánico Esta administración recibió la  obra con un avance del 20 por ciento. El contrato para el Parque Jardín Botánico tiene código LICO-GADC-0067-2018 y se firmó el 29 de agosto de 2018, con un plazo de ejecución de 365 días. La obra tiene un retraso de entrega de 1 año 4 meses al término del año 2020, y se indica que está a punto de entregarse. No se explica las razones para el retraso superior a los 16 meses ni las responsabilidades por la demora. Destrucción de la naturaleza Periódicamente ETAPA realiza acciones para cuidar y proteger loshumedales de la zona del Cajas, valiosas fuentes hídricas. Este cuidado se da siempre por parte de ETAPA EP. Más bien,ecologistas y medios de comunicación denunciaron en 2020 la construcción de una estación para el B. Cuerpo de Bomberos, entidad adscrita al Municipio, en la laguna de Illincocha. Se llegó a plantear por parte del MAE-Azuay, incluso retirar el cuidado del Parque Nacional Cajas a ETAPA EP, según declaraciones de la directora de la zonal. La construcción en la laguna de Illincocha, dentro del Parque Nacional El Cajas, no tenía los permisos de construcción mayor por parte de control urbano y no se supervisó que se realice la reconstrucción aprobada sobre la estructura existente, sino que se afectó a la zona por realizar construcciones nuevas. Por iniciativa ciudadana se planteó una acción de protección la cual se aceptó y esta obra no podrá continuar en el lugar inicialmente planificado. Incluso los concejales aprobaron por unanimidad el cambio de uso de suelo. Áreas verdes sin mantenimiento Asimismo, la prensa reportó que EMAC EP paró los trabajos respecto del cuidado de las áreas verdes como parques, parterres, entre otros, por situación de pandemia, y se evidenciaron fotografías en diarios impresos sobre el descuido que sufrieron varios sectores de la ciudad, e incluso se ligó a la inseguridad. Planta de tratamiento de aguas residuales No se especifica que planta de tratamiento de agua residual, pero podría tratarse de la planta de tratamiento de aguas residuales de Guangarcucho. Profesionales en saneamiento informan que esta obra quedó adjudicada en 2014, pero se dio de baja el proceso y la anterior administración inició un nuevo proceso. Esta obra tiene al menos 6 años de retraso en su inicio. Esta situación ya provoca que en varias ocasiones, no se trate toda el agua servida de la ciudad, de manera adecuada y sea devuelta al lecho de río sin su tratamiento, informaron funcionarios de saneamiento de ETAPA EP. Tranvía El proyecto TRANVÍA inicia su operación comercial sin cumplir con la ordenanza vigente, respecto de los sistemas tecnológicos de interoperabilidad del Sistema Integrado de Transporte SIT, respecto de la tarjeta electrónica leída tanto por los sistemas lectores del Tranvía y del Sistema de Buses Urbanos, ocasionando la adquisición de dos tarjetas a los usuarios, lo han dado a conocer varios ediles del cantón. Asimismo, los alimentadores a lo largo de la ruta tranviaria, como han determinado los estudios técnicos de León y Godoy, aspecto fundamental para lograr demanda adecuada y disminuir el subsidio al proyecto, sólo se cumple en la integración física de las puntas del recorrido del Tranvía. Tampoco existe una tarifa de integración como manda la Ordenanza vigente. Varias autoridades han denunciado que la administración municipal no cumple con su propia normativa. Las supermanzanas El proyecto Supermanzanas ha tenido dos puestas en marcha a manera de plan piloto, que se han realizado en noviembre de 2019 y en enero de 2020. En la segunda ocasión, existió lluvia durante gran parte del día, lo cual imposibilitó una correcta realización,reportó la prensa. No se han dado informes definitivos para toma de decisiones permanentes al respecto. Se ha visto que señalización y ornamentos, por el tema de supermanzanas en el sector de la Avenida Loja y Avenida 12 de abril, van desapareciendo. Ciclovías Se ha podido visualizar algunas calles en la ciudad, donde se ha incorporado el espacio para la ciclovía. Actualmente, en el portal de compras públicas existen varios contratos de tramos para                                        la construcción de nuevas ciclovías en el cantón. Se puede apreciar que el proyecto inicial, cuyo estudio data del 2018, contempla un solo proyecto de 13 km., aproximadamente, el mismo que se estaría subdividiendo, ahora, en varios contratos. Continuación del proyecto de bicicleta pública que se inauguró por la pasada administración en abril del año 2019. Vivienda Esta administración arrancó el proyecto de vivienda Miraflores y lo entregó el 27 de agosto de 2020 beneficiando a 600 personas. El contrato para el proyecto de vivienda social Miraflores tiene código LICO-02-EMUVIEP-2019 y se firmó con fecha 9 de mayo de 2019, con un plazo de ejecución de 210 días. El proyecto debió concluir en diciembre de 2019; sin embargo, tuvo un retraso de 8 meses en su entrega. No se informa las causas del retraso ni si existieron multas por responsabilidades en la demora. Esta administración, ha dicho que concluyó la fase 6 del Proyecto Los Capulíes beneficiando a 300 personas. Este proyecto de vivienda tiene código COTO-01-EMUVIEP-2018 y se adjudicó el 7 de diciembre de 2018 con un plazo de 105 días. Esto debió entregarse, según contrato, en mayo del 2019. Dado que se ha entregado en 2020, sin especificar fecha, esta obra tiene al menos 1 año de retraso en su entrega, según el contrato, no se indican razones ni multas al contratista por incumplimiento contractual. Además, este proyecto indica que fue para la construcción de 25 soluciones habitacionales, por tanto, es imposible que se hayan beneficiado a 300 personas, como se indica, ya que eso daría a un promedio de 12 personas por solución habitacional, cuando son en realidad soluciones de vivienda social. Respecto de los procesos en EMUVI EP, la construcción de la Casa Cordero, tuvo cuatro licitaciones declaradas desiertas, materia de fiscalización del Concejal Ugalde y presentado a Contraloría, por presuntos direccionamientos e ilegalidades, dados en tantos procesos licitatorios desiertos.