CASO ENCUENTRO: EL INFORME DE ANTICORRUPCIÓN SEÑALA AL ENTORNO DE HERNÁN LUQUE
La salida de Luis Verdesoto Custode del Gobierno fue sorpresiva. Carondelet confirmó en un comunicado que se había aceptado su renuncia y agradecido sus servicios, pero no dio más detalles sobre los motivos.
Este es el último informe presentado por Luis Verdesoto. Ver PDF
Este medio digital contactó a Verdesoto para conocer su versión sobre su salida del Gobierno, pero no obtuvo respuesta. Lo que sí se pudo confirmar es que un documento de 22 páginas, que no tiene firma, sería el borrador del informe que Verdesoto tenía previsto presentar la mañana de este lunes 23 en sus oficinas de la Plataforma Norte.
Hubo una convocatoria de prensa durante el fin de semana, pero se canceló el evento sin ninguna explicación. Pero el entorno de Verdesoto insistía en horas de la mañana en que la presentación se haría, aúnque lo que ocurrió fue la decisión del ex consejero electoral de salir del régimen.
Verdesoto había llegado al Gobierno con una propuesta distinta de lucha anticorrupción, diferente a la que habían planteado gobiernos anteriores, que llegaron a concebir el cargo como una fiscalía de Carondelet.
El documento, cuya autenticidad fue confirmada por el entorno de Verdesoto, contiene una carta de presentación dirigida al presidente Guillermo Lasso, en donde se señala que el mandatario había dispuesto la elaboración del documento desde el 13 de enero.
En la carta, Verdesoto insiste en que el enfoque de la entidad que dirigía era la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en el Estado, aunque reconocía que la reciente decisión del Gobierno de que la Secretaría participe en los directorios de las empresas públicas se apartaba un poco de ese enfoque.
Entre las conclusiones de esta primera investigación, la Secretaría sostuvo que "hasta la fecha de realización de este Informe, se identifica la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano del señor Hernán Luque Lecaro. Sin perjuicio de que a futuro se amplíe este requerimiento a las siguientes personas: Leonardo Cortázar, Oswaldo Rosero, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Quiroz, Enrique Bocca Morán, Héctor Suárez, Cinthya Cabrera, Rubén Cherres y Juan Ribas Domenech".
Un informe sin recomendacionales legales
En el documento se explica que se elaboró entre el 13 y el 20 de enero y desde el principio se evitó cualquier sugerencia de carácter legal, pues eso le corresponde a la Fiscalía. En el mismo texto se explica que no obtuvieron ninguna información reservada sino solamente la que es pública o está publicada. Al respecto, la Secretaría pidió al Ministerio de Energía y Minas información sobre las empresas del sector, que no había recibido todavía.
El documento plantea por lo menos siete hipótesis sobre cómo podría operar una red de corrupción en las empresas públicas, que dependen de la Empresa Coordinadora. En esas hipótesis, el informe del ex secretario menciona la posibilidad de sobornos, favores económicos o políticos, direccionamientos de contratos por medio de maniobras al interior de las instituciones, colusión entre los propios oferentes para simular una competencia, lavado de activos por medio de la contratación pública, la presencia de grupos corruptos entre los funcionarios, entre otros temas.
En otra parte del documento, se analiza los riesgos de corrupción tanto en CNEL cuanto en Flopec. En el caso de la Corporación Eléctrica, se analizaron algunos contratos en busca de indicios de corrupción, mientras en Flopec se cuestionó la discresionalidad y el monopolio del transporte de crudo.
El informe precisa que el presidente del Directorio concentra demasiada información y control de todas las empresas, lo que podría crear condiciones para la corrupción. También se aclara que hay doce empresas públicas en funcionamiento, siete de ellas en los sectores estratégicos.
Los riesgos de corrupción
En el documento se sigue la línea que Verdesoto había planteado en su gestión, de fomentar la integridad y realizar advertencias de posibles resquicios para la corrupción más que de realizar pesquisas judiciales, algo que, se aclara desde el principio del documento, le corresponde a los fiscales. En su Plan Nacional Anticorrupción, Verdesoto había propuesto la conformación de equipos de veedores sobre todo en el sector petrolero y energético, en donde hay más riesgos de corrupción. Curiosamente, el puesto clave de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas no consta en el Plan, presentado en octubre de 2022 con una agenda hasta 2025.
El informe "focaliza su atención en posibles vacíos jurídicos, errores procedimentales, procesos discrecionales o malas prácticas, que posiblemente permitieron instaurar mecanismos corruptos. Al combinar mecanismo y actor, de manera continua en las fases de los procesos de contratación pública, se lograría penetrar en aquellas etapas donde predomina la discrecionalidad del servidor público".
Sobre la forma en la que se manejan las 12 empresas públicas, el informe señala que "el actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de los controles, auditorías o rendición de cuentas necesarios para prevenir, mitigar, investigar y sancionar actos de corrupción. La gobernanza corporativa de las empresas públicas, instaurada en 2015 mediante EMCO, permitiría una alta discrecionalidad, arbitrariedad y autonomía a sus directorios y gerentes. Amplios poderes de discrecionalidad ejemplifican la hipótesis de direccionamiento. La citada hipótesis se fundamenta en lo expuesto, al permitir a las máximas autoridades de EMCO y gerencias dependientes de ella, moldear, alterar o reformar procesos de contratación, favoreciendo intereses corruptos. La ausencia de mecanismos de control o auditoría, sumado a la opacidad operacional, materializa condiciones habilitantes de corrupción, habiendo podido transformar a las empresas públicas en botín económico".
En esa línea, se establece que por ejemplo en CNEL "la falta de eficiencia empresarial resultante en pérdidas negras (técnicas y no técnicas), posibilitó a grupos corruptos acceder y utilizar información privilegiada en beneficio propio. Omitiéndose estudios requeridos para mitigar necesidades originadas por falencias operativas y técnicas dentro de la empresa. Un ejemplo de ello corresponde a los Servicios Técnicos Especializados de revisión, correctivos, instalación, cambio y retiro de equipos/sistemas de medición, generándose un círculo de contratación a favor de grupos corruptos. Este accionar probablemente se relaciona con la designación de directivos sin experiencia o preparación técnica requerida por una empresa eléctrica. Lo que resulta en una captación de los estamentos gerenciales por grupos corruptos. Esto deviene en impactos negativos a la eficiencia y rentabilidad empresarial perpetuándose la contratación de personal incompetente o incapaz de dirigir la consecución de objetivos estratégicos".
Sobre el caso de Flopec, el informe destaca que "el manejo operativo de carga es relevante porque la empresa que opera como monopolio tiene 12 buques de carga, de los cuales solo 2 son propiedad de FLOPEC, 4 buques son alquilados y los 6 restantes son aportados por un socio de la empresa. Se conoce, por ejemplo, que FLOPEC incurre en costos onerosos de alquiler de los buques (US$ 30.000 por día frente a ofertas que no superan los 2/3 de ese valor)".
Además, el secretario saliente precisó que "la empresa pública FLOPEC no cuenta con un proceso sistemático de rendición de cuentas. Como toda entidad pública, la empresa está sujeta al control de la Contraloría General del Estado y, además, contrata a empresas de auditoría externa. Sin embargo, se conoce por parte de EMCO que FLOPEC cuenta con 4 subsidiarias en el exterior que no rinden cuentas al Estado ecuatoriano sobre sus ingresos, gastos y manejo empresarial".
El cargo que ocupó Hernán Luque
Sobre el cargo que ocupó Hernán Luque, el informe señala que "El alto poder de decisión debe ser evaluado pues el Presidente del Directorio de la EMCO, a su vez, preside también 12 diferentes directorios que toman decisiones tanto estratégicas como operativas. El Gerente General de cada empresa pública coordinada podría comunicarse ágil y constantemente con el Presidente de Directorio (actualmente EMCO). Esta modalidad puede generar que las decisiones estratégicas que involucren al Presupuesto del Estado recaigan sobre la integridad de una sola persona con su voto dirimente (Presidente de EMCO)".
En este caso, se señala que "la concentración de información privilegiada podría derivar en riesgos de corrupción como presuntos conflictos de interés tanto como tráfico de influencias, direccionamiento de contrataciones, entre otros".
Otro detalle que menciona el informe sobre cómo funcionan las empresas públicas tiene que ver con que "la indagación debe dirigirse hacia los nombres mencionados y ampliarse hacia, de un lado, susdiversos grados legalmente establecidos de afinidad y consanguinidad; y, de otro lado, las ligazonesde accionistas y las ligazones accionarias de homónimos. Esta última modalidad pudiera haberse producido fundamentalmente en la gran corrupción (por sus dimensiones)".
Sobre qué es lo que la Secretaría estaba buscando, el documento precisa que "la investigación que adelanta la SPPA expone la posible existencia de lavado de activos mediante la contratación pública. Lavado de activos orquestado mediante operaciones inmobiliarias y comerciales".
Fue el secretario de la Administración y hombre fuerte del Palacio, Iván Correa, quien respondió al informe. En un declaración distribuida por Carondelet Correa explica que a Verdesoto se le pidió la renuncia por la falta de resultados, y enfatiza que el informe que el ex secretario hizo circular no establece ningún tipo de responsabilidad. También, Iván Correa advirtió contra un posible "mal uso" del documento por parte de la oposición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario