sábado, 28 de diciembre de 2019


 

No más muertes ni encarcelación de periodistas 

en 2020

Columna27 DE DICIEMBRE DE 2019
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Amy Goodman y Denis Moynihan
El siniestro asesinato de Jamal Khashoggi se vio agravado el lunes 23 de diciembre cuando el procurador fiscal de Arabia Saudí anunció que cinco personas habían sido condenadas a muerte por el crimen. Dos altos miembros del gobierno saudí, entre ellos un asesor cercano al príncipe heredero, fueron liberados por “falta de pruebas”. Khashoggi, columnista del periódico The Washington Post, fue asesinado por agentes de Arabia Saudí dentro de su consulado en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018, presuntamente por órdenes directas del príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman. Su caso resalta lo peligrosa que puede resultar la práctica del periodismo, especialmente cuando líderes electos como el presidente Donald Trump ignoran, condonan o incluso incitan la hostilidad y la violencia contra los periodistas.
Ante esta situación, Sherif Mansour del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) afirmó que el anuncio “muestra que el gobierno saudí del príncipe heredero Mohammed Bin Salman se burla continuamente de la justicia”.
El CPJ defiende el derecho de los periodistas a informar las noticias de manera segura, sin temor a represalias. En su informe reciente sobre los trabajadores de prensa asesinados en 2019 se incluye a 25 periodistas, la cifra más baja desde 2002. De estos, diez fueron asesinados directamente por su trabajo como periodistas, la cifra más baja desde que el CPJ comenzó a llevar registros en 1992. Cinco de ellos se encontraban en México que, junto con Siria, es el lugar más peligroso para trabajar en esta profesión. El CPJ aún sigue investigando la muerte de otros 25 periodistas, por lo que la cifra inicial probablemente cambie.
El CPJ también lleva el registro de los periodistas encarcelados en todo el mundo. Actualmente tiene registrados al menos 250 periodistas tras las rejas. Los países con mayor número de periodistas encarcelados en 2019 son China, Turquía, Arabia Saudí y Egipto.
Detrás de esa sombría estadística de diez periodistas asesinados en 2019 se observa un importante cambio hacia el rechazo público de la impunidad ante la violencia contra los periodistas. Elana Beiser del CPJ señaló en el informe tres casos recientes que definen la tendencia: el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, en octubre de 2017 en Malta; el asesinato de Jan Kuciak y su prometida en su hogar, en 2018 en Eslovaquia; y el caso Khashoggi. Tanto Galizia como Kuciak estaban investigando y publicando informes sobre la corrupción en los niveles más altos de gobierno en sus respectivos países al momento de ser asesinados.
Recientemente, mientras miles de personas marchaban por las calles de Malta exigiendo que se rindieran cuentas por el asesinato de Galizia, el primer ministro de ese país isleño del Mediterráneo, Joseph Muscat, anunció su renuncia para mediados de enero. La presión pública sobre Muscat aumentó en parte gracias a un consorcio de periodistas que continuaron el trabajo de Galizia. El grupo que se llama a sí mismo “Voces Prohibidas” coordina el Proyecto Daphne y está formado por 45 periodistas que llevan adelante las investigaciones inconclusas de Galizia e investigan su asesinato. El hombre más acaudalado de Malta, el magnate de los juegos de azar Yorgen Fenech, fue acusado de complicidad en el asesinato de la periodista y ha sido arrestado en el marco de un caso distinto de lavado de dinero. Fenech también está vinculado al ex jefe de gabinete de Muscat.
De manera similar, tras el asesinato de Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, el primer ministro eslovaco Robert Fico presentó su renuncia y el empresario eslovaco acusado de ordenar el asesinato, Marian Kocner, finalmente será enjuiciado luego de casi dos años.
La justicia para Jamal Khashoggi sigue siendo esquiva. Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter tras el anuncio de las condenas saudíes: “En pocas palabras: los sicarios son los culpables, los condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo andan libres, sino que apenas han sido considerados en la investigación y el juicio. Esto es la antítesis de la justicia. Es una burla”.
El periódico The Washington Post informó hace más de un año que la CIA había llegado a la conclusión, sobre la base de pruebas que incluían llamadas telefónicas interceptadas, que el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman había ordenado el asesinato. Su estrecha amistad con el yerno y asesor principal de Donald Trump, Jared Kushner, sin duda ha contribuido a la impunidad de la que goza hasta ahora. Una forma de castigar a Arabia Saudí es mediante sanciones y el rechazo del envío de ayuda militar, opciones que estaban sobre la mesa hasta la semana pasada, cuando el Congreso aprobó y envió a la Casa Blanca para la firma de Trump, la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2020 (NDAA, por su sigla en inglés), con un presupuesto de 738.000 millones de dólares. El senador Bernie Sanders y el congresista demócrata de California Ro Khanna emitieron una declaración conjunta donde califican a esta legislación como “un proyecto de ley de una asombrosa cobardía moral”, en parte por no negarle la ayuda militar a Arabia Saudí.
El papel de una prensa libre es informar a la población y hacer rendir cuentas a quienes están en el poder. Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que los periodistas hagan su trabajo con libertad, sin amenaza de agresiones, encarcelamiento o muerte.

jueves, 26 de diciembre de 2019


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CRÓNICA DE UNA FARSA ANUNCIADA: CARROS ELÉCTRICOS EN YACHAY

Jorge Cavagnaro @CavagnaroJorge / Tristana Santos @s_tris lunes, 24 de diciembre de 2018 - 10:04
*REPORTAJE PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA EL 25 DE ENERO DE 2018
 
Con un motor comprado por Internet, baterías traídas de Colombia y una estructura de tubos metálicos se intentó armar en Yachay un prototipo de auto eléctrico para justificar el anuncio de un supuesto “consorcio” de Tesla y HP, de tres mil millones de dólares, que nunca existió. Justin Perry, el único inversionista del proyecto, aclara detalles de la trama.
 
Desde el extranjero, Justin Perry da luz verde para publicar las revelaciones que hizo a Vistazo en diciembre. Fue gerente del proyecto para fabricar autos eléctricos en Yachay y ha salido del Ecuador con su esposa ecuatoriana y con su hijo, por temor a represalias por lo que tiene que contar.
 
Este estadounidense de 30 años, dice que es el principal afectado de lo que el presidente Rafael Correa llamó “la mayor inversión extranjera de la historia”. Asegura que fue engañado y que invirtió más de 80 mil dólares que no espera recuperar.
 
El 14 de febrero de 2017, días antes de la primera vuelta electoral, en Yachay se anunció que Red Tech NickTesla Corp, una empresa de la que nadie había escuchado, construiría una megafábrica de autos eléctricos que crearía cinco mil empleos directos. La inversión ascendía a tres mil millones de dólares.
 
“Sí, el tres por ciento de nuestro PIB”, dijo René Ramírez, entonces presidente del directorio de Yachay EP y titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Como anfitrión, el gerente de Yachay EP, Héctor Rodríguez, suscribió un contrato con Raúl Molina Mantilla, quien fue presentado como “representante de Hewlett Packard y presidente de Red Tech Nicktesla” y, con Justin Perry, gerente de la empresa que había sido constituida esa misma mañana.
 
El entonces presidente Correa dijo que Red Tech era “un consorcio conformado por Hewlett Packard, tal vez de las tres empresas tecnológicas más importantes del mundo, y con Telsa, una firma japonesa que es líder de producción de carros eléctricos”. Contactados entonces por Vistazo, voceros de Tesla, de California (no de Japón), y de Hewlett Packard negaron tener vínculos con el proyecto. Ahora, Justin Perry decide aclarar los sucesos y para esto ha hecho públicos varios audios y documentos en su cuenta de la red social RedIt.
 
Multimillonario
 
Perry dice que perdió plata en Ecuador, pero que el dinero no es su motivación: es hijo del multimillonario Wayne Perry, de Seattle, fundador de una empresa celular que se fusionó con AT&T Wireless. Los Perry son mormones y donantes de la organización Feed The World, que tiene varios proyectos de agricultura comunitaria en Imbabura.
 
Justin llegó al Ecuador en 2010 a realizar estudios técnicos del impacto de estos proyectos. En 2013 viajó a Utah a sustentar su tesis y cursar un MBA, pero decidió dejarlos en pausa y volver a Ecuador. A fines de 2016, buscando una oportunidad de inversión en el país posteó un mensaje en Facebook y publicó su hoja de vida en Computrabajos.
 
El 21 de diciembre de 2016, Perry recibió una llamada desde Holanda. Era el ecuatoriano Raúl Molina Mantilla, quien le contó que trabajaba en HP como gerente de producto y que estaba en negociaciones con el gobierno para concretar un proyecto en Yachay, la “Ciudad del conocimiento”. Yachay debió ser un gran parque industrial y tecnológico, pero nunca despuntó.
 
“Molina me mencionó que grupos coreanos y europeos iban a colocar tres mil millones en una fábrica”, recuerda Perry. “Yo estaba un poco incrédulo, pero me pareció un tipo con una ambición que normalmente no se ve aquí. Lo que no me di cuenta es dónde terminó esa energía y comenzó el delirio”. Molina le contó que iban a fabricar autos eléctricos pero que era “un secreto”, le ofreció el puesto de gerente y le propuso ser socio.
 
Molina había presentado su proyecto a Patricio Navarro, de la oficina de ProEcuador en Holanda, quien le ayudó a contactar a Yachay EP y al Ministerio de Producción. A principios de 2017, Molina le pidió a Perry que vaya a Yachay a una reunión con Ricardo André, un asesor de gerencia de Yachay EP.
 
En una nota de voz del 21 de enero, Raúl Molina le advierte a Perry: “Lo más secreto posible incluso con Yachay de que hacemos autos... se tiene que invitar a todos los industriales, y cuando vean la presentación vendrán a tocarnos las puertas a pedirnos trabajo”. En las primeras reuniones con Yachay, Molina, que participaba por skype, era muy ambiguo sobre quiénes serían los inversionistas, pero dice en un mensaje de voz que “quienes invierten son los que invierten en HP”. En otro audio Molina dice “Mr. Perry, acabo de llamar a Héctor, le digo: si se enteran que las empresas norteamericanas van a invertir en el Ecuador van a ser penalizadas como pasó con Ford en México, entiende por favor el nivel con el que estamos hablando… Donald Trump ya cerró una fábrica en México, no van a invertir en el Ecuador si se fuga la información”.
 
El único inversionista
 
En esos días, Justin le contó a Raúl Molina que su familia tiene un amplio portafolio de inversiones y que él podría atraer financiamiento. Entonces se abrieron las aguas. Héctor Rodríguez, gerente de Yachay EP, según él mismo relata a Vistazo, dispuso se investigue al grupo ligado al padre de Perry, Shotgun Creek Investments, “dando como resultado un grupo de gran solvencia económica”.
 
“Se ratificó de parte de Justin Perry que el capital inicial de la empresa, un millón de dólares, sería cubierto desde su patrimonio, para lo cual exhibió su estado de cuenta en el que se acreditaba a esa fecha un saldo de más de 1,1 millones”, dice Rodríguez. Y añade que “tanto Perry como Molina aseguraron documentadamente la vinculación de Perry como inversionista de Tesla”.
 
Perry niega haber dicho que él o su familia fueran inversionistas en Tesla, y aunque le pidieron una carta de intención de inversión del representante legal del grupo de su padre, nunca la presentó. “El millón de dólares al que hace referencia Rodríguez jamás se presentó a Yachay EP como sustento de inversión”, dice Perry. “El saldo de esa cuenta solo fue presentado ante Cancillería para sustentar la solvencia económica que se pide en los requisitos de visa”.
 
A pesar de esto, el proyecto continuó. Rodríguez dice que se le presentó al presidente Correa el avance del plan y que en una videoconferencia del 24 de enero fue René Ramírez quien puso fecha de lanzamiento: sería el 14 de febrero. Según Rodríguez, “la insistencia” de parte de René Ramírez “para que se haga el lanzamiento público obligó a acelerar el proceso”. Viéndolo en retrospectiva, hoy Rodríguez cree que “pudimos esperar hasta tener los resultados de la primera fase de estudios, la prueba de concepto y la validación del prototipo”.
 
Ese mismo día Patricio Navarro, el oficial de ProEcuador en Holanda, mostró su preocupación en un mensaje de voz que le llegó a Perry: “No tenemos conocimiento exacto del tipo de materiales, insumos, suministros, materia prima que se va a necesitar”, dijo Navarro. Sin embargo, Héctor Rodríguez asegura que ProEcuador dio luz verde a la negociación.
 
Copy paste
 
En las dos semanas previas a la presentación Raúl Molina reclutó, sin contrato ni sueldo, a 11 jóvenes ingenieros, cuatro de ellos venezolanos, que se instalaron en la oficina de Yachay EP en Quito para diseñar el prototipo de auto eléctrico que se presentaría en el evento. Vistazo entrevistó individualmente a cuatro de estos ingenieros, quienes piden reserva. Todos cuentan que Raúl Molina les dijo que podrían ganar hasta 30 mil dólares al año.
 
El diseño del auto “fue un copy paste de Internet” dice un ingeniero. “Nos basamos en diseños de empresas de carros eléctricos de la India y de Tesla. Realmente no había gran innovación, pero cuando a un diseño le cambias el cinco por ciento ya lo puedes patentar como nuevo”.
 
Para registrar las patentes sólo se necesitó una llamada. Perry y dos de los ingenieros relatan que René Ramírez convocó al entonces director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Hernán Núñez, a una reunión en la Senescyt el domingo 12 de febrero por la tarde. El lunes 13 estaban ingresadas las patentes. “Algo que dura semanas lo aceptaron en 24 horas, ni nos preguntaron mucho sobre el auto, sólo querían hacer el anuncio político”, dice un ingeniero.
 
Una factura del IEPI a nombre de Raúl Molina un día antes del evento, registra un pago de 12,50 dólares por la tasa de mantenimiento anual de patentes. “A mí me defraudó bastante el país en este proyecto” dice un ingeniero ecuatoriano. “Yo he patentado varios productos y sé que para patentar no se necesita solo un dibujo y una hoja”.
 
Lanzamiento y colapso
 
“Nos hacen creer que el Ecuador está en crisis, pero demostramos con hechos concretos que sí se invierte en el país... bienvenida Red Tech”, dijo René Ramírez en el evento de lanzamiento del proyecto en el campus de Yachay en Urcuquí, Se dijo que la “megafábrica” ocuparía 400 hectáreas y que unos 120 proveedores trasladarían sus industrias a la zona.
 
En realidad, los ingenieros tuvieron que trabajar “literalmente con las uñas” por falta de herramientas para producir el prototipo que Raúl Molina exigía para presentar antes de la segunda vuelta electoral, el 2 de abril. El plan era que René Ramírez o el propio Presidente manejen el auto en un evento público.
 
Justin Perry solventó los gastos de viáticos y alimentación de los ingenieros que se instalaron en el campus de Yachay y la compra de maquinaria básica por más de 80 mil dólares, que detalla con facturas. Molina le aseguraba que era una situación temporal y que el dinero se recuperaría cuando empiece la producción.
 
Cuando fue evidente que era imposible entregar un auto eléctrico en tan corto plazo, Molina puso en marcha un plan B. Adquirió por Internet un motor eléctrico y mandó a comprar baterías de litio a Colombia. El equipo de ingenieros se quedó estupefacto cuando Molina llegó con unos faros comprados en Quito y se enojó porque no calzaban en el diseño.
 
 
“Era una incoherencia total, le decíamos que necesitamos diez mil componentes para un vehículo, en qué cabeza cabe que vamos a fabricar todo antes de las elecciones”, dice un ingeniero. Molina también contactó a la empresa Electric Motorsport, de California, para comprar un kit para convertir un carro regular en uno eléctrico, pero estaban contra el tiempo. Los ingenieros sólo alcanzaron a armar una estructura con tubos de metal. 
 
Después de varias discusiones, Justin renunció el 17 de marzo. Todos los ingenieros se fueron en grupo el 21 de marzo. Nunca les pagaron un sueldo ni firmaron un contrato. A pesar de esto, Molina insistió en que continuaría con el proyecto y les envió a los ingenieros un mensaje de René Ramírez que dice: “Yo puedo cambiar hasta normativa, no puedo hacer más. Se debe conseguir ese dinero para la primera parte de la inversión”.
 
“El proyecto continúa”
 
Cuando salió de Yachay EP en julio de 2017, Héctor Rodríguez reiteró a la prensa que los ingenieros de Red Tech seguían trabajando protegidos por un convenio de confidencialidad “so pena de grandes sanciones” y el expresidente Correa en su cuenta Twitter siguió defendiendo el proyecto hasta septiembre pasado.
 
Justin Perry denunció ante la Embajada de Estados Unidos varias amenazas de retiro de visa recibidas por Molina, quien hasta hoy asegura tener cercanía con el gobierno. “Hablé con Pablo Campana (ministro) de Comercio Exterior y me dice que solicitará el oficio para canalizar el pedido, esperemos se den las cosas”, dice Molina en un chat. El equipo del ministro Campana, contactado por Vistazo, negó conocer sobre esa conversación.
 
A un año del anuncio, el país sigue esperando una explicación oficial. René Ramírez fue contactado para este artículo, pero no respondió. Raúl Molina declinó dar una entrevista pero escribió que “el proyecto continúa, está muy avanzado y es muy positivo para el país”.

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Los decapitados del correísmo

   en Conexiones4P/Elenfoque  por 
Entre las barbaridades perpetradas por el correísmo, una cometió en contra de su propia gente: decapitó algunas generaciones de políticos. Con su aval, por supuesto. Jóvenes que nacieron a la política en esa década. O militantes que llegaron al correísmo provenientes de movimientos sociales, partidos de izquierda y de la academia. Unos rinden cuentas  a la justicia; otros siguen en la Asamblea administrando fantasmas o se recluyeron conscientes de haber quedado fuera de lugar. Todos cargan con el sambenito de haber hecho parte del gobierno autoritario que dirigió uno de los periodos más corruptos de los que tenga memoria el país. Este tsunami cobijó a personas de todo rango de edad y perfil: Gabriela Rivadeneira y Viviana Bonilla (36 años), Pabel Muñoz (44 años), Walter Solís (56 años), Doris Soliz (61 años), Francisco Borja (70 años), Javier Ponce (71 años)…
El costo para ellos no es, por supuesto, equivalente. Nada pierde Gabriela Rivadeneira. De honorable bachiller fue elevada, por decisión del jefe, a la Presidencia de la Asamblea y, ahora, por decisión propia, enfundó el traje de mártir y se refugió en la embajada de México. No se puede comparar, por ejemplo, con Javier Ponce, un eminente intelectual y poeta respetado en el país que, tras su paso por ese gobierno, camina por la sombra. Algunos, como Muñoz y René Ramírez fungieron de tecnócratas, aprendieron a tragar culebras y, en el caso de Ramírez y su esposa, aplicaron la viveza criolla para sacar tajada. Otros que no robaron, como Miguel Carvajal, no pueden creer lo que han descubierto con el tiempo. Haber estado en el gobierno con verdaderos piratas los ubica, a él y a otros que están en su caso, en una disyuntiva mortificante: o fueron demasiado crédulos; o fueron ingenuos… En todo caso también ellos siguieron los protocolos establecidos por Correa para evitar que las críticas y las denuncias sobre casos de corrupción, les hiciera dudar: o no hicieron preguntas. O miraron para otro lado.
El resultado está ahí. El costo para Gabriela Rivadeneira será pasar de cheerleader a supuesta perseguida. Personajes como ella están destinados a tener a quien adorar y la política no los necesita. Tecnócratas como Muñoz actúan como si no se notara la discordancia entre las tesis que evocan y los pasivos que arrastran y defienden. Como si no se notara el abismo entre su pose principista y la desaparición de líneas rojas en su actividad política. Son versátilmente cínicos y profundamente amorales. Ahora están dedicados -legendario sofisma- a tomar cuentas a sus críticos y a dar lecciones.
Y luego están las figuras, la mayor parte intelectuales y profesores académicos, -Ponce, Francisco Borja, Fernando Bustamante, Fander Falconí, Raúl Vallejo…-  que caminan por la sombra o regresaron a las aulas y mantienen un perfil bajo. El correísmo los usó y les retiró de su horizonte intelectual la decencia. No la practicaron ni siquiera entre ellos. Basta recordar la persecución que emprendieron contra Fernando Bustamante por haber sido el único asambleísta en su bloque que se abstuvo, en 2015, de votar el paquete de enmiendas que contemplaban, entre otras medidas, la reelección presidencial indefinida y la comunicación como servicio público. Correa eludió el problema, tratando a Bustamante de vanidoso y él, arrinconado y solo, renunció a la presidencia de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales y se fue de Alianza País. Se entiende que ni el propio Bustamante, peor en los otros casos, recuperaron en la sociedad y ante sus pares la prestancia social o intelectual de la que gozaban antes de involucrarse con el correísmo.
La desaforada actividad tuitera de Correa y el ruido que hacen algunos de sus seguidores y troles, hacen pensar que ese aparato, ex coidearios y ex funcionarios viven la viudez del poder con plena normalidad. No es el caso. El poder lo ejercieron violentando toda regla, pateando, insultando, persiguiendo, robando en casos. Como si jamás tuvieran que regresar a vivir como ciudadanos de a pie. Esas generaciones vivieron a la sombra del mesías y no concibieron una vida política por fuera de él. Son generaciones que, en los hechos, él decapitó. Muchos de sus protagonistas desaparecieron de la esfera pública. No se nota interés alguno en tomarlos en cuenta. O en debatir con ellos.
Foto: La Hora.

Mujeres de Primera (fotos)

Fotos de redes sociales durante la revuelta. (Villar Betty y otras)
           
 

miércoles, 25 de diciembre de 2019


Jueza Pavlova Guerra deja en libertad a Virgilio Hernández, Paola Pabón y Christian González, 
acusados de rebelión.