SOBORNOS: ¿DE QUÉ SE ACUSA EXACTAMENTE A CORREA, GLAS, MERA Y OTROS?
En la acusación de la Procuraduría se detalla las acciones y los montos de los sobornos que se endosan a los funcionarios acusados. Hay 29 contratos que han sido cuestionados y 8 convenios de pagos, modalidad excepcional en contratación pública. El caso espera la decisión de la jueza Daniella Camacho.
La jueza Daniella Camacho aún no fija la fecha para la lectura de su resolución en el caso Sobornos 2012-2016. La magistrada tendrá que decidir si llama o no a juicio a los 24 procesados, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa, para quien sería su segundo juicio -el primero fue por el delito de secuestro contra Fernando Balda-. Fueron 11 días en los que la magistrada escuchó las acusaciones y las réplicas de los abogados. Una de esas intervenciones fue de la Procuraduría, que participó en la audiencia como acusador particular en representación del Estado. En un día la entidad resumió el funcionamiento y la estructura de la trama que, afirma, fue liderada por Correa. La llamó como “sofisticada estructura de corrupción” dirigida y utilizada desde la Presidencia de la República, con la intervención de funcionarios de rangos alto y medio para administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de contratos de obra pública. Así reforzó la teoría Fiscal y abonó sus propios elementos a los que tuvo acceso Plan V, de forma detallada.
La Procuraduría usó 40 diapositivas para ilustrar la estructura. Según su análisis, esta tuvo cinco características: 1) La utilización de códigos secretos para identificar tanto a los funcionarios y empresarios, a fin de ocultar sus verdaderas identidades; 2) El “cruce de facturas” entre los empresarios y terceras personas que proveían a Alianza País de servicios, una modalidad para ocultar la participación de los altos funcionarios y evadir todo control estatal; 3) El dinero de los sobornos eran entregados en efectivo, en sobres, para evitar que su procedencia y destino fueran rastreados; 4) Los funcionarios públicos pudieron aprovecharse de los resquicios administrativos y legales para evadir los controles del Estado; 5) Los dineros de los sobornos destinados a las campañas no fueron reportados al CNE.
El organismo sostiene que el propósito fundamental de la estructura fue asegurar la promoción, propaganda política y funcionamiento de Alianza País y por eso los directivos y candidatos del movimiento permanecieron “vigentes en la conciencia de los votantes” lo que les permitió perpetuarse en el poder por una década. “Esto, al mismo tiempo que perpetuaba un proyecto político, servía para asegurar la impunidad, pues, mientras fueran ellos mismos los gobernantes, las probabilidades de detección, investigación, juzgamiento y sanción se reducían casi absolutamente”.
La ‘pirámide delincuencial’
Para la Procuraduría, Rafael Correa se ubicó en la cúspide y en la base de una ‘pirámide delincuencial’. Como líder del esquema, designó como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza como Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís. “No es fortuito el hecho de que estas personas giraron siempre en torno a Rafael Correa Delgado y ocuparon cargos de alta responsabilidad de manera cíclica, consecutiva y recurrente”.
Era evidente, dijo el organismo, que la vinculación de estos altos funcionarios con carteras de Estado que podían celebrar cuantiosos contratos de obra pública. Funcionarios, que a su vez eran directivos de Alianza País. Eso “garantizaba la lealtad al líder del esquema delincuencial Rafael Correa, la clandestinidad y continuidad del esquema y la autoridad necesaria para que sus instrucciones fueran cumplidas por los funcionarios de rango inferior”.
La Procuraduría recalcó que al menos uno de los altos funcionarios, es decir Correa, fue también, al mismo tiempo, beneficiario del esquema pues la celebración de su cumpleaños fue pagada con dineros de sobornos y además recibió un depósito en su cuenta personal. “De modo que este procesado en particular estuvo simultáneamente tanto en la cúspide como en la base de la pirámide delincuencial. Esto demuestra, por si alguna duda cupiera, que este procesado conocía perfectamente de la estructura delincuencial y cómo aprovecharse de ella”. A través del cruce de facturas, según la Procuraduría, Correa utilizó el dinero recibido del esquema de corrupción para publicidad, camisetas, pago a Iván Hurtado y para la campaña Rafael Contigo.
Jorge Glas ha sido acusado por aceptar y recibir ofrecimientos de empresarios nacionales y extranjeros. La Procuraduría detalló que el exvicepresidente aceptó supuestamente recibir en efectivo dineros de Odebrecht, SK Engineering, Sanrib / Gezhouba, Metco, Sinohydro; las sumas iban entre USD 2 millones y USD 180.000. En cruce de facturas, el dinero llegó de Azulec, Caterazul, Tecnazul, Telconet, Guillermo Dahik por montos de entre USD 2.000 y USD 165.000. A Glas también se lo señala por autorizar el uso del dinero recibido del esquema de corrupción para pagar servicios jurídicos a Alexis Mera, para la campaña de Viviana Bonilla y para Christian Viteri. Asimismo, el 24 de marzo 2014, se habría entregado a Jorge Glas, la cantidad de USD 50.000,00, por la “Campaña Yasunní”, según la acusación particular.
En el caso de María de los Ángeles Duarte, ella fue señalada por aceptar y recibir ofrecimientos de empresarios nacionales y extranjeros de Hidalgo & Hidalgo S.A., Fopeca, Consermin, Técnica General de Construcciones S.A., Midisa S.A.; estos habrían sido en efectivo y los montos van entre USD 1 millón y USD 300 mil. Por cruce de facturas, los dineros habrían llegado de Hidalgo & Hidalgo S.A., Fopeca, Consermin, Técnica General de Construcciones S.A., Midisa S.A., Constructora del Pacífico, Constructora Nacional Bueno y Castro por sumas entre USD 865 mil y 90 mil. La entidad establece que ella supuestamente recibió personalmente dinero en efectivo del esquema de corrupción por USD 50.000. También que ella supuestamente habría destinado USD 320.000 de los sobornos para una convención de Alianza País en Guayaquil.
A Walter Solís se lo acusa asimismo por supuestamente aceptar y recibir ofrecimientos de empresarios, en efectivo, de parte de Equitesa, Semaica y Francisco Suárez. El mayor valor registrado a su nombre sería por USD 1,2 millones a través de cruce de facturas de Equitesa.
Vinicio Alvarado ha sido señalado por recibir supuestamente valores, en cruce de facturas, de Metco y Fopeca por USD 30.240 y USD 60.480, respectivamente. La acusación del organismo sostiene que Alvarado utilizó el dinero recibido para publicidad (USD 33.670,00 en efectivo y USD 388.034,89 en cruce de facturas), por concepto ‘varios’ (USD 78.180) y otros pagos por convenciones de AP, movilización por lanzamiento de campaña y pagos a directores provinciales por una suma de USD 1.880.128,19.
Mientras que Alexis Mera, dice el organismo acusador, recibió dinero en efectivo y se benefició del esquema de corrupción. Dice que recibió un total de USD 265.000 por “servicios jurídicos verdes” a Alianza País. Viviana Bonilla, según los registros, habría sido la beneficiaria de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3.834.527,41 y a USD 320.000. Christian Viteri fue procesado también por ser parte de la estructura, específicamente por haber gestionado los recursos tanto en efectivo como en cruce de facturas para la campaña de Bonilla. Además, obtuvo beneficios por medio de su Estudio Jurídico Viteri, registrándolo como proveedor. En cruce de facturas los valores ascienden a USD 275.382,28 y en efectivo a USD 400.000.
A Pamela Martínez y Laura Terán las señaló como las coordinadoras del esquema de corrupción con un rol importante de enlace y registro de los sobornos. Ellas “fueron el enlace entre los altos funcionarios y los empresarios contratistas; entre estos y los proveedores de servicios a Alianza País y con los demás beneficiarios de los aportes ilícitos, asegurando la puntual recaudación de los aportes, así como su direccionamiento y entrega a los destinatarios finales”.
Los contratos y las empresas
En las investigaciones judiciales, 29 contratos han sido cuestionados, 13 de ellos bajo la administración de Walter Solís en Senagua, 11 bajo la responsabilidad de María de los Ángeles Duarte y de Solís en el Ministerio de Transporte y 5 bajo el mando de Jorge Glas en la Vicepresidencia y en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. La Procuraduría recalcó que no solo hubo contratos, sino convenios de pagos, “utilizando estos últimos no como un medio excepcional de pago, sino como una herramienta regular para evadir los procesos de contratación”. En los registros investigados, existen ocho convenios de pago ejecutados sobre todo en la administración de Duarte y Solís frente a Transporte; de estos el que más valor tuvo fue por los trabajos ejecutados en la carretera Chone – Canuto - Calceta por USD 5,4 millones.
De los contratos, el de mayor cuantía es el contrato de ejecución del Proyecto Hidroeléctrica Sopladora por USD 682 millones adjudicado a Fopeca en consorcio con la china Gezhouba Group Company Limited, que a su vez está vinculada a la Empresa SANRIB CORPORATION S.A. Ese contrato se dio bajo la administración de Solís en Senagua.
El segundo contrato es un contrato por USD 367´016.980,74 para la construcción y rehabilitación de varias carreteras, entre ellas la Tonchigue – Galera - Bunche (cantón Muisne), la Chone – Canuto - Calceta, la Cuenca - Girón, la Sigsig – Matanga – Chiguinda - Gualaquiza y la Catamayo – Cariamanga – Sozoranga – Macará. Estas obras fueron adjudicadas a Sinohydro el 2 de junio de 2014.
El tercer lugar lo ocupa el contrato para la construcción del proyecto “Control de Inundaciones Cañar” por USD 233´000.427,59 USD. Mientras que el cuarto lugar Contrato para la construcción del proyecto “Control de Inundaciones Naranjal” por USD 118´623.798,21. Ambos adjudicados bajo la administración de Solís en Senagua a la Empresa China Gezhouba Group.
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