martes, 31 de julio de 2018

Las madres del 30S, en busca de reparación y justicia
Cuatro mujeres, tres madres y una hermana, de los fallecidos en el 30S relatan su lucha por obtener justicia, por que se sancione a los culpables y por llegar a la verdad. Para ellas, el Estado protege a los autores de la muerte de sus hijos y hermano. Para ellas no hay justicia luego de 8 años, cuando no hay sancionados por la muerte violenta de cuatro seres humanos.
30 de julio del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Los militares mataron a mi hijo y no se sabe nada
Lidia Landeta, madre de Edwin Calderón Landeta.
Cuando estaba el anterior Presidente nos tenía amenazados a todos, que no demos información de nada. Tampoco nos dejaron que pongamos abogado y que pongamos la demanda, no podíamos, porque vivíamos amenazados.
A mi hijo lo asesinaron los militares, la noche del 30S, en La Marín, a las ocho de la noche. Mi hijo era policía, era chofer y estaba haciendo servicio en el cuartel número dos. Él no estuvo, para nada, en el conflicto que hubo. Simplemente él estaba ahí, ya había cumplido su trabajo y estaba para salir franco y al frente del cuartel hay una tienda, había salido a comprar una agüita, compra el agua y salen del cuartel un teniente y un secretario del teniente, y le dicen a mi hijo que les acompañe porque atrás del cuartel hay el mercado, y le dicen: vamos Calderón, que atrás están saqueando, pero había sido todo falso. Entonces se paran en la esquina, y baja un camión del ejército, dá la vuelta en U y les van acribillando. Le dan al teniente, al secretario, pero ellos quedan heridos, y a mi hijo lo asesinan. Para nosotros saber cómo ha sido y que lo digan sus compañeros, no pudimos porque al teniente le habían mandado lejos de aquí y lo mismo al otro. Hasta ahora no les conozco. Cuando estaba el anterior Presidente nos tenía amenazados a todos, que no demos información de nada. Tampoco nos dejaron que pongamos abogado y que pongamos la demanda, no podíamos, porque vivíamos amenazados. Sin embargo andaba yo de fiscalía en fiscalía, preguntando cómo va el proceso. Me atendían en el Juzgado Sexto, del doctor Reinoso, y siempre que iba, este doctor me decía que está avanzado, que no me preocupe. La última vez que fui me dijo que ya está todo hecho, pero que está en La Recoleta. Y de pronto, un día que fui ya no hubo ni el doctor Reinoso ni nadie. Simplemente la secretaria. Me acerqué y la secretaria me dijo que todo está archivado por orden del Presidente. Que no nos den ninguna información, que todo lo que ha pasado que archiven. Desde entonces he andado a veces con mis compañeros (de los familiares) a veces sola, siempre pidiendo que no quede impune la muerte de mi hijo. Me han ofrecido pero nunca han cumplido nada. Durante este tiempo me ha llamado el Presidente a la Presidencia, siempre acudía con tal de que no quede impune la muerte de mi hijo, pero me ofrecía tantas cosas el Presidente, pero nunca cumplió. Le decía que me ayude a hacer justicia, para que salga a la luz el que asesinó a mijo, porque era un militar; el me decía que sí, y que sí, pero nunca nos ayudó. Hablaban de todo lo que había pasado pero de mijo nunca hablaban. Solo cuando vino un compañero de los afectados y me acompañaba, desde ahí salió el nombre de mi hijo. 
(El tema del policía Calderón ni siquiera está judicializado. No hay una indagación previa siquiera. Ndlr)
Me decían que no podían investigar porque la bala está muy gastada
Mariana Jaya, madre del soldado Jacinto Cortéz Jaya.
Pero algo que valga la pena, que me consuele como madre, nada. Quedó en la impunidad el caso y sigo pidiendo justicia. No entiendo mucho de leyes, pero para mi que fue un crimen de Estado.
El cuerpo de mijo fue exhumado dos veces. La primera a pocos días de enterrado y la segunda vez en diciembre del 2015. Lo hizo el fiscal Fabián Salazar. Siempre desde la Presidencia se enviaba documentos de cómo está la investigación, y me decían: señora no se preocupe, eso está andando. Pero en febrero del 2013, el 30 de septiembre, que fui a la fiscalía general del Estado para ver cómo está la causa, no había nada. Puse el nombre de todas las formas y me preguntaron si había demandado, pero no porque el gobierno dijo que iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Me fui al cambio de guardia en la Presidencia y el Presidente me preguntó que quién dijo eso, para destituirlo, cuando la chica me estaba diciendo la verdad. Recién en el 2013 supe el número de la causa. Luego en el 2015, cuando me llamaron a la reconstrucción de los hechos, en junio, pero hasta los compañeros que estaban para apoyar, que entraron con el pelotón, hasta ellos no estaban, no aparecían. Porque cuando pasó el 30S en los cuarteles nadie hablaba de ese caso, era prohibido, y a la mayoría de los compañeros los enviaron a otras unidades. Entonces seguía mandando correos, al fiscal Salazar, y ya me cansaba porque me decían: señora ese caso está muy difícil, hacemos lo que podemos y hasta en Colombia hay los peritos, que la bala está muy gastada, que es un secreto de Estado, que no desclasifica la información, que los militares... Pero algo que valga la pena, que me consuele como madre, nada. Quedó en la impunidad el caso y sigo pidiendo justicia. No entiendo mucho de leyes, pero para mi que fue un crimen de Estado. Porque este asunto del 30S fue provocado, igualito que el compadre (Hugo) Chávez que tenía que haber muertos para que digan que fue secuestrado, cuando él nunca estuvo secuestrado. El caso quedó ahí porque yo no tengo tiempo de estar viniendo a Quito. En el 2015, estos niños (sus dos nietos) estaban abandonados por la madre, que vivía en Cotopaxi, tuve que rescatar a estos niños, el uno de 7 y el otro de 4 años. Ya voy para tres años con ellos. El tribunal me dio la representación solo para la escuela ¿pero ellos no comen? ¿Cómo los crío? Como no tengo dinero para seguir juicio envié una carta al Presidente, y no sé quién recibía los correos, me llamaban a decir que yo quería dinero, quería lucro, que esto está entre abogados y es un trámite judicial y ellos no tenían nada que hacer. Eso cuando contestaban. Me cansé de pedir y cogí un abogado y en el trámite, el tribunal suspendió la pensión de mijo, porque no me habían nombrado tutora de los niños. Y el Issfa me dijo que hasta que el tribunal no resuelva el caso, el dinero de los niños (que es la  pensión de su papá) estará congelado. Y yo nunca había cogido esa pensión, la cogía la madre de los niños, pero yo era la que los cuidaba. ¿Cómo van a vulnerar el derecho de estos niños? Les matan al padre y ahora no tienen derecho a nada, no tienen ni derecho a atención de salud. Trabajo en Registro Civil en Santo Domingo de los Tsáchilas, llevo cinco años, pero es un contrato provisional. Ese es mi pesar, ellos no gozan de los beneficios, yo cubro sus gastos. Hace tres meses fui donde un abogado a ver qué hace, dijo que hay que demandar a la madre, que hay que citarla; ahora vive en Guamaní, en la casa que el gobierno les dio a ellos. En el caso del asesinato de mi hijo, el fiscal Salazar solo me decía: en eso estamos señora, en eso estamos, porque es muy difícil. Luego me dijo que la bala es de revólver. Ese 30S mi hijo estaba terminando el curso de ascenso, en el cuartel Rumiñahui. Y fue con tolete a rescatar al Presidente, fue a una muerte segura. El día en que mi hijo murió nadie del gobierno me avisó, me enteré por un familiar de Esmeraldas. Esto duele tanto, una intenta sobrevivir, reír, lo que sea pero la procesión va por dentro. 


El Estado protege al soldado que disparó contra mi hermano
Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez.
El doctor Carlos Baca Mancheno no era fiscal en ese momento, ¿por qué pudo él acceder a esa información, si estaba en indagación previa? Nosotros como familiares no podíamos acceder a esa información, pero él sí.
Es inaudito y hasta resulta impotente mencionar que ya vamos a cumplir ocho años y siguen en etapa de indagación previa. Porque en diciembre del 2010 se declaró reservado el caso de mi hermano, por parte del Consejo de Seguridad Nacional presidido por Rafael Correa.  Y al ser declardo reservado no se ha podido, según Fiscalía, avanzar en el caso. Sin embargo, por las constantes peticiones que ha hecho la familia a Fiscalía, se han hecho algunos procesos periciales. Dentro de estos se determinó que hubo mil militares que participaron en el operativo, de estos cuatro están tras un jeep rojo frente al hospital de la Policía, dimos los nombres, que constan ya en la Fiscalía. Estas cuatro personas debían ser llamadas para hacer el proceso de identificación, se hizo eso en el mes de julio del 2018, pero los militares no se presentaron. Nos dijeron que los militares no se pudieron presentar y que el fiscal Fabián Salazar había recibido una orden superior de no hacer que los militares se presenten. Ya sabemos los nombres, ya sabemos quién disparó, pero esta persona está protegida por el Estado. Llegamos a los nombres gracias al análisis de los videos sin editar. En el caso de mi hermano se ha violado todo el debido proceso. Estuvo en un inicio en Fiscalía de Pichincha, pero de ahí misteriosamente los cuerpos legales, los 22, desaparecieron. Fuimos como familia a exigir que nos digan dónde estaban. Tenemos ese derecho, y es un derecho de mi hermano que se le haga justicia, porque fue un funcionario que lo único que hizo fue cumplir con su misión, recibir órdenes y cumplirlas. Nos dijeron que el juicio se movió por orden de Rafael Correa para que la comisión del 30S pueda llevarse esos documentos. El doctor Carlos Baca Mancheno no era fiscal en ese momento, ¿por qué pudo él acceder a esa información, si estaba en indagación previa? Nosotros como familiares no podíamos acceder a esa información, pero él sí, ¿solo porque era el presidente de la Comisión 30S y se pueden violentar todas las normas juridicas del Estado? Nos dijeron que el caso estaba en la Fiscalía General del Estado; fuimos, nos reunimos con el entonces fiscal Galo Chiriboga, nos dijo que ahí estaba el caso, que no se había nombrado aún un fiscal para el caso, luego nos dijeron que había sido nombrado Fabián Salazar. Con él hemos conversado un sinnúmero de veces, hemos hecho un sinnúmero de peticiones que no han sido procesadas. Sorpresivamente, el doctor Carlos Baca llegó a ser Fiscal General. Él tenía pleno conocimiento del caso, porque accedió a toda la información del proceso de mi hermano. Él pudo haber determinado responsables y sancionar a los asesinos de Froilán Jiménez. Y digo asesinos porque hay quien disparó, pero también hay quien ordenó. Con Carlos Baca no pasó nada y el caso volvió donde el doctor Fabián Salazar. Pasa de aquí para allá y el caso no avanza. No callaremos hasta el caso del asesinato de Froilán Jiménez se declare como un delito de lessa humanidad. Antes pedíamos justicia, que se establezcan y sanciones a los responsables, pero hoy como familia estamos pidiendo que sea delito de lessa humanidad, y tenemos toda la paciencia del mundo, todos los años que nos queda de vida para que se pueda declarar así. Ahora, tampoco se ha podido archivar el caso, porque la Fiscalía dice que hay demasiados indicios y que al haberlos es imposible archivar el caso; pero entonces hemos dicho, si esto pasa, entonces dennos responsables, pero tampoco lo hacen. 
El Vicepresidente me regaló un bastón, una silla de ruedas y un colchón
Amada Ortiz, madre del soldado Darwin Panchi Ortiz.
No me avisaron que mi hijo estaba con una bala en la cabeza. Me dijeron que estaba con una bala en la pierna, pero al segundo día mi cuñado me dijo que estaba mal, él me avisó. Cuando llegamos al hospital militar mi hijo no podía respirar ni moverse.
Ha sido para mi bien doloroso. Era mi único hijo y estaba pendiente de él, que se haga militar, y se hizo militar pero no pasó ni un mes y falleció. Dicen ahora que los militares mismo han disparado a mi hijo. Vivíamos en Tena, y a la mañana siguiente del caso me llaman y me dicen: su hijo tiene un problema, le han disparado en la pierna. Vine al otro día, me quería traer un señor del Municipio, pero llegó mi cuñado y me llevó a Quito. Así llegué pero al otro día. Yo no quería saber nada, subí a verle y estaba vendada su cabecita, solo respiraba. El señor que le atendía, un militar, dijo: señora, de su hijo no hay mucho qué hacer, pero le vamos a mandar al exterior. Le dije bueno, para ver si él tiene vida. Pero me dijeron después que van a desconectarle, y le desconectaron. No me avisaron que mi hijo estaba con una bala en la cabeza. Me dijeron que estaba con una bala en la pierna, pero al segundo día mi cuñado me dijo que estaba mal, él me avisó. Cuando llegamos al hospital militar mi hijo no podía respirar ni moverse. A los diez días de que falleció, nuevamente lo sacaron, no me dejaban verlo ni meterme en eso, pero luego fue sepultado nuevamente. Tampoco me avisaron. Por coincidencia mi papá escuchó algo en la televisión, y me dijo que lo iban a sacar nuevamente y salí, pero no fui tomada en cuenta para nada. Pero sí pude llegar al cementerio. Yo me puse muy delicada de salud, y no me hacían intervenir en nada, estaba con la presión alta. Fui después a la Fiscalía, y el fiscal me dijo que ya estaba detenido el policía que le había disparado. Y luego me dijeron que el Presidente le había dado el indulto. Y luego dijeron que iban a seguir investigando. Yo vivo en el Tena, y el gobierno me ofreció a darme una casita. El señor Vicepresidente llegó cuando yo estaba mala, fue al hospital de Ambato y había llegado un oficio y ya no me dejaban ir al Tena y me quedé completamente sola. Me dijeron que viva en Ambato, con mi mamá. De aquí ya me quedé en Ambato, pero no tengo más. El señor Vicepresidente me dio una silla de ruedas, un cochón antiescaras y un bastón. Eso me mandó a dejar el Vicepresidente. 
   ANÁLISIS   
En el 30S lo que primero se sacrificó fue a la Justicia
Dr. Hugo Espín, abogado de algunos de los procesados
Una de las cosas más graves del 30S es que lo primero que se sacrtificó fue la justicia. Se puso fiscales y jueces con una óptica muy sesgada, para encontrar únicos responsables en los uniformados, no en encontrar respuestas a lo que sucedió. Las primeras vícitimas fueron las personas a las que se procesó con o sin razón. Muchas de las personas que tenían realmente vinculación fueron excluidos por acuerdos, arreglos o solo Dios sabe qué... En el tema de los familiares de los que fallecieron, lo que ellos han vivido es un peregrinar sin respuestas, en una Función Judicial que no quiere dar respuestas. Porque pensar que ya con los videos en la muerte de Froilán Jiménez, no se pueda determinar aún quién disparó, es una absurdo. En el video se ven los rostros, quiénes eran, y se ve que son militares de una unidad de Fuerzas Especiales. Y son fácilmente identificables con los listados y el cotejamiento balístico, porque con Jiménez había le proyectil, que quedó dentro del cuerpo y se recuperó. Nunca hubo el cotejamiento balísitico. Nosotros sabíamos que se hizo el cotejamiento de las armas de la Policía, por disposición de Fiscalía, pero en el Ejército no se hizo ese cotejamiento.
¿Qué ha sucedido con las otras víctimas? La sensación de indefensión en las mismas. Cuando se hicieron ofertas de casas, de empleos dentro del Estado, de condiciones que al final nunca se cumplieron, que no veo ético que se haya cumplido, pero no se quizo investigar. En la muerte del soldado Panchi, una cosa turbia, que no queda clara; la muerte del estudiante Bolaños, donde tuvimos un preso de la manera más absurda hasta que fue ratificada la inocencia del capitán Francisco Guzmán, que perdió su carrera, su familia; era un oficial muy dedicado, del GOE, muy querido por la gente. Le arruinaron la vida, y la respuesta fue solamente "ups, me equivoqué". ¿Dónde estaba el principio básico de que el Estado pueda generar al menos una compensación para sus víctimas?
He visto con estupor a un exministro, asambleísta y expresidente de la Asamblea reconocer abiertamente que tenía conocimiento de hechos delictivos no expuestos. Hace poco se me acercó un general que me dijo tener una carpeta con abundamente información que en cualquier momento la iba a sacar. Y todo esto es parte de una norma que está en el COIP sobre el deber de los funcionarios públicos: están obligados a denunciar. Y esa obligación se basa en otro elemento que determina el COIP: la equivalencia jurídica; es decir, quien tiene la obligación jurídica de impedir un hecho, de denunciarlo, es decir de hacer que se produzca la investigación y no lo hace, equivale a cometerlo.
Por eso preocupa cuando sabemos que fiscales, que investigadores policiales han tenido en sus manos informes, documentación, peritajes, experticias o cualquier otra forma de indicio, para dar descubrir la verdad, no solamente de los delitos vinculados al 30S sino en casos como el asesinato del general Jorge Gabela, que tiene su relación. Cuando un empieza a analizar que los temas del 30S no son aislados de otros casos, y encontramos el factor común de que los investigadores no hicieron su trabajo

'El avión presidencial parecía taxi', dice Rohón y exhibe documentos

11:59

Redacción, QUITO
Con una carpeta en la que constan detalles sobre los vuelos del avión presidencial durante los dos últimos años del Gobierno de Rafael Correa, acudirán hoy asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) a la Contraloría.
César Rohón, acompañado de sus colegas, convocó esta mañana a una rueda de prensa para adelantar que con esos documentos se busca aportar al examen especial anunciado por el organismo de control la semana pasada.
Señaló que se trata de información sobre los vuelos, tripulantes, pasajeros, permisos de sobrevuelo a territorios extranjeros, que durante los últimos meses recabó del Ministerio de Defensa, Cancillería  y la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
“Estos son los informes de los vuelos del avión presidencial, las carpetas que hemos recibido de los dos últimos del Gobierno del expresidente Correa. Aquí hay vuelos a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Bélice, México, Estados Unidos”, mencionó.
También añadió a “Dubái, a Curazao, a Portugal, España, Marruecos, Argelia, Trinidad y Tobago, a Cuba, Curazao, República Dominicana”.
Y añadió que “bien podríamos establecer que el avión presidencial parecía taxi porque el avión presidencial no solo llevaba al presidente como su nombre lo indica, llevaba al vicepresidente, transportaba a los ministros de Estado, trasportaba inclusive a los secretarios”.
“Es importante saber, y es fundamental para el país conocer cuántos vuelos el avión hizo únicamente con la tripulación sin pasajeros, por qué el avión presidencial hacía vuelos internacionales solamente con la tripulación, sin pasajeros, ahí está el reto de la Contraloría, ya es hora de la transparencia, es hora de la verdad”, puntualizó Rohon. (RVD)

Los primeros 100 días de la rebelión en Nicaragua

  en La Info  por 
Por CARLOS F. CHAMORRO
Al cruzar el umbral de sus primeros 100 días la rebelión cívica que exige el fin de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua vive momentos de profundo dolor y desgarramiento, y al mismo tiempo se aferra a la esperanza de un cambio democrático con justicia. El desenlace y sus plazos resultan impredecibles, pues aún son objeto de disputa en una enconada batalla política. Para Ortega, ubicado en la cúspide de la ola represiva, su único término de salida es 2021, al concluir su período presidencial; para el pueblo que sigue protestando en las calles, a pesar de la escalada de terror paramilitar, la salida es mañana y empieza con su renuncia a la presidencia. 
Nunca ha estado tan cerca la posibilidad de un cambio verdadero en este país, tan distinto al que era antes del 18 de abril. Después de once años de dictadura institucional, amparada en un pacto con los grandes empresarios, sin democracia, ni transparencia, la irrupción desde debajo de la nueva fuerza de los “autoconvocados” ha puesto en jaque al régimen de Ortega al abrir el camino inédito de una insurrección cívica, que está plagado de incertidumbre. Para los que militamos en la lucha contra la dictadura militar dinástica de los Somoza, el objetivo final entonces era la toma del poder con el derrocamiento de la dictadura y la Guardia Nacional, que se logró con el triunfo de las guerrillas del FSLN el 19 de julio de 1979; la nueva revolución pacífica, en cambio, no se propone el asalto al Búnker de El Carmen, sino lograr el cese de la represión –ese momento en que los que disparan contra el pueblo se rehúsan a seguir matando–, para dar paso a reformas políticas en una negociación que culmine con elecciones libres en el plazo más corto posible.
El costo humanitario de este grito de libertad ha sido monumental, casi intolerable: más de 300 muertos, 2000 heridos, más de 400 presos políticos, y una emigración masiva de familias. La matanza, que se ha se ha prolongado ya por más de tres meses, también ha reducido los tiempos políticos para la permanencia de Ortega en el poder de forma irreversible. Cada día que pasa, sin justicia para las víctimas y sin castigo a los asesinos, se acorta su tiempo para poder gobernar, manteniendo algún grado de convivencia ciudadana. Tras el baño de sangre, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los grandes empresarios que eran partidarios de mantener el statu quo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han advertido, con el apoyo de 21 naciones del continente, la inviabilidad de que Ortega pueda mantenerse en el poder hasta 2021. Lo que está en debate son los términos en que pueden llevarse a cabo elecciones anticipadas, con o sin Ortega en la presidencia, y cuál será el alcance de las reformas políticas que necesariamente deben preceder a esa elección.
Paradójicamente, Ortega luce más fuerte ahora que al inicio de las protestas, mientras la rebelión cívica atraviesa un momento de reflujo. El caudillo lanzó una ofensiva militar similar a la “operación limpieza” de Somoza durante la insurrección armada de 1978, y una a una, atacó las barricadas en el suroriente, occidente, norte, y centro del país, hasta arrasar con la Universidad Nacional Autónoma en Managua, y finalmente ocupó Masaya y el emblemático barrio indígena de Monimbó. Ganó una batalla militar contra un ejército inexistente de ciudadanos que resistieron con morteros caseros y armas hechizas, y después se replegaron para evitar una masacre mayor. Ortega recuperó el control de ciudades y carreteras, imponiendo una fuerza militar de ocupación, pero perdió la batalla política más importante sobre las mentes y los corazones de un pueblo que, liberado del miedo, le arrebató las calles y ahora demanda que sea procesado ante la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad. El siguiente paso de su estrategia ha sido una cacería, casa por casa,  de los activistas y líderes de la protesta, con detenciones masivas y procesos de judicialización contra centenares de acusados por “terrorismo” y “golpismo”, que en su cálculo político representan una valiosa carta de negociación a futuro para lograr una amnistía en beneficio propio y de los suyos. 
Conocido por su pragmatismo, no se puede descartar que Ortega también se esté preparando para acudir a una negociación en las condiciones más favorables para él. La subida de parada incluye un ataque virulento contra los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica –la institución más creíble y respetada del país–, a los que pretende desplazar de su papel como mediadores en el Diálogo Nacional, después de que él mismo los solicitó al inicio de la crisis. Ortega apuesta sustituirlos con el Secretario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), su socio político el guatemalteco Vinicio Cerezo –aunque los presidentes de la región no le han otorgado aún ningún mandato– y de paso integrar al Diálogo Nacional a otro de sus antiguos compadres políticos, el Partido Liberal Constitucionalista del corrupto expresidente Arnoldo Alemán. En cualquier caso, un eventual diálogo o negociación, mediatizando o anulando el rol de los obispos como testigos y mediadores, simplemente no gozaría de ninguna aprobación y credibilidad entre la población, para avalar una solución política. 
En consecuencia, la permanencia de Ortega en el poder solo puede prolongarse a punta de más represión, a costa de la pérdida de más vidas humanas y del acelerado deterioro de la economía por el desplome de la inversión privada, mientras los organismos multilaterales se debaten entre seguir desembolsando los créditos pactados, o hacerse eco de la condena mundial ante una dictadura sanguinaria. 
En realidad, Ortega ya empezó a “gobernar desde abajo”, como en 1990, cuando entregó la presidencia al perder las elecciones ante la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), mi madre Violeta Barrios de Chamorro, solo que ahora lo hace a costa de la institucionalidad de su propio régimen. La estrategia que promueve el caos y el chantaje, con la toma de fincas y propiedades privadas de los empresarios que lo adversan, comenzó cuando desplegó las bandas paramilitares como su guardia pretoriana, a contrapelo del Ejército de Nicaragua, que, según la Constitución, no puede permitir la existencia de otros grupos armados al margen de la ley. Estas bandas paramilitares representan el mayor peligro para la seguridad y estabilidad futura de Nicaragua y la región, de forma que su desarme y desmantelamiento, junto con la reforma electoral, son condiciones sine qua non para avanzar hacia una transición democrática pacífica.
En la acera de enfrente, una alianza inusitada conformada por estudiantes universitarios, cámaras empresariales, el movimiento campesino, y la sociedad civil democrática, desafía a la dictadura con marchas multitudinarias, paros generales, y desobediencia civil. Esta alianza multiclasista ya puede exhibir el logro extraordinario de haber puesto en la agenda nacional e internacional, el imperativo de la democratización y la justicia. El proyecto de una dictadura dinástica en Nicaragua está muerto y enterrado. Sin embargo, para doblegar la estrategia de terror de Ortega, la Alianza Cívica debe primero transformarse en una verdadera coalición  política capaz de convocar a una unidad nacional aún más amplia, para resistir y conducir una batalla polìtica prolongada. Su tarea más urgente es demostrar que la salida de Ortega de la presidencia, no generará un vacío de poder, y que existen mecanismos institucionales, incluso respetando la Constitución del régimen, para garantizar una sucesión pacífica y legal para dirigir el proceso de transición sin Ortega, pues su permanencia en el poder equivale a más caos, inestabilidad y colapso económico. 
Una genuina revolución pacífica solo puede triunfar ante un régimen de fuerza, si se mantiene la presión de la rebelión cívica al máximo nivel, en sincronía con una mayor solidaridad internacional y una acción multitaleral, incluyendo sanciones políticas y económicas efectivas, como las que se dispone a contemplar el Consejo Permanente de la OEA la próxima semana, que conduzcan al aislamiento total de la dictadura. La presión internacional al máximo, con la presión cívica nacional al tope, nunca una separada de la otra. Por ello resulta imprescindible la reorganización de la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales, y las fuerzas políticas democráticas, como una sola coalición con capacidad para diseñar la transición y estrategias de lucha cívica, con una conducción política ejecutiva. 
Llegado ese punto de no retorno, en el que mayores niveles de represión del régimen se tornan intolerables para la existencia misma de la nación, el Ejército de Nicaragua tendrá que escoger entre sus lealtades personales y partidarias y sus intereses institucionales y nacionales. Un dilema complejo para la cúpula militar, pero determinante para ahorrarle al país más dolor y derramamiento de sangre.
4P. agradece a Carlos F. Chamarro, director de Confidencial en Nicaragua, por compartir su opinión sobre la coyuntura de su país con nuestros seguidores.
Foto: Confidencial/Nicaragua

LOS MEDIOS PÚBLICOS, PIEZAS CLAVES EN LA ESTRATEGIA CORREÍSTA DE CONTROL



Los medios públicos, durante el gobierno de Rafael Correa, funcionaron como máquinas de propaganda al servicio del presidente y de su plataforma política.
Los medios públicos, durante el gobierno de Rafael Correa, funcionaron como máquinas de propaganda al servicio del presidente y de su plataforma política. Hubo una estrategia delineada para definir diariamente los contenidos noticiosos que debían transmitirse y publicarse en los espacios de prensa, radio y televisión.
El antecesor de Lenín Moreno tuvo una fijación con el periodismo y se mantuvo pendiente de la información que se publicaba. Si algo no le gustaba, ordenaba inmediatamente al Secretario de Comunicación, vía e-mail, la obligación de corregir “el error” cometido por el medio. Lo hacía con copia a otros ministros, quienes debían estar pendientes. En la Secretaría de Comunicación se planificaba y designaba a cada medio público una misión, la cual era ejecutada por sus periodistas.
Así funcionó la estrategia.
Presidencia de la República:
Periodistas y asesores del entonces presidente Rafael Correa confirmaron que en Carondelet se realizaba un monitoreo diario de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pidieron no revelar sus nombres, pero explicaron que también había comunicadores encargados de preparar una síntesis noticiosa que se enviaba a los funcionarios principales de la Presidencia.
Documentación a la que accedió FUNDAMEDIOS indica que, a través de la cuenta de correo “noticias1@presidencia.gob.ec”, Rafael Correa reenviaba alguna noticia de su interés a sus ministros para, de ser necesario, dar el seguimiento respectivo. Cuando él indicaba que una información publicada en un medio de comunicación debía tener la atención suficiente e inmediata de las autoridades de su Gabinete, se desarrollaban estrategias de comunicación, pues algunos mensajes se copiaban a los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado.
Hubo temas prioritarios para los cuales se debían planificar campañas comunicacionales. Ese fue el caso Chevron:
Otros asuntos, como inauguraciones de obras emblemáticas, firmas de contratos con empresas extranjeras se delegaban a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
Secretaría de Comunicación:
El 1 de agosto de 2013, por Decreto Ejecutivo, se creó la Subsecretaría Nacional de Comunicación, como una entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera. Esta se convirtió en la piedra angular para la construcción de la imagen estatal del gobierno de Rafael Correa.
Fuentes que trabajaron en esa Secretaría narran que desde el inicio del gobierno correísta, las órdenes de lo que debía emitirse en los medios públicos llegaban directamente desde la Presidencia de la República. Los hermanos Alvarado eran el nexo entre el Mandatario y los medios públicos. Ellos tomaban contacto directo con los directores y acordaban qué informar.
Sin embargo, Fernando Alvarado lo niega. “Nunca se ordenó nada, siempre se les pidió a estos medios y a todos los medios del país que, por favor, se respetara la Ley de Comunicación”, afirmó el exfuncionario, a través de un correo electrónico.
En 2016 se creó una Coordinación de Información dentro de la SECOM. Allí la cadena era: Presidencia-Hermanos Alvarado (principalmente Fernando Alvarado)-Coordinación de Información-Directores de medios de comunicación-Jefes de información-Periodistas.
Quien estuviera a la cabeza de la Coordinación de Información debía mantener una buena relación con los directores de los medios, para entregar la agenda gubernamental. Es decir, las noticias que al poder le interesaba difundir. Además, gestionaba entrevistas entre ministros y periodistas de los medios públicos.
Como parte de la Coordinación, se creó un Consejo de Contenidos, constituido por directores de medios públicos o sus delegados, ministros o delegados, y personal de la SECOM. Esta entidad convocaba a reuniones, según la agenda informativa de los distintos ministerios. Si un funcionario debía informar al país sobre una obra, se reunía con el Consejo y exponía el tema. Una vez definido el eje informativo, se pedía a los medios públicos cubrir la noticia y dar seguimiento.
Si un medio no cubría lo indicado por la Secom, se llamaba la atención a su director y se insistía en la publicación. Las agendas informativas programadas por la Secretaría se enviaban por correo electrónico a medios públicos y privados, a los primeros se exigía la cobertura. Según camarógrafos y periodistas, los equipos de Ecuador TV, Gama TV y TC Televisión siempre estuvieron presentes en las actividades del Gobierno.
Gama TV:
Gama TV fue incautado en 2008. El gobierno de ese entonces prometió venderlo, pero se mantiene en manos del Estado. En 2009, el secretario particular de Rafael Correa, Fernando Alvarado, se convirtió en Secretario Nacional de Comunicación. Desde ese entonces, el gobierno dispuso a su gusto de los medios de comunicación incautados.
En junio de 2015, a través del Decreto 699, el Presidente dispuso crear la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), dirigida y representada legalmente por un delegado suyo, quien tendría todas las facultades para establecer la estructura y normar el funcionamiento de la misma. En ese momento se designó a Fernando Alvarado como el representante del Primer Mandatario ante la Ugemed.
La Unidad tenía a su cargo el manejo del paquete accionario, la gestión, seguimiento y control de la administración de las compañias: Cadena Ecuatoriana de Televisión C. A. ‘Canal 10’ (C.E.T.V.); Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A., Compañía Editorial Ominasa del Ecuador S. A., Radiodifusora del Pacífico S. A. Rapasa, Radio Bolívar S. A., Organización Radial C. A., Cablevisión S. A., Américavisión S. A., Radio La Prensa T.V. S. A., Editores e Impresores Edimpres S. A. y Movidad C.A.
Varios trabajadores de dichos medios coinciden en que Alvarado eligió a los administradores de cada canal y, no solo que marcaba la agenda, sino que tomaba espacios para pautar publicidad con los clientes de sus agencias: Creacional y Percrea.
Al respecto, Fernando Alvarado sostiene que “como lo dice el Decreto, incluso así lo declaré a la Contraloría y Fiscalía: en la primera Junta del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MÁS IMPUNIDAD-MEDIOS, celebrada el 23 de noviembre del 2011, se me designó como Presidente de la Junta del Fideicomiso. Mis funciones en este cargo, como las de cualquier miembro de Junta de cualquier fideicomiso, se circunscribieron a la dirección del mismo, alejado del manejo directo, las decisiones administrativas y financieras de las empresas que conformaban el mismo, en virtud de que las mismas contaban con autonomía propia en estos sentidos. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 699 de fecha 8 de junio de 2015, se creó la institución de derecho público Unidad de Gestión de Medios – Ugemed. En la Disposición Transitoria Cuarta del mencionado Decreto Ejecutivo, el señor Presidente de la República me designó como su delegado y representante legal de la Unidad de Gestión de Medios – Ugemed, cargo que lo ejercí hasta el 10 de junio de 2016. Como delegado y representante legal de la Ugemed tuve única y exclusivamente dos facultades: 1) Establecer la estructura de la Ugemed; y, 2) Normar el funcionamiento de la Ugemed. Estas dos facultades tampoco incluyen ninguna que tenga relación a la administración, dirección o manejo en ningún sentido de las empresas a cargo de la Unidad”.
Actualmente la Contraloría analiza estas empresas y la relación que Alvarado tuvo por medio de ellas con los canales incautados. En un primer informe, con número de oficio 0263-0001-DNA4-2017, se determina que Creacional y Percrea contrataron espacios publicitarios en Gama TV por 3.476.836,00 dólares. Ambas empresas tienen una cuenta pendiente que pagar al canal que asciende a 112.906,37 dólares.
A cargo de la agencia Creacional están Vinicio Alvarado y su madre, Daisy Espinel Álvarez. De Percrea, según el informe de Contraloría, se encarga otro hermano Alvarado, Carlos Enrique, junto a su suegra, Martha Isabel de la Torre.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017, las dos empresas contrataron a Gama para pautar comerciales de empresas públicas y privadas. Según el informe de Contraloría, por estas contrataciones la familia Alvarado recibió en comisión 1.011.963,33 dólares.
Algunos trabajadores comentaron a FUNDAMEDIOS que el medio perdió dinero en todas las épocas electorales en que Correa estuvo como mandatario, ya que no se pautaba propaganda. Se prefería gestionar espacios gratuitos y se utilizaban los noticieros para promocionar al movimiento oficialista mediante reportajes.
En la más reciente campaña electoral (2016-2017), según el testimonio de un colaborador del medio, por solicitud de un grupo de trabajadores del canal, Alianza PAIS (AP) invirtió 20 mil dólares en publicidad.
Periodistas y camarógrafos cuentan que Fernando Alvarado ordenaba al director del medio qué emitir en los noticieros. Solo él podía interrumpir la programación habitual para transmitir la inauguración de alguna obra.
Los empleados también recuerdan que Alvarado trabajaba directamente con dos reporteros, uno en Gama TV y otro en TC Televisión: los hermanos Hubel y Alcibiades Onofre. A ellos les habría encargado “el trabajo sucio”. Es decir, construir notas periodísticas en que se ataque a opositores. FUNDAMEDIOS los buscó, logró conversar con uno de ellos, pero él se negó a aparecer en este reportaje.
Cada periodista planteaba la agenda diaria, pero también llegaba una programación desde la Secom. Según un trabajador del medio, si algún comunicador realizaba una nota neutral, sin inclinación hacia Alianza PAIS, los directores del noticiero le decían: “¿Acaso no sabes para quién trabajas?”.
Alvarado se comunicaba con el director del canal, por medio del teléfono y el correo electrónico. La prioridad era grabar al entonces presidente Correa. Un periodista recordó que siempre debían cubrir la salida del exmandatario, cuando este viajaba a otro país, pues interesaba publicar su despedida antes de subirse al avión.
TC Televisión:
El esquema de TC Televisión es parecido al de Gama TV, en donde Fernando Alvarado disponía de los espacios para publicidad e informativos, como de los bienes materiales. Como Secretario de Comunicación, hablaba con el director del noticiero y marcaba su agenda. Los periodistas debían acatar órdenes.
Fernando Alvarado niega estas denuncias. Al preguntarle si ¿durante el gobierno de Rafael Correa se priorizó la información oficial como parte de la línea editorial de los medios en manos del Estado? Él responde que “bajo ningún concepto. Eso se decía, dado que los medios privados nacionales ocultaban a propósito las noticias sobre obras o estadísticas que pudiesen mostrar resultados favorables por las políticas económicas o sociales del gobierno. Ese contraste entre unos medios y otros lo utilizaban de plataforma para generar esa crítica. Sin embargo, la realidad es que la agenda de estos medios privados estaba orientada por sus dueños a ocultar estos hechos noticiosos”.
Un periodista que trabajó en el medio y que ahora labora en el sector público, dice que en alguna ocasión mostró su incomodidad con las órdenes que llegaban de altos mandos. Entonces, el jefe de información le dijo: “si no te gusta, búscate otro sitio para que hagas las coberturas que tú creas correctas”.
Si alguna noticia que se solicitaba desde la SECOM no se publicaba, se reclamaba al Director y al Jefe de Noticias.
En 2009 se creó la Unidad de Contenido Político. Ahí trabajaba uno de los hermanos Onofre, Alcibiades. Ese espacio fue destinado para realizar notas contrarias a quienes se denominaron “sujetos de oposición”.
En TC Televisión, al igual que en Gama TV, se trabajaba la imagen de los militantes de Alianza PAIS. Un excolaborador de la SECOM contó que una de las órdenes de la Secretaría era realzar la imagen de los actores políticos de las filas del partido oficialista.
Ecuador TV:
En este canal se creó un Consejo Editorial en donde se hacían observaciones si el noticiero estaba muy inclinado hacia el gobierno. Pero dichas críticas no eran aceptadas por sus directores, quienes, al igual que en los otros casos, acordaban la agenda informativa con la SECOM.
Según extrabajadores, en un inicio -desde su fundación en 2007-, Ecuador TV estuvo a favor de la comunidad y se perfilaba como un medio público. Tras la intervención de Vinicio Alvarado, las órdenes cambiaron y se dispuso que el canal esté a favor del correísmo con el pretexto que, al estar con el régimen, se tenía lealtad social. Los “desleales” fueron sacados del medio.
Ecuador TV se convirtió en una plataforma al servicio de la agenda de los distintos ministerios. Según exfuncionarios, los reporteros parecían “corresponsales ministeriales”.
Radio Pública:
La dirección de la radio coordinaba con la SECOM los temas que debían difundirse, pero los reporteros tenían sus temas. Según servidores de este medio, la prioridad era dar cobertura a los actos realizados por los diferentes ministerios.
Se trabajaba junto con la Secretaría de Comunicación. En la radio se presentaban temas cada semana, de acuerdo a un calendario; y después se añadían los pedidos de los ministerios. Los llamados “actores de oposición” no acudían, por temor a ser agredidos, comenta un extrabajador.
En la actualidad, según exfuncionarios de Radio Pública, este medio tiene conflictos con las personas que fueron despedidas pues aún no se cancelan las respectivas liquidaciones.
El Telégrafo:
El Telégrafo, al igual que los otros medios, recibía directrices desde la Secom, pero desde el inicio del gobierno de Correa mantuvo una estrecha relación con la Presidencia de la República. Desde ahí salían órdenes directas.
Su refundación fue el 17 de marzo de 2008. En un inicio, el diario fue manejado por administradores y directores de noticias, ubicados por Vinicio Alvarado. En el principio se proyectó la imagen de que era un periódico independiente, de puertas abiertas incluso para “la oposición”. Pero luego del 2009, el panorama se ajustó y se prefería a gente que estaba con el régimen.
Este medio contaba con un asesor de comunicación que funcionaba como nexo entre Alvarado y el director de noticias de turno. Según un periodista que trabajó como director de este medio, era prohibido dirigirse directamente al Presidente o a Alvarado, claro que ellos sí podían comunicarse con el Director del diario, si un tema no les parecía adecuado. Este asesor también decidía el eje periodístico de las noticias: siempre a favor del Gobierno.
Si bien se coordinaban los temas entre el director, el editor y los periodistas, los temas propuestos por la SECOM eran impostergables. A partir del 2012, año en que Orlando Pérez asumió la dirección del diario, se mantuvo una comunicación directa con Fernando Alvarado y Rafael Correa; este último se comunicaba con el encargado del medio y no al revés.
Excolaboradores de El Telégrafo comentan que el entonces presidente Correa acostumbraba leer el diario en la noche o en la madrugada y, si le disgustaba algo, inmediatamente enviaba un correo electrónico o mensaje al responsable del medio, sin importar la hora.
Pero Fernando Alvarado niega que desde la Secretaría de Comunicación se hayan determinado y aprobado los contenidos que debían publicarse en los medios en manos del Estado durante el gobierno de Rafael Correa.
El exfuncionario sostiene que esto nunca ocurrió. Y añade: “esto lo puede corroborar el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que era quien mantenía la relación con los medios cuando fue mi Subsecretario por un año, y cuando fue Subsecretario de Comunicación de la Vicepresidencia. Siempre me manifestó lo mal que estaban actuando los medios nacionales y que ocultaban a propósito la labor del entonces vicepresidente Lenín Moreno. Él también, dentro de ese contexto, organizó la Cumbre Para Un Periodismo Responsable (CUPRE). Incluso en su rendición de cuentas dejó muy clara la situación que se vivía por el cerco mediático impuesto por los medios nacionales”.
Como se puede observar en la ejecución de esta estrategia, la Presidencia de la República y la Secretaría de Comunicación fueron las entidades dominantes. El mecanismo para ejecutar sus órdenes en cada medio público fue parecido, ya que todos debían responder a los intereses del gobierno y al partido oficial. Hubo más propaganda que información. FUNDAMEDIOS.

 
000-549-398
REPUBLICA DEL ECUADOR
Expediente No: 01001-2018-0119
Cuenca, jueves 26 de julio de 2018
En el Expediente No. 01001-2018-0119 que sigue OFICIO en contra de MANUEL
BARRERA, hay lo siguiente:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE AZUAY.-
Cuenca, jueves 26 de julio de 2018, las 13h00.- 01001-2018-0119
En mi calidad de Coordinador Encargado de la Unidad Provincial de Control Disciplinario del
Consejo de la Judicatura del Azuay mediante acción de personal Nro. 2071-2018-UTHA-PAS
de fecha 25 de Julio de 2018, conozco el presente expediente en razón de la providencia de
fecha martes 24 de Julio de 2018 las 11h00, mediante la cual se dispone por parte del Dr. Pablo
Valverde Orellana, Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Azuay-Director Provincial
del Consejo de la Judicatura del Azuay en el Ámbito Disciplinario, en cumplimiento del Art. 11,
literal c) del Reglamento Para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la
Judicatura, la investigación sobre los hechos presumiblemente constitutivos de infracción
disciplinaria a efectos de ejercer la potestad disciplinaria que corresponda al Consejo de la
Judicatura de acuerdo a lo establecido en el artículo 254 del Código Orgánico de la Función
Judicial. Respecto de lo cual la Dirección Provincial De Control Disciplinario del Consejo de
la Judicatura del Azuay, al no contar con información confiable y elementos suficientes
respecto a un posible cometimiento de una infracción disciplinaria, de conformidad con el
artículo 13, literal a) del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo
de la Judicatura, remite a la Coordinación de Control Disciplinario, para que realice las
investigaciones necesarias sobre los hechos presumiblemente constitutivos de infracción
disciplinaria, por lo tanto esta Coordinación Provincial de Control Disciplinario dispone:
PRIMERO.- SE DECLARA ABIERTA LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.- SEGUNDO.-
Notifíquese al ciudadano Jaime Cedillo al correo electrónico que obra a fojas 3 de los autos para
que en el término de 72 horas indique dentro de que proceso o procesos jurisdiccionales, se han
presentado las actuaciones a las que se refiere en relación al funcionario Dr. Manuel Barrera,
Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, ya que del correo remitido no consta
dicha información. Cúmplase y Notifíquese. f).-SANTIAGO JAVIER VALAREZO
GUERRERO, COORDINADOR RESPONSABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
AZUAY DE CONTROL DISCIPLINARIO .
Lo que comunico a usted para los fines de ley
MAURICIO ANDRES CHAVEZ WEBSTER
SECRETARIO
MÁS DE UN MES DESDE QUE SE PRESENTÓ UN ESCRITO ANTE EL JUEZ DE LA FAMILIA DOCTOR MANUEL BARRERA, SIN QUE HASTA LA PRESENTE FECHA, PESE A TENER CONOCIMIENTO DE LA NEGLIGENCIA DE DICHO JUEZ, EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL AZUAY, NO SE HA PRONUNCIADO, SOBRE UN PEDIDO DE MERO TRÁMITE.
Amigos observadores les comparto un ejemplo de las actuaciones del juez de la Familia de la Función Judicial del Azuay, Doctor Manuel Barrera, en funciones desde los famosos concursos de oposición y méritos "transparentes", designado por el tristemente célebre Consejo de la Judicatura (en agonía); quien respecto de una petición de mero trámite a puesto obstáculos que dan fe de que no es un juez competente para administrar justicia. A continuación detallo sus providencias respecto de un escrito presentado el día viernes 4 de mayo del presente año, en el cual se le solicita simplemente que se oficie a la Registraduría de la Propiedad, a fin de que proceda a levantar la inscripción de la demanda de partición de bienes de la sociedad conyugal, para cumplir con un acuerdo llegado entre las partes en la respectiva audiencia, en la que participó dicho juez y su secretario. Hago notar que se trata de un solo bien, el mismo que no tiene gravamen de ninguna naturaleza. Esta actitud perjudica gravemente los intereses de las partes, hasta llegar al daño moral:
04/05/2018 11:57 ESCRITO
FePresentacion, Escrito
08/05/2018 10:04 AUTO GENERAL
Cuenca, martes 8 de mayo del 2018, las 10h04, 28905-2013 Cuenca 08 de Mayo del 2018 a las 10h02 Vistos: Agréguese a los autos el escrito presentado por la señora (...), proveyendo el mismo.- En cuenta la autorización que presenta así como el correo electrónico señalado, previo a disponer lo que corresponda se le corre traslado a la parte contraria por el término de 5 días. Notifíquese
16/05/2018 11:20 ESCRITO
FePresentacion, Escrito
18/05/2018 14:54 CORRER TRASLADO
Cuenca, viernes 18 de mayo del 2018, las 14h54, 28905-2013 Cuenca 18 de mayo del 2018 a las 14h51 Vistos: Agréguese a los autos el escrito presentado por la señora (...), proveyendo el mismo.- Con lo manifestado se le corre traslado a la parte contraria por el término de 5 días a que se pronuncie al respecto, cumplido el término vuelvan los autos. Notifíquese
23/05/2018 10:08 AUTO GENERAL
Cuenca, miércoles 23 de mayo del 2018, las 10h08, 28905-2013 Cuenca 23 de mayo del 2018 a las 10h00 Vistos: Agréguese a los autos el escrito presentado por la señora (...), proveyendo el mismo.- En cuenta lo manifestado en lo procedente y legal. En lo principal. El Art 130 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 1, establece. “ FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben:1. Cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en los juicios; El suscrito considera que se debe conferir un nuevo término a fin de obtener un pronunciamiento expreso de la otra parte razón por la que por última vez se confiere el término dispuesto en auto anterior, fenecido el término con contestación o sin él vuelva el proceso para disponer lo pertinente respecto de las peticiones presentadas con anterioridad. Notifíquese
24/05/2018 16:25 ESCRITO
FePresentacion, Escrito
Como podrán darse cuenta, el último escrito presentado el 24 de mayo de 2018, no se ha despachado hasta el momento.
La pregunta del millón: Hasta cuándo seguirá corriendo traslado con el fin de tener un pronunciamiento expreso de la otra parte?
QUIENES CONOZCAN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE UNA CAUSA PUEDEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO, CON MAYOR CRITERIO, ASÍ COMO LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
ESPERAMOS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA INICIE LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS QUE EL CASO AMERITA, A FIN DE QUE JUECES COMO EL NOMBRADO NO PERJUDIQUEN EL BUEN NOMBRE QUE AÚN MANTIENE LAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL AZUAY.
La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.
El Observador

lunes, 30 de julio de 2018


Asamblea gastó 451.727 en época de José Serrano

Asamblea gastó  451.727 en época de José Serrano
Los costos para servicios de comunicación externa en la Función Legislativa fueron de $ 451.727,35, en 2017. Es decir, casi medio millón de dólares, señala una información de la página web de la Asamblea Nacional.

Esos gastos se hicieron durante los primeros 7 meses del total de los 11 que presidió el Legislativo, el aliancista José Serrano. En su administración se firmaron 10 contratos en total de comunicación, del 15 de junio al 20 de diciembre de 2017.

De ellos, seis fueron para productos de comunicaciónanálisis de información de las publicaciones de los medios o en las redes sociales. Además, dos contratos fueron para comprar equipos de fotografíavideo y computadoras para editar imágenes y producir contenidos gráficos y audiovisuales.

otros dos por alquilar espacios para instalar sistemas de transmisión de la radio de la Asamblea en Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora y Cerro Azul-Guayaquil.

Para el legislador del movimiento Unidos por Pastaza y miembro de la Bancada de Integración Nacional (BIN), Raúl Tello, esos contratos deben someterse a una auditoría porque el costo es demasiado alto para siete meses de gestión.

“No hemos podido verificar la existencia o no de esos productos comunicacionales. Tampoco han sido difundidos entre los legisladores”, dijo a EL TELÉGRAFO.

El contrato más costoso fue por $ 167.000 para levantar una línea base y seguimiento de indicadores para el Legislativo que determinen estrategias comunicacionales y generen criterios de comunicación, información e imagen institucional, dice la información de la Asamblea. Este fue adjudicado por régimen especiaa laempresa Imasen del Ecuador.

Según el portal web Emis, esta compañía está dedicada a servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de relaciones públicas y comunicaciones.

Le sigue un contrato por $ 105.357,14 por servicio de producción de piezas comunicacionales para difusión e información en campaña institucional de la Asamblea. Este fue adjudicado a la empresa Plublymark, a través de régimen especial.

Esta compañía también tiene un segundo contrato por $ 11.000 para difundir las actividades de la Asamblea en medios de comunicación impresos sobre juicio político y fiscalización.

El tercer contrato más costoso fue por $ 24.000 para elaborar un resumen de la opinión y de las informaciones (monitoreo) que genera la segunda función del Estado.

Pero en esos contratos hay uno en particular que llama la atención. Se trata de un servicio para crear productos comunicacionales didácticos para niños sobre el quehacer de la Asamblea.  Este le costó  $ 21.000 al Estado. Allí, la pregunta es: ¿Se justificaba o no ese gasto para informar a escolares sobre el Parlamento?

Para el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, la Contraloría debe hacer un examen especial en esos gastos en comunicación. “No hemos tenido información sobre esos productos para niños. Se requiere verificar esos contratos”, recalcó a este Diario.

Pero ¿por qué contratar esos servicios externos de comunicación, si la Asamblea cuenta con una Secretaría de Comunicación?

Para tener la idea clara, la Secretaría de Comunicación posee dos coordinaciones: una de Comunicación Institucional y otra de Medios Legislativos.

La primera se ocupa de las relaciones con los medios externos que cubren la Asamblea, de relaciones públicas, de organizar eventos. La segunda Coordinación produce contenidos para la radio, televisión Legislativa, página web, redes sociales, boletines de prensa.

Serrano recibió esa Secretaría de Comunicación con 98 funcionarios que trabajaban en la presidencia de la exaliancista y actual legisladora de la Revolución CiudadanaGabriela Rivadeneira.

En la jefatura de Serrano, ese número de servidores públicos subió a 185. Es decir, se sumaron otros 89 profesionales a esa Secretaría.

“Había asesores-asistentes de cámaras de televisión, por ejemplo, y muchos trabajaban sin partida presupuestaria”, contó un funcionario que prefiere no decir su nombre.

En contraste, hoy, en el período de Elizabeth Cabezas, de AP, hay 84 funcionarios que cubren todo el trabajo y no necesitan contratar a otros de afuera para duplicar sus labores.

El economista y docente de la Universidad Católica, Christian Albuja, indicó que hay trabajos de comunicación que pueden hacerlo empresas externas porque son más eficientes en el uso de los recursos. “Hay avance en contratación pública, pero si se hace contratos directos se puede escoger a dedo a una empresa. Eso no garantiza la participación igualitaria de las otras que están en el mercado”.

Fuente: eltelegrafo.com.ec

Ahora sí Rafael Correa se pasó

  en La Info  por 
¿Hay palabras para calificar la actitud de Rafael Correa? No alcanza cínico, no basta caretuco. Ahora pide medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la misma institución a la cual negó competencia y legitimidad para emitir ese tipo de medidas. Y cuando la CIDH lo hizo, a favor de sus opositores, sistemáticamente las desconoció. Los persiguió incluso en pleno uso de esas medidas.
El caso de Correa es paradójico, pero tampoco ese adjetivo consigue describir su conducta. Como presidente pasó años (él, su canciller, sus embajadores, sus asambleístas, su gobierno, el Estado) librando una verdadera guerra contra la CIDH. Catalina Botero, ex relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, recuerda que la presión de Correa fue de tal envergadura que logró que se revise el reglamento de la Comisión y reducir el alcance de las medidas cautelares.
La CIDH fue sin duda la institución internacional más atacada, más denostada, más satanizada por el correísmo. Fue mostrada como un brazo siniestro del imperio y los gobiernos reaccionarios dizque para atacar a los regímenes supuestamente progresistas. Fue señalada como el mejor instrumento de fuerzas oscuras para atentar contra la soberanía de países dignos y altivos. Correa no solo puso empeño: puso el tono y la forma para tratar de destruir la mayor institución defensora de los derechos humanos en el continente. Puso los medios del Estado. Puso el aparato de propaganda. Puso el discurso enardecido y altisonante. Puso a sus asambleístas para que, en coro, criticaran a los ecuatorianos que pidieron la intervención de la CIDH o acudieron ante ella.
¿Puede todo ese mundo tan altivo y soberano mirarse hoy al espejo? ¿Acaso pedir  la intervención de la CIDH fue un acto indigno y antipatriota por parte de sus críticos y perseguidos y es hoy una acción revolucionaria de su líder? Por supuesto, hasta el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, dice hoy que lo que quieren es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si para ese trámite los particulares no tuvieran que pasar primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mismo abogado de Correa, que ganaba todos los juicios por ser el abogado de Correa, decía que acudir a la CIDH era “conspirar contra la seguridad jurídica a la cual aspiramos todos los ecuatorianos”. ¿Hay palabras para calificar la actitud de Caupolicán Ochoa?
Correa tiene todo el derecho de acudir a la CIDH para pedir medidas cautelares argumentando que sus derechos están en peligro ante los procesos penales que, contra él, se han abierto en Ecuador. Pero este caso lo desnuda, otra vez, ante la opinión pública nacional e internacional. Lo muestra como un político sin convicción profunda alguna. Gobernado enteramente por sus pasiones y odios. Preso de las coyunturas. Un ser sin escrúpulos que interpreta la ley y mira las instituciones, incluso las internacionales, según las ventajas que puede sacar de ellas. ¿Llamarlo farsante lo describe? ¿Lo abarca tildarlo de impostor? Un ser alucinado que negó a otros seres humanos, lo que hoy reclama para él. En la misma instancia. Ante las mismas personas.
El espectáculo dado por Rafael Correa es triste. Parece irreal. Es, como en Hamlet, un drama en el drama. Hoy Correa parece un fantasma de sí, un ser que se de-construye. Él no va a la CIDH porque cree en su tarea o porque coincide con los principios que esa Comisión preconiza y defiende. Va a la CIDH, torciendo el cuello a todo lo que hizo y dijo en su contra durante su gobierno, porque no sabe adónde más acudir para ponerse al abrigo de la justicia. Porque teme, como dice en el texto que entregó a la CIDH, sufrir daños irreparables a sus derechos. ¿Qué derechos? Su libertad personal y de circulación. Es decir, ir preso. Tampoco dirá que obligó a algunos de sus opositores a acudir ante la CIDH por supuestos delitos de opinión, cuando él debe responder por algunos delitos contra el Estado y algunos de sus ciudadanos; entre ellos por asociación ilícita y secuestro.
Cínico, caretuco, farsante, impostor… Faltan palabras para abarcarlo. Faltan palabras para describir, sin ánimo de ofender, el espectáculo triste que protagoniza Rafael Correa.