Serrano usó agentes de la seguridad presidencial para espiar a su ex asesor

Publicado el 12/Julio/2018 | REPORTAJE

Diego Vallejo acusa al ex titular de los ministerios de Justicia y del Interior, José Serrano y al presidente Rafael Correa, por intimidación, tras ordenar operaciones de espionaje en su contra con personal de la Unidad de Seguridad Presidencial
El ex asesor de Serrano recuerda que las actividades encubiertas comandadas por el ex ministro no solo se enfilaron hacia el supuesto secuestro del activista Fernando Balda
El asambleísta César Carrión (CREO) dice que se debe profundizar las investigaciones en torno a las denuncias de Vallejo sobre las operaciones encubiertas realizadas por la SENAIN y para ello es esencial desclasificar la información
El seguimiento y presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia no sería el único caso de operaciones encubiertas ilegales perpetradas por el correísmo, específicamente por José Serrano desde sus cargos como ministro de Estado.

Otro operativo de similares características, en el que también se habrían usado recursos públicos, y que fue comandado por Serrano, se realizó en 2012 en contra de su ex asesor Diego Vallejo, cuando el entonces Ministro del Interior ordenó que tres personas de la seguridad presidencial de Rafael Correa viajaran a Perú a espiarlo, con lo cual se revela además que esas operaciones se realizaban con el conocimiento del ex mandatario.

La información que Vallejo tenía en su poder y que hizo pública al salir del Gobierno le convirtieron en otro de los blancos de la estructura de espionaje y persecución desplegados por el correismo. Vallejo responsabilizó a Serrano de los seguimientos realizados a Balda en Colombia; así como del montaje de la teoría de golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S y el uso ilegal de la información financiera en contra del ex fiscal general Washington Pesántez. También denunció irregularidades en el proceso selección del Fiscal General, Galo Chiriboga.

Poco después de esta serie de revelaciones, en 2012 se dictó una sentencia a dos años de prisión en contra de Vallejo por asociación ilícita, basada en un montaje de evidencia falsa, según él lo ha reiterado. Tras recuperar su libertad, Vallejo consiguió asilo político en Estados Unidos. Desde allí ha reactivado sus denuncias no solo sobre la persecución que él sostiene que se realizó en su contra, sino sobre actos de corrupción de las más altas autoridades gubernamentales de la década anterior. El 9 de mayo pasado rindió su versión, vía videoconferencia desde EE.UU., sobre el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. Su testimonio no solo colocó a Serrano en los primeros planos de esta historia, por haber sido quien planificó y coordinó la estrategia desplegada alrededor del presunto rapto al ex legislador Balda, sino que señala a Correa como la cabeza de las órdenes que se impartieron para traerlo desde Colombia a “como diera lugar”.

Sobre su propio caso Vallejo presentó una demanda por intimidación, ante la Fiscalía el 24 de marzo de 2017, en contra de Serrano y Correa. Un año y cuatro meses después, este proceso se ha reactivado.

Cómo y por qué pasó de asesor a perseguido?

Diego Mauricio Vallejo Cevallos, ex militar en servicio pasivo, es experto en análisis financiero y en temas de lavado de activos. Fue contratado en noviembre de 2009 como asesor del ex ministro José Serrano en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión para investigar un centenar de casos de corrupción de funcionarios públicos que habían sido denunciados ante esa entidad. Casi un año más tarde ingresó a la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) como consultor cuando su titular era Francisco Jijón. Allí fue designado para investigar el caso 30S y actuó como el nexo entre la SENAIN y la Unidad de Respuesta Judicial, creada en el Ministerio de Justicia para llevar a instancias judiciales a todos quienes el Gobierno involucró en el 30S, como el Coronel Cesar Carrión, el Mayor Fidel Araujo y Max Marín.

Vallejo narra que supo que en la cartera de Justicia se estaba diseñando una estrategia, ordenada desde el Palacio de Carondelet, que involucraba construir la teoría del golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S. Relata que para ello se fabricaron historias y testigos falsos, todo con pleno conocimiento de Ledy Zunig y Xavier Córdova, entonces ministra de Justicia y viceministro de Seguridad Interna, respectivamente.

Vallejo también asegura que en el Ministerio de Justicia funcionaba una unidad encubierta de inteligencia, a órdenes exclusivas del titular de esa cartera, José Serrano. El trabajo de este equipo estaba encaminado a descubrir posible ilegalidades de determinadas personas que puedan ser utilizadas políticamente por Serrano. Este grupo realizó grabaciones de audio y de video, seguimiento de personas y otras actividades de espionaje.

Luego como consultor en el Ministerio de Justicia (desde enero del 2011) Vallejo recibió órdenes de Serrano para hacer un análisis técnico del movimiento de las cuentas del ex fiscal de la Nación Washington Pesántez y de sus familiares. Sin embargo, Vallejo solicitó la entrega de un documento por escrito para hacerlo de manera formal, ya que los expedientes tenían el formato de la Unidad de Análisis Financiero. De otra forma la obtención de esa información no era legal.

Serrano insistía en acceder al análisis financiero de Pesántez, pero nunca entregó a Vallejo el documento firmado. Para esas fechas el ex Fiscal ya sabía que Serrano investigaba sus cuentas y de acuerdo con Vallejo aprovechó las acciones realizadas por el ex ministro, en un caso de corrupción de funcionarios judiciales, para enfrentarlo. Vallejo, por disposición de Serrano, descubrió el cobro de coimas realizado por jueces del Guayas y las inconsistencias de sus cuentas. Varios funcionarios judiciales fueron detenidos por cohecho mediante un operativo que habría sido ilegal. Esa fue la coyuntura que según Vallejo permitió a Pesántez llegar hasta Serrano, pues el fiscal Pablo Encalada, supuestamente cercano a Pesántez, vinculó a Vallejo en ese proceso. El 29 de octubre del 2011, en la audiencia de formulación de cargos, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó la prisión preventiva de Vallejo, pese que el Fiscal de entonces Galo Chiriboga no presentó acusación particular en su contra.

Como consecuencia de esto Vallejo decidió hacer públicos las operaciones de espionaje y seguimientos a Pesántez y a Fernando Balda. Lo hizo desde la clandestinidad y a los pocos días Correa en el enlace ciudadano 246 (26 de noviembre de 2011) se quejó de la actuación del juez en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia “por denunciar actos de corrupción” y enseguida Quiroz retrocedió en su decisión inicial, argumentando haber tenido un Iapsus calami (equivocación), con lo cual Vallejo fue sobreseído de ese proceso.

Aquí se evidencia una vez más la injerencia directa que ejerció Correa en la justicia para favorecer a sus colaboradores al menos en este punto de la historia del caso Vallejo, pues luego la situación del ex consultor se revirtió, tras su salida definitiva del Gobierno.

Vallejo se integró a la Corporación Transparencia por Ecuador como su director. Desde ese espacio continuó haciendo denuncias de corrupción en contra de varios funcionarios públicos. Por ejemplo, aseguró que en abril de 2011 personas que trabajaban con el ministro Serrano (entonces al frente del ministerio de Justicia) le entregaron documentos y fotografías de Fernando Balda en Colombia, así como un video donde el activista político se refiere a la sexualidad del ex presidente Correa. En un evento organizado por el Ministerio de Justicia, el 28 de abril de 2011 se entregó esta información al ex mandatario y días después Serrano ordenó al Viceministro, Xavier Córdova, que viaje a Bogotá para que coordine acciones en contra de Balda.

Vallejo también reveló que los miembros del comité de selección de Fiscal General de la Nación enviaron información privilegiada a Galo Chiriboga con el fin de que sea electo para el cargo; así como las irregularidades para la designación de Carlos Pólit como Contralor General del Estado. El ex consultor de Serrano sostuvo además que en el caso 30S presentó un informe indicando que el Coronel César Carrión no realizó ningún bloqueo de la puerta de acceso al hospital de la Policía para impedir el paso de Rafael Correa, acusación que fue impulsada y judicializada por el Gobierno pasado, según Vallejo mediante el montaje de testigos para incriminar no solo a Carrión sino también al Mayor Fidel Araujo.

Ya desvinculado del Gobierno de la revolución ciudadana, entre abril y junio de 2012, Vallejo viajó a EE.UU. y Perú para contactar a organizaciones vinculadas a actividades de lucha anticorrupción, con el fin de organizar una convención para septiembre de ese año en Quito. En el mismo lapso de tiempo en que el ex asesor estuvo en Lima, Perú, Serrano envió personal de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI) de la Presidencia de la República a esa ciudad en misión de inteligencia. La UGSI fue creada por Correa en agosto de 2007 mediante Acuerdo Ministerial 144. Se activa con órdenes directas del Palacio de Carondelet con el objetivo de dar protección al primer Mandatario. Pero en más de una ocasión ha sido involucrada en seguimientos políticos.

En el caso de Vallejo, Serrano dispuso mediante acuerdo ministerial #2974, que los agentes: Tnte. Guillermo Rodríguez, Sgto. Oscar Fierro Puente y el Cbo. Edwin Quezada Morocho viajen a Lima en comisión de servicios, entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012. Esta autorización se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 825 del 7 de noviembre del 2012.

A su retorno al país y tras un operativo policial, Vallejo fue detenido el 29 de junio del 2012. En el vehículo en el que se movilizaba se requisaron dos armas sin municiones y un croquis de la casa de Paulo Rodríguez miembro del Consejo de la Judicatura. A decir de Vallejo estas armas fueron embaladas y depositadas en una mochila, que pertenecía a Oswaldo Rivadeneira, miembro fundador, junto con Vallejo, de la Corporación Transparencia por Ecuador, y quien, según el relato del ex asesor, había dejado esa mochila en encargo para ser retirada más tarde.

Pocos meses después Rivadeneira fue promovido al cargo de juez penal y luego al de asesor de Serrano en el ministerio del Interior.

El 2 de mayo de 2013 el entonces asambleísta César Montúfar pidió a la embajada de Perú en Ecuador que le informe si el gobierno nacional solicitó permiso al gobierno peruano para las actividades de los servidores policiales que viajaron a Lima “o, si existió alguna coordinación entre ambos gobiernos para la actuación de policías ecuatorianos en territorio peruano. Transcurrió casi un mes desde entonces y el ex viceministro del Interior, Xavier Córdoba, acudió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar sobre las actividades de la UGSI, dependencia de inteligencia de la presidencia. Ante las preguntas de Montúfar sobre la misión que cumplieron los agentes en Lima no hubo mayores detalles.

En una denuncia presentada ante la fiscalía de Pichincha, la esposa de Vallejo, Alexandra del Yépez Urquizo indicó que los agentes de la UGSI ingresaron a Perú en calidad de turistas. Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2013 Yépez pidió a la consejera de la embajada peruana en Ecuador, Roxana Castro, que la confirmación que le hizo vía telefónica de que los servidores policiales viajaron a ese país con visa de turismo y sin coordinación previa con su par peruano sea realizada por escrito. Hasta el momento eso no se ha concretado.

Como parte de su defensa legal Vallejo presentó un informe sobre 25 llamadas realizadas entre su ex colaborador Oswaldo Rivadeneira y el capitán Pablo Luna Guevara, de la UGSI, entre el 28 y el 31 de mayo, día en que Vallejo viajó a Lima. En otro reporte del informe aparecen también 14 llamadas entre Rivadeneira y Francisco Piñeiros, ex agente de los Ministerios de Justicia y del Interior, cuando estuvo al mando José Serrano. Piñeiros fue acusado de estafa en Cayambe durante el 2010 por tres personas que lo inculparon de haberles pedido dinero a cambio de adjudicarles equipos de laboratorio clínico y vehículos que la Policía iba a rematar, sin que Piñeiros sea oficial de policía.

Otro elemento que confirmaría no solo el seguimiento hecho a Vallejo en Perú sino el amedrentamiento a él y a su familia, fue un anónimo que recibió su esposa con una fotografía del ex asesor en compañía de una mujer en Lima, en la que los remitentes insinuaban un acto inmoral.

Los testimonios que se han pedido a Vallejo sobre el secuestro de Balda, en este año (el 9 de mayo pasado), han puesto nuevamente en escena no solo este caso sino la presunta persecución en contra del ex asesor de Serrano y sus otras denuncias realizadas años atrás. El asambleísta César Carrión (CREO) ha pedido a la presidencia de la República un informe “ejecutivo, concreto y específico, de la comisión de servicios realizada por los servidores Luis Guillermo Rodríguez Villegas; Oscar Rolando Fierro Puente; y Edwin Vinicio Quezada Morocho, de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República… que fueron comisionados por el entonces Ministro del Interior, José Serrano, a la ciudad de Lima entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012”.

Este requerimiento presentado en oficio No. 105-CC-PDI-2018 y enviado 5 de junio de 2018 por Carrión, aún no tiene respuesta de la Presidencia de la República según confirmó a Mil Hojas el asambleísta, quien considera que hay que profundizar las investigaciones en torno a las denuncias de Vallejo, pues la SENAIN no cumplió con la Ley de Seguridad Pública del Estado. Para ello precisó que hay que pedir que se desclasifiquen los expedientes de cada tema, pues “todos los delitos se encubrieron con la clasificación de reservado o secreto”. En esa línea Carrión dijo que ha pedido la desclasificación, en todas las dependencias que hayan manejado el caso 30S, pues deben esclarecerse muchos hechos, como la muerte de Froilán Jiménez.

El 2 de julio de este año Diego Vallejo realizó el reconocimiento de firmas en la denuncia que presentó en marzo de 2017, en contra de Rafael Correa y de José Serrano, por el presunto delito de intimidación hacia el ex asesor y su familia por parte de los miembros de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia.

Jimena Mena Martínez es la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas que ha sido asignada para el caso.

FUENTE: FUNDACIÓN 1000 HOJAS