El valor de la transparencia

Publicado en julio 27, 2018  en Columnistas/Las Ideas  por Ruth Hidalgo

Actualmente vemos cómo la lucha contra la corrupción es quizás el punto más relevante en las agendas prioritarias que los estados se han planteado a nivel regional y mundial y hacia donde están enfocando sus esfuerzos. Esto se debe a que cifras y datos  demuestran que las estructuras de corrupción terminan influyendo negativamente en el desarrollo económico y social de los países.
Estados con altos índices de corrupción tienen instituciones débiles, sistemas de justicia poco eficaces y generalmente engendran sociedades tremendamente desiguales ya que por más que los ciudadanos honestos trabajen su vida entera, jamás lograrán tener aquellos beneficios y privilegios de los corruptos que sobreviven al amparo de la impunidad.

Los estados que son más transparentes gozan, por el contrario, desde la perspectiva del crecimiento económico, de ventajas competitivas frente a aquellos que no lo son. Un país con transparencia es atractivo a la inversión extranjera, pues ofrece sobre todo seguridad jurídica al que quiere invertir; buenas prácticas en la gestión de lo público, visión de gobierno abierto y procesos de rendición de cuentas efectivas que operan como un generador de confianza  pues garantizan, entre otras cosas, a los posibles inversionistas, que no serán presa de coimas ni extorsiones para poder trabajar en el país.

En resumen, países transparentes tienen mejores sociedades y su gestión está sujeta al escrutinio permanente de la ciudadanía. Esto brinda ventajas a todos porque sus instituciones son confiables, el ejercicio de los derechos de participación es garantizado, el acceso a la información de la gestión pública es ejercida a cabalidad por los ciudadanos: todo esto aumenta la confianza hacia sus gobernantes y funcionarios.

Hace pocos días se presentó en la Asamblea Nacional el Proyecto de ley de Transparencia Fiscal que materializa el compromiso, desde la Legislatura, de plantear una Agenda de construcción normativa que logre transversalizar la transparencia como política de Estado en el Ecuador. Esto constituye un hito que vale la pena resaltar y analizar, puesto que recoge una iniciativa proveniente de la sociedad civil que, luego de un trabajo de diálogo, análisis, discusión y consenso, consiguió presentar formalmente a la Asamblea.

¿Y por qué esto amerita ser resaltado? Porque hace un poco más de un año, lograr la convergencia de actores políticos y sociales con semejante propósito era imposible; atreverse a proponer la restitución de la autonomía del Banco Central y su incidencia sobre el límite de endeudamiento público era impensable. Sin duda, el momento político que el Ecuador está viviendo es distinto, la voluntad de los legisladores y un  liderazgo propositivo y colaborativo en el legislativo han  jugado un papel preponderante para que se pueda plantear reformas a ocho cuerpos legales que regulan temas concernientes a aspectos como el monetario/financiero, una metodología transparente y sólida para la  aprobación del Presupuesto del Estado; planificación y finanzas públicas; contratación pública; contratación de industrias mineras, petroleras y acceso a la información.

El camino hacia la transparencia es un asunto serio que requiere mucho trabajo, más allá de la declaración de intenciones. Se forja sobre la base de decisiones y compromisos ético-políticos de trabajo a largo plazo, en donde la voluntad por juntar esfuerzos por el país pueda más que las diferencias ideológicas y las tiendas políticas. Trazar ese camino no es fácil, pero sí es posible: el país lo merece.

Para ello, necesitamos generar condiciones, seguir juntando esfuerzos desde los sectores tanto políticos como ciudadanos para la reconstrucción de la institucionalidad, a fin de que la transparencia se transforme en el eje articulador de todo proceso que tenga que ver con el manejo de los fondos públicos, de los temas de interés nacional y de las decisiones que cambian nuestros estilos de vida, de  tal forma que los ciudadanos podamos evaluar permanentemente a nuestros gobernantes y funcionarios bajo la certeza de la luz y no bajo la vara de la opacidad. Al fin y al cabo, la democracia es un asunto de todos.