El observador

Las madres del 30S, en busca de reparación y justicia

Cuatro mujeres, tres madres y una hermana, de los fallecidos en el 30S relatan su lucha por obtener justicia, por que se sancione a los culpables y por llegar a la verdad. Para ellas, el Estado protege a los autores de la muerte de sus hijos y hermano. Para ellas no hay justicia luego de 8 años, cuando no hay sancionados por la muerte violenta de cuatro seres humanos.

30 de julio del 2018

REDACCIÓN PLAN V

Los militares mataron a mi hijo y no se sabe nada

Lidia Landeta, madre de Edwin Calderón Landeta.

Cuando estaba el anterior Presidente nos tenía amenazados a todos, que no demos información de nada. Tampoco nos dejaron que pongamos abogado y que pongamos la demanda, no podíamos, porque vivíamos amenazados.

A mi hijo lo asesinaron los militares, la noche del 30S, en La Marín, a las ocho de la noche. Mi hijo era policía, era chofer y estaba haciendo servicio en el cuartel número dos. Él no estuvo, para nada, en el conflicto que hubo. Simplemente él estaba ahí, ya había cumplido su trabajo y estaba para salir franco y al frente del cuartel hay una tienda, había salido a comprar una agüita, compra el agua y salen del cuartel un teniente y un secretario del teniente, y le dicen a mi hijo que les acompañe porque atrás del cuartel hay el mercado, y le dicen: vamos Calderón, que atrás están saqueando, pero había sido todo falso. Entonces se paran en la esquina, y baja un camión del ejército, dá la vuelta en U y les van acribillando. Le dan al teniente, al secretario, pero ellos quedan heridos, y a mi hijo lo asesinan. Para nosotros saber cómo ha sido y que lo digan sus compañeros, no pudimos porque al teniente le habían mandado lejos de aquí y lo mismo al otro. Hasta ahora no les conozco. Cuando estaba el anterior Presidente nos tenía amenazados a todos, que no demos información de nada. Tampoco nos dejaron que pongamos abogado y que pongamos la demanda, no podíamos, porque vivíamos amenazados. Sin embargo andaba yo de fiscalía en fiscalía, preguntando cómo va el proceso. Me atendían en el Juzgado Sexto, del doctor Reinoso, y siempre que iba, este doctor me decía que está avanzado, que no me preocupe. La última vez que fui me dijo que ya está todo hecho, pero que está en La Recoleta. Y de pronto, un día que fui ya no hubo ni el doctor Reinoso ni nadie. Simplemente la secretaria. Me acerqué y la secretaria me dijo que todo está archivado por orden del Presidente. Que no nos den ninguna información, que todo lo que ha pasado que archiven. Desde entonces he andado a veces con mis compañeros (de los familiares) a veces sola, siempre pidiendo que no quede impune la muerte de mi hijo. Me han ofrecido pero nunca han cumplido nada. Durante este tiempo me ha llamado el Presidente a la Presidencia, siempre acudía con tal de que no quede impune la muerte de mi hijo, pero me ofrecía tantas cosas el Presidente, pero nunca cumplió. Le decía que me ayude a hacer justicia, para que salga a la luz el que asesinó a mijo, porque era un militar; el me decía que sí, y que sí, pero nunca nos ayudó. Hablaban de todo lo que había pasado pero de mijo nunca hablaban. Solo cuando vino un compañero de los afectados y me acompañaba, desde ahí salió el nombre de mi hijo. 

(El tema del policía Calderón ni siquiera está judicializado. No hay una indagación previa siquiera. Ndlr)

Me decían que no podían investigar porque la bala está muy gastada

Mariana Jaya, madre del soldado Jacinto Cortéz Jaya.

Pero algo que valga la pena, que me consuele como madre, nada. Quedó en la impunidad el caso y sigo pidiendo justicia. No entiendo mucho de leyes, pero para mi que fue un crimen de Estado.

El cuerpo de mijo fue exhumado dos veces. La primera a pocos días de enterrado y la segunda vez en diciembre del 2015. Lo hizo el fiscal Fabián Salazar. Siempre desde la Presidencia se enviaba documentos de cómo está la investigación, y me decían: señora no se preocupe, eso está andando. Pero en febrero del 2013, el 30 de septiembre, que fui a la fiscalía general del Estado para ver cómo está la causa, no había nada. Puse el nombre de todas las formas y me preguntaron si había demandado, pero no porque el gobierno dijo que iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Me fui al cambio de guardia en la Presidencia y el Presidente me preguntó que quién dijo eso, para destituirlo, cuando la chica me estaba diciendo la verdad. Recién en el 2013 supe el número de la causa. Luego en el 2015, cuando me llamaron a la reconstrucción de los hechos, en junio, pero hasta los compañeros que estaban para apoyar, que entraron con el pelotón, hasta ellos no estaban, no aparecían. Porque cuando pasó el 30S en los cuarteles nadie hablaba de ese caso, era prohibido, y a la mayoría de los compañeros los enviaron a otras unidades. Entonces seguía mandando correos, al fiscal Salazar, y ya me cansaba porque me decían: señora ese caso está muy difícil, hacemos lo que podemos y hasta en Colombia hay los peritos, que la bala está muy gastada, que es un secreto de Estado, que no desclasifica la información, que los militares... Pero algo que valga la pena, que me consuele como madre, nada. Quedó en la impunidad el caso y sigo pidiendo justicia. No entiendo mucho de leyes, pero para mi que fue un crimen de Estado. Porque este asunto del 30S fue provocado, igualito que el compadre (Hugo) Chávez que tenía que haber muertos para que digan que fue secuestrado, cuando él nunca estuvo secuestrado. El caso quedó ahí porque yo no tengo tiempo de estar viniendo a Quito. En el 2015, estos niños (sus dos nietos) estaban abandonados por la madre, que vivía en Cotopaxi, tuve que rescatar a estos niños, el uno de 7 y el otro de 4 años. Ya voy para tres años con ellos. El tribunal me dio la representación solo para la escuela ¿pero ellos no comen? ¿Cómo los crío? Como no tengo dinero para seguir juicio envié una carta al Presidente, y no sé quién recibía los correos, me llamaban a decir que yo quería dinero, quería lucro, que esto está entre abogados y es un trámite judicial y ellos no tenían nada que hacer. Eso cuando contestaban. Me cansé de pedir y cogí un abogado y en el trámite, el tribunal suspendió la pensión de mijo, porque no me habían nombrado tutora de los niños. Y el Issfa me dijo que hasta que el tribunal no resuelva el caso, el dinero de los niños (que es la  pensión de su papá) estará congelado. Y yo nunca había cogido esa pensión, la cogía la madre de los niños, pero yo era la que los cuidaba. ¿Cómo van a vulnerar el derecho de estos niños? Les matan al padre y ahora no tienen derecho a nada, no tienen ni derecho a atención de salud. Trabajo en Registro Civil en Santo Domingo de los Tsáchilas, llevo cinco años, pero es un contrato provisional. Ese es mi pesar, ellos no gozan de los beneficios, yo cubro sus gastos. Hace tres meses fui donde un abogado a ver qué hace, dijo que hay que demandar a la madre, que hay que citarla; ahora vive en Guamaní, en la casa que el gobierno les dio a ellos. En el caso del asesinato de mi hijo, el fiscal Salazar solo me decía: en eso estamos señora, en eso estamos, porque es muy difícil. Luego me dijo que la bala es de revólver. Ese 30S mi hijo estaba terminando el curso de ascenso, en el cuartel Rumiñahui. Y fue con tolete a rescatar al Presidente, fue a una muerte segura. El día en que mi hijo murió nadie del gobierno me avisó, me enteré por un familiar de Esmeraldas. Esto duele tanto, una intenta sobrevivir, reír, lo que sea pero la procesión va por dentro. 

El Estado protege al soldado que disparó contra mi hermano

Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez.

El doctor Carlos Baca Mancheno no era fiscal en ese momento, ¿por qué pudo él acceder a esa información, si estaba en indagación previa? Nosotros como familiares no podíamos acceder a esa información, pero él sí.

Es inaudito y hasta resulta impotente mencionar que ya vamos a cumplir ocho años y siguen en etapa de indagación previa. Porque en diciembre del 2010 se declaró reservado el caso de mi hermano, por parte del Consejo de Seguridad Nacional presidido por Rafael Correa.  Y al ser declardo reservado no se ha podido, según Fiscalía, avanzar en el caso. Sin embargo, por las constantes peticiones que ha hecho la familia a Fiscalía, se han hecho algunos procesos periciales. Dentro de estos se determinó que hubo mil militares que participaron en el operativo, de estos cuatro están tras un jeep rojo frente al hospital de la Policía, dimos los nombres, que constan ya en la Fiscalía. Estas cuatro personas debían ser llamadas para hacer el proceso de identificación, se hizo eso en el mes de julio del 2018, pero los militares no se presentaron. Nos dijeron que los militares no se pudieron presentar y que el fiscal Fabián Salazar había recibido una orden superior de no hacer que los militares se presenten. Ya sabemos los nombres, ya sabemos quién disparó, pero esta persona está protegida por el Estado. Llegamos a los nombres gracias al análisis de los videos sin editar. En el caso de mi hermano se ha violado todo el debido proceso. Estuvo en un inicio en Fiscalía de Pichincha, pero de ahí misteriosamente los cuerpos legales, los 22, desaparecieron. Fuimos como familia a exigir que nos digan dónde estaban. Tenemos ese derecho, y es un derecho de mi hermano que se le haga justicia, porque fue un funcionario que lo único que hizo fue cumplir con su misión, recibir órdenes y cumplirlas. Nos dijeron que el juicio se movió por orden de Rafael Correa para que la comisión del 30S pueda llevarse esos documentos. El doctor Carlos Baca Mancheno no era fiscal en ese momento, ¿por qué pudo él acceder a esa información, si estaba en indagación previa? Nosotros como familiares no podíamos acceder a esa información, pero él sí, ¿solo porque era el presidente de la Comisión 30S y se pueden violentar todas las normas juridicas del Estado? Nos dijeron que el caso estaba en la Fiscalía General del Estado; fuimos, nos reunimos con el entonces fiscal Galo Chiriboga, nos dijo que ahí estaba el caso, que no se había nombrado aún un fiscal para el caso, luego nos dijeron que había sido nombrado Fabián Salazar. Con él hemos conversado un sinnúmero de veces, hemos hecho un sinnúmero de peticiones que no han sido procesadas. Sorpresivamente, el doctor Carlos Baca llegó a ser Fiscal General. Él tenía pleno conocimiento del caso, porque accedió a toda la información del proceso de mi hermano. Él pudo haber determinado responsables y sancionar a los asesinos de Froilán Jiménez. Y digo asesinos porque hay quien disparó, pero también hay quien ordenó. Con Carlos Baca no pasó nada y el caso volvió donde el doctor Fabián Salazar. Pasa de aquí para allá y el caso no avanza. No callaremos hasta el caso del asesinato de Froilán Jiménez se declare como un delito de lessa humanidad. Antes pedíamos justicia, que se establezcan y sanciones a los responsables, pero hoy como familia estamos pidiendo que sea delito de lessa humanidad, y tenemos toda la paciencia del mundo, todos los años que nos queda de vida para que se pueda declarar así. Ahora, tampoco se ha podido archivar el caso, porque la Fiscalía dice que hay demasiados indicios y que al haberlos es imposible archivar el caso; pero entonces hemos dicho, si esto pasa, entonces dennos responsables, pero tampoco lo hacen. 

El Vicepresidente me regaló un bastón, una silla de ruedas y un colchón

Amada Ortiz, madre del soldado Darwin Panchi Ortiz.

No me avisaron que mi hijo estaba con una bala en la cabeza. Me dijeron que estaba con una bala en la pierna, pero al segundo día mi cuñado me dijo que estaba mal, él me avisó. Cuando llegamos al hospital militar mi hijo no podía respirar ni moverse.

Ha sido para mi bien doloroso. Era mi único hijo y estaba pendiente de él, que se haga militar, y se hizo militar pero no pasó ni un mes y falleció. Dicen ahora que los militares mismo han disparado a mi hijo. Vivíamos en Tena, y a la mañana siguiente del caso me llaman y me dicen: su hijo tiene un problema, le han disparado en la pierna. Vine al otro día, me quería traer un señor del Municipio, pero llegó mi cuñado y me llevó a Quito. Así llegué pero al otro día. Yo no quería saber nada, subí a verle y estaba vendada su cabecita, solo respiraba. El señor que le atendía, un militar, dijo: señora, de su hijo no hay mucho qué hacer, pero le vamos a mandar al exterior. Le dije bueno, para ver si él tiene vida. Pero me dijeron después que van a desconectarle, y le desconectaron. No me avisaron que mi hijo estaba con una bala en la cabeza. Me dijeron que estaba con una bala en la pierna, pero al segundo día mi cuñado me dijo que estaba mal, él me avisó. Cuando llegamos al hospital militar mi hijo no podía respirar ni moverse. A los diez días de que falleció, nuevamente lo sacaron, no me dejaban verlo ni meterme en eso, pero luego fue sepultado nuevamente. Tampoco me avisaron. Por coincidencia mi papá escuchó algo en la televisión, y me dijo que lo iban a sacar nuevamente y salí, pero no fui tomada en cuenta para nada. Pero sí pude llegar al cementerio. Yo me puse muy delicada de salud, y no me hacían intervenir en nada, estaba con la presión alta. Fui después a la Fiscalía, y el fiscal me dijo que ya estaba detenido el policía que le había disparado. Y luego me dijeron que el Presidente le había dado el indulto. Y luego dijeron que iban a seguir investigando. Yo vivo en el Tena, y el gobierno me ofreció a darme una casita. El señor Vicepresidente llegó cuando yo estaba mala, fue al hospital de Ambato y había llegado un oficio y ya no me dejaban ir al Tena y me quedé completamente sola. Me dijeron que viva en Ambato, con mi mamá. De aquí ya me quedé en Ambato, pero no tengo más. El señor Vicepresidente me dio una silla de ruedas, un cochón antiescaras y un bastón. Eso me mandó a dejar el Vicepresidente. 

   ANÁLISIS   

En el 30S lo que primero se sacrificó fue a la Justicia

Dr. Hugo Espín, abogado de algunos de los procesados

Una de las cosas más graves del 30S es que lo primero que se sacrtificó fue la justicia. Se puso fiscales y jueces con una óptica muy sesgada, para encontrar únicos responsables en los uniformados, no en encontrar respuestas a lo que sucedió. Las primeras vícitimas fueron las personas a las que se procesó con o sin razón. Muchas de las personas que tenían realmente vinculación fueron excluidos por acuerdos, arreglos o solo Dios sabe qué... En el tema de los familiares de los que fallecieron, lo que ellos han vivido es un peregrinar sin respuestas, en una Función Judicial que no quiere dar respuestas. Porque pensar que ya con los videos en la muerte de Froilán Jiménez, no se pueda determinar aún quién disparó, es una absurdo. En el video se ven los rostros, quiénes eran, y se ve que son militares de una unidad de Fuerzas Especiales. Y son fácilmente identificables con los listados y el cotejamiento balístico, porque con Jiménez había le proyectil, que quedó dentro del cuerpo y se recuperó. Nunca hubo el cotejamiento balísitico. Nosotros sabíamos que se hizo el cotejamiento de las armas de la Policía, por disposición de Fiscalía, pero en el Ejército no se hizo ese cotejamiento.

¿Qué ha sucedido con las otras víctimas? La sensación de indefensión en las mismas. Cuando se hicieron ofertas de casas, de empleos dentro del Estado, de condiciones que al final nunca se cumplieron, que no veo ético que se haya cumplido, pero no se quizo investigar. En la muerte del soldado Panchi, una cosa turbia, que no queda clara; la muerte del estudiante Bolaños, donde tuvimos un preso de la manera más absurda hasta que fue ratificada la inocencia del capitán Francisco Guzmán, que perdió su carrera, su familia; era un oficial muy dedicado, del GOE, muy querido por la gente. Le arruinaron la vida, y la respuesta fue solamente "ups, me equivoqué". ¿Dónde estaba el principio básico de que el Estado pueda generar al menos una compensación para sus víctimas?

He visto con estupor a un exministro, asambleísta y expresidente de la Asamblea reconocer abiertamente que tenía conocimiento de hechos delictivos no expuestos. Hace poco se me acercó un general que me dijo tener una carpeta con abundamente información que en cualquier momento la iba a sacar. Y todo esto es parte de una norma que está en el COIP sobre el deber de los funcionarios públicos: están obligados a denunciar. Y esa obligación se basa en otro elemento que determina el COIP: la equivalencia jurídica; es decir, quien tiene la obligación jurídica de impedir un hecho, de denunciarlo, es decir de hacer que se produzca la investigación y no lo hace, equivale a cometerlo.

Por eso preocupa cuando sabemos que fiscales, que investigadores policiales han tenido en sus manos informes, documentación, peritajes, experticias o cualquier otra forma de indicio, para dar descubrir la verdad, no solamente de los delitos vinculados al 30S sino en casos como el asesinato del general Jorge Gabela, que tiene su relación. Cuando un empieza a analizar que los temas del 30S no son aislados de otros casos, y encontramos el factor común de que los investigadores no hicieron su trabajo