El Contencioso Electoral no solo pagaba troles, los compraba
¿Cómo debería ser la “canción símbolo” del Tribunal Contencioso Electoral? Si se toma en cuenta de que se trata de un organismo encargado de resolver conflictos electorales, como lo establece la Constitución, quizá debería llevar una estrofa en la que se relacione la palabra justicia con la palabra voto. ¿Qué ritmo debería tener? Seguramente la de un himno patriótico o la de una marcha triunfal ya que, dada la naturaleza del organismo, no debería sonar a nada que se parezca a una opereta bufa o una canción de amor.
Marcha o opereta, en cualquier caso, una “canción símbolo” para un organismo como el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, es algo absolutamente absurdo. Un absurdo que solo puede ser superado por el crimen de que por algo así se pague con dineros del Estado. ¿Una “canción símbolo” dicen en serio?
Aquí la canción símbolo
Pues bien, ese doble absurdo que perfectamente puede llegar a configurar peculado, si algún organismo de justicia se pone a investigar, es el que se consumó en el 2014 en ese organismo de control electoral cuando Patricio Baca Mancheno fue su presidente.
En efecto, de acuerdo a documentos que la actual presidenta de ese organismo, Mónica Rodríguez, ha decidido hacer públicos, el TCE durante la gestión de Baca Mancheno gastó algo más de 300 mil dólares en servicios para promocionar la imagen del organismo y defender su gestión en la opinión pública, básicamente en redes sociales. Con ese dinero no solo se contrató el servicio de manejo de cuentas de redes sociales o “troll center” sino que incluso se llegó a comprar seguidores para las cuentas del organismo,.
De acuerdo a los documentos que fueron hechos públicos en Teleamazonas, Baca Mancheno contrató a dos consultoras para hacer el trabajo. Por un lado estuvo un contrato de 145 600 dólares firmado con José Luis Moreno, encargado entre otras cosas de la “canción símbolo” del TCE. Por otro 183 160 dólares con Amauri Chamorro, seguramente el operador más importante y destacado del sistema de acoso y ataque en redes sociales que ha tenido el correísmo.
Tanto el contrato con Moreno como el de Chamorro, tenían como objetivo el “fortalecimiento” de la imagen del TCE en la opinión pública, lo cual resulta un sinsentido si se considera que se trata de un organismo, como lo dice su presidenta, cuyo trabajo no depende de la simpatía o antipatía que pueda generar en la sociedad. “¿De qué le sirve a un organismo que administra justicia posicionarse en redes sociales?”, dijo Mónica Rodríguez a Teleamazonas.
Pero el argumento de que el TCE necesitaba fortalecer su imagen en la opinión a través del manejo y la manipulación de redes sociales se hace más insostenible si se examina los costos de determinados servicios establecidos en los contratos. Por ejemplo, está el de abrir una página de Facebook y una cuenta de Twitter del organismo. Según los documentos, la administración de Baca Mancheno pagó 10 000 dólares por cada uno de esos trabajos, un costo sin duda descabellado si se toma en cuenta que hacerlo no le toma a un adolescente más de media hora, y eso con una conexión muy mala al internet. El contrato de 145 600 dólares también incluía la realización de una encuesta de opinión por 20 000 dólares. ¿Y la “canción símbolo”? 7 500 dólares que, considerando que nadie la recuerda, en el caso de que alguien la haya escuchado alguna vez, resulta ser un robo a mano armada.
La contratación hecha por Patricio Baca Mancheno se inscribe en un esquema que tuvo el aparato de propaganda y acoso en redes del correísmo. En ese sistema el montaje de la ilusión de apoyo y activismo en redes a favor del gobierno de Correa y todos sus organismos iba siempre acompañado de contratos que, evidentemente, tenían costos enormes que no se compadecían con la ley y la ética en el gasto público. Baca Mancheno es miembro de una de las familias más enchufadas con el correato: su hermano Carlos fue miembro de la comisión que investigó el 30S, asesor del ex presidente Correa y luego colocado por él en la Fiscalía. El otro hermano, Pablo, fue abogado de Doris Solis mientras fue ministra de Inclusión Social.
Los rubros pagados para el servicio dado por Amauri Chamorro también son llamativos. Se pagó, por ejemplo, 18 316 dólares por hacer un cronograma de trabajo y 54 948 para elaborar un “documento que contenga el diagnóstico comunicacional de la situación actual y prospectiva”. Y por el manejo de las redes, es decir por operar a las cuentas de trolls por las que Chamorro se ha hecho célebre, cobraba 109 896 dólares. A parte de los valores pagados a Chamorro, aparece la interrogante sobre las razones por las que un organismo como el TCE contrató esos servicios. La actual presidenta del organismo en su declaración a Teleamazonas incluso mencionó que existen evidencias de que estas firmas contratadas pagaban por comprar seguidores en Twitter. En efecto, la presidenta del TCE mostró evidencias de que, con una tarjeta de crédito, se pagaron entre los años 2015 y 2016 sumas pequeñas que aparentemente eran para la compra de troles.
Amauri Chamorro manejó durante el correísmo tres empresas: Ribeney, Medaglia y Oráculo. Con ellas mantuvo contratos con varios organismos de Estado para el manejo de cuentas en redes sociales, entre esos el Cordicom, con el que llegó a tener problemas legales. De acuerdo a un informe publicado por el portal Fundación Milhojas, el monto de los contratos de las empresas de Chamorro con el Estado fácilmente superan los 2 millones de dólares.
Chamorro es un admirador declarado del comunismo y se presenta en medios de comunicación vinculados al correísmo o a la izquierda regional como Telesur en calidad de observador y analista internacional. En su cuenta de Twitter se presenta como “soldado de la segunda independencia de América Latina” y ha sido sido visto viajando con Correa en sus más recientes desplazamientos, como el que tuvo en Argentina.
El aparecimiento de los contratos del Tribunal Contencioso Electoral abre la posiblidad, según su actual presidenta, de que se inicie una investigación sobre los posibles sobreprecios e irregularidades en el manejo de las empresas que daban el servicio de manejo de redes sociales al gobierno de Correa.
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