La Asamblea aprobó un paquete de 15 enmiendas a la Constitución propuestas por el bloque de asambleístas del oficialismo. Uno de los cambios convierte a la comunicación como servicio público, lo que implica un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión..[ Envíalo a un amigo ]
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El 4 de diciembre de 2015, 21 personas fueron sentenciados a 15 días de prisión tras ser detenidas la noche anterior durante la jornada de protestas en contra de la aprobación de las reformas constitucionales. Tras seis horas de audiencia, el juez Rafael Pérez, de la Unidad de Flagrancias, declaró culpables a los procesados por atentar contra la honra de los policías. Conducta que se encuentra tipificada en el artículo 396 del Código Integral Penal como una contravención de cuarta clase.
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El 3 de diciembre de 2015, varios incidentes ocurrieron en el marco de una jornada de protestas en rechazo a la aprobación de un paquete de enmiendas a la Constitución por parte del legislativo. El fotógrafo de diario El Comercio, Diego Pallero y el camarógrafo del medio digital LaRepublica.ec, Jonathan Bedón fueron agredidos físicamente. También se reportaron varios ciudadanos heridos y al menos 50 detenidos (21 detenidos confirmados, que tras la audiencia de Flagrancia desarrollada la tarde del día siguiente fueron sentenciados a 15 días de prisión por injurias).
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El 28 de noviembre de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) amonestó por escrito al periodista Gonzalo Rosero, director del programa Revista Informativa de Radio Democracia, por plantear una pregunta "capciosa" al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Rodrigo Vélez Valarezo, durante una entrevista el pasado 5 de octubre. La entidad de control le recordó al medio de comunicación su obligación de "corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación" y le conminó a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentran reñidos en la Ley Orgánica de Comunicación.
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El 1 de diciembre de 2015, Twitter bloqueó la cuenta de Stephan Kuffner, corresponsal de The Economist en Ecuador, tras haber publicado una fotografía de personas durmiéndose, en una reunión de la comisión de enmiendas de la Asamblea, por considerar que es información privada y confidencial. Kuffner afirmó que la fotografía por la que le bloquearon el acceso a su cuenta, fue un 'retweet' de una fotografía publicada originalmente por el asambleísta de gobierno Miguel Carvajal el 23 de noviembre en donde escribió: "Ciudadanía acude a @AsambleaEcuador, sesión @Enmiendas_EC para apoyar la #enmienda constitucional.
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El 1 de diciembre, una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación (Secom) interrumpió el informativo estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, por comentarios vertidos por el periodista respecto a una de las reformas constitucionales que el oficialismo presentó como enmiendas y fueron aprobaron en la Asamblea. El periodista se había referido a la necesidad de que la Contraloría sea un organismo independiente.
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El 29 de noviembre de 2015, diario La Hora dedicó publicó una réplica impuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por una nota periodística del pasado 23 de noviembre titulada "Los recortes afectarán a nuevos centros infantiles", cuya fuente principal era la ministra de esa cartera de Estado, Betty Tola. La réplica, titulada "Recortes presupuestarios no afectarán a los centros infantiles del Estado" llegó al periódico previamente diagramada como si fuera una nota de ese medio, a pedido de la directora de comunicación de ese Ministerio, Silvia Zurita.
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