La jueza obliga a Correa a venir a dar la cara
Bastaba con ver a los más recalcitrantes adoradores de Rafael Correa saliendo de sala de sesiones de la Corte Nacional para darse cuenta de que la decisión de la jueza Daniela Camacho es para ellos una de las peores y más inimaginables derrotas. Que Rafael Correa tenga que venir al Ecuador cada quince días, a partir del 2 de julio, para presentarse en la Corte por hallarse vinculado como presunto autor del secuestro a Fernando Balda es, a toda luces, un golpe durísimo para ellos y para el caudillo al que siguen incondicionalmente.
Ahí estaba la cara compungida de Paola Pabón, el gesto de bronca y de ansias de venganza infinita de Ricardo Patiño, la sonrisita que pretende esconder la frustración de Gabriela Rivadeneira, el semblante de absoluta devastación de Doris Soliz, la mirada perdida de Soledad Buendía o el extravío instalado en los ojos de Virgilio Hernández: todos salieron de la sala como en marcha fúnebre, con la mirada en el vacío, rehuyendo, como si no fuera con ellos, los pocos gritos de triunfo que proferían de los amigos y partidarios de Balda. Solo Ricardo Patiño se dio la vuelta y gritó conteniendo su ira: “ya les llegará”. Lo dijo sin darse cuenta de que algunos de los que lo escucharon no pudieron contener la risa.
En ese estado de ánimo, el grupo de correístas ultras se dirigieron a la sala donde estaba todo listo para las ruedas de prensa. “Ricardo ven acá”, dijo a Gabriela Rivadeneira, como si temiera que él hablara con la prensa. Lo convenido era que lo hiciera Caupolicán Ochoa, el abogado que Correa escogió apenas el viernes de la semana pasada para que lo represente en la audiencia en la cual se esparaba que la jueza Camacho dictara medidas cautelares en su contra.
Caupolicán Ochoa se colocó frente al atril donde no cabía un solo micrófono más y frente a la nube de cámaras. Desde ahí lanzó una extensa e intensa perolata en contra de la decisión de la jueza Camacho. No solo que trató de deslegitimarla calificándola como “grosera”, “insólita” e “ilegal” sino que aseguró que la medida cautelar había sido más grave de lo que el fiscal Edwin Pérez Reina había pedido en contra de su representado, Rafael Correa.
Según Ochoa, el fiscal únicamente había pedido que Correa se presente ante la delegación diplomática donde vive o se encuentre y que se le coloque un dispositivo de geolocalización. Según él, la jueza se apresuró a disponer algo que para Correa es casi imposible de cumplir. No puede trasladarse a Quito cada quince días, dijo, porque está viviendo con su familia en Bélgica y porque su trabajo consiste en dar conferencias en el mundo. “No salimos del estupor” -dijo Ochoa-. “La jueza sigue consignas extrañas”.
Luego fue el turno de la defensa de Fernando Balda. Felipe Rodríguez, su abogado, se mostró satisfecho con la decisión de la jueza y negó dos aseveraciones que hizo Ochoa. Una: que la jueza haya dictaminado una medida cautelar más grave que lo pedido por el fiscal. Dos: que la sentencia en Colombia, por lo ocurrido con Balda, hable tan solo de “tentativa de secuestro”, por lo que no se justificaba una medida cautelar tan grave.
Según Rodríguez, el fiscal pidió que Correa se presente ante las autoridades en el extranjero o ante las autoridades locales, por lo cual es perfectamente explicable que haya ordenado que el ex presidente se presente ante la Corte Nacional. Sobre el tema de si la justicia colombiana había sentenciado a varios sicarios que participaron en el secuestro por “tentativa de secuestro”, como dijo Ochoa, Rodríguez explicó que esa aseveración se debe a que el abogado de Correa no ha leído el expediente. El delito es de secuestro simple atenuado. “Simple porque no hubo extorsión y atenuado porque el secuestrado logró huir”.
Lo que dijo Rodríguez sobre Ochoa -que no leído el expediente- lo confirmó él mismo. “Deben entender que recién me he hecho cargo del caso”, dijo cuando un periodistas le preguntó por algún detalle del juicio. En efecto, la premura con la que fue designado procurador jurídico de Correa, le pasó factura durante su actuación en la audiencia. Por ejemplo, cuando al oponerse al pedido del fiscal para se le impongan un grillete electrónico a Correa, o se presente ante una autoridad ecuatoriana en el país en que se encuentre, Ochoa dijo que eso era imposible para el ex presidente por su trabajo y su familia. Pero no exhibió documentos certificados que demostraran aquello. Apenas si mostró un papel en el que se dice que por cada conferencia Correa cobra 40 000 dólares.
Lo que dijo Rodríguez sobre Ochoa -que no leído el expediente- lo confirmó él mismo. “Deben entender que recién me he hecho cargo del caso”, dijo cuando un periodistas le preguntó por algún detalle del juicio. En efecto, la premura con la que fue designado procurador jurídico de Correa, le pasó factura durante su actuación en la audiencia. Por ejemplo, cuando al oponerse al pedido del fiscal para se le impongan un grillete electrónico a Correa, o se presente ante una autoridad ecuatoriana en el país en que se encuentre, Ochoa dijo que eso era imposible para el ex presidente por su trabajo y su familia. Pero no exhibió documentos certificados que demostraran aquello. Apenas si mostró un papel en el que se dice que por cada conferencia Correa cobra 40 000 dólares.
En realidad, a Caupolicán Ochoa y a los rabiosos correístas que llegaron hasta el octavo piso del edificio de la Corte Nacional les fue mal. La intervención del fiscal Pérez Reina fue documentada y tan detallada que la defensa de Correa poco o nada pudo argumentar. Ochoa reconoció, frente a la jueza, que hubo un secuestro al que calificó de lamentable pero aseguró que su defendido no había participado en él. Su argumentación para que se le apliquen las medidas cautelares fue mucho más lírica que fáctica, con mucho más elogios y frases almibaradas para referirse a su defendido que justificaciones de peso para oponerse al pedido del fiscal.
Lo que ocurrió en la Corte fue más o menos lo que los abogados y los periodista esperaban. Con excepción de la orden de la jueza de que Correa se presente en Quito cada 15 días. Lo único novedoso fue un informe de Contraloría al que el fiscal se refirió en el que aparece que la Secretaria de Inteligencia, la ya siniestramente célebre Senain, tenía una cuenta etiquetada como “Secuestro” para el manejo de los dineros destinados para el operativo contra Balda. En él participaron, dijo el Fiscal, tres organismos estatales: la Senain, el Ministerio de Justicia y los servicios especiales de la Policía. Que los tres organismos hayan actuado sin las directrices de Correa es algo que rebasa toda lógica, sobre todo cuando se trata de un presidente al que no se le escapaba nada de relevancia en su gobierno.
Al final de la audiencia, la jueza Camacho enumeró los “elementos de convicción” que la llevaron a tomar su decisión. Mencionó el testimonio del ex agente de inteligencia Diego Vallejo, quien dijo haber estado presente en el momento en que Rafael Correa dijo a su entonces ministro de Justicia, José Serrano, que trajera al Ecuador a Balda “a cómo dé lugar”. Citó la carta de Raúl Chicaiza a Rafael Correa en la que le suplica ayuda ante la acción de la justicia colombiana, el testimonio de Rommy Vallejo y los cheques que la Contraloría ha identificado de la Presidencia y la Senain para el pago del operativo, entre otros.
Cuando los asistentes a la audiencia abandonaban el edificio de la Corte Nacional unos 30 iracundos correístas tiraban piedras al inmueble e insultaban a los periodistas; algunos de los cuales prefirieron salir por la puerta trasera. Los incidentes no pasaron a mayores. Era el corrreísmo radical retratado: sin capacidad de convocatoria, sin argumentos para defender a su caudillo y cada vez más solos y abandonados.
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