La telaraña criminal puede atrapar a María Fernanda
Grave es la situación de la excanciller María Fernanda Espinosa. De acuerdo con el testimonio del perito Roberto Meza, desde su despacho como ministra de Defensa se habría intercedido en la investigación sobre el asesinato del general Gabela, con la intención de proteger o encubrir a alguien.
20 de junio del 2018
POR: Juan Cuvi
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
Los casos Gabela y Balda obligan a pensar en la posibilidad de que otros hechos aún no esclare- cidos hayan sido parte de esta trama criminal.
Atónitos. Así como cuenta nuestro himno nacional que quedó el mundo frente a la gesta independentista está quedando el país frente a la revelación de los crímenes políticos cometidos durante el correato. La sospecha generalizada que teníamos todos da paso a la certeza. Las evidencias que van apareciendo son demasiado obvias como para desvirtuarlas con burdas leguleyadas. O con esa retórica barata a la que están acostumbrados los correístas obtusos.
¿Irregularidades procesales? ¿Persecución política? ¿Conspiración internacional del imperialismo? Hay que tener cara dura para echar mano de semejantes argumentos. A lo que realmente asistimos es al desmontaje de un siniestro esquema de encubrimiento y distracción judicial, cuyo único fin es impedir el esclarecimiento de esos crímenes.
Mal haría la justicia, sin embargo, en parcelar las investigaciones. Diez años de populismo autoritario son demasiado tiempo para casualidades o para casos aislados. Lo que aquí armaron fue una telaraña criminal cuyo eje fue la rapiña de los fondos públicos. A partir de eso se tejieron los demás engranajes ilícitos: violación de derechos humanos, espionaje a los opositores, criminalización de los movimientos sociales, tergiversación de la información. No se trató de delitos conexos, sino de delitos sistémicos.
Los casos Gabela y Balda obligan a pensar en la posibilidad de que otros hechos aún no esclarecidos hayan sido parte de esta trama criminal. La deducción es simple: si fueron capaces de llegar a esos extremos es porque eran capaces de cualquier cosa. Coimas, sobornos, negociados, compra de conciencias, chantajes, amenazas y falsificaciones procesales pudieron haber sido el pan de cada día.
Pero tal parece que ni la sociedad ecuatoriana ni el gobierno se dan cuenta todavía de la magnitud de la situación. Las consecuencias pueden ser calamitosas. Constatar, por ejemplo, el grado de complicidad de tantos actores políticos y funcionarios públicos. Todos nos preguntamos cómo fue posible sostener ese esquema criminal durante tantos años, sin que nadie osara denunciarlo o se negara a ser parte del mismo. ¿Hasta dónde llegó la cobardía o la codicia de tantos correístas que estaban perfectamente conscientes de lo que sucedía en su entorno?
Pero hay otra consecuencia que puede ser aún más traumática para el país. Y no por el involucramiento de Correa en uno de los juicios. A fin de cuentas, no sería ni el primero ni el único exmandatario latinoamericano en terminar procesado y, eventualmente, condenado. Eso ya se ha vuelto costumbre en la región. Más grave es la situación de la excanciller María Fernanda Espinosa. De acuerdo con el testimonio del perito Roberto Meza, desde su despacho como ministra de Defensa se habría intercedido en la investigación sobre el asesinato del general Gabela, con la intención de proteger o encubrir a alguien. Gravísima acusación tratándose –como hoy se sabe– de un crimen de Estado. Bien podría la Fiscalía vincular al proceso a la excanciller.
Gravísimo que, de confirmarse el testimonio de Meza, la ONU pudiera considerar la revocatoria de su designación. ¿No sería más piadoso que María Fernanda piense en renunciar a su flamante cargo antes de hacernos pasar como país por semejante vergüenza?
¿Irregularidades procesales? ¿Persecución política? ¿Conspiración internacional del imperialismo? Hay que tener cara dura para echar mano de semejantes argumentos. A lo que realmente asistimos es al desmontaje de un siniestro esquema de encubrimiento y distracción judicial, cuyo único fin es impedir el esclarecimiento de esos crímenes.
Mal haría la justicia, sin embargo, en parcelar las investigaciones. Diez años de populismo autoritario son demasiado tiempo para casualidades o para casos aislados. Lo que aquí armaron fue una telaraña criminal cuyo eje fue la rapiña de los fondos públicos. A partir de eso se tejieron los demás engranajes ilícitos: violación de derechos humanos, espionaje a los opositores, criminalización de los movimientos sociales, tergiversación de la información. No se trató de delitos conexos, sino de delitos sistémicos.
Los casos Gabela y Balda obligan a pensar en la posibilidad de que otros hechos aún no esclarecidos hayan sido parte de esta trama criminal. La deducción es simple: si fueron capaces de llegar a esos extremos es porque eran capaces de cualquier cosa. Coimas, sobornos, negociados, compra de conciencias, chantajes, amenazas y falsificaciones procesales pudieron haber sido el pan de cada día.
Pero tal parece que ni la sociedad ecuatoriana ni el gobierno se dan cuenta todavía de la magnitud de la situación. Las consecuencias pueden ser calamitosas. Constatar, por ejemplo, el grado de complicidad de tantos actores políticos y funcionarios públicos. Todos nos preguntamos cómo fue posible sostener ese esquema criminal durante tantos años, sin que nadie osara denunciarlo o se negara a ser parte del mismo. ¿Hasta dónde llegó la cobardía o la codicia de tantos correístas que estaban perfectamente conscientes de lo que sucedía en su entorno?
Pero hay otra consecuencia que puede ser aún más traumática para el país. Y no por el involucramiento de Correa en uno de los juicios. A fin de cuentas, no sería ni el primero ni el único exmandatario latinoamericano en terminar procesado y, eventualmente, condenado. Eso ya se ha vuelto costumbre en la región. Más grave es la situación de la excanciller María Fernanda Espinosa. De acuerdo con el testimonio del perito Roberto Meza, desde su despacho como ministra de Defensa se habría intercedido en la investigación sobre el asesinato del general Gabela, con la intención de proteger o encubrir a alguien. Gravísima acusación tratándose –como hoy se sabe– de un crimen de Estado. Bien podría la Fiscalía vincular al proceso a la excanciller.
Gravísimo que, de confirmarse el testimonio de Meza, la ONU pudiera considerar la revocatoria de su designación. ¿No sería más piadoso que María Fernanda piense en renunciar a su flamante cargo antes de hacernos pasar como país por semejante vergüenza?
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