viernes, 18 de mayo de 2018

Concejales han solicitado al alcalde, una sesión para tratar denuncias sobre abuso sexual

Javier Vázquez, quien se desempeñaba como coordinador de la Junta de Protección de Derechos de Cuenca, presentó su renuncia. Estuvo en este cargo desde febrero pasado.
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Esta institución, que se encarga como función pública de la protección de los derechos de niños y adolescentes ante casos de amenazas y vulneraciones, ha sido, en los últimos dos meses, objeto de graves cuestionamientos.
Esto porque fue este organismo el que recibió, en 2010, una denuncia por parte de Jorge Palacios, quien hoy tiene 63 años, en contra de César C., sacerdote cuencano, por presunto abuso sexual, ocurrido hace unos 50 años.
Esta dependencia ese mismo año emitió una resolución de medidas cautelares, que contemplaron una prohibición de que el religioso se acerque a los menores de edad de las escuelas y colegios que él regentaba.
También, que esto se notifique a la Dirección de Educación de Azuay, Fiscalía de Azuay y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). No hay constancia de que esto se cumplió.
Pero, además, esta instancia no dio seguimiento a esta acusación por lo que las investigaciones no se concretaron. Este caso se hace público luego de ocho años cuando la víctima decidió contarlo a los medios de comunicación el mes pasado.
Pero detrás de Palacios vinieron nuevas denuncias de ciudadanos que tienen edad similar y que han relatado como César C., los llevaba a su casa y oficina con engaños para abusar de ellos y amedrentarlos.
El canal de televisión Teleamazonas y la radio Voz del Tomebamba han difundido los testimonios de dos víctimas más, quienes narran en detalle cómo el clérigo incluso engañaba a los padres de familia.
Acciones
De acuerdo con Henry Calle, titular de la coordinación zonal 6 del Ministerio de Educación, correspondía a la Junta revisar la aplicación de la medida y evaluar periódicamente su efectividad.
Fernando Vásquez, quien era miembro de la Junta de Protección de Derechos de Cuenca en 2010, indicó ayer que está dispuesto a acudir al Concejo Cantonal de Cuenca u otras instancias para explicar su accionar en este proceso. Indicó, asimismo, que en ese año también integraron la Junta Gladys Dután y Miriam Lucio, por lo que anunció que de considerarlo necesario propondrá hacer un pronunciamiento conjunto.
Por otra parte, Joffre Astudillo, sacerdote y secretario de Comunicación de la Curia Arquidiocesana de Cuenca, señaló que han iniciado un proceso denominado de indagación previa como parte de las averiguaciones. (CSM)-(I)

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