El observador

"La comunicación debe regirse por estándares internacionales": Michelena

El secretario de Comunicación defiende la propuesta del Ejecutivo de eliminar la Supercom y desmiente que se pretenda dar a la Defensoría del Pueblo la potestad de controlar contenidos de los medios. Asegura que habrá recortes en la Secretaría, así como reformas que permitan que los medios públicos sean realmente ciudadanos y no estén al servicio de los políticos.

28 de mayo del 2018

FERMÍN VACA

La primera impresión que deja la reforma que el Gobierno propone sobre la Ley de Comunicación es que la orientación ideológica de la norma, que es el control de contenidos, pasa por una parte a la Defensoría del Pueblo y a un Cordicom fortalecido. ¿Comparten ese criterio en el Ejecutivo?

No estamos de acuerdo con esa lectura. Lo que queremos es desmontar una Supercom que era para controlar, vigilar y sancionar  y esas funciones de la Supercom son eliminadas de raíz. Lo que proponemos es que la Defensoría del Pueblo cumpla con su función constitucional de velar por los derechos humanos, mientras el Cordicom debe fomentar el desarrollo de la comunicación, que es una tarea adicional a las que tenía. Se incluye además un representante de la academia. Conceptualmente, queremos establecer un modelo de libertad de expresión que se enmarque en la normativa internacional, sin que haya instancias administrativas que regulen, vigilen y supervisen a los medios de comunicación. Se debe respetar la libertad de expresión y los derechos humanos. La percepción es equivocada, lo único que se da a la Defensoría del Pueblo es 180 días para que determine si debe fortalecer el tutelaje de derechos humanos, pues no olvidemos que la comunicación es un derecho y no un servicio. En esa línea, vamos a solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la comunicación es un derecho o un servicio y esperaremos la respuesta de la Corte. 

"Conceptualmente, queremos establecer un modelo de libertad de expresión que se enmarque en la normativa internacional, sin que haya instancias administrativas que regulen, vigilen y supervisen a los medios de comunicación".

La Defensoría del Pueblo tiene varios ejes actualmente, como combatir la discriminación, velar por los derechos de los consumidores y también vigilar los servicios públicos. El Gobierno propone que también pueda conceder medidas cautelares en temas de libertad de expresión. ¿Esto podría ser interpretado por algún funcionario como que la Defensoría podría obligar a rectificaciones prediseñadas o pregrabadas como las que acostumbraba la Supercom?

Absolutamente no será así. Lo único que decimos es que la Defensoría defienda los derechos humanos, pero la Defensoría puede conceder derechos de protección. Insisto en que ninguna de las atribuciones de la Supercom van a pasar a la Defensoría del Pueblo. 

Se deja abierta sin embargo la posibilidad de demandas indemnizatorias, y hay quienes piensan que persiste el criterio de que el periodismo ecuatoriano es un periodismo enemigo de la honra y la dignidad de las personas, un periodismo poco serio al que hay que controlar. ¿Es una lectura correísta?

Para nada. Se trata de un proceso de defensa de los derechos a la libertad de expresión, pero también de los derechos del ciudadano. Control, vigilancia y sanción no están en nuestra propuesta, pero un ciudadano puede defender su honra y su buen nombre si son afectadas por los medios. Un ciudadano podrá recurrir a la réplica, a la rectificación. Hemos dejado de hacer lo que hacía el Gobierno de Correa, que fue usar estas normas para proteger a los funcionarios públicos. Es verdad que los funcionarios debemos ser más tolerantes, pero eso no significa que se nos deba mancillar la honra y el buen nombre. Por eso se eliminó el linchamiento mediático, si hay un tema de interés nacional es obvio que todos los temas lo informen, sin que eso signifique que se han concertado para linchar a una persona por algún tema. Son procesos de información e investigación. Queremos pasar a un proceso de libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Reitero que no le estamos dando a la Defensoría ninguna nueva atribución.

¿Le están dando a la Defensoría un eje comunicacional que no tenía? ¿Le están nombrando una entidad sucesora de la Supercom e inclusive, traspasando los funcionarios y los bienes de la Supercom?

En una transitoria se dice que si son necesarios los funcionarios y los inmuebles se pasarán o no a la Defensoría. Vamos a enviar una terna para nombrar un nuevo superintendente, que deberá analizar lo que se hizo, hacer una revisión administrativa y de ahí pasar al cierre de la Supercom. El Cordicom, por ejemplo, no tiene un edificio, alquila uno en USD 30 mil al mes, y el edificio podría ser del Cordicom. Se debe analizar si hay funcionarios que trabajan en derechos humanos que podría pasar a la Defensoría del Pueblo, pero no se está dando más atribuciones que las que la Defensoría tiene por ley. 

"Vamos a enviar una terna para nombrar un nuevo superintendente, que deberá analizar lo que se hizo, hacer una revisión administrativa y de ahí pasar al cierre de la Supercom".

El discurso de la defensa de los derechos fue la base de la defensa de Carlos Ochoa en la Asamblea Nacional. Se declaró un adalid de las mujeres, de los afroecuatorianos, de las transexuales. ¿El discurso de los derechos es la muletilla para el control mediático?

Estamos pasando con el liderazgo del presidente Moreno de un Estado dictatorial a uno democrático, de la censura a la libertad. De la mordaza al diálogo. Entiendo que durante estos diez años la libertad de expresión fue golpeada, pero el interés del presidente es que los medios vuelvan a ser una herramienta para la gobernabilidad del país. Un nuevo superintendente deberá revisar lo hecho por Ochoa, mi opinión personal es que no hicieron un buen trabajo. Hubo denuncias en la Supercom que se las guardaron por años. Solo se defendió al Estado y no los derechos humanos. Este Gobierno defiende libertades, no al Estado, eso fue lo que hizo la Supercom.

¿La Ley de Comunicación de Correa blindó a los políticos de todas las tendencias contra la investigación periodística, contra el libre debate de temas públicos?

Creo que hay artículos como el 38 o 39 que nos invitan a los medios a trabajar en la autoregulación. El proceso es de lado y lado. Debe haber procesos serios y profundos al interior de los medios para no afectar la honra de los ciudadanos de cualquier clase. Esto es como el matrimonio, cuando uno jura amor a su esposa es un tema de ética. Debemos formentar la ética y la autorregulación en los medios. 

Durante la campaña electoral el candidato Guillermo Lasso ofreció poner la Ley en "el basurero de la historia" y derogarla. ¿Por qué no mandar simplemente una Ley derogatoria?

Lasso es solo una persona de los 16 millones de ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo en que haya una Ley de Comunicación, no en que se derogue. Estamos haciendo una reforma profunda, de más del 50%, pero los ecuatorianos están de acuerdo con una Ley que respete la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho. 

"Lasso es solo una persona de los 16 millones de ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo en que haya una Ley de Comunicación, no en que se derogue".

Se propone crear veedurías u observatorios ciudadanos sobre la gestión de cualquier medio. En el pasado medios como Radio Redonda fueron perseguidos por personajes que se autoproclamaron "los voceros del pueblo ofendido". Muchos de estos colectivos "ciudadanos" respondían al propio Gobierno y presentaban denuncias prefabricadas. ¿Dejan abierta la puerta para que eso siga pasando?

Pienso que fomentar la participación ciudadana es lo más importante que hay en la reforma. Hay un Consejo de Participación Ciudadana que está conformado por ciudadanos honestos que tienen el respeto de todos. Por una mala experiencia de diez años de abuso del Estado no podemos cerrar la participación ciudadana. La participación ciudadana es valiosa, necesitamos una ciudadanía democrática, no debe haber organizaciones para defender al Estado. 

La propuesta incluye lineamientos sobre cómo redactar notas sobre los adultos mayores, y la prohibición de que los periodistas usen su condición de tales para beneficios personales. ¿Se sigue pensando como en tiempos de Correa que la prensa ecuatoriana es abusiva y corrupta?

Si hubiera una visión correísta el presidente no habría enviado una reforma  a la Ley. Se mantendría una prensa controlada, pero damos el paso a una prensa libre. No creemos en sanciones sino en acuerdos mínimos sobre derechos humanos. En esta década los medios fueron declarados enemigos públicos. Ahora los medios deben asumir la libertad de expresión con responsabilidad. 

El Estado de propaganda creó un clima contra los medios, hubo un lavado de cerebro a toda una generación que ha sido educada pensando que el periodista es mentiroso, ¿cómo combatir eso?

Es complejo, pero una reciente encuesta de Cedatos les da a los medios una credibilidad del 56% en el caso de los privados y del 51% en los públicos. En un año se logró que los medios sean parte de un proceso institucional, eso es importante, que recuperen su credibilidad sin afectar a nadie. Lo mismo ha pasado con los medios públicos. Ha habido un destape de la corrupción verdadero y un proceso de consolidación democrática. 

Usted destaca la voluntad democrática del Presidente, pero el diseño de las leyes no debe permitir que su aplicación dependa de los ánimos y las coyunturas de los funcionarios. ¿Esta nueva reforma no se presta para que en algún momento vuelva el control de contenidos e ideológico de los medios por resoluciones de abogados del Estado?

Si eliminamos esa instancia administrativa se pasa a un proceso de derechos humanos. El presidente tiene una visión democrática, distinta de la del presidente anterior. Tenemos una visión democrática de respeto a las libertades y las instituciones del Estado. 

"Si eliminamos esa instancia administrativa se pasa a un proceso de derechos humanos. El presidente tiene una visión democrática, distinta de la del presidente anterior. Tenemos una visión democrática de respeto a las libertades y las instituciones del Estado".

¿Qué perspectiva tiene la reforma propuesta en la Asamblea Nacional?

Como lo dijo la presidenta de la Asamblea, esta es una prioridad nacional. Esperamos que las bancadas no se opongan a desbaratar el aparataje correísta, creo que ningún asambleísta con sentido común lo hará.

La Supercom tiene más de 300 empleados en todo el país. ¿Es necesaria tanta gente?

No lo creo, hay que hacer un proceso de optimización. Es como aquí en la Secom, que hemos reducido el personal. Creo que en la Secom necesitamos no más de 100 personas y tenemos 190. Hay que usar la infraestructura del Estado, si hay un canal ese debe hacer producción, no otra gerencia o empresas privadas. 

Usted ha iniciado una reforma del aparato mediático del Estado. ¿Fueron los medios públicos la columna vertebral del Estado de propaganda? ¿Cómo logran que sean medios con autonomía editorial?

Los medios públicos fueron parte de ese Estado de propaganda. Hubo una inversión millonaria en propaganda del Estado. Se ha reconceptualizado en la reforma a los medios públicos, los que son de servicio ciudadano y los que son institucionales. Se busca transparentar los objetivos de los medios al servicio ciudadano. Se dará un paso hacia su reglamentación, el Gobierno no debe tomar todas las decisiones editoriales, sino un Consejo Editorial que sea conformado por la sociedad civil. Inclusive el gerente debería ser nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, incluso el financimiento debe ser de otras fuentes que del Estado, como ocurre en Japón. Habrá medios oficiales.

¿Pero esto funciona realmente en alguna parte? En el caso de Cataluña los medios públicos de la comunidad sirvieron para ideologizar a la población sobre la secesión de España, a pesar de que sobre el papel funcionan como usted propone. ¿Cómo evitar que simplemente vuelvan a ser caja de resonancia de los políticos de turno?

Es un tema complejo, cuando se diseñe la estructura habrá que evitar que haya injerencias, debe haber una mesa editorial con mayoría ciudadana. No todas las decisiones y el financiamiento deben venir del Estado. Si el Estado pone todo el dinero se siente dueño de la política editorial. En Japón se financia con una tasa en los televisores. 

¿Se ha analizado, por ejemplo, cuánto costaron programas y presentadores que EcuadorTV sacó de los canales privados o su auditoría se ha centrado solo en TC y GamaTV?

La Contraloría está analizando, no olvidemos que cada minuto de tiempo aire tiene un costo y habría que ver cómo se asignó y a quién se asignó. Yo denuncié el caso del Diario El Tiempo de Cuenca, que se pagó un millón y medio de dólares por una marca porque ni siquiera el edificio en Cuenca es del Estado. Se compró una imprenta que no vale más de 100 mil dólares. Ahora El Tiempo se imprime en Guayaquil en la imprenta de El Telégrafo. Pienso que El Tiempo se debe vender, tal vez no deba haber ningún periódico, sino solamente un canal y una radio. Hay que abrir un gran debate nacional. En EcuadorTV el contralor tiene un gran trabajo, yo denuncié la compra de aparatos que no usaron, y que en GamaTV hay un perjuicio de más de cinco millones por sabatinas transmitadas. En TC hay un hueco de 800 mil dólares de los gastos del ex secretario de Comunicación de Correa. Todo está en manos de la justicia. 

¿Qué justificación puede tener que una empresa paraestatal como TC le pague los carros y la seguridad a un funcionario como Fernando Alvarado? ¿No tienen los ministros carros y seguridad del Estado de por sí?

Creo que es parte del abuso. Hemos pasado del abuso y la prepotencia al servicio, de la dictadura a la democracia. Cuando no se maneja la cosa pública con decencia hay distorsiones. 

¿Usted afirma tajantemente que el correato fue una dictadura?

Sí, desde el momento que coartamos la libertad de expresión fue una dictadura. Habría que hacer un análisis, pero creo que la Ley de Comunicación cortó la libertad de expresión. Debemos ser transparentes en los procesos de investigación y el Gobierno debe tomar nota de las críticas válidas.

La justificación que daba Correa para no vender los canales de los Isaías es que los propios Isaías presionaban a posibles compradores. ¿Fue verdad eso? 

Fue un discurso de mala fe. Hay varias propuesta formales de compra de los canales. Se quiso imponer una mentira. Hoy TC Televisión ya no genera pérdidas, es el número uno en raiting, y las cosas se pueden hacer bien cuando no hay abuso. Creo que se venderá a buen precio. En el caso de GamaTV lo estamos tratando de sacar adelante, pero hay radios y canales en proceso de liquidación. La justicia debe determinar responsabilidades. En el caso de GamaTV hubo casos como el de Ochoa, que decía que le pagaron su salario con un carro. Por eso lo convirtieron en un híbrido, para evitar las normas de la Contraloría General del Estado.

"Fue un discurso de mala fe. Hay varias propuesta formales de compra de los canales. Se quiso imponer una mentira. Hoy TC Televisión ya no genera pérdidas, es el número uno en raiting, y las cosas se pueden hacer bien cuando no hay abuso".

¿Qué pasará con la pauta oficial que se convirtió en un mecanismo de premio o castigo del Gobierno? ¿Cuál es su postura al respecto?

Esa es una de las primeras acciones que yo tomé como secretario de Comunicación. Toda la torta publicitaria del Gobierno se ha concentrado en la Secretaría de Comunicación, que ha firmado contratos con 1170 medios, dejando por fuera a las agencias de publicidad que cobran comisiones, ese simple paso ha ahorrado al Estado cerca de 20 millones de dólares. Tenemos un proceso amplio de contratación no como premio, sino como un derecho de informar al ciudadano. 

Se planteó reducir funcionarios públicos en el área de comunicación, ¿en qué estado está ese proceso?

Hay 1810 funcionarios de comunicación en el Gobierno central, que cuestan al mes dos millones 400 mil. Hay que optimizar eso, eso no significa que no debe haber comunicación institucional, pero deben ser un vínculo con la Secom. Ya no tienen potestades administrativas de contratación de publicidad, eso lo hace la Secom, solo en eso habría que reducir cuatro o cinco personas. Hay ministerios como el de Salud que tienen 240 personas en Comunicación, hay otros con 150, con más funcionarios que la Secom. Hubo una protesta en redes sociales que no entendió que hay que optimizar la comunicación del Estado. Hemos pedido a cada ministerio que haga una propuesta y establecer así los ajustes. Entiendo la parte humana pero hay crisis económica en el país y lastimosamente esos espacios de comunicación se convirtieron en reductos del Estado de propaganda. 

¿Eran 1800 militantes del correísmo?

Había una estructura de comunicación del Estado que no pretendía informar sino hacer propaganda. Esos funcionarios deberán ajustarse a la realidad económica del Gobierno. Esperamos que se logre en los próximos 60 días, hay un consejero presidencial que está dedicado a este tema.