Como en cualquier otro Estado donde se carece de libertades fundamentales, el martes 8 de septiembre el gobierno de Rafael Correa, a través de sus empleados de la SECOM, ha dado a conocer que ha iniciado los trámites para despojar la personería jurídica a la fundación FUNDAMEDIOS.
Esta organización anticipó desde meses atrás que el gobierno le había acusado de haberse desviado de sus fines estatutarios. En enero del 2015, y sobre la base de un decreto ejecutivo, el gobierno a través de la SECOM pasó a controlar y regular el manejo administrativo interno.
En esencia el gobierno muestra su disgusto porque FUNDAMEDIOS dio cabida de manera periódica a los artículos de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández así como a Radio Rayuela. Reiteradamente ha manifestado además su disgusto por las alertas y por el recuento de los abusos manifestados a través de aclaraciones, rectificaciones, llamadas de atención y multas.
Con esta oportunidad el Colegio de Periodistas de Pichincha nuevamente se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar este acto de represión e intolerancia contra una institución periodística y de investigación, legalmente establecida y contra algunos periodistas que hacen uso de su derecho de expresión.
Este acto de sectarismo y fanatismo político corrobora el criterio nacional e internacionalmente aceptado que Correa ejerce un gobierno dictatorial que no permite el libre trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas.
Son ya algunos años en los que el gobierno de la autotitulada Revolución Ciudadana insulta y calumnia a los periodistas. Ha tratado de amedrentarlos una y otra vez. Incluso ha creado un enorme y costoso sistema de comunicación dedicado a divulgar la obra gubernamental, pero principalmente a descargar continuos ataques, incluso personales, a muchos periodistas y algunos medios de comunicación.
La amenaza de cierre de FUNDAMEDIOS es un acto intolerable que vulnera de manera audaz y pública el conjunto de normas contenidas en la Constitución del 2008, en la ley Orgánica de Comunicación y en su Reglamento, creados por el mismo gobierno. Con este aberrante y odioso acto, que no será el último contra los medios y los periodistas, demuestra una vez más la irrefrenable campaña de maledicencia, descrédito y difamación contra los profesionales de la comunicación. Este estado de situación ha ocasionado graves daños a la profesión periodística y hoy debemos, incluso, reconocer que vivimos en un estado de autocensura.
Esta intolerancia se explica por la fijación del presidente con respecto a los procesos periodísticos y comunicacionales que no le son afectos, pero también por el interés de justificar su modelo político y económico de gobierno, exacerbado en estos días por la crisis económica y la paulatina caída de imagen y credibilidad.
Esta organización anticipó desde meses atrás que el gobierno le había acusado de haberse desviado de sus fines estatutarios. En enero del 2015, y sobre la base de un decreto ejecutivo, el gobierno a través de la SECOM pasó a controlar y regular el manejo administrativo interno.
En esencia el gobierno muestra su disgusto porque FUNDAMEDIOS dio cabida de manera periódica a los artículos de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández así como a Radio Rayuela. Reiteradamente ha manifestado además su disgusto por las alertas y por el recuento de los abusos manifestados a través de aclaraciones, rectificaciones, llamadas de atención y multas.
Con esta oportunidad el Colegio de Periodistas de Pichincha nuevamente se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar este acto de represión e intolerancia contra una institución periodística y de investigación, legalmente establecida y contra algunos periodistas que hacen uso de su derecho de expresión.
Este acto de sectarismo y fanatismo político corrobora el criterio nacional e internacionalmente aceptado que Correa ejerce un gobierno dictatorial que no permite el libre trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas.
Son ya algunos años en los que el gobierno de la autotitulada Revolución Ciudadana insulta y calumnia a los periodistas. Ha tratado de amedrentarlos una y otra vez. Incluso ha creado un enorme y costoso sistema de comunicación dedicado a divulgar la obra gubernamental, pero principalmente a descargar continuos ataques, incluso personales, a muchos periodistas y algunos medios de comunicación.
La amenaza de cierre de FUNDAMEDIOS es un acto intolerable que vulnera de manera audaz y pública el conjunto de normas contenidas en la Constitución del 2008, en la ley Orgánica de Comunicación y en su Reglamento, creados por el mismo gobierno. Con este aberrante y odioso acto, que no será el último contra los medios y los periodistas, demuestra una vez más la irrefrenable campaña de maledicencia, descrédito y difamación contra los profesionales de la comunicación. Este estado de situación ha ocasionado graves daños a la profesión periodística y hoy debemos, incluso, reconocer que vivimos en un estado de autocensura.
Esta intolerancia se explica por la fijación del presidente con respecto a los procesos periodísticos y comunicacionales que no le son afectos, pero también por el interés de justificar su modelo político y económico de gobierno, exacerbado en estos días por la crisis económica y la paulatina caída de imagen y credibilidad.
Detrás de estos continuos atropellos a la prensa está la ominosa ley Orgánica de Comunicación que, como se dijo desde el principio, sirve para legalizar la persecución y la amenaza. El aspecto punitivo de la ley se expresa en las sanciones a medios, caricaturistas, periodistas que no apoyan el régimen imperante, y su sinrazón se evidencia en las ridículas llamadas de atención a los medios oficialistas que violan la ley como aconteció en recientes días cuando Gamavisión propaló el rumor de un supuesto feriado bancario.
Como en los demás casos en los que el CPP se ha pronunciado, exigimos respeto a los periodistas y a las instituciones, públicas y privadas, de tal manera que puedan cumplir con los sagrados principios de informar al pueblo ecuatoriano. No está demás advertir que el gobierno presidido por Correa deberá hacerse cargo de todos y cada uno de los perjuicios irrogados durante estos años.
Como en los demás casos en los que el CPP se ha pronunciado, exigimos respeto a los periodistas y a las instituciones, públicas y privadas, de tal manera que puedan cumplir con los sagrados principios de informar al pueblo ecuatoriano. No está demás advertir que el gobierno presidido por Correa deberá hacerse cargo de todos y cada uno de los perjuicios irrogados durante estos años.
Quito 9 de septiembre del 2015
Marco Villarruel Acosta
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DE PICHINCHA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS DE PICHINCHA
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