miércoles, 23 de septiembre de 2015

CUANDO YA NO SE DISTINGUE ENTRE ASALTANTES Y ESCOLTASCUANDO YA NO SE DISTINGUE ENTRE ASALTANTES Y ESCOLTAS

MARTÍN PALLARES
SEPTIEMBRE 22, 2015
Cuando un encapuchado que conduce una moto sin identificación se siente con derecho a exigir a una persona cualquiera sus documentos para fotografiarlos por el hecho haber hecho con su pulgar un gesto de desaprobación hacia el gobernante es cuando la indefensión del ciudadano ha llegado a un nivel crítico.
Crítico no solo porque el episodio evidencia que la libertad de expresión está bajo constante amenaza, sino porque marca aquel macabro momento cuando la sociedad ya no puede distinguir a un miembro de una banda criminal de una autoridad.
La escena a la que me refiero es la que desde ayer circula en redes sociales. Se trata de un video donde se muestra cómo el conductor de un carro es abordado por dos sujetos con sus rostros cubiertos, como cualquier asaltante o criminal, para exigirle que entregue sus documentos y que explique cuál es “el inconveniente” que tiene con el Presidente para que le haya hecho el universal gesto de desaprobación del pulgar que apunta hacia abajo.
Se trata sin duda de un acto delictivo. No solo porque los sujetos se niegan a mostrar sus rostros y sus documentos, a pesar de que dicen actuar en calidad de autoridades cumpliendo su trabajo, sino porque lo que hacen es a todas luces un asalto. Asalto porque usan la amenaza de la fuerza y porque someten al conductor del vehículo a un interrogatorio al que no tenían ningún derecho.
Si los dos motorizados hubieran mostrado sus rostros y enseñado sus credenciales, hubieran cometido un acto de abuso de poder y de irrespeto a las libertades y derechos de los ciudadanos, porque no existe una sola ley que les autorice interrogar y menos aún retener a una persona por haber expresado su opinión, en este caso a través de un signo. Pero los dos sujetos no hacen solo aquello, sino que actúan en la supuesta calidad de autoridades sin tener documentos (al menos eso dice uno de ellos) ni credenciales, mantienen sus caras ocultas y van en una motocicleta sin identificación. Que dos individuos en esas condiciones se presenten para demandar “sus nombres y sus datos” a una persona es síntoma de que se ha llegado al siniestro punto en que la línea que divide al uso de la fuerza por parte de una autoridad al de un delincuente prácticamente se ha borrado.
Es tan grave lo que se ve en el video que se podría llegar a la trágica pero perfectamente posible situación en que las autoridades nieguen que los dos encapuchados son miembros de la seguridad del Presidente,
como aparentemente actúan en el video.
Lo que ocurre en el video es lo que cotidianamente sucede con los cientos o miles de carros que circulan por el país sin placas y vidrios oscuros. Si el conductor de uno de esos vehículos tiene un accidente o arrolla e incluso mata a una persona bien podría no ser responsabilizado por lo que hizo. Finalmente son carros fantasmas.
¿Cómo sabemos que esos vehículos no son de uno de los cárteles de la droga?
Si no podemos asegurar si esos vehículos pertenecen al hampa o al Estado porque no tienen ninguna identificación visible, tampoco se puede saber a ciencia cierta si los sujetos como los del video, encapuchados y sin credenciales, pertenecen a no al crimen organizado.
El abuso de poder, cuando viene del Estado, casi siempre termina en actos parecidos a los que comete el crimen. Cuando la sociedad ya no puede distinguir entre los unos de los otros, es porque la convivencia social está a punto de extinguirse. ¿Estamos ahí?

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