El observador

RETORNO AL TERRORISMO DE ESTADO…?

Galo Monteverde Castro

Terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, sistema que ha sido utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas, religiosas, racistas, revolucionarias etc., en la promoción de sus objetivos. Estas bandas criminales organizadas las podemos encontrar, por ejemplo: en los países árabes a AL QAEDA; IRA en Irlanda, ETA en España; para referirnos a Europa. En América, actualmente, tenemos a las FARC y ELN en Colombia. Ecuador no fue la excepción con grupos como: ALFARO VIVE CARAJO, MONTONERAS PATRIA LIBRE y SOL ROJO. Muchos de cuyos miembros se desempeñan, en la actualidad, como parte del gobierno denominado de la revolución ciudadana, en el Gabinete Ministerial o como Autoridades Seccionales, Directores de Medios de Comunicación o en la Administración Pública. Algunos gobiernos utilizan la expresión “terroristas” para acusar a sus opositores, por el simple hecho de no pensar como ellos.

El terrorismo de estado, por otra parte, consiste en la utilización que hace un gobierno, de métodos ilegítimos, orientados a inducir el miedo o el terror en la población civil, para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por “razón de estado”. En el terrorismo de estado, sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Muchos estados del Continente Asiático, como: Irán, Irak, Paquistán, Afganistán, Corea del Norte, Libia, Siria, China, etc.; de Europa: Bielorusia, Rusia, etc.; de América: Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, practican el terrorismo de estado con menor o mayor intensidad o crueldad. El terrorismo de estado se caracteriza por el irrespeto y la violación de los derechos humanos; la persecución política; la intimidación y el uso de la coacción para amedrentar a sus opositores; la criminalización de la protesta social; la promoción del exilio para personas desafectas y críticas al gobierno; la utilización ilegítima que se hace de la justicia y de las otras funciones del estado, para sus protervos fines, obteniendo beneficios, tanto de la estructura física como de la logística y de los recursos económicos de la nación, con el fin de socavar en la población civil sus libertades y el derecho a disentir. Entre las acciones típicas del terrorismo de estado se encuentran: la creación de organizaciones de inteligencia clandestina y grupos terroristas; el monopolio de los medios de comunicación; la violencia y la imposición de una ideología sectaria y radical, vía cadenas permanentes y asfixiantes de radio y televisión con el fin de someter la voluntad del pueblo, mediante un lavado cerebral con propaganda excesiva y exagerada; el ataque directo y constante a los medios de comunicación para ocultar la corrupción e involución de la justicia; entre otras.

Después de la segunda guerra mundial, se creía que la humanidad había asimilado las enseñanzas dejadas por esta. Fue así que un gran número de naciones, de todos los continentes, decidieron firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año de 1948. Resulta sorprendente que el estado, que por principio debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, nuevamente se convierta en una maquinaria de terror, con sistemáticas violaciones de los derechos humanos, represalias y amenazas, atentando contra la Constitución y su propia legislación.

El total irrespeto a la Constitución, a las Normas, Leyes y Tratados o Convenios Internacionales, así como la influencia de la revolución cubana de 1959 y su pensamiento comunista o socialista, es absolutamente manifiesto en los estados: cubano, venezolano, boliviano, nicaragüense y ecuatoriano –países que, entre otros, conforman el ALBA- , en los que el pensamiento estalinista y hitleriano se ha vuelto a poner de moda, al igual que en algunos países de América Latina, con señales extremistas en contra de las libertades intrínsecas del ser humano, como la libertad de prensa y de expresión.

Estos gobiernos, abusando de su poder, han utilizado la democracia para dar vida a regímenes autoritarios, basados en el electoralismo; mecanismo fácil de manipular, debido a la falta de educación e ignorancia de los pueblos. Estos autócratas tratan de convencer al soberano, de la necesidad de tener gobiernos fuertes e impositivos para evitar el caos, la miseria, para la mejor distribución de la riqueza y para generar igualdad entre los ciudadanos, para ello, crean amenazas y dividen a la población, la asustan y luego se erigen como los únicos salvadores, haciendo caso omiso de la capacidad e intelectualidad de los hombres libres e inteligentes que, indiferentes al sectarismo, podrían cumplir funciones en beneficio del país. Estos dictadores falsos, codiciosos, arrogantes, insolentes y cínicos, se creen los ungidos, los mecías, los enviados y han hecho de la hipocresía una subcultura, para someter a la ciudadanía, utilizando las herramientas que les brinda la demagogia, el populismo, la mentira y la propaganda; induciendo a la población a estimulaciones emocionales, para sufragar, matar y hasta morir por las llamadas “revoluciones”, en mengua de acciones conscientes, razonadas y soberanas. Estos caudillos latinoamericanos tienen muy claro que los favores, las dádivas y subsidios, son fundamentales para obtener los resultados deseados de la sumisión: en las urnas, en concentraciones, en enfrentamientos y en la división de la población, en el manejo de la justicia, de la función legislativa, electoral, constitucional, etc.

Son tan hábiles e ingeniosos estos totalitarios, que se han inventado organismos como la CELAC (dirigida por el estalinista Raúl Castro), para fingir preservar o defender los valores democráticos. Igualmente, buscan la destrucción de otros organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de defender, supuestamente, los “derechos humanos”, permanentemente pisoteados, vilipendiados y maltratados y la OEA a la que minimizan y pretenden reemplazarla por la Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR-. Se solazan destruyendo la independencia y autonomía de las instituciones; sustituyendo el diálogo respetuoso y democrático por el insulto y con la desaparición de los partidos políticos como imperativo para desterrar la práctica de la vieja política y el atropello constante a la Constitución de sus países. Estos gobiernos han intervenido para censurar las voces independientes y críticas, mediante legislaciones como la ley de comunicación -en el Ecuador-, “verdadera mordaza”, seria amenaza y retroceso histórico para amplios sectores periodísticos, contraviniendo disposiciones de la Constitución, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y sentencias de la CIDH, en materia de libertad de expresión. Esto ha preocupado a la Secretaría Interamericana de Prensa (SIP), en donde el Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el uruguayo Claudio Paolillo, ha manifestado que aspira a que en “Ecuador se recapacite sobre una legislación que se ha erigido como un bozal para la prensa y periodistas independientes y críticos y que incentiva la autocensura por temor a las represalias económicas y penales”. Se han eliminado y disuelto fundaciones como Pachamama y pretenden pasar al control administrativo de la Secretaría de Comunicación (SECOM), otras como la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS-, por desarrollar el trabajo de monitoreo, denuncia y defensa de la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador. Su director, Cesar Ricaurte, ha manifestado claramente, que dicha “transferencia constituye un paso más en una política de hostigamiento, estigmatización y acoso”, después de la realización de una audiencia ante la CIDH, en noviembre del 2011 y sobre la situación de la libertad de expresión.

Los Perseguidos Políticos en América Latina, constituyen otra variable o segmento que caracteriza a los gobiernos que practican el terrorismo de estado, en donde los ciudadanos se han visto involucrados en injustos procesos jurídicos, en los que no se respeta el debido proceso y se violan los derechos humanos, por el simple hecho de defender la libertad de expresión, de prensa o denunciar la corrupción o cualquier otra acción anómala del gobierno. Se observa también como la Función Ejecutiva ha politizado a la Función Judicial y en contubernio con la misma, dispone y norma las sentencias que deben aplicarse a los enjuiciados. En el Ecuador existen alrededor de 300 perseguidos políticos, siendo los casos más emblemáticos los del 30 de Septiembre del 2010-30S-, en los que se denunciaron abusos cometidos en el gobierno de Rafael Correa y la coerción a la libertad de prensa y de expresión. Como consecuencia de la persecución gubernamental, existen ciudadanos asilados y otros perseguidos, que se vieron en la necesidad de huir del país, a fin de evitar ser humillados e ingresados a la cárcel por el único delito de ser críticos con el gobierno. A propósito de esto, el constitucionalista Enrique Herrería, Director del Observatorio de Derechos y Justicia expresa: “En la justicia ecuatoriana hay una regresión de 200 años, en el uso del derecho penal. Se tipifican como delitos, conductas que ni siquiera son consideradas como contravenciones en otros países”.

Es necesario destacar, también, las advertencias e intimidación a las que han sido sometidos los medios de comunicación colectiva independientes, por emitir noticias que afectan al régimen, especialmente en casos de corrupción que impliquen a hermanos, primos, funcionarios públicos, etc. Dada esta característica, en el Ecuador, el periodismo de investigación, ha sido silenciado, en unos casos y en otros algunos canales de televisión, revistas, radiodifusoras y diversos medios de comunicación, han salido de circulación. Con la creación de la SECOM, han proliferado las multas y las rectificaciones de prensa, radio y televisión, que ya se venían observando. Las constantes cadenas de radio y televisión, ordenadas por el gobierno, con el supuesto afán de informar a la ciudadanía, se han multiplicado por miles, asfixiando a la población, provocando cansancio en unos y docilidad en otros, por el abuso desmedido de los medios, tanto del estado como independientes.

La protesta social, está siendo criminalizada en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Como es de conocimiento público, en Venezuela, el dictador ya tiene a su haber más de 30 muertos y los opositores y estudiantes han sido perseguidos e ingresados a prisión, buscando la obediencia y sometimiento de sus ciudadanos, por lo que incluso se ha empleado la fuerza pública

para exterminar a los adversarios y disidentes, lo cual está en contradicción con lo expresado en su Constitución, así como en las leyes sobre derechos humanos, tratados y convenios internacionales. Estos felones, no merecen un ápice de credibilidad…

Tanta es la descomposición en estos gobiernos, que han desterrado para siempre las licitaciones o concursos públicos entre empresas, como requisito para hacerse acreedor o adjudicarse proyectos que se requieren para continuar la obra pública, en cada uno de sus países, declarándose la emergencia, si es del caso, para asignar a dedo a los amigos, parientes o bienhechores; con lo cual han aparecido los nuevos ricos del país. Igualmente se reciclan, permanentemente a los funcionarios, para ocupar cargos en la Administración Pública, con un manifiesto descaro de nepotismo, atentando groseramente fundamentales principios de transparencia y de ética. Se evitan y se niegan las fiscalizaciones, tanto por parte de la Función Legislativa como de los Órganos de Control del Estado, por lo cual se observa una exagerada corrupción e impunidad en todas las funciones del estado, en sus diversas manifestaciones y con una indiferencia que raya en la vergüenza.

Sorprende como los organismos internacionales, llámense ONU, OEA y la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-CADH-, también llamada, Pacto de San José de Costa Rica y países que lideran la defensa de la democracia en América Latina y el mundo, se doblegan ante los compromisos económicos, el sectarismo y los intereses inmediatistas, confluyendo perversamente y afectando la vigencia de los derechos fundamentales del hombre. Parecería que se han olvidado de que los derechos humanos y sus garantías, nacieron para proteger a los ciudadanos…no a los estados causantes de los abusos. Vale la pena recordar la Declaración de Chapultepec, donde se manifestó: “La libertad pertenece a los seres humanos…, no al poder”.