Las cartas del gobierno para ganar la consulta

Publicado en Septiembre 9, 2017  en La Info  por José Hernández

Los incondicionales de Rafael Correa, que se refugian en Alianza País, ya han declarado, en los hechos, su oposición a la consulta popular. En las resoluciones de su partido, hechas este 5 de septiembre, consignan los argumentos que esgrimirán en este proceso: regresión de derechos y desestabilización de la institucionalidad del país. “En caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano –declaran–promoveremos un proceso constituyente”.

La regresión de derechos apunta a la reelección indefinida. Y la afectación a la estructura del Estado se refiere al pedido que hay en el país de acabar con ese bodrio llamado Consejo de Participación Ciudadana. Correa y los suyos entienden la reelección inmediata como un derecho del pueblo para votar por la continuidad o la alternabilidad de un mandatario. Y por institucionalidad, la imposibilidad de ese mismo pueblo de alterar la estructura, los entes y la doctrina que ellos crearon para apoderarse del Estado. En los dos casos, tienen razón de oponerse desde ahora a la consulta: sus argumentos no hacen otra cosa que volver la consulta más necesaria y más urgente. En claro, las cartas de Alianza País para oponerse están podridas.

La reelección indefinida no es un derecho: es un atentado al espíritu mismo de la democracia que, por esencia, incluye la rotación de personas y de tendencias en la administración de la cosa pública. No puede Alianza País equiparar el supuesto derecho de su líder con un principio fundamental de la democracia que atañe a todos los ciudadanos. Menos aún cuando Correa, pretendiendo personalizar el poder, creó desde la Presidencia las condiciones para eternizarse en el poder. Y hacerlo como líder de un proyecto autoritario que, de no ser cortocircuitado, podría derivar, como ocurrió en Venezuela, en una dictadura. Es ese proyecto nacional el que está en el corazón de la consulta. Por eso, no serán incluidos, por lo que se sabe, autoridades provinciales, municipales y parroquiales entre las cuales hay miembros de Alianza País.

Asimilar Consejo de Participación Ciudadana y estabilidad institucional es otro dislate del cual los electores ya no necesitan pruebas. Están ahí: inexistencia de organismos de control. Funcionarios ciegos y mudos ante la gestión opaca del partido en el poder. Políticos corruptos de Alianza País huidos o impunes por falta de un fiscal que haga su trabajo… Y aún así, en la consulta no se pedirá, por lo que se sabe, que se ese consejo desparezca sino que propondrá cambiar su conformación y la forma cómo elige las autoridades. De esa manera, el gobierno está pensando evitar caer en el debate sobre la regresión de derechos que pudiera entorpecer en la Corte Constitucional el camino a la consulta.

Sin cortapisas jurídicas, el debate sobre la consulta será –según las expectativas gubernamentales– enteramente político. Un escenario a su favor. Primero, porque la reelección indefinida, centrada en Correa, nunca fue bien vista por los ciudadanos, según se vio en los sondeos. Segundo, porque el ambiente de corrupción que envuelve al vicepresidente y a altos funcionarios del correísmo, está directamente relacionado con la apropiación por parte de Alianza País de todos esos entes de control. En fin, Correa y sus incondicionales creen que podrán encarar la campaña blandiendo supuestos principios: el gobierno y los electores podrán enrostrarles los resultados concretos y fatídicos de su coartadas retóricas. Cualquiera los imagina en campaña hablando de regresión de derechos y desestabilización de la institucionalidad mientras el Fiscal oye a Carlos Pareja Yannuzzelli revelar lo que hicieron en el sector petrolero Jorge Glas, Ricardo Rivera, Rafael Poveda, Pedro Merizalde, Marco Calvopiña, Álex Bravo, Wilson Pastor… De las maravillas hechas con SK, Azul, en comercio Internacional, en el campo Auca o Singue… Y de cómo lo hicieron con el apoyo de Carlos Polit y Galo Chiriboga.

Los incondicionales de Correa parecen no haberse percatado de que la corrupción durante el correísmo los convierte en protagonistas políticos totalmente descalificados para pretender seguir dando lecciones de democracia. De institucionalidad. O de principios y valores.

Plantear el caso de la consulta en el plano de regresión de derechos, como pretende hacerlo Alianza País, es acariciar el sueño de que sus resortes de poder en la Corte Constitucional funcionarán para negarla. Como si esos jueces pudieran oponerse a que el pueblo se exprese en las urnas. O fueran tan ciegos y tan obsecuentes como para ignorar lo que produjo la famosa institucionalidad correísta. O estuvieran prestos a ignorar la nueva realidad política.

El correísmo puro y duro no solo perdió la iniciativa política. En este momento, su futuro más parece estar en los juzgados rindiendo cuentas que en la sensibilidad de los electores que no quieren un caudillo atornillado al poder asediado por un rosario de juicios de corrupción y ex funcionarios presos.