Las hermanas de Gustavo Jalkh tuvieron una #decadaganada
Los diez años del correísmo han sido, entre otras cosas, una excelente época para los negocios con el Estado. La impresionante entrada de dinero que se produjo por el alto precio del petróleo llenó las arcas del gobierno de Rafael Correa que convirtió al aparato estatal en un poderoso comprador de bienes y servicios. Muchos empresarios o proveedores de servicios lograron hacer muy buenos negocios: unos más lícitos que otros.
Entre las personas que se han beneficiado de ese estado-comprador hay muchos que están emparentadas con figuras emblemáticas del correísmo. Uno de esos casos es el de dos hermanas de Gustavo Jalkh. Desde el inicio del gobierno, él ha sido una figura muy cercana al presidente Correa. Una de las más cercanas: fue ministro de Justicia y del Interior así como secretario de la Presidencia. Actualmente es el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, uno de los organismos con mayor poder e influencia en el país.
Renata Jalkh, una de las hermanas de Gustavo Jalkh, tiene una empresa que se dedica a la fabricación de ropa y uniformes y ha firmado contratos importantes con instituciones estatales en las que su hermano ocupó los más altos cargos. Específicamente con el Ministerio de Justicia. Sin duda, el contrato de mayor envergadura es uno para proveer de ropa a los presos del país. La evidencia de este encargo para Renata Hildegard Jalhk, propietaria de la firma Gratehen, está en un pago por 2 338 398 dólares que el Ministerio de Justicia hizo el 14 de abril del 2014 como liquidación por el 30% de un “contrato por adquisición de uniformes para los ppl, prendas de vestir, sábanas y cobijas para los CRS a Nivel Nacional”. Es decir, que si se estaba liquidando el 30% del contrato por ese valor, como aparece en el documento de pago, el monto total a favor de la empresa de la hermana de Jalkh tuvo que haber sido por 7 794 680. Este dato se suma a la declaración de impuestos de Renata Jalkh donde se ve que en el 2014 registró los más altos pagos de los últimos diez años. Ver declaración de impuestos aquí
4Pelagatos no pudo tener acceso al contrato íntegro entre la empresa de Renata Jalhk y el Ministerio de Justicia. Fue imposible encontrarlo en el portal de compras públicas, a pesar de que se hizo una búsqueda pormenorizada en varios años antes y después de la liquidación del 30% que habla documento de pago. Un experto en compras públicas que asesoró a 4Pelagatos en esta búsqueda sostuvo que era “extraño” no encontrar el contrato. En esas condiciones, es imposible saber detalles como la fecha exacta de la firma, los términos de referencia, así como establecer si hubo concurso público o no. Tampoco se puede saber a qué exactamente se refiere con eso del 30% de liquidación por lo que queda la duda de si se trata de la entrega del 30% de las prendas o del dinero. En las oficinas de la Sercop tampoco se quiso ayudar para encontrar el contrato.
Ese no fue el único contrato que firmó Renata Jalkh con el ministerio de Justicia. 4Pelagatos encontró otros tres pagos para proveer de ropa a los presos o personas privadas de la libertad. Uno de esos pagos fue por 214 815 dólares y se realizó el 19 de noviembre del 2015. Según reza el documento fue para la “adquisición de prendas de vestir para personas privadas de la libertad de los CRS Guayas, Sierra Centro Norte, Cotopaxi, Sierra Centro Sur y CRS No.1 varones Guayas”. El segundo pago ubicado por 4Pelagatos es por 101 120 dólares para la “adquisición de vestimenta (ropa) de personas privadas de la libertad de los centros afectados por el terremoto”. El tercero es por una cifra mucho más pequeña: 6 848 dólares para la “adquisición de camisetas para la Escuela de Formación Policía Nacional La Esperanza”. En total algo más de 8 millones.
La empresa de la hermana de Jalkh no es nueva ni fue fundada durante los diez años de correísmo. Según información que apareció en un suplemento que circuló con El Comercio, Gratehen inicio operaciones en 1993 y es considerada, según ese texto, “una de las mejores empresas de confección de uniformas del país”.
El caso de Renata Jalkh no es el único. Otra hermana del presidente del Consejo de la Judicatura también firmó contratos importantes con el Estado y ha sido, incluso, funcionaria del Gobierno. Se trata de Iusra Matilde Jalkh Röben quien en el 2011 hizo una consultoría para la Vicepresidencia de la República titulada “Estrategia de intervención nutricional para personas con discapacidad”. El pago por dicha consultoría fue de 120 000 según información que está en la web. Matilde Jalkh es una nutrióloga graduada en la Universidad Central en 1990 y tiene amplia experiencia en el campo de la nutrición y ha publicado artículos en revistas especializadas, según consta en un currículum oficial. El 24 de abril del 2012 fue nombrada por Doris Soliz, entonces ministra de Inclusión Económica y Social, Subsecretaria de Inclusión y Cohesión Social de ese ministerio donde aparentemente trabajó hasta el 2015.
En los contratos de las hermanas de Jalkh no parece existir ilegalidad, puesto que es posible que cuando firmaron sus contratos o nombramientos, su hermano no fuera titular de los ministerios o instituciones involucradas, como establece un reglamento a la Ley de Contratación Pública. Gustavo Jalkh fue ministro de Justicia entre el 2007 y el 2009.
En tema, empero, es complicado pues podría existir una contradicción entre la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida en el 2008 y su reglamento del 2009. En la Ley están listadas las personas que no pueden firmar contratos con el Estado y ahí se afirma que no podrán hacerlo los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; es decir hermanos incluidos de los siguientes funcionarios públicos: el Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes.
Sin embargo, en el reglamento por el presidente Correa se establece que si el pariente de un funcionario, que no tiene ninguna relación con el proceso de contratación, bien puede firmar contratos con el Estado. “En tratándose de los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad se circunscribe a la entidad contratante en la que intervienen los dignatarios, funcionarios y servidores con los cuales existe el grado de consanguinidad o parentesco”, dice el reglamento en su artículo 110. Puesto de otra forma, no existe impedimento si el hermano del Ministro de Agricultura firma un contrato con el Ministerio de Defensa. Existe, al parecer, una contradicción entre lo que dice la Ley y lo que dice el Reglamento.
En el caso de las hermanas de Jalkh no existe, aparentemente, ilegalidad alguna aunque el artículo 62 en su literal 3 de la Ley de Contratación Pública advierte sobre la posibilidad de “información privilegiada”. ¿Renata Jalhk o su hermana Matilde pudo tener información privilegiada o su hermano hizo alguna gestión para favorecerlas? Son interrogantes que no pudieron responderse. Ahora, ¿una propuesta de servicios de alguien cercano a un personaje tan influyente, como Jalhk, está en las mismas condiciones de ser escogida que cualquier otra? La pregunta seguramente no podría formularse si las hermanas del actual presidente de la Judicatura no se hubieran presentado al concurso.
Aquí lo más relevante no es la legalidad del contrato ni su monto, sino un tema de orden ético y de sensibilidad pública. Casos como éste suscitan un debate sobre la participación de familiares cercanos a altos funcionarios del Gobierno en contratos relevantes con el Estado, peor aún si es con entidades, como en el el caso Renata Jalkh, donde su hermano ocupó el cargo más alto, como Ministro de Justicia. Con frecuencia, los funcionarios olvidan o hacen pensar que olvidan que tienen responsabilidades públicas que demandan sacrificar sus intereses individuales.
Lo queda claro es que, al menos para la familia del Presidente de la Judicatura, estos diez años sí han sido una década ganada. Ese eslogan les cae como anillo al dedo.
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