¿Ingresó dinero sucio con la venia del correísmo?
Correa, de un plumazo, echó abajo el control del SRI a las declaraciones patrimoniales, las 19 formas de defraudación tributaria del Código Penal y, de paso, el control de lavado de activos. No se establecieron los mecanismos de control anticorrupción del dinero que llegó o que no se declaró desde el 2009. Todo esto mientras nos ahogaron con la propaganda del Pacto Ético, usando la coyuntura del terremoto.
04 de septiembre del 2017
POR: Jean Cano
Periodista de investigación, editor general de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito.
El presidente Lenín Moreno, en esta coyuntura de combate a la corrupción, pudiera encender los controles".
Fue como un acto de magia. Como cuando el artista atrae la atención con una mano, y con la otra provoca la diversión. Saca la baraja, las flores, desaparece la carta... Pero este episodio, no saca una sola sonrisa. Fue un acto del correismo donde utilizó la propaganda, la marca ideológica de izquierda y el supuesto combate a los paraísos fiscales. Rafael Correa emitió el Decreto 1073 y condujeron el debate para que uno de los artículos pase desapercibido durante meses.
Aprovechó las consecuencias del devastador terremoto del 16 de abril del 2016. Todavía se siente el dolor de los compatriotas que perdieron a sus familiares, sus bienes. La ausencia de los 671 fallecidos. El momento que Manabí se apagó.
La falta de dinero para enfrentar el terremoto y el escándalo de los Panama Papers se unieron en un solo instrumento legal. Por un lado, según los videos y noticias de esa época, empezaron a comunicar el Pacto Ético. Este invento correista buscaba justificar determinados actos de corrupción de su gobierno con la existencia de los países llamados paraísos fiscales, y por eso había que combatirlos.
La Ley por el Terremoto buscaba conseguir más recursos económicos para enfrentar las consecuencias. Y asomó el Reglamento para esa Ley. Es el Decreto 1073 del 10 de junio del 2016, firmado por Rafael Correa, que detallaba las distintas formas de hacer las nuevas contribuciones.
El país entregó el dinero ante semejante crisis. Y, a la par, se daban a conocer cifras, reiteradas hasta la actualidad por los más correístas, de que 30 000 millones de dólares están en paraísos fiscales y que 280 ecuatorianos son los propietarios, entre ellos, como no podían dejar de mencionarlo, opositores al régimen.
Entonces presionaron todavía más. Correa anunció la consulta popular para que los funcionarios y servidores del Estado no tengan contacto con los paraísos fiscales. Correa inundó el debate durante meses hasta que triunfó el Sí en la consulta en este año, el 19 de febrero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Pero en el Decreto 1073 de junio del 2016 se estableció algo que no fue parte del debate nacional. Mágicamente se abrió una puerta. La de atrás…
El Decreto tiene una Disposición reformatoria. Incluye tres mandatos. El Primero, vergonzoso, deja sin efecto el artículo 298 del Código Penal, sobre las defraudaciones tributarias, a las personas “que habiendo estado obligadas a presentar declaración patrimonial desde el ejercicio del 2009 o posteriores no lo hubiere hecho, o habiéndola efectuado la hubieren presentado de manera errónea o incompleta, podrán presentar dicha declaración, o una sustitutiva, desde ser el caso, hasta el 31 de diciembre del 2016”. Correa, en esa misma norma, les impone solamente una multa por no presentar la declaración…
De un plumazo echó abajo el control del SRI a las declaraciones patrimoniales, las 19 formas de defraudación tributaria del Código Penal y, de paso, el control de lavado de activos. No se establecieron los mecanismos de control anticorrupción del dinero que llegó o que no se declaró desde el 2009. Todo esto mientras nos ahogaron con la propaganda del Pacto Ético, usando la coyuntura del terremoto.
¿Perverso? Si es que se llega a comprobar de que esto fue un delito… Sí. El mismo artículo penal que desactivó Correa dispone que quien “extienda a terceros beneficios de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho” tiene una pena de hasta siete años de cárcel. El presidente Lenín Moreno, en esta coyuntura de combate a la corrupción, pudiera encender los controles. Saber de una vez por todas la cifra real de los fondos que llegaron en esos seis meses y si están libres de todo mal. O si esto es parte de las actuaciones de la ‘mafia revolucionaria’ que pudo esconderse detrás del supuesto Pacto Ético.
Aprovechó las consecuencias del devastador terremoto del 16 de abril del 2016. Todavía se siente el dolor de los compatriotas que perdieron a sus familiares, sus bienes. La ausencia de los 671 fallecidos. El momento que Manabí se apagó.
La falta de dinero para enfrentar el terremoto y el escándalo de los Panama Papers se unieron en un solo instrumento legal. Por un lado, según los videos y noticias de esa época, empezaron a comunicar el Pacto Ético. Este invento correista buscaba justificar determinados actos de corrupción de su gobierno con la existencia de los países llamados paraísos fiscales, y por eso había que combatirlos.
La Ley por el Terremoto buscaba conseguir más recursos económicos para enfrentar las consecuencias. Y asomó el Reglamento para esa Ley. Es el Decreto 1073 del 10 de junio del 2016, firmado por Rafael Correa, que detallaba las distintas formas de hacer las nuevas contribuciones.
El país entregó el dinero ante semejante crisis. Y, a la par, se daban a conocer cifras, reiteradas hasta la actualidad por los más correístas, de que 30 000 millones de dólares están en paraísos fiscales y que 280 ecuatorianos son los propietarios, entre ellos, como no podían dejar de mencionarlo, opositores al régimen.
Entonces presionaron todavía más. Correa anunció la consulta popular para que los funcionarios y servidores del Estado no tengan contacto con los paraísos fiscales. Correa inundó el debate durante meses hasta que triunfó el Sí en la consulta en este año, el 19 de febrero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Pero en el Decreto 1073 de junio del 2016 se estableció algo que no fue parte del debate nacional. Mágicamente se abrió una puerta. La de atrás…
El Decreto tiene una Disposición reformatoria. Incluye tres mandatos. El Primero, vergonzoso, deja sin efecto el artículo 298 del Código Penal, sobre las defraudaciones tributarias, a las personas “que habiendo estado obligadas a presentar declaración patrimonial desde el ejercicio del 2009 o posteriores no lo hubiere hecho, o habiéndola efectuado la hubieren presentado de manera errónea o incompleta, podrán presentar dicha declaración, o una sustitutiva, desde ser el caso, hasta el 31 de diciembre del 2016”. Correa, en esa misma norma, les impone solamente una multa por no presentar la declaración…
De un plumazo echó abajo el control del SRI a las declaraciones patrimoniales, las 19 formas de defraudación tributaria del Código Penal y, de paso, el control de lavado de activos. No se establecieron los mecanismos de control anticorrupción del dinero que llegó o que no se declaró desde el 2009. Todo esto mientras nos ahogaron con la propaganda del Pacto Ético, usando la coyuntura del terremoto.
¿Perverso? Si es que se llega a comprobar de que esto fue un delito… Sí. El mismo artículo penal que desactivó Correa dispone que quien “extienda a terceros beneficios de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho” tiene una pena de hasta siete años de cárcel. El presidente Lenín Moreno, en esta coyuntura de combate a la corrupción, pudiera encender los controles. Saber de una vez por todas la cifra real de los fondos que llegaron en esos seis meses y si están libres de todo mal. O si esto es parte de las actuaciones de la ‘mafia revolucionaria’ que pudo esconderse detrás del supuesto Pacto Ético.
No hay comentarios:
Publicar un comentario