La corrupción, ¿batalla perdida?
¿Cual modelo de lucha contra la corrupción puede aplicar el Ecuador para que se cumpla la promesa presidencial de combate frontal contra este cáncer social? ¿El modelo peruano-brasileño o el modelo de Guatemala? Dos expertos en la materia: José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional y Manfredo Marroquín, de Transparencia Guatemala, dan pistas sobre el tema.
01 de septiembre del 2017
REDACCIÓN PLAN V
Ecuador está entre los países más corruptos del planeta. Eso lo determina el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, el cual coloca al país con la calificación de 31 sobre 100, tomando en cuenta que 100 se otorga a un país donde no hay un solo indicio de corrupción, y 0 equivale a un país donde la corrupción ha tomado las instituciones del Estado y el conjunto de la sociedad: un Estado fallido.
Documento de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Pero Ecuador no está alejado de la media de los países de América Latina, que es de 35 puntos sobre 100, a excepción de Uruguay, Chile, Canadá y Estados Unidos que son menos corruptos del continente. Estos datos apuntan a que la batalla contra la corrupción se viene perdiendo a pasos acelerados. El mapa de Transparencia tiñe de oscuro casi todos los países del planeta, y en menor o mayor grado habla de una naturalización de sistema de corrupción cualesquiera sea el color político de los gobierno de turno.
José Ugaz es el presidente mundial de Transparencia Internacional. El jurista peruano fue el juez que terminó metiendo presos a Fujimuri y Montesinos en su país, y ha dirigido concertaciones anticorrupción en la región. En el marco de un encuentro organizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversó con Plan V, al igual que Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, de Guatemala, país donde se libra una cruda batalla política por efectos de una institucionalidad del Estado coaptada por la corrupción y el crimen organizado.
Estas entrevistas se publican en el marco del anuncio de la visita del presidente Lenín Moreno a las Naciones Unidas, para firmar un convenio con el alto organismo para la lucha contra la corrupción. Durante la campaña, Moreno ofreció que formaría ese acuerdo bajo la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de la cual Ecuador es parte. La Convención da a los países varios instrumentos a los cuales pueden acudir para hacer efectiva una cooperación internacional de lucha contra la corrupción. La pregunta es ¿cuál modelo anticorrupción va a aplicar Lenín Moreno? Ugaz y Marroquín, en su orden, contestan esas preguntas.
ENTREVISTAS
“A todos se les pasaron los elefantes
por la nariz y nadie los vio”
por la nariz y nadie los vio”
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional
¿Qué es corrupción? ¿Es lo mismo una definición de hace treinta años que en la actualidad?
La corrupción es un fenómeno complejo y es imposible etiquetarla en una sola definición. La tradicional, que lanzó Transparencia Internacional hace 25 años, es que la corrupción es el abuso de la función pública para beneficio personal. Pero esa definición se queda corta hoy en día, cuando tenemos casos efectivamente de corrupción privada, el caso de la FIFA, por ejemplo, con actores privados que han actuado de forma delincuencial. Además, la forma que la corrupción ha tomado en los últimos tiempos nos confronta a un fenómeno cualitativamente distinto. Por eso en Transparencia Internacional hablamos de gran corrupción, y estamos hablando de aquellos casos que son cometidos por autores con una significativa cuota de poder político o económico —lo que quiere decir que pueden ser funcionarios públicos o actores privados—; que movilizan ingentes cantidades de recursos: los casos que vemos hoy día son de cientos y miles de millones de dólares, todos los días, en cualquier parte del mundo. El tercer elemento relevante de la gran corrupción es que tiene un impacto en los derechos fundamentales de las personas. Tiene una incidencia en la vida de la gente y en particular de los más pobres. Porque los que pagan la factura son los más desvalidos: la corrupción mata, enferma, niega educación, impide el acceso a la salud. La relación entre gran corrupción y derechos humanos no se puede negar. Y tiene dos características adicionales, una es que normalmente se comete a través de estructuras de crimen organizado (ya no son cuatro corruptos que espontáneamente se juntan para robar), de una forma planificada, con estructura, mucho poder y puede contar con esquemas sofisticados para hacerse de esos fondos. Y dado que sus actores tienen mucho poder, normalmente la gran corrupción queda impune. Tendencia que felizmente —lo estamos viendo en América Latina—, ha empezado a revertirse. Ya hubo el primer caso relevante que fue el de Fujimori, que ahora está condenado a 25 años de prisión, con Montesinos y varios otros de su red criminal corrupta; lo estamos viendo en Brasil, donde están detenidos los directores y gerentes de todas las grandes empresas involucradas en Lava Jato; se ha destituido a una presidenta, hay otro que está condenado; lo hemos visto en Guatemala donde hay un presidente y una vicepresidenta en prisión y otro procesado, y aquí mismo, en Ecuador, donde hay un ex ministro preso, un contralor prófugo, ocho ex ministros investigados y un vicepresidencia de la República que está en un proceso. Hay una tendencia positiva a la ruptura de la impunidad y queremos que no se detenga.
¿Cómo se pasa de una corrupción episódica, de casos aislados, a una corrupción sistémica, estructural e histórica?
La corrupción episódica es la que ocurre en países que no han incorporado en sus estructuras la lógica de la corrupción. Podemos pensar en países donde se producen casos —en todos los países hay corrupción— pero son hechos no cotidianos; podemos pensar en Francia, que tiene escándalos de cuando en cuando, hemos visto que en Noruega se han dado casos, en Dinamarca... Pero en el caso de América Latina, ya no son hechos aislados o que se producen de cuando en cuando, sino que está impregnado en la forma en como nuestros Estados han sido conformados y está incorporada en la lógica de la clase política. Entonces, por un lado tenemos instituciones débiles, mal conformadas, que permiten la corrupción, y por otro lado una clase política corrupta en su mayoría, que está buscando su propio interés, y por otro lado una ciudadanía complaciente o cómplice. Parte de nuestro problema es la región es que hemos normalizado la corrupción. El famoso dicho "roba pero hace obra" es algo que a nadie le genera mayor problema. En esencia, la corrupción es privilegiar el interés personal frente al bien común, y eso puede ocurrir de distintas maneras, desde la corrupción cotidiana hasta la gran corrupción.
Más allá de lo moral, en lo que podemos estar o no de acuerdo, la corrupción es un gran negocio. Y la gran corrupción obtiene dinero y financia su impunidad a través de jueces o fiscales corruptos. Es un círculo vicioso, ¿cómo se sale de ahí?
El enfoque moralista de la corrupción dejó de estar vigente hace muchos años. Antes se pensaba que era un problema de conciencia y de tener buenos o malos valores.
Es lo dijo el presidente Rafael Correa...
Bueno, estamos hablando del siglo 18. No hay un solo científico social que avale un percepción moralista de la corrupción. Eso es reducir esto al fuero interno del individuo y eso no es así. Estamos hablando de personas corruptas, de estructuras corruptas y dinámicas corruptas. Y por lo tanto, la corrupción —que también es un fenómeno moral, pues ninguna fe avala prácticas corruptas— es un problema económico, es un problema social, y cuando el presidente del Banco Mundial la caracteriza como un cáncer que profundiza la pobreza y afecta la gobernabilidad, es un problema político también. Hay gobiernos que caen, hay movilizaciones ciudadanas en Brasil, Corea del Sur, República Dominicana, Guatemala, en Sudáfrica, en Rusia; la gente se moviliza. Y es un problema de seguridad nacional e internacional. Cuando un banco como el PNB Pariba de Francia lava dinero a organizaciones terroristas en el Medio Oriente y luego esos terroristas van a Francia y matan a ciudadanos franceses, estamos hablando de un problema de seguridad. Y cuando las bandas criminales se nutren de fondos corruptos o que se usan luego para pagar sobornos, nos explicamos por qué hay tanta inseguridad ciudadana en muchos de nuestros países.
Este sistema es alimentado por ingresos de fondos a campañas electorales, ¿eso habla de la relación entre corrupción, crimen organizado y política?
¿Cómo hacemos para evitar que sean los corruptos los que llegan al poder, que sean los representantes del crimen organizado los que tengan cuotas en los niveles de gobierno?
Hay tres componentes en este análisis. En primer lugar tenemos una clase política de muy bajo nivel profesional, de muy bajo nivel de integridad y de muy bajo compromiso con las sociedades a las que dicen representar. Hay un problema de liderazgo. Si miramos las encuestas nacionales y regionales, dan cuenta de una clase política desprestigiada, sin credibilidad, corrupta y mediocre. ¿Por qué llegamos ahí? Viene el segundo componente: el financiamiento de la política. Quiénes llegan a los puestos del poder, quiénes aspiran a conducir los países, ¿los mejores hijos de nuestros pueblos? ¿Los mejores líderes? ¿Los que están sinceramente interesados en el bien común? No, por lo general son aquellos que buscan un rápido ascenso personal, una cuota de fama e incrementar su patrimonio de la noche a la mañana. Hay excepciones, pero son contadas con los dedos de la mano. Hay una pésima conceptualización de la clase política por parte de la población. El otro componente son las reglas de financiamiento de la política. ¿Cómo hacemos para evitar que sean los corruptos los que llegan al poder, que sean los representantes del crimen organizado los que tengan cuotas en los niveles de gobierno? Hay que tener leyes racionales, eficientes, claras y contundentes para impedir que la política se contamine de corrupción y crimen organizado. Y ahí no hay que inventar mucho, las reglas existen: límites en los aportes de las campañas, el papel que juega la televisión, si los donantes a las campañas son naturales o jurídicas, si las off shore pueden donar, el proceso de rendición de cuentas de la campaña. Hoy en día los candidatos mienten con toda impunidad, falsifican firmas, dicen que reciben aportes en cocteles, en parrilladas, cuando es obvio que traen dinero del narcotráfico, de la minería ilegal y de otras formas de delincuencia.
¿Qué nos dice el caso Odebrecht? ¿Se compraron gobiernos?
Sin duda alguna. Pero no solo es Odebrecht. El caso Lava Jato es mucho más grande. Odebrecht es una sola de 16 empresas brasileras que han estado involucradas. Odebrecht es la más grande y la que más impacto ha obtenido, tanto que fue capaz de comprarse un banco para evitar las explicaciones de cómo lavaba el dinero. Son doce países de América Latina y dos de África (Angola y Mozambique) que han sido impactados por este esquema de corrupción y las lecciones son varias. La primera es que han fallado todos los sistemas de control, lo cual nos tiene que llevar a una reflexión urgente del papel que juegan las Contralorías, cómo están organizadas, cómo se elige a los contralores, cuán profesionales son los funcionarios de los sistemas de control... Han fallado las policías, las fiscalías, los juzgados, los órganos de inspección, a todos se les pasaron los elefantes por la nariz y nadie los vio. Cuando era obvio en el caso de Odebrecht que esta empresa estaba sobornando. En el Perú, a través de Proética lo veníamos diciendo hace cuatro años. Los sistemas de control y de justicia tienen que ser revisados.
En segundo lugar, creo que tenemos que repensar los mecanismos de contratación pública, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero para gran infraestructura, y en los gobiernos regionales, no solo en las capitales. Aquí ha habido miles de millones de dólares, se han firmado contratos que luego se iban incrementado a través de adendas y se ha llevado a las obras a sobreprecios increíbles, sin que los sistemas de contratación que tenemos hayan podido detectarlo. Tenemos que ir a sistemas de inversión más transparentes, donde haya auditoría social, donde se pongan los candados suficientes para evitar que un contrato firmado en ciertas condiciones pueda ser trastocado y transformado en un contrato diferente, y eso se aplica para los temas de compras públicas.
Si un gobierno toma decisiones como eliminar el sistema de licitaciones ¿contribuye a la corrupción?
Evidentemente aquellos procesos que no son competitivos generan corrupción. Robert Klitgaard, que es un especialista en corrupción, dice que la fórmula de asegurar la corrupción es monopolio más discrecionalidad de funcionario público menos rendición de cuentas. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Cuando se va a procesos no competitivos y se otorgan los contratos a dedo, es casi seguro que hay un nicho de corrupción. Lo mejor contra la corrupción es la transparencia, la competencia, el conocimiento del proceso de toma de decisiones.
En el caso brasileño hay otro fenómeno es la actuación de la justicia, una prensa libre, transparencia y ciudadanía organizada. Son varios factores que se juntan para revelar y castigar la corrupción.
Diría que hay dos modelos de lucha contra la corrupción. Uno que llamaría —modestia aparte— el modelo peruano-brasileño, que es cuando las reservas morales de un país son capaces de enfrentar grandes casos de corrupción. En el caso peruano fue el propio sistema, sus fiscales, jueces y procuradores los que enfrentaron a un régimen corrupto, hicieron huir al presidente de la República y luego fuimos capaces de condenarlos, ponerlos en prisión y recuperar importantes cantidades de dinero. Y en el caso brasilero, un grupo de fiscales valientes, jóvenes y profesionales, liderados por un gran fiscal general, con jueces como Moro y otros, ha sido capaces ellos de enfrentarse a inmensos poderes económicos y políticos, con los resultados alucinantes en el lado positivo. El otro modelo es el guatemalteco. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que es un modelo radical, cuando estamos frente a un país en el cual los sistemas de justicia han fracasado; en sistemas de justicia fallidos, la sociedad civil de Guatemala creyó conveniente traer a una comisión internacional, presidida por un fiscal de afuera, con cincuenta investigadores de todo el mundo a romper la impunidad y lo han hecho con éxito; tanto que hay un presidente y una vicepresidenta en prisión. Y tanto más que el actual presidente de Guatemala —Jimmy Morales— se la quiere tumbar, porque lo están investigando a él.
¿Y la ciudadanía movilizada?
Romper la impunidad no solamente es abrir una investigación, es terminarla y terminarla con conclusiones porque se abren investigaciones, luego se manipulan y terminan archivadas.
Ese es un proceso, no hay recetas para decir cuándo se va a movilizar la gente. En República Dominicana, donde nunca antes se había movilizado alguien por el tema, un domingo salieron cien mil personas a la calle a exigir al presidente que se abran las investigaciones sobre Lava Jato. El tercer elemento son los aparatos de justicia: cómo hacemos para que sean independientes, para que no se vuelvan encubridores y permitan avanzar en investigaciones que obtengan resultados, porque romper la impunidad no solamente es abrir una investigación, es terminarla y terminarla con conclusiones porque se abren investigaciones, luego se manipulan y terminan archivadas. Y el otro elemento fundamental es la prensa. Y en ambos modelos la prensa ha jugado un papel fundamental. Ninguno de los dos modelos hubiera funcionado sin la prensa. En el caso peruano nuestro principal aliado fue el periodismo de investigación. Nosotros teníamos periodistas de primer nivel alimentándonos permanentemente con información que habían colectado, recibiendo y analizando. Ahí están los grandes periodistas de investigación de Brasil que han documentado todos estos temas y que día a día consiguen nuevos elementos y generan confianza en la opinión pública al mantenerla debidamente informada. Es impensable un esquema anticorrupción sin alianza con el periodismo de investigación.
¿Cómo mira al Ecuador en el marco de estos dos modelos?
Es muy pronto para decirlo. Estamos viendo con expectativa que hay un presidente que ha tomado la iniciativa de decir que va a luchar frontalmente contra la corrupción, ahora falta que lo pruebe. Ya lo dijo, ahora le toca actuar, y eso es lo que debe ocurrir —esperemos— en las próximas semanas o meses. Sin embargo, aún así tuviera la voluntad política, le puede pasar lo que está pasando en Panamá, donde la fiscal está tratando de juzgar los casos con mucha energía pero tiene un poder judicial comprometido con la corrupción, que anula, bloquea, amenaza e impide que las investigaciones avancen. Creo que en Ecuador, los fiscales y jueces fueron nombrados a través de procesos espurios, controlados por el poder político, se debiera ir hacia un proceso de depuración del sistema que permita nombrar jueces y fiscales independientes. Sin independencia política de jueces y fiscales —que son obsecuentes con el poder político— es imposible llegar a resultados positivos en esta materia.
“El éxito de la CICIG la condenó
a no ser replicable”
a no ser replicable”
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional en Guatemala
Si hay un organismo que destaca en la lucha contra la corrupción en América Latina este es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desde el 2015, el país centroamericano y la región acostumbrada a la inacción de las autoridades de control ha visto con sorpresa cómo dos presidentes -en plenas funciones- eran procesados por casos de corrupción. Más de 200 personajes del más alto nivel han sido sometidos a la justicia y han llenado las cárceles. La CICIG ha apuntado a “lo más alto” y esa es su huella.
Sin instituciones independientes, Guatemala recurrió a la ONU para que crear una comisión que investigue las denuncias y sobre todo garantice su independencia. Bajo la sombra de los casos de Odebrecht y Petroecuador, el presidente Lenín Moreno ofreció desde la campaña recurrir a esa instancia en búsqueda de cooperación para la lucha contra la corrupción. Moreno viajará este 17 de septiembre a Nueva York para concretar el convenio. La canciller María Fernanda Espinosa ha dicho que el acercamiento con la ONU tiene tres propósitos: “que en el Sistema de Naciones Unidas tengamos indicadores de transparencia para todos; políticas en educación y formación de valores; y el intercambio de buenas prácticas anticorrupción”. Pero los detalles aún son desconocidos. Lo que no ha explicado la señora canciller es cómo este acuerdo con la ONU va a lograr que la justicia ecuatoriana —dependiente del correísmo— investigue con independencia, meta presos a los culpables y recupere para el Estado los dineros robados por la corrupción.
La clave del éxito de la CICIG, según el guatemalteco Manfredo Marroquín, es su mandato: apoyar la investigación penal de los delitos. Marroquín es presidente de Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional en su país. Visitó Quito la semana pasada para el foro organizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Es replicable la CICIG en otros países de la región? Esto respondió.
¿Cómo empezó la CICIG en Guatemala?
A principios del año 2000, la sociedad civil empezó a hablar de un mecanismo independiente de investigación porque todos los casos que llegaban al Ministerio Público sobre corrupción y derechos humanos se quedaban allí muertos.
A principios del año 2000, la sociedad civil empezó a hablar de un mecanismo independiente de investigación porque todos los casos que llegaban al Ministerio Público sobre corrupción y derechos humanos se quedaban allí muertos. Llegaban muchas denuncias, pero no habían respuestas. No fue fácil porque por lo menos pasaron tres gobiernos para que finalmente se aprobara el convenio con la ONU.
¿Los organismo de control estaban relacionados con el poder Ejecutivo?
Claro, cooptados como en la mayoría de América Latina, donde los poderes ejecutivos influyen en decidir quién se pone en esos entes de control, sea Contraloría, ministerios públicos, Fiscalía, Corte de constitucionalidad.
¿Ninguno de esos organismos estaba dando respuestas en Guatemala?
Ninguno porque al final todos eran parte del mismo esquema. Así que después de muchos borradores se logró llegar a un texto preliminar. El gobierno de Álvaro Colom lo llevó a la ONU. A todo esto hay que decir que era una negociación entre grupos de sociedad civil y las cancillerías, que jugaron un papel muy importante. Al menos tres cancilleres se mostraron abiertos a llevar esta solicitud.
Si los cancilleres responden al gobierno de turno, ¿cómo pasaron la propuesta?
En Guatemala como los gobiernos que llegan son débiles así como los partidos, entonces siempre buscan una conformación más o menos plural y toman cuadros de sociedad civil o partidos de centro izquierda. Siempre es un collage. En este caso, los cancilleres fueron clave porque tenían cierto grado de independencia y porque los presidentes estaban en otras. Y este tema era irrelevante en ese momento. Finalmente la comisión se aprueba en Naciones Unidas en el 2008.
¿Cómo fueron las negociaciones con las Naciones Unidas?
Difícil porque la idea inicial era que el acuerdo pasara por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque era un mecanismo más fácil. Pero allí hubo resistencia de países que veían a esto como una amenaza de intromisión, por ejemplo Rusia. Por eso tardó tantos años en que se aprobara. Hasta que la propuesta se llevó a la Asamblea General de la ONU. Tuvimos un excelente embajador en ese entonces, Gert Rosenthal, que fue quien hizo todo el lobby. Fue quien convenció a un montón de países de la iniciativa.
¿Qué países apoyaron?
Los países europeos y de Estados Unidos. Por el contrario había países como Rusia y Egipto que no concebían la idea.
¿Cómo empezó el trabajo de la CICG?
En ese momento ocurrió un escándalo muy grande: el caso de Rodrigo Rosenberg. Era el abogado de una familia pudiente en Guatemala que dejó un video que decía “si están viendo este video es porque fui asesinado por el presidente (Álvaro Colom), su esposa, su secretario privado”. El mismo día del funeral distribuyeron el audiovisual. A la CICIG le tocó estrenarse con ese caso. A los 6 meses, descubrió que Rosenberg se mandó asesinar para inculpar al Gobierno. Mucha gente con afinidad al abogado no creyó la versión, pese a las evidencias. La resolución de este caso dividió la opinión pública. Hubo manifestaciones pidiendo la renuncia de Colom. Pero los que no estuvieron de acuerdo empezaron a atacar a la CICIG con una campaña muy fuerte de que era un mecanismo intervencionista, que Guatemala había cedido su soberanía. A raíz de más casos difíciles, renuncia Carlos Castresana, el primer comisionado de la CICIG. Luego llegó Francisco Dall'Anese Ruiz, un exfiscal de Costa Rica que tenía como credencial haber procesado a tres expresidentes de su país.
¿Cómo se conforma?
Tienen un comisionado que lo nombra el Secretario General de la ONU. Es extranjero y debe tener credenciales para el puesto. Él arma su equipo de investigadores, unos 50, la mayoría internacionales. Ellos a su vez tienen auxiliares de investigación que pueden ser nacionales. Los casos los trabajan junto con el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad que se creó como parte del convenio.
¿Cómo se financia?
Los fondos son de países amigos principalmente Noruega, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá.
¿De esa forma se garantiza 100% la independencia?
Yo diría que sobre 100, un 95% porque siempre pueden haber casos donde se filtre intereses o puede haber manejos no adecuados de la investigación. Pero en nuestros ministerios públicos el grado de independencia llegará al 3%. Hay que anotar que el mandato de la CICIG es la clave, puede recibir denuncias.
¿Y el grado de respuesta?
Depende de la consistencia de la denuncia. O puede ser que ellos ya tienen información sobre esa denuncia y el camino se vuelve más fácil.
¿Cuáles son los casos emblemáticos de la CICIG?
Muchos. El tercer comisionado, el colombiano Iván Velásquez, es quien llevó a la CICIG a su máxima expresión. En gran parte porque Colombia se parece mucho a Guatemala: corrupción, narcotráfico. Él apuntó a objetivos más grandes. Recogió procesos de investigación que ya estaban en curso y con su capacidad logró tejerlos mejor.
Entre esos casos está el de ‘La Línea’ por el que tuvo que salir el presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta, más casi todo su gabinete. Este caso era por defraudación aduanera. El expresidente manejaba una puerta especial en las aduanas y pasaban sus productos sin pagar impuestos.
¿Cómo nace el caso actual que está involucrado el mandatario Jimmy Morales?
El colombiano, Iván Velásquez, es quien llevó a la CICIG a su máxima expresión. En gran parte porque Colombia se parece mucho a Guatemala: corrupción, narcotráfico. Él apuntó a objetivos más grandes.
Primero se involucra a su hijo y a su hermano. Este caso nace de una investigación de otro caso anterior. Porque tenemos que tener claro que el sistema es la corrupción en nuestros países. Se investigaba al Registro de la Propiedad, donde había una megaestructura de corrupción. La CICIG descubre pagos de facturas por servicios que nunca fueron prestados. Entonces hallaron facturas de José Manuel, el hijo del Primer Mandatario. Esto ocurrió cuando él no tenía ni en sueños llegar a ese cargo. Entonces después gana el cómico Jimmy Morales porque era el único de todos los candidatos que no formaba parte la clase política tradicional. Pero gana por el éxito de la CICIG, que logró romper con toda una generación que partidos porque todos quedaron mal vistos. Y este señor resulta que por este caso que señala a su hijo se molesta con la CICIG y se alía con las élites que están aterrorizadas del trabajo de la comisión internacional y hacen un bloque común (político, económico, militar) para echarla de Guatemala empezando por Iván Velásquez.
Es decir que en este momento la CICIG se enfrenta a un escenario de resistencia.
Claro. Hoy tiene al menos 15 casos grandes de investigación en curso. Con decir que el caso Odebrecht en Guatemala ni siquiera llama la atención, porque es una mancha más al tigre.
Guatemala va un paso adelante en fiscalizar la corrupción.
Sí, pero Guatemala tiene un problema. La CICIG es un cuerpo de investigación pero no juzga. Y el problema está en que la justicia sigue igual de obsoleta y de igual grado de penetración de corrupción. Los casos no avanzan. Pero también las cárceles ya no aguantan, tienes los cuarteles militares llenos de presos.
¿Cuántos procesados van hasta el momento?
De alto nivel más de 200. Tienes empresarios, constructores, farmacéuticos, banqueros, políticos, generales.
¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil?
La sociedad civil ha presionado para que esto ocurra. Nosotros, en Acción Ciudadana, tenemos un centro legal anticorrupción, que recibe denuncias. Las que logramos documentar bien las trasladamos a la CICIG o al Ministerio Público. De hecho muchos casos que la CICIG ha culminado han empezado por nuestra denuncias.
¿Los guatemaltecos son activos en denunciar casos de corrupción?
Ha habido un cambio. Eran cien por ciento apáticos porque nadie creía que alguien iba a investigar algo. Ahora es una avalancha de denuncias.
¿Hay miedo, las denuncias son anónimas?
Hay miedo, pero la gente ya se anima a dar más la cara.
¿Y el papel de la prensa?
Hay una alianza muy fuerte con medios. Hay muchos casos que no esperamos que se conozca cuando el proceso termine. Cuando son de gran relevancia los compartimos con los medios que hacen investigación para que los puedan exponer y con eso sensibilizar a la sociedad.
¿Han tenido represalia los medios que publican los casos?
Siempre sufren boicots comerciales.
¿El trabajo de la CICIG puede ser replicado en otros países de América Latina?
La CICIG no solo es un ejemplo en América Latina sino en el mundo. Precisamente por ser un buen ejemplo se volvió una mala palabra.
No solo es un ejemplo en América Latina sino en el mundo. Precisamente por ser un buen ejemplo se volvió una mala palabra. Porque ningún país, viendo las consecuencias y los resultados en Guatemala, jamás va a aceptar un mecanismo igual. ¿Quién tiene las manos tan limpias en política para decir ‘no me importa lo que se investigue’? El éxito de la CICIG es su trampa y la condenó a no ser replicable.
¿No existe ninguna posibilidad?
Solo que hubiera una gran demanda y presión de la sociedad civil y lograra que un gobierno la aceptara. Pero por voluntad propia de un gobierno no va a existir nunca.
¿Qué aconsejaría a la sociedad civil para que sus esfuerzos logres acciones efectivas contra la corrupción?
Presionar fuerte. No veo otra. En Honduras en 2015 salió mucha gente a la calles, tuvo un presión fuerte y finalmente el Gobierno terminó aceptando un modelo supuestamente CICIG. Es supuesto porque primero es con la OEA, un organismo más débil. Segundo no tiene el mismo mandato de CICIG para investigar, es más de acompañamiento y de asesoría. Jamás va a tener los resultados de la CICIG. Fue muy hábil el Gobierno de Honduras. Se quitó la presión nacional e internacional y creó algo que está destinado a que no funcione.
En nuestros países que son hiperpresidencialistas es casi imposible el funcionamiento de un ente independiente y menos uno de investigación y control. Yo creo que las sociedades tienen que empezar a presionar por mecanismos alternativos. También tenemos esta cara muy fuerte nacionalista: todo es interferencia, que nos dejen en paz como estamos, aunque estemos en el peor de los mundos. La sociedad tiene que ser más visionaria.
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