Yachay: Correa y Ramírez merecen cárcel
Alguien tendrá que responder penalmente por el atroz y multimillonario engaño que resultó ser Yachay. Si bien gran parte de las revelaciones que contiene el informe que Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt, presentó al presidente Lenín Moreno ya habían sido puestas en escena por algunos medios, el hecho de que se haya hecho un inventario oficial de irregularidades e inconsistencias hace impostergable una intervención de la Fiscalía o la Asamblea Nacional. Una farsa pública de esas dimensiones no puede quedar en la impunidad.
El informe establece básicamente dos tipos de irregularidades: uno que tiene que ver con el mal uso y el desvío de fondos públicos y otros que tiene relación con la estafa a la fe pública. Ambos generan responsabilidades penales que si el Ecuador tuviera un sistema de justicia independiente, ya habrían motivado investigaciones hace algunos años.
El informe dice que en Yachay los edificios están mal hechos y que cinco de ellos se hallan paralizados desde 2015, con problemas en vigas y losas. Además, no hay alcantarillado ni servicios básicos para una supuesta ciudad que tenía que albergar a 17 mil habitantes el año entrante. Actualmente tiene a 1 010 estudiantes y únicamente 12 aulas y laboratorios: presta 11 aulas al Instituto Superior Tecnológico 17 de julio.
En el informe se lee que el crédito de 233 millones de dólares que entregó la China para ese proyecto tuvo una “mala programación”; lo que es un eufemismo para decir lo que en morocho significa desvíos y uso incorrecto de fondos públicos. De ese préstamo al menos 11,8 millones se usaron en temas que no estaban contemplados en el crédito; lo cual es ilegal y abre la posibilidad de que haya habido peculado. Por ejemplo, los responsables de Yachay se tomaron ilegalmente de ese fondo 3,12 millones de dólares para el acto por los 8 años de Revolución Ciudadana que se desarrolló bajo la etiqueta de Feria Innópolis, inaugurado por el vicepresidente Jorge Glas.
Barrera anota que el proyecto fue sobredimensionado y mantenía en Quito a 746 funcionarios que trabajaban en un edifico cuyo arriendo costaba 20 mil dólares mensuales. La empresa tenía nueve gerentes, 17 asesores de gerentes, 21 abogados y 14 comunicadores de los cuales casi todos vivían en Quito. La nómina costaba 13,5 millones de dólares al año. Todo un atraco a los contribuyentes. El informe nada dice sobre los sueldos de 16 mil dólares mensuales que los tres profesores visitantes de Caltech recibían sin residir siquiera en el Ecuador.
Para construir la alucinación que era Yachay se destinaron 4 461 hectáreas de las cuales, antes de instalado el proyecto, al menos 3 mil eran agrícolamente productivas. Desde que esas tierras se incorporaron al proyecto el 52% están sin ser utilizadas. Las empresas agrícolas que utilizaron esas tierras no invirtieron. un solo dólar.
Los tema de la infraestructura y los gastos no son los únicos que sobresalen en el informe. También consta el engaño, denunciado por 4Pelagatos en febrero del 2017, de la inversión para construir una megafactoría para ensamblar carros eléctricos con el supuesto apoyo de la Tesla Motors. Esa inversión no existe dice el informe. En efecto, en febrero los principales responsables de Yachay, encabezados por René Ramírez, anunciaron una inversión de 3 mil millones hecha por una empresa que, según constató 4Pelagatos, había sido constituida el mismo día del anuncio y que terminó siendo puro humo.
A la farsa de la fábrica de carros eléctricos con la asesoría de Tesla, se unió el entonces presidente Rafael Correa que, en redes sociales, se congratuló de la inversión que era una inmensa mentira. No solo eso, en una intervención posterior Correa habló durante algunos minutos sobre el proyecto y luego de decir que no pudo llegar a Yachay por un problema metereológico ratificó el anuncio de lo que evidentemente era un engaño público.
Yachay es un caso especial para el correísmo y por eso el informe del gobierno Moreno es un duro golpe al relato tecno-populista había articulado alrededor de ese proyecto. Durante gran parte del gobierno anterior, Yachay fue la gran fábrica de humo que el correísmo montó para sostener el espejismo de un país que ha llegado al primer mundo y que, por eso, puede dar el lujo de tener su Harvard o su Stanford. Yachay es una alucinación refundacional, dijo alguna vez el columnista Felipe Burbano. Carlos de la Torre, asimismo, aseguró que Yachay era la cristalización de la revolución ciudadana que, según él, pretendía ser una promesa redentora a través de la la ciencia y la tecnología. El propio Correa había dicho que el proyecto era el más importante de su gobierno y en varias ocasiones asumió personalmente su defensa cuando aparecían críticas.
Desde mucho antes del cambio de Gobierno se sabía que tarde o temprano el engaño de Yachay iba a convertirse en un escándalo. Varios medios ya habían publicado investigaciones sobre los estrafalarios gastos e instalaciones. Correa, quizá ya advertido de lo que se venía, hizo una extraña amenaza en junio del 2016. “Ni se metan con Yachay porque me les presento (a las elecciones) en el 2021”, dijo en un enlace de los sábados. El ex presidente es, sin duda, uno de los responsables por todo lo que ocurrió en Yachay. No solo porque fue su iniciativa y el más consentido de sus proyectos sino porque es sabido de que estaba al tanto de todo lo que allí ocurría.
El otro gran responsable de todo lo ocurrido en Yachay es, sin duda, René Ramírez quien, según los medios oficiales, es el actual coordinador de la Agenda Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la Unesco. A Correa y Ramírez se une una larga lista de funcionarios que deberían ser llamados por las autoridades para que expliquen lo que ocurrió ahí. Un engaño tan grande y tan caro como ese no puede quedar en la impunidad.
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