Colaboración eficaz

Colaboración eficaz
Publicado el 17 septiembre, 201716 septiembre, 2017 por AGN

Diario El Mercurio

La corrupción en el manejo de fondos públicos y abuso de poder merece un justificado repudio ciudadano que reclama agilidad y rectitud en la investigación, a la vez que sanciones a los cómplices y autores de los perjuicios al Estado. La impunidad es repudiable, de allí que la administración de justicia debe recurrir a todos los medios lícitos para sancionar a los implicados en estos atracos. La tarea no es simple ya que los protagonistas de los actos de la corrupción son maestros en el ocultamiento, lo que conlleva dificultades, peor aún si están de por medio instituciones extranjeras ya que, con impudicia, la corrupción se ha transnacionalizado lo que dificulta esclarecer a plenitud los hechos por un mal entendido sentido de soberanía.

Si por propia voluntad los condenados dieran a conocer a todos los implicados en los actos ilícitos, la justicia plena sería más viable, pero esto no ocurre, de allí que se haya extendido el recurso a la colaboración eficaz que consiste en llegar a acuerdos con los condenados o procesados para rebajar las penas si es que proporcionan mayor información fiable. El caso Odebrecht es un ejemplo de este tipo de procedimientos, ya que un importante porcentaje de conocimiento sobre los culpables proviene de condenados que han informado –delatado sería un término peyorativo- sobre personas que fueron parte de los robos, concretamente, quienes recibieron las coimas.

En nuestro país se ha incorporado a la investigación esta modalidad: sin hacer una afirmación plena, creemos que hay esperanzas de que contribuya al esclarecimiento de los hechos, superando los “sabios” encubrimientos de personas que tuvieron y tienen notable poder político. En los casos que comentamos, no sólo están de por medio los que recibieron los sobornos sino también los que se involucraron en los procesos y los que, pudiendo haberlo impedido, no lo hicieron. El desempeño de importantes funciones conlleva responsabilidades para el pulcro manejo de los bienes públicos. No cumplirlas, en el mejor de los casos, sería negligencia que implican culpabilidad, aunque se las quiera calificar de “errores de buena fe”. Tan dañino como hacer es dejar hacer.