Abogados cuestionan a Justicia; CJ lo rechaza
Al centro, Carlos Verdugo (Cañar), Ramiro García Falconí (Pichincha), Carlos Castro (Azuay), junto a la secretaria de este Colegio Provincial, Alba Gualpa. PSR
Profesionales del Derecho de cuatro provincias demandan investigar intromisión en fallos de jueces.
Que “la justicia ecuatoriana atraviesa por su peor momento”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconí, asistente a una cita en la que, ayer, los presidentes del colegios de profesionales del derecho de Loja, Cañar, Pichincha y parte del directorio de los abogados del Azuay, analizaron recientes denuncias de hechos de corrupción e injerencia del poder en la justicia.
“No podemos decir que teníamos una justicia sin injerencia política, pero nunca con una coptación tan fuerte como ahora. Los jueces responden a una estructura de poder que decidía quiénes ingresaban o no a la judicatura… por evidencia que se ha presentado, no solamente metieron la mano en la designación de jueces sino también en la elaboración de fallos”, reforzó García.
En su opinión, esto se evidencia en parámetros de evaluación, como el Ránking de Confianza en la Justicia, que colocan al sistema de justicia del país, como el tercer peor de la región, solo delante de Venezuela y Paraguay.
Los abogados objetan la imposición de sanciones (desde multas hasta la destitución) a jueces y funcionarios judiciales, bajo la figura del “error inexcusable”. “No es el ente administrativo disciplinario (Consejo de la Judicatura) quien debe determinarlo, implicaría que el Consejo entre a valorar, materialmente, el sentido de los fallos y consideraciones jurídicas”.
En otros países existe el error inexcusable, aplica una sanción el Consejo de la Magistratura, pero no es quien determina el error. Esto ha sido observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Watch Right, señaló García.
Añadió que el ejercicio profesional del abogado se ha precarizado porque los jueces no siempre fallan de acuerdo a derecho, en casos en los que, políticamente, ha tenido interés el gobierno. “A través de las filtraciones (de emails) se ha visto cómo se metió la mano en un proceso, acerca del despido a una empleada doméstica de la madre de una ministra de Estado”.
La “posición (de su Colegio) ha sido señalar la falta de independencia judicial”, estima que el Consejo de la Judicatura “se convirtió en una secretaría de estado”.
Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, coincidió en la falta de independencia de la Función Judicial y cuestionó el modelo de gestión y atención de la justicia, por “falta de agilidad, un sistema en el que jueces y secretarios tienen que acoplarse a moldes de sistemas informáticos, que, a veces, parecen estar por encima de normas procesales”.
Los jueces y servidores, a su juicio, viven en ambiente de temor. Su evaluación pone énfasis en el número de sentencias y despacho de causas y no en su calidad.
Recordó que efectivamente “se metió la mano a la justicia”: “en providencias, autos y sentencias. Más aún, “los jueces se han seleccionado por afinidades políticas”.
Ahora, en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (de siete de los 21 jueces nacionales) no se ha dado una evaluación expresa y previa para determinar quiénes deberían salir, por lo que planteó la necesidad de que el concurso se suspenda, hasta que haya claridad en las normas de la selección.
Paulo Arrobo, presidente del Colegio de Abogados de Loja, comentó que la divulgación de correos oficiales sobre la justicia demuestran una “clara intromisión de la Función Ejecutiva en ella”. Algo que “no debe quedarse en un juicio político”. Presumen podría haber un tráfico de influencias y creen que el Fiscal General debe iniciar una investigación previa.
Si los correos fueron obtenidos ilegalmente, el Fiscal debería pedir permiso a un juez para tomarlos legalmente de los computadores de donde salieron y con ello investigar.
Carlos Verdugo, presidente del Colegio de Abogados del Cañar, protestó porque la Defensoría Pública, financiada por el Estado para defender a personas que no pueden pagar un abogado, estaría prestando servicios a quienes sí pueden hacerlo, (en procesos legales y hasta escritura de minutas) con lo que se quita trabajo a los abogados en libre ejercicio profesional. (AVB)-(I)
“No podemos decir que teníamos una justicia sin injerencia política, pero nunca con una coptación tan fuerte como ahora. Los jueces responden a una estructura de poder que decidía quiénes ingresaban o no a la judicatura… por evidencia que se ha presentado, no solamente metieron la mano en la designación de jueces sino también en la elaboración de fallos”, reforzó García.
En su opinión, esto se evidencia en parámetros de evaluación, como el Ránking de Confianza en la Justicia, que colocan al sistema de justicia del país, como el tercer peor de la región, solo delante de Venezuela y Paraguay.
Los abogados objetan la imposición de sanciones (desde multas hasta la destitución) a jueces y funcionarios judiciales, bajo la figura del “error inexcusable”. “No es el ente administrativo disciplinario (Consejo de la Judicatura) quien debe determinarlo, implicaría que el Consejo entre a valorar, materialmente, el sentido de los fallos y consideraciones jurídicas”.
En otros países existe el error inexcusable, aplica una sanción el Consejo de la Magistratura, pero no es quien determina el error. Esto ha sido observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Watch Right, señaló García.
Añadió que el ejercicio profesional del abogado se ha precarizado porque los jueces no siempre fallan de acuerdo a derecho, en casos en los que, políticamente, ha tenido interés el gobierno. “A través de las filtraciones (de emails) se ha visto cómo se metió la mano en un proceso, acerca del despido a una empleada doméstica de la madre de una ministra de Estado”.
La “posición (de su Colegio) ha sido señalar la falta de independencia judicial”, estima que el Consejo de la Judicatura “se convirtió en una secretaría de estado”.
Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, coincidió en la falta de independencia de la Función Judicial y cuestionó el modelo de gestión y atención de la justicia, por “falta de agilidad, un sistema en el que jueces y secretarios tienen que acoplarse a moldes de sistemas informáticos, que, a veces, parecen estar por encima de normas procesales”.
Los jueces y servidores, a su juicio, viven en ambiente de temor. Su evaluación pone énfasis en el número de sentencias y despacho de causas y no en su calidad.
Recordó que efectivamente “se metió la mano a la justicia”: “en providencias, autos y sentencias. Más aún, “los jueces se han seleccionado por afinidades políticas”.
Ahora, en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (de siete de los 21 jueces nacionales) no se ha dado una evaluación expresa y previa para determinar quiénes deberían salir, por lo que planteó la necesidad de que el concurso se suspenda, hasta que haya claridad en las normas de la selección.
Paulo Arrobo, presidente del Colegio de Abogados de Loja, comentó que la divulgación de correos oficiales sobre la justicia demuestran una “clara intromisión de la Función Ejecutiva en ella”. Algo que “no debe quedarse en un juicio político”. Presumen podría haber un tráfico de influencias y creen que el Fiscal General debe iniciar una investigación previa.
Si los correos fueron obtenidos ilegalmente, el Fiscal debería pedir permiso a un juez para tomarlos legalmente de los computadores de donde salieron y con ello investigar.
Carlos Verdugo, presidente del Colegio de Abogados del Cañar, protestó porque la Defensoría Pública, financiada por el Estado para defender a personas que no pueden pagar un abogado, estaría prestando servicios a quienes sí pueden hacerlo, (en procesos legales y hasta escritura de minutas) con lo que se quita trabajo a los abogados en libre ejercicio profesional. (AVB)-(I)
JUDICATURA DEFIENDE GESTIÓN
Mateo Ríos, como director encargado del Consejo de la Judicatura, y como juez, señaló que la mayoría de jueces del país han sido fiscales, ayudantes judiciales o secretarios. “Se justifica la pertinencia y efectividad de los concursos: tenemos experiencia y preparación. En nombre de los servidores”, rechazó afirmaciones en contrario.
Defendió el modelo de gestión y atención de la justicia que “ha promovido el Código General de Procesos, con el que el trámite de un proceso se reduce de tres años, a unos cuatro meses”.
Respecto de los recursos disciplinarios, expuso que por la Constitución y la ley, que se deben acatar, el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario es el Consejo de la Judicatura. Hay sanciones a jueces como a uno que demoró un año entero dar una respuesta.
Hay varias vías para establecer una sanción por error inexcusable a un servidor judicial: por denuncia, queja o pedido de juez superior, y para ello hay un trámite, basado en las normas del debido proceso, añadió. (AVB)-(I)
Mateo Ríos, como director encargado del Consejo de la Judicatura, y como juez, señaló que la mayoría de jueces del país han sido fiscales, ayudantes judiciales o secretarios. “Se justifica la pertinencia y efectividad de los concursos: tenemos experiencia y preparación. En nombre de los servidores”, rechazó afirmaciones en contrario.
Defendió el modelo de gestión y atención de la justicia que “ha promovido el Código General de Procesos, con el que el trámite de un proceso se reduce de tres años, a unos cuatro meses”.
Respecto de los recursos disciplinarios, expuso que por la Constitución y la ley, que se deben acatar, el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario es el Consejo de la Judicatura. Hay sanciones a jueces como a uno que demoró un año entero dar una respuesta.
Hay varias vías para establecer una sanción por error inexcusable a un servidor judicial: por denuncia, queja o pedido de juez superior, y para ello hay un trámite, basado en las normas del debido proceso, añadió. (AVB)-(I)
MAS DETALLES
– Correos filtrados, (de funcionarios del gobierno anterior), muestran que Correa decía al presidente de la Judicatura “en qué sentido debe direccionarse tal o cual fallo o a quién perseguir”, enfatizó Ramiro García.
– El Colegio de Abogados de Cañar ha demandado la inconstitucionalidad del artículo 336 del Código de la Función Judicial: pues abogados pueden ser sancionados con multas por el Consejo de la Judicatura, sin ser funcionarios.
– El presidente del Colegio de Abogados del Azuay, Carlos Castro dice que es “terrible”, que funcionarios administrativos juzguen a jueces, “deberían ser jueces quienes tengan el control de legalidad de los actos administrativos”.
– El Colegio de Abogados de Loja menciona que la Unión de Abogados de Iberoamérica ha observado el modelo de gestión y atención judicial. El gremio pide verificar la idoneidad de inversiones en infraestructura.
– Correos filtrados, (de funcionarios del gobierno anterior), muestran que Correa decía al presidente de la Judicatura “en qué sentido debe direccionarse tal o cual fallo o a quién perseguir”, enfatizó Ramiro García.
– El Colegio de Abogados de Cañar ha demandado la inconstitucionalidad del artículo 336 del Código de la Función Judicial: pues abogados pueden ser sancionados con multas por el Consejo de la Judicatura, sin ser funcionarios.
– El presidente del Colegio de Abogados del Azuay, Carlos Castro dice que es “terrible”, que funcionarios administrativos juzguen a jueces, “deberían ser jueces quienes tengan el control de legalidad de los actos administrativos”.
– El Colegio de Abogados de Loja menciona que la Unión de Abogados de Iberoamérica ha observado el modelo de gestión y atención judicial. El gremio pide verificar la idoneidad de inversiones en infraestructura.
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