Privilegios presidenciales

Por: José Ayala Lasso

Hace poco, la prensa reveló una relación sentimental del presidente Hollande, que puso fin a la que mantenía con quien desempeñaba las funciones de Primera Dama de Francia. Ante las serias consecuencias que se produjeron, se preguntó a Hollande si estaría pensando en demandar a la revista que hizo pública dicha relación privada. La respuesta del Jefe de Estado francés es digna de análisis por su seriedad doctrinaria y espíritu democrático. Recordó que, en su condición de Presidente, goza de ciertos privilegios e inmunidades que le colocan en una situación de ventaja frente a cualquier francés. 

En tales circunstancias, iniciar un procedimiento ante la justicia equivaldría a utilizar sus inmunidades en desmedro de la igualdad ante la ley, que constituye un principio fundacional de la República. No quiso que los atributos legales de su autoridad pesaran en una acción judicial en contra de un connacional. 

En el fondo, todas las doctrinas relativas a inmunidades consagran una situación de desigualdad. Aun en los albores mismos de la Revolución Francesa, al aprobar ciertos privilegios para la autoridad, resonó en la Asamblea la voz del "incorruptible" Robespierre, quien votó a favor de tal moción, pero añadió que la verdadera igualdad nacerá cuando todos los privilegios sean eliminados. El fundamento de esta doctrina no es otro que el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno de los seres humanos por sus acciones y decisiones. Todos debemos responder de igual manera y en iguales condiciones, pensaba Robespierre. A pesar de estos ideales que deberían orientar la vida social y política en todos los estados, la realidad nos enseña que al ejercicio de ciertas funciones, va usualmente unido un tratamiento especial que se considera indispensable para facilitar la función pública del Jefe de Estado, los miembros de los parlamentos o los diplomáticos, por ejemplo. En otro contexto, pero con el mismo fundamento, algunas legislaciones penales han creado figuras delictivas -que cada vez encuentran más opositores y críticos- para proteger la llamada "majestad del poder". La respuesta dada por Hollande a quien inquirió sobre su voluntad de enjuiciar a un medio de información pública es ejemplar y debe invitar a la reflexión. En el Ecuador, en cambio, altas autoridades del Gobierno no han dudado en instaurar procedimientos legales contra ciudadanos. Aun cuando la acción judicial hubiese sido promovida "a título personal", es obvio que en el espíritu de los jueces no puede haber dejado de pesar la condición oficial del querellante, lo que explica, en algunos casos, los fallos emitidos por quienes, en lugar de mantener vendados los ojos para asegurar la imparcialidad de la justicia, han dejado un resquicio para mirar cómo reacciona o puede reaccionar el poder, a fin de sentenciar en consecuencia.