viernes, 31 de octubre de 2014


Los laberintos del gran poder



 
Escrito por Marco Robles López


A propósito de la actual situación política internacional y del rechazo que con alguna frecuencia provoca la praxis política, recuerdo una famosa expresión de Aristóteles que se encuentra en su célebre obra “Política”. Prevengo que se trata de una traducción personal de la versión rusa, tomada, en su orden, del griego antiguo: Si el objetivo final de todas las ciencias y artes se revela el bien, entonces el más elevado bien es el objetivo supremo de la política, la fundamental disciplina de todas las ciencias y artes. Sin embargo de lo que dijera Aristóteles, el ejercicio político provoca rechazos o comprensiones y simpatías, de acuerdo a la forma que un proceso político influye en los seres humanos.  

En nuestro tiempo, prácticamente desde la segunda mitad del S. XIX, el mundo se enfrenta a un sistema que ha proclamado que es el único que puede dirigir y gobernar las sociedades: el capitalismo. Y desde postrimerías del siglo XIX e inicios del XX, surgen las formas de imperialismo, expresión acabada del capital financiero internacional, de los gigantescos monopolios, de una bancocracia que impone sus intereses y condiciones al Estado imperialista y de organismos fundamentados en el enorme poder político-económico del supercapitalismo, mediante los cuales dicta sus políticas financieras a nivel planetario: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por esta razón, por ejemplo, el “demócrata” Barack Obama, presidente de EE UU, aunque puede tener otras concepciones teóricas de la política y de las relaciones internacionales, aunque sea menos desaforado y guerrerista que su antecesor G. W. Bush, y aunque sin una razón convincente haya recibido dichoso el Premio Nobel de la Paz, sin embargo declara que EE UU prácticamente tiene la misión de dirigir el mundo; es decir, reedita esa vieja tesis mesiánica, de que han sido designados por la Providencia cristiana para dirigir el mundo. Eso explica, igualmente, que aplace la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, que los grandes monopolios continúen usufructuando del petróleo y otras riquezas naturales de Irak, que con el sumiso comportamiento de sus socios de la OTAN, hayan intervenido en Libia y destrozado ese país, se hayan lanzado en otras sangrientas aventuras en Siria, en Ucrania, luego de perder la soñada “perla”, Crimea, no obstante los ¡5 mil millones de dólares invertidos en esa fallida aventura!, y que mantenga en Guantánamo ese horroroso “Gulag” o campo de concentración.


No nos engañemos: tras Obama está el verdadero poder. Por esta razón irrefutable, Hunter Biden, hijo del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¡forma parte del directorio de “Burisma Holdings”, el poderoso y más grande monopolio productor de gas natural de Ucrania! Pero que nuestra prensa, independiente o privada –lo del nombre es lo de menos- no se percate de estas realidades o se exima de informar de estos turbios entretelones políticos de la “mejor democracia del mundo”, es otra cosa.


Cito a propósito, un fragmento de un revelador documento que se encuentra en internet: “El esfuerzo para mejorar el clima de los inversionistas extranjeros en la frontera con Rusia es llevado por la Fundación U. S. (Estados Unidos. M. R. L.) – UKRAINE, una organización no gubernamental patrocinada en parte por ExxonMobil, Coca-Cola y Raytheon. En el mes de abril, el vicepresidente de EE UU Joe Biden, padre de Hunter, viajó a Ucrania para apoyar al nuevo gobierno de fascistas y ultra-nacionalistas. Más allá de las consignas retóricas acerca de la democracia y la libertad, la visita de Biden padre tuvo por objeto asegurar un ambiente apropiado para la inversión en Ucrania” (Fuente: http://verdadahoracl/ )


Pero ni Rusia ni China duermen, porque saben que el imperialismo, aunque se encuentre en la hora crepuscular, no deja de ser temible. Por ello han firmado nuevos acuerdos sobre alta tecnología militar, comerciales para  transportar y proveer de gas natural al gigante del Lejano Oriente. Y otro acuerdo de estos días consolida un nuevo bloque: Rusia, China e Irán. Es posible que este nuevo bloque también vuelva cauto al fogoso  “Caballo de Troya” de Oriente Próximo…  


Y lo que sucede en nuestra Latinoamérica y el Caribe, también tiene sus sinuosidades “democráticas”: en Cuba el ZunZuneo ha hecho su labor de zapa pero sin mayores resultados; en Venezuela, con el presidente Maduro, que no tiene la habilidad y experiencia del finado Chávez, la oposición apoyada por el imperialismo, ha aprovechado los errores cometidos por el gobierno y los problemas irresueltos, mientras los imperios mediáticos arman el cotarro. En cambio en México, que tiene un problema económico gravísimo y en donde se privatizó ya el petróleo, todo está aparentemente en paz. Lo que no nos dicen es la tragedia económica que vive la mayor parte del pueblo mexicano: hace pocos días atrás, un distinguido catedrático e investigador mexicano, de visita a esta bella ciudad de Cuenca, nos relataba que la situación de México es muy difícil: oficialmente se reconoce que el ¡60 e la población vive en pobreza y extrema pobreza!, pero que los datos no gubernamentales, señalan que el porcentaje de pobres abarca el 70 e la población. La gran prensa, de esto tampoco dice nada. Tampoco dice nada de la situación en Colombia, en donde la población campesina ha sido despojada de sus tierras y masacrada, no tanto por la guerrilla, sino primordialmente por los paramilitares vinculados al gobierno. El silencio de la gran prensa se explica porque EE UU tiene en territorio colombiano nada menos que ¡ocho bases militares!, y con relación a eso, el imperialismo siempre agradecerá la discreción de nuestra prensa.


En Chile, en donde retornó al poder la Sra. Bachelet, luego del período del millonario derechista Piñera, la situación no es nada boyante, sobre todo para las decenas y centenares de miles de pobres y excluidos, especialmente de la población nativa. La nefasta herencia de la era Pinochet en la educación universitaria, considerada carísima e inalcanzable para la mayoría de la población, es otra cuestión sumamente grave que deberá resolver Bachelet.  No obstante, a Chile nuestra prensa siempre le presenta como la ventana del “capitalismo triunfante”, digno de imitar.


Pero muchos ciudadanos perspicaces se preguntan, ahora que Bachelet se encuentra en el poder, ¿qué sucederá con esa  Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Perú, Colombia y México? Sin duda a EE UU le causará una gran preocupación.


jueves, 30 de octubre de 2014

Declaración de Chapultepec







Adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre
Libertad de Expresión celebrada en México, D.F.
el 11 de marzo de 1994
PREAMBULO


En el umbral de un nuevo milenio, América puede ver su futuro afincada en la democracia. La apertura política ha ganado terreno. Los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus derechos. Elecciones periódicas, gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos sociales de la más variada índole, reflejan más que en ningún otro momento de nuestra historia las aspiraciones de la población.
En el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia. La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando.
Por todo ello, es deber de quienes vivimos en este hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos.
La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana. La democracia y la libertad, binomio indisoluble, solo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres y mujeres de nuestro continente.
Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.
Porque compartimos esta convicción, porque creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación.
Los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de lasdemás libertades públicas.
Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.
Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades.
Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.
Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes.
Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa.
Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.

PRINCIPIOS
Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:
  1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
  2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos
  3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
  4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
  5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
  6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
  7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
  8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.

  1. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.

  1. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión






PREÁMBULO


REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

       1.    La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

       2.    Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

       3.    Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. 

       4.    El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

       5.    La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

       6.    Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

       7.    Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

       8.    Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

       9.    El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

       10.  Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

       11.  Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

       12.  Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.


       13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

La Libertad de prensa en Ecuador vive una continua confrontación





Mensajes obligatorios que interrumpen la programación. Declaraciones estigmatizantes dirigidas a periodistas y comunicadores. Y una ley que establece la comunicación como un servicio público, con lo cual el Estado asume “facultades exorbitantes de regulación” sobre el ejercicio de un derecho fundamental, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son parte de las preocupaciones que organismos locales y extranjeros ven en el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
Su día mundial, que se conmemora cada 3 de mayo y fue establecido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca evaluar el estado de la prensa, defender a los medios de los ataques sobre su independencia y rendir homenaje a quienes perdieron sus vidas en el ejercicio de su profesión.
En el Ecuador, la libertad de prensa vive un clima de confrontación entre el Gobierno y los medios. La CIDH, en el informe anual de la relatoría para la libertad de expresión, presentado recientemente, da cuenta de ello en 43 páginas sobre el país, en las que señala agresiones y descalificaciones a comunicadores con términos como “fascistas”, “corruptos”, “sinvergüenzas” o “sicarios de tinta”.
Además, observa que el Gobierno hace uso de su facultad legal de emitir cadenas, pero muchas veces estas transmiten el mensaje oficial solo en el canal que emitió una información u opinión cuestionada por el poder, como por ejemplo en Los Desayunos de 24 horas, de Teleamazonas, o Contacto Directo, de Ecuavisa. “La información que los gobiernos transmiten debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario”, dice el informe.
Juan Pablo Albán, uno de los finalistas para presidir la relatoría de libertad de expresión de la CIDH, considera preocupante la situación de la prensa en el país porque ya empieza a haber mecanismos de restricción directa con la aplicación de dos normas: la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP).
“En este momento se está proponiendo a través de la legislación ecuatoriana que el pensamiento puede delinquir, lo que es ilógico. Y si a eso le suma que desde el aparato estatal se ha tratado de ir ocupando espacios de comunicación a la sociedad a partir de la utilización de empresas de comunicación incautadas para servir a los entes gubernamentales el cuadro se vuelve todavía más serio”, dice.
En su informe, que el Gobierno ecuatoriano ha exigido que rectifique, la CIDH destaca como positivo que el COIP haya derogado el delito de “desacato” y despenalizado la injuria no calumniosa, pero se muestra preocupada por la estructura “amplia y ambigua” de ciertos delitos que podrían afectar la libertad de expresión.
Por ejemplo, el artículo 178 consagra como “violación de la intimidad” la conducta de quien “sin contar con el consentimiento o la debida autorización legal”, acceda, intercepte, grabe, difunda o publique datos personales, comunicaciones privadas de otra persona por cualquier medio, y lo penaliza con uno a tres años de prisión.
Esa norma establece excepciones cuando se trata de información pública, pero la CIDH advierte que no las hace si se trata de información de notorio interés o cuando quien la divulga no participó de ningún acto ilegal para obtenerla.
La misma preocupación comparte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) respecto a la LOC. Su corresponsal en el país, Eric Samson, señala que casi un año después de su aplicación (en junio del 2013) siguen las inquietudes sobre la subjetividad y generalidades de la norma, en temas como proporcionar información contrastada, veraz y oportuna o la figura de linchamiento mediático.
“Quién puede evaluar la cantidad de contextualización suficiente para entender un proceso. En una nota radial de un minuto o dos qué cantidad de contexto podemos poner, eso nos deja a merced de la subjetividad. Cuándo empieza el seguimiento normal en el trabajo periodístico y cuándo el linchamiento mediático”, indica.
La norma deja otras preocupaciones. Lupita Fierro, vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, dice que las entidades creadas por la LOC, el Consejo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) se han convertido en instancias que, en vez de contribuir a fortalecer la libertad de expresión, lo que hacen es coartarla.
Lo que se busca y se empieza a dar, indica la dirigente, es la autocensura “para disminuir el potencial crítico de la prensa, que es una de las misiones que el periodismo tiene que cumplir”, además de ser un fiscalizador del poder, de las decisiones que toma y el uso de recursos.
El presidente Rafael Correa defendió la ley en una entrevista, el pasado 26 de abril, en diario El País de España. Dijo que todo poder necesita ser regulado y que es legítimo tener una ley de comunicación, “que no es ley de medios” y que en el país la crítica no se sanciona sino la mentira y la calumnia.
El titular de la Supercom, Carlos Ochoa, se ha pronunciado en el mismo sentido. El pasado 10 de abril en la Asamblea dijo que las sanciones administrativas por la infracción a los derechos de la comunicación tienen una finalidad correctiva para los medios y reparatoria para los afectados. Y con énfasis señaló: “Creo que ya hay un cambio en este país y ya se piensa dos veces antes de soltar la lengua”.
Observaciones
Libertad de prensa
La clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras ubicó a Ecuador en el puesto 95 este año; en el 2013 estuvo en el 119. La variación de otros países y el que en el informe de 2013 se incluyó un asesinato. Dice que la polarización no ha disminuido.
RSF observa que la Ley de Comunicación no estableció regulaciones a la publicidad estatal, que es dinero público y debería fortalecer en general todos los medios: públicos, privados y comunitarios.

Situación actual

CIDH



miércoles, 29 de octubre de 2014

La izquierda pragmática y su retórica kitsch del Buen Vivir

Escrito por Natalia Sierra

El pragmatismo es una ideología del poder que se oculta como tal para efectos de control ideológico, ya que cuando actúa, supuestamente sin ideologías, lo hace rigiéndose a la ideología dominante, es decir a la lógica de la economía capitalista objetivada y cosificada en la realidad social mercantilizada.


El Gobierno de la Revolución ciudadana, a través de su máximo líder, se ha autodefinido en reiteradas ocasiones como la izquierda de nuevo tipo, esto es, la izquierda pragmática, en una suerte de marcar  diferencias con lo que denominan la “izquierda infantil” o “boba”, y sobre todo de justificar el núcleo  real de su proyecto económico.
Intentemos entender esto de la izquierda pragmática, nominación política curiosa que puede resultar hasta seductora. Empecemos diciendo que aquello de pragmática es usado como un adjetivo que cualifica a la izquierda, otorgándole una característica particular que la diferencia de la izquierda en general. El pragmatismo político establece que el único criterio válido para juzgar el valor de verdad de cualquier pensamiento, en este caso el de izquierda, o cualquier decisión, en este caso política gubernamental, son los efectos prácticos que puedan tener. En palabras sencillas todo vale siempre y cuando funcione, es decir sea funcional o útil a determinado interés o marco referencial. Esta filosofía, si así se la puede llamar, encuentra sus orígenes en el empirismo y el positivismo más acérrimos y, por lo mismo, más toscos aunque no menos eficaces en la reproducción de un orden existente. El dogma y al mismo tiempo la trampa del pragmatismo político consiste en hacer creer que prescinde de ideologías, es decir de marcos ético-valorativos y de visiones teleológicas, en otras palabras que es una actuación que ajustada a las circunstancias es conveniente para lograr ciertos fines. Lo cierto es que el pragmatismo es una ideología del poder que se oculta como tal para efectos de control ideológico, ya que cuando actúa, supuestamente sin ideologías, lo hace rigiéndose  a la ideología dominante, es decir a la lógica de la economía capitalista objetivada y cosificada en la realidad social mercantilizada. El pragmatismo político que es subsidiario del pragmatismo económico actúa afirmando lo dado, pues su realismo se encuentra atrapado en el marco de la sociedad vigente, de ahí que su visión no solo que es corta y mezquina, sino que  nada tiene que ver con la utopía inherente a la ideología de izquierda.

La utopía, que obviamente no es la pragmática, es el pensamiento que piensa más allá y en contra de las coordenadas del orden existente –orden capitalista-, debido a ello, es un pensamiento emancipador y libertario. El pragmatismo no piensa, hace, justamente por esto reproduce lo establecido, lo dado, razón ésta que explica porque es un pensamiento esencialmente conservador. De lo que resulta que decir izquierda pragmática es, según creo, un contra sentido que sin embargo busca justificar un claro proyecto económico capitalista, encubierto en un manipulado discurso de izquierda. De hecho, tanto los gobiernos progresistas cuanto los gobierno neoliberales reivindican su pragmatismo económico (extractivismo, apertura comercial, inversión extranjera, endeudamiento externo, libre comercio, inversión desbocada e irresponsable para generar circulación de capital, incentivo al consumo mercantil y al endeudamiento público y privado, agroindustria y agro negocios que liquidan la economía campesina, explotación laboral, etc.) y su pragmatismo político que hace posible el primero (concentración y centralización del poder, manipulación de la justicia, criminalización de la sociedad y de la protesta social, autoritarismo político, restricción de la democracia, restricción y violación de los derechos humanos y de la naturaleza, abuso de poder, violación de la Constitución, etc.)

martes, 28 de octubre de 2014

La noche temática - Guerra por control remoto

Los robots desarrollados para fines bélicos se acercan cada vez más a la forma de pensar y de actuar de los humanos, pero cada avance genera un conflicto en relación a la responsabilidad y la ética.
Documental canadiense que recoge la gran revolución que se ha producido en la guerra. Hay países que tiene ventaja en los avances tecnológicos, pero el problema es que un avión no tripulado capturado por el enemigo  puede ser replicado en meses. Muy pronto todas las partes tendrán acceso a las armas de control remoto. ¿Los robots serán los terroristas suicidas del futuro? La guerra robotizada está aquí. Lo que se desconoce es cómo va a afectar este cambio a la guerra, y la humanidad. ¿Pero qué ocurre cuando los robots autónomos matan? Los militares mantienen que la decisión final siempre la tomará un humano.

La privatización del negocio del cemento

Toda la producción de cemento ecuatoriano está en manos transnacionales. El Estado acaba de vender la mayoría de acciones de la Unión Cementera Nacional, UCEM, al Grupo Gloria, de capitales peruanos. Con esta venta, una empresa suiza y dos peruanas manejan el multimillonario negocio en el Ecuador.

25 de octubre del 2014
escrito por: FRANCISCO ESCANDÓN

En el Ecuador la industria cementera tiene característica de monopolio y oligopolio: un reducido número de productores controlan el mercado. Refrenda esta afirmación el hecho que la producción de 6 millones de toneladas anuales (T/a) esté distribuida de la siguiente manera:
La suiza Holcim S.A. 66%; la francesa Lafargue 21%, misma que acabó de ceder sus operaciones a la empresa peruana Unión Andina de Cementos S.A. (UNACEM) por USD 553 millones; y la ecuatoriana Unión Cementera Nacional 13% (UCEM).
La UCEM es resultante de la fusión del 86% de acciones de Cementos Chimborazo C.A. (el porcentaje restante pertenece a los trabajadores) y el 100% de Industrias Guapán S.A. Fue legalizada el 18 de noviembre del 2013, después de un proceso administrativo de cerca de 20 meses.
Durante este tiempo el Gobierno nacional invirtió recursos públicos con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de producción especialmente de Cementos Chimborazo C.A.
Para una mayor precisión, es necesario mencionar que, Cementos Chimborazo C.A. desde su creación perteneció al Estado ecuatoriano; mientras que Industrias Guapán S.A. durante 50 años fue de propiedad del IESS (de los afiliados), luego pasó a ser parte de los activos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y en el mes de junio del año 2013 sus acciones fueron adquiridas por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), por USD 72 millones. Finalmente las acciones de Cementos Chimborazo C.A. y Guapán S.A. en el mes de julio fueron transferidas a perpetuidad a la Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE). [1]
Para la administración de la UCEM el presidente Correa creó la EPCE mediante el Decreto Ejecutivo No. 207, del 7 de enero del 2010, la cual de inmediato planteó entre sus prioridades la búsqueda de un socio estratégico para la cementera nacional; pues a pesar de las inversiones hechas por el Estado ecuatoriano, la capacidad productiva es insuficiente en la perspectiva de una nueva Línea de Producción de Clinker que impide cubrir el déficit existente de esta materia prima en la elaboración de cemento. [2]
USD 200
millones se requieren para comprar molinos e implantar una línea de producción de Clinker.
Este preámbulo es necesario para comprender la naturaleza de la resolución gubernamental EPCE-GG-2014-091, según la cual se adjudica el Proyecto Socio Estratégico Cementero a la empresa Yura S.A. por haber obtenido el puntaje de 92,25/100. Sin embargo, en dicha resolución no se informa del porcentaje de acciones vendidas, ni tampoco el valor por el cual fueron enajenadas; aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Unión Cementera Nacional (Cetucem CEM) denunció públicamente que el porcentaje adjudicado es del 60% de las acciones de EPCE; sin conocerse aún el valor de dicha transacción.
El justificativo para la privatización de la UCEM es la creciente importación de Clinker, aunque las reservas probadas que poseen las minas de la empresa nacional son suficientes para cubrir la demanda de producción de cemento e incluso para expandirse en el mercado internacionalmente. Lo que se requiere son USD 200 millones necesarios para comprar molinos e implementar la nueva línea de producción que posibilite aprovechar la capacidad instalada de 1’575.000 T/a que tienen las dos plantas industriales de UCEM.
Además de privatizar la industria cementera nacional, es imprescindible conocer que la empresa beneficiaria forma parte del Grupo Gloria, que es un emporio de empresas que se dedican a actividades productivas y de comercio de: alimentos, agroindustria, cementos, concretos, fármacos, nitratos, papeles,  transporte, servicios, cartones; etc.
La propietaria del grupo es la familia Rodríguez Banda y sus negocios se extienden a varios países como: Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina; tan monopólico es este grupo económico que la revista Forbes lo clasifica entre los 8 grupos económicos más importantes de Perú. [3]
Se deduce entonces una primera afirmación. Este proceso es ilegal, por cuanto contradice la Ley de Empresas Públicas, ya que el Estado en caso de alianzas y convenios debe ser accionista mayoritario de los sectores considerados como estratégicos; además que asistimos a una contradicción práctica frente al discurso del correísmo que sostenía el fin de régimen de privatizaciones de las empresas del Estado.

Resulta un mal negocio que el Estado adjudique mayoritariamente las acciones de la producción de cemento nacional a una empresa privada transnacional, pues es un negocio en crecimiento sostenido. Sostenemos esto pues sólo el mercado nacional demanda de un incremento de 500 toneladas de cemento cada año, sin considerar la rentabilidad de la nueva línea de producción de prefabricados de hormigón (bloques de hormigón, adoquines, acueductos celulares, vigas pretensadas, columnas prefabricadas, pilotes, escaleras, estribos para puentes, losetas, muros de contención, postes, tubos, paneles y bordillos).