Mensajes
obligatorios que interrumpen la programación. Declaraciones estigmatizantes
dirigidas a periodistas y comunicadores. Y una ley que establece la
comunicación como un servicio público, con lo cual el Estado asume “facultades
exorbitantes de regulación” sobre el ejercicio de un derecho fundamental, según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son parte de las
preocupaciones que organismos locales y extranjeros ven en el ejercicio de la
libertad de prensa en el país.
Su día
mundial, que se conmemora cada 3 de mayo y fue establecido en 1993 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, busca evaluar el estado de la prensa,
defender a los medios de los ataques sobre su independencia y rendir homenaje a
quienes perdieron sus vidas en el ejercicio de su profesión.
En
el Ecuador, la libertad de prensa vive un clima de confrontación entre el
Gobierno y los medios. La CIDH, en el informe
anual de la relatoría para la libertad de expresión, presentado recientemente,
da cuenta de ello en 43 páginas sobre el país, en las que señala agresiones y
descalificaciones a comunicadores con términos como “fascistas”, “corruptos”,
“sinvergüenzas” o “sicarios de tinta”.
Además,
observa que el Gobierno hace uso de su facultad legal de emitir cadenas, pero
muchas veces estas transmiten el mensaje oficial solo en el canal que emitió
una información u opinión cuestionada por el poder, como por ejemplo en Los
Desayunos de 24 horas, de Teleamazonas, o Contacto Directo, de Ecuavisa. “La
información que los gobiernos transmiten debe ser aquella estrictamente
necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro
y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario”, dice
el informe.
Juan Pablo
Albán, uno de los finalistas para presidir la relatoría de libertad de
expresión de la CIDH, considera preocupante la situación de la prensa en el
país porque ya empieza a haber mecanismos de restricción directa con la
aplicación de dos normas: la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código
Integral Penal (COIP).
“En este
momento se está proponiendo a través de la legislación ecuatoriana que el
pensamiento puede delinquir, lo que es ilógico. Y si a eso le suma que desde el
aparato estatal se ha tratado de ir ocupando espacios de comunicación a la
sociedad a partir de la utilización de empresas de comunicación incautadas para
servir a los entes gubernamentales el cuadro se vuelve todavía más serio”,
dice.
En su
informe, que el Gobierno ecuatoriano ha exigido que rectifique, la CIDH destaca
como positivo que el COIP haya derogado el delito de “desacato” y despenalizado
la injuria no calumniosa, pero se muestra preocupada por la estructura “amplia
y ambigua” de ciertos delitos que podrían afectar la libertad de expresión.
Por
ejemplo, el artículo 178 consagra como “violación de la intimidad” la conducta
de quien “sin contar con el consentimiento o la debida autorización legal”,
acceda, intercepte, grabe, difunda o publique datos personales, comunicaciones
privadas de otra persona por cualquier medio, y lo penaliza con uno a tres años
de prisión.
Esa norma
establece excepciones cuando se trata de información pública, pero la CIDH
advierte que no las hace si se trata de información de notorio interés o cuando
quien la divulga no participó de ningún acto ilegal para obtenerla.
La
misma preocupación comparte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF)
respecto a la LOC. Su corresponsal en el país,
Eric Samson, señala que casi un año después de su aplicación (en junio del
2013) siguen las inquietudes sobre la subjetividad y generalidades de la norma,
en temas como proporcionar información contrastada, veraz y oportuna o la
figura de linchamiento mediático.
“Quién
puede evaluar la cantidad de contextualización suficiente para entender un
proceso. En una nota radial de un minuto o dos qué cantidad de contexto podemos
poner, eso nos deja a merced de la subjetividad. Cuándo empieza el seguimiento
normal en el trabajo periodístico y cuándo el linchamiento mediático”, indica.
La norma
deja otras preocupaciones. Lupita Fierro, vicepresidenta de la Unión Nacional
de Periodistas, dice que las entidades creadas por la LOC, el Consejo de la
Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y
Comunicación (Supercom) se han convertido en instancias que, en vez de
contribuir a fortalecer la libertad de expresión, lo que hacen es coartarla.
Lo que se
busca y se empieza a dar, indica la dirigente, es la autocensura “para
disminuir el potencial crítico de la prensa, que es una de las misiones que el
periodismo tiene que cumplir”, además de ser un fiscalizador del poder, de las
decisiones que toma y el uso de recursos.
El
presidente Rafael Correa defendió la ley en una entrevista, el pasado 26 de
abril, en diario El País de España. Dijo que todo poder necesita ser regulado y
que es legítimo tener una ley de comunicación, “que no es ley de medios” y que
en el país la crítica no se sanciona sino la mentira y la calumnia.
El titular
de la Supercom, Carlos Ochoa, se ha pronunciado en el mismo sentido. El pasado
10 de abril en la Asamblea dijo que las sanciones administrativas por la
infracción a los derechos de la comunicación tienen una finalidad correctiva
para los medios y reparatoria para los afectados. Y con énfasis señaló: “Creo
que ya hay un cambio en este país y ya se piensa dos veces antes de soltar la
lengua”.
Observaciones
Libertad de prensaLa clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras ubicó a Ecuador en el puesto 95 este año; en el 2013 estuvo en el 119. La variación de otros países y el que en el informe de 2013 se incluyó un asesinato. Dice que la polarización no ha disminuido.
RSF observa que la Ley de Comunicación no estableció regulaciones a la publicidad estatal, que es dinero público y debería fortalecer en general todos los medios: públicos, privados y comunitarios.
Situación
actual
CIDH
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