Escrito por:
VICENTE ORDÓÑEZ
VICENTE ORDÓÑEZ
Catorce
organizaciones de Derechos Humanos, indígenas, juristas y académicos llevaron
ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus
preocupaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y de la
independencia judicial en el país en dos audiencias de una hora.
Un poco
antes de que estas empezaran, el secretario del organismo, Emilio Álvarez
Icaza, anunció a las agencias internacionales de noticias que el Estado
ecuatoriano no enviaría a ningún representante.
Se trata
del tercer periodo de sesiones consecutivo en el que Ecuador deja vacío el
asiento del Estado en esas audiencias.
La primera
sesión, en la que hubo nueve expositores, se refirió a los indígenas.
Verónica
Yuquilema, vocera de Inredh, señaló que el Estado ha excluido de todo tipo de
recursos al sistema de justicia indígena y ha optado por deslegitimarlo;
incluso, dijo, el propio presidente Rafael Correa ha señalado que “son
prácticas bárbaras e intolerables”.
En cambio,
Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari, afirmó que para el
Gobierno el movimiento indígena es el “mayor obstáculo”, por ello se aniquila
la educación bilingüe y se desmantela la justicia indígena.
A su
turno, Patricia Carrión, del grupo YASunidos, denunció que el Estado
ecuatoriano no otorgó las garantías necesarias para convocar a la consulta
popular sobre la explotación del crudo del Parque Yasuní. Y relató todo el
proceso de intimidación y las campañas de boicot pagados con recursos públicos
que, a su juicio, enfrentaron.
La segunda
audiencia versó sobre una supuesta falta de independencia de la justicia.
El
director del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, Enrique Herrería,
denunció que habría una politización de la justicia derivada de la selección de
jueces afines al Gobierno; esto, a criterio de los peticionarios, se inició con
la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) en el 2011.
Herrería
agregó que el sistema disciplinario judicial aplicado por la Judicatura se ha
transformado en “una herramienta para sancionar a jueces” que no adecúan sus
decisiones al poder Ejecutivo, lo cual funciona como un amedrentamiento.
El CJ
utiliza la figura del ‘error inexcusable’ para destituir jueces por dictar
sentencias con las que el Consejo no estaba de acuerdo, expuso el decano de la
Facultad de Derecho de la PUCE, Santiago Guarderas.
El jurista
afirmó que en el Ecuador el CJ aplica la suspensión y destitución de jueces de
manera subjetiva y discrecional, convirtiendo tales sanciones en instrumentos
de presión a los operadores de justicia.
El error
inexcusable, dijo Guarderas, constituye “una valoración absurda que comete un
juez al momento de fallar y que denota ignorancia jurídica”; agregó que el CJ
usa esta figura para destituirlo y, con ello, afecta su independencia.
Tanto los
activistas por los derechos indígenas como los abogados pidieron a la CIDH que
haga una visita al país para que constate sus denuncias.
En tanto,
Correa volvió a criticar a la Comisión en mensajes en su cuenta de Twitter.
“Tenemos
más denuncias en la CIDH que (el exdictador chileno Augusto) Pinochet. Que lo
sepa el mundo: Ecuador es uno de los 7 de los 34 países americanos que ha
ratificado TODOS los instrumentos interamericanos de DDHH. EEUU no ha
ratificado NINGUNO, pero tiene la sede de la OEA y de la CIDH”, escribió.
De manera previa, la Comisión ha sido informada de que recibirá una
comunicación oficial donde se notifica que el Estado no estará en las
audiencias”.
Emilio Álvarez, CIDH
La felicidad de unos es la tristeza de otros con el agravante que el
gobernante pretende la reelección indefinida vía enmienda para seguir desde las
alturas a punta de descalificaciones”.
Carlos Pérez, Ecuarunari
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