martes, 30 de abril de 2019

JUAN CUVI
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
El ministro Pérez ya no puede hacernos los chinos
El ministro de Energía acaba de trazar la cancha sobre el modelo económico que rige en el país. Su afirmación de que “la minería va porque va” permite hacer dos aproximaciones a un entramado que ya no puede ser disimulado.
La primera aproximación es de corte político y jurídico. Evidencia que el gobierno está dispuesto a imponer una política de Estado inclusive atropellando la Constitución y las decisiones judiciales. La categórica declaración del ministro –más apropiado sería decir la desafiante declaración– aparece luego de que una consulta popular y una sentencia dieran la razón a dos comunidades que rechazan los proyectos extractivistas en sus territorios.
La segunda aproximación nos remite al campo de la economía y la producción. En efecto, anclarse contra viento y marea en una estrategia de explotación minera implica la aceptación del rol asignado al Ecuador en la economía capitalista. Ratifica nuestro papel de simples proveedores de materia prima en el mercado global. Y, de paso, oficializa una lógica productiva donde los negocios se imponen a los derechos.
ANCLARSE CONTRA VIENTO Y MAREA EN UNA ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN MINERA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL ROL ASIGNADO AL ECUADOR EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA. RATIFICA NUESTRO PAPEL DE SIMPLES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA EN EL MERCADO GLOBAL. Y, DE PASO, OFICIALIZA UNA LÓGICA PRODUCTIVA DONDE LOS NEGOCIOS SE IMPONEN A LOS DERECHOS.
La situación nos obliga a una reflexión más profunda, que tiene que ver con un modelo económico aplicado durante los última dos décadas, prácticamente desde que salimos de la quiebra bancaria e ingresamos al ciclo de la segunda bonanza petrolera. La articulación de nuestra economía a los intereses chinos, que empezó con el gobierno de Lucio Gutiérrez, es esencial en este análisis.
Paradójicamente, fue durante el autodenominado gobierno progresista de Alianza PAIS que este esquema de subordinación económica operó con mayor eficiencia. Al margen de la verborrea antiyanqui oficial, el régimen aceptó una dependencia total de la nueva potencia hegemónica en la región. La retórica antimperialista quedó para la tribuna. Hoy los chinos pescan en nuestros mares como en su casa.
Uno de los requisitos para que este proceso de dominación funcionara fue la neutralización de la resistencia social. Cooptar, perseguir o reprimir a los movimientos sociales fue la tónica durante diez años de autoritarismo. La finalidad de ese control estuvo hábilmente camuflada bajo una agresiva propaganda refundacional. El cambio de época que nos vendió el correato no fue más que un reacomodo a las nuevas condiciones del capitalismo mundial.
La fórmula funcionó mientras hubo suficientes recursos publicitarios para convencer a la mayoría de los ecuatorianos de la supuesta irracionalidad de la resistencia social. La agenda de los derechos ambientales, culturales y territoriales fue perversamente estigmatizada.
Sin embargo, bastó una pequeña apertura democrática para que esa agenda alternativa irrumpiera en el escenario político nacional. La reinstitucionalización promovida por el actual gobierno terminó siendo aprovechada por aquellos actores que fueron acallados durante el correato. Esto, precisamente, es lo que acaba de desquiciar al ministro de Energía.
Durante una década nos hicieron los chinos con una propaganda atosigante a favor de un proyecto que supuestamente defendía los intereses nacionales. Hoy, ante las urgencias de la crisis, al gobierno de Moreno no le queda más que quitarse la máscara que le dejaron como herencia.

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Venezuela: por qué los militares que apoyan a la oposición se identifican con cintas azules

MilitarDerechos de autor de la imagenEPA
Image captionLos militares que apoyan a Juan Guaidó se identifican con la banda de color azul.
Pasó desapercibido cuando el presidente autoproclamado Juan Guaidó envió el mensaje al pueblo de Venezuela para activar la llamada "Operación Libertad" contra el gobierno liderado por Nicolás Maduro.
Con el alba recién asomando en el horizonte, su color quedó confundido con el fondo oscuro del traje Guaidó que estuvo acompañado por militares uniformados y el líder opositor Leopoldo López, quien apareció en libertad pese a estar en arresto domiciliario cumpliendo una condena de 14 años.
Pero con el transcurso de las horas su presencia se hizo cada vez más evidente tanto en los militares como en Guaidó y López.
Todos portan una cinta azul.
Juan Guaidó y un militar.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionGuaidó también lleva la cinta azul en su brazo derechos.
Leopoldo LópezDerechos de autor de la imagenEPA
Image captionLo mismo que Leopoldo López.
La razón del llamativo distintivo quedó explicada en una imagen publicada en su redes sociales por Carlos Vecchio, nombrado embajador en Estados Unidos por Guaidó.
"La banda identifica a los venezolanos con o sin uniforme que se activan para el cese de la usurpación", se puede leer en un mensaje en el que invita a la gente a salir a la base aérea La Carlota con el distintivo.
Vecchio se hizo eco de la "Operación Libertad" para hacer un llamado a la población venezolana a salir a las calles.
Militares venezolanos en el distribuidor Altamira frente a La Carlota, Caracas.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionLas fuerzas que participan en la "Operación Libertad" portan el distintivo.
El gobierno de Maduro ha condenado las movilizaciones y ha denunciado que se trata de un "intento de golpe de Estado".
El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que defenderán de manera radical e inflexible al gobierno que reiteran legitima la constitución.
Fuerzas militares en Caracas.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionSe han producido enfrentamientos en Caracas y en otras partes del país.
Durante el día se han producido enfrentamientos donde ha habido presencia de gases lacrimógenos y se ha escuchado diferente tipo de detonaciones.

https://www.radioelobservador.com/


POR: Enrique Ayala Mora

Publicado en la Revista El Observador, edición 110,Abril de 2019 

El FUT: Trayectoria de un actor social
Principio de la unidad
Por muchos años, ser católico o laico dividió a los trabajadores del Ecuador. Las organizaciones impulsadas por la izquierda socialista chocaron con las dirigidas por los conservadores y el clero. Pero en la década de 1970 eso comenzó a cambiar y ya hubo conciencia de que los objetivos de fondo eran comunes y se debía buscar la unidad.

Un giro en la orizentación de la CEDOC y un radical cambio de la CEOSL, propiciaron que, junto a la CTE, las tres centrales sindicales buscaran unidad frente a los nuevos retos de la sociedad ecuatoriana. Se priorizó la resistencia a las medidas antipopulares y la lucha por el cambio social. En 1973 hubo ya una marcha unitaria y en 1975, el 13 de noviembre, se realizó la primera “huelga nacional unitaria”, dirigida por las tres centrales. Había nacido el “Frente Unitario de Trabajadores”, FUT.

Auge de la acción del FUT
El FUT se institucionalizó y se estableció una dirección colectiva, con periódicas convenciones nacionales. Se puso al frente de la lucha contra el “Consejo Supremo de Gobierno”, cuya acción represiva tuvo su mayor expresión en la masacre de AZTRA. En el proceso de institucionalización que formuló la constitución progresista de 1978, los delegados de los trabajadores tuvieron un papel destacado y lograron avances importantes en la seguridad social, los derechos de los trabajadores y la ciudadanía.

Iniciada la vigencia constitucional en 1979, el FUT siguió a la cabeza de las reivindicaciones populares. Desde 1982 enfretó las medidas de ajuste tomadas por el gobierno de Hurtado (1981-1984) que golpearon fuertemente al pueblo. En sucesivas huelgas nacionales combatió el avance del neoliberalismo, que se profundizó en el gobierno de Febres Cordero (1984-1988), cuyas medidas empobrecieron al pueblo y violaron los derechos humanos y sindicales. 

El FUT luchó contra las medidas económicas del gobierno de Borja (1988-1992), que realizó una reforma laboral antiobrera y una campaña de desprestigio de la dirigencia laboral. Cuando se profundizó el neoliberalismo con el gobierno de Durán Ballén (1992-1996) el FUT lideró la defensa de la seguridad social y tuvo éxito porque se derrotó en consulta popular el intento de privatizarla.

Años de declive
Los recortes de servidores públicos y las restricciones legales debilitaron al FUT. En los noventa, el movimeinto indígena tuvo un papel protagónico. Desde la crisis de 1999-2000 el FUT se reactivó en la lucha contra los banqueros que saquearon al país y participó en grandes movilizaciones que derrocaron a Bucaram, Mahuad y Guitiérrez.

Rafael Correa (2007-2017) triunfó con el apoyo de los movimientos sociales, pero los traicionó e hizo un gobierno autoritario y corrupto que no sólo despilfarró los recursos públicos, con perjuicios enormes al país, sino que atropelló los derechos humanos, la libre expresión y los derechos de los trabajadores, dividió a las organizaciones sociales y las persiguió acusándolas de “terroristas”.

La lucha renovada
Cuando parecía que el correísmo controlaba todo y no había oposición posible, el FUT adquirió nueva fuerza y se convirtió desde inicios de esta década en referente de la lucha social y la resistencia popular. Impulsó y respaldó a la “Comisión Nacional Anticorrupción”, que se convirtió en expresión de la conciencia nacional, de la honradez y de la lucha contra el robo y la impunidad. 

El FUT lleva más de cuatro décadas de lucha en las que no sólo ha defendido los derechos de los trabajadores, sino por reivindicaciones de toda la sociedad ecuatoriana, en lo económico, social, político y educativo. Pese a los ataques que ha recibido y a las dificultades internas, ha mantenido la unidad y las prácticas democráticas. Ha propiciado la más amplia coordinación y espíritu unitario con las demás organizaciones sociales.

El presente

Ahora el FUT se levanta como un puntal del desmantelamiento del autoritarismo correísta, la lucha contra la corrupción y por la vigencia plena de las libertades. Denuncia abiertamente la acción y los crímenes de la narcoguerrilla. Y las responsabilidades de quienes no quisieron ver ese peligro. Desde su postura autónoma, reclama al gobierno de Lenin Moreno una gestión eficiente y consecuente, que no beneficie a los grupos de poder. Demanda el cese de medidas antipopulares, como el alza de los combustibles y defiende al IESS y a las grandes empresas estatales, en peligro de privatización.

Si ahora se combate la corrupción y se habla de reformas, si se quiere sancionar el robo y la impunidad del correísmo, si en las calles se rechaza al neoliberalismo, si se ve que las cosas pueden cambiar, si no se persigue a la gente, es porque hubo una lucha desigual pero radical contra el despotismo. En ella el FUT cumplió un papel histórico.
POR: Fundación 1000 Hojas
Publicado en la Revista El Observador, edición 110, Abril de 2019

Los negocios del “Gran Mariscal del Azuay”
Cuando el entonces prefecto, Paúl Carrasco, presentó el proyecto Centro Ecoproductivo Girón, anunció que esta obra generaría USD 440,5 millones anuales y 18 mil empleos en un cantón que no supera los 13 mil habitantes.

Por la oposición del alcalde de Girón se hicieron otros estudios en Sta. Isabel. Hubo retrasos en la entrega del estudio final e inconsistencias en los informes del análisis geológico.

Siete años después de firmado el primer contrato para el estudio de factibilidad se pagaron tres millones de dólares, se suscribieron seis contratos más y el parque industrial nunca se construyó.

El domingo 04 de agosto de 2013, el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, asistió al desfile anual de la Ecuatorianidad, organizado por la comunidad emigrante en Nueva York, Estados Unidos. Cursaba su segundo período en dicho cargo cuando fue embanderado como “Gran Mariscal” por los habitantes del austro en la Gran Manzana; caminó por las calles de Queens ostentando la banda insignia.


Fue un acto ajustado a los deseos políticos del prefecto, pero apalancado financieramente en un rubro entregado por la Prefectura a una empresa de comunicaciones que se encargaba de la promoción de un proyecto industrial del que hasta hoy no se ha colocado ni la primera piedra.


La historia comienza en marzo de 2011, cuando la Prefectura convocó por concurso público para realizar los estudios de factibilidad del proyecto Centro Ecoproductivo Girón, por un monto de USD 999.000.

La única oferta presentada la hizo la empresa ALTIOR y se le adjudicó el trabajo por USD 992.000 más IVA. El 29 de abril de 2011 se firmó el contrato con la participación de Carrasco, como autoridad competente; Lizandro Martínez, procurador; y Luis Pastor Herrera, representante de la consultora, (Proceso CONPC-GPA-001-2011).



ALTIOR Cía. Ltda. es una empresa constituida en 2007, según los archivos de la Superintendencia de Compañías. Ofrece servicios especializados, relacionados a la planificación y evaluación proyectos de desarrollo. Pastor Herrera es su actual gerente y Fabián Carvallo figura como presidente de la firma. Ambos son también los accionistas de la empresa.



El estudio de factibilidad se entregó en agosto de 2012. Meses más tarde, en abril de 2013, el prefecto convocó a un proceso, bajo la figura de Régimen Especial, para la promoción de la obra. El objeto, de acuerdo al proceso COMDIR-GPA-088-2013, disponible en el portal de compras públicas, es la provisión de productos y actividades comunicacionales para dar a conocer el proyecto Centro Ecoproductivo Girón. â€¨

Se convocó a tres empresas: EcoComunicaciones, Publigestión y la firma Hilda María Falla Comunicaciones que finalmente fue seleccionada pues, al igual que en el proceso anterior,  solo se presentó su oferta y no otra. El monto de este contrato suma USD 197.741, 51 y se firmó el 03 de mayo de 2013.





Hasta aquí se comprometieron cerca de USD 1,2 millones. La noche del 16 mayo 2013, el entonces prefecto, presentó el proyecto Centro Ecoproductivo Girón, mismo que funcionaría en el cantón azuayo que lleva el mismo nombre, por su condición estratégica: ubicado a 120 km. del aeropuerto de Santa Rosa, 42 km. del aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca y 118 km. del Puerto Bolívar, en El Oro.



El evento se realizó en el Salón Cuenca del Centro de Convenciones del Mall de Río. Carrasco indicó que serían destinadas 123 hectáreas en total, con un 40 e áreas verdes. Se preveía que el parque industrial genere unos USD 440,5 millones anuales, con una producción por hectárea estimada en USD 10.964.174, durante los primero años. Además, se generarían 18.000 puestos de empleo directo e indirecto.

El mismo año se firmó un tercer contrato bajo la modalidad de lista corta por un monto de USD 386.850. Esta vez para una consultoría para el avalúo de los terrenos y estudios geológicos, hidrológicos, etc., del mismo proyecto industrial.


Este contrato comparte una similitud con los anteriores y los que se firmaron después: Se convocó a varias empresas, pero solo una presentó una oferta y ganó. En este último proceso, cuatro empresas fueron invitadas (LCC-PGA-009 2013) y la única oferta fue entregada por ALTIOR Cía. Ltda., que firma el contrato el 03 de julio  de 2013.



El mismo día se firmó un contrato de promoción y publicidad bajo la figura de régimen especial, por USD 512.110, y se adjudicó  nuevamente a la empresa Hilda María Falla Comunicaciones. El objetivo fue captar inversionistas, de acuerdo a los pliegos del proceso, por lo que se especificaba que los eventos deben realizarse en Quito, Guayaquil y Nueva York, en donde ya se alistaba el Desfile de la Ecuatorianidad. Todo esto con retransmisión en vivo en Girón (Azuay).



En los pliegos del proceso figuran tres convocados: Diego Aguirre Figueroa (Live); Diego Paúl Asmal Barrera e Hilda María Falla Comunicaciones S.A. Solo la última presentó su oferta y se adjudicó con el contrato.

Este portal buscó información de las empresas convocadas en la Superintendencia de Compañías y no se encontró participación alguna de Diego Aguirre Figueroa en una empresa llamada Live, únicamente figura como accionista minoritario del restaurante Raclette y no existe en su archivo el nombre de otras empresas. De Asmal Barrera no hay registros de participación empresarial en la Superintendencia.



Por su parte, Hilda María Falla Comunicaciones S.A. aparece como una firma constituida en 2004, en Quito, dedicada las relaciones con los medios de comunicación, proyección de imagen y relaciones públicas. Su actual gerente es Hilda María Falla Muñoz que, además, es socia mayoritaria.


Promoción en Nueva York


En tarima, junto a reinas de belleza y otros representantes ecuatorianos, Carrasco lucía un traje blanco y, sobre sus hombros, la banda que le otorgaba el título de Gran Mariscal del Desfile de la Ecuatorianidad 2013.

Del contrato de promoción antes detallado, firmado por el entonces prefecto Carrasco con la empresa Hilda María Falla Comunicaciones S.A.,  se desglosa el costo por la organización de dos eventos para la promoción del ecoparque en Girón el 1 y el 4 de agosto. Ambos por un monto de USD 238.312,35.

De esa cifra, las más altas corresponden a la renta, decoración y pago de permisos de un carro alegórico el día del desfile, por USD 55.000. La coordinación general del evento y proyecto, por USD 29.982,90; el equipo de producción de Quito en Nueva York durante ocho días para 6 personas, por USD 25.944; y, el pago de cena y bebidas para 100 asistentes, incluido servicio e impuestos, por USD 20.724.

La organización de los eventos de promoción en Quito, el 9 de julio de 2013 fue de USD 118.484,50; la transmisión de ese evento, el mismo día vía microondas, incluyendo la presentación de artistas nacionales, armado de tarima y otros rubros sumó USD 59.989,75. Mientras que el evento en Guayaquil, el 30 de julio, fue de USD 95.324,08.

Suman más contratos de promoción y consultorías
Hay un quinto contrato para una segunda consultoría. Se lo firmó el 9 de enero de 2014, por un monto de USD 91.200. Los cuatro consultores individuales convocados debían elaborar una propuesta para “el involucramiento de actores locales, fortalecimiento organizativo y socialización del proyecto Centro Ecoproductivo Girón, Fase II”. La única oferta recibida fue de Miguel Wladimir Galarza Ordoñez, persona natural, de acuerdo al proceso LCC-GPA-013-2013. â€¨

El sexto fue un proceso de contratación directa, adjudicado al Instituto de Estudios Sociales de la Opinión Pública, el 26 de junio de 2014, por USD 102.496 más IVA. Se trata de un estudio de opinión que no solo estaba enfocado en el Centro Ecoproductivo Girón, sino también en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a otras obras de la Prefectura como el proyecto Crecer y Bailo terapias.


Inicialmente, este contrato tenía un presupuesto de USD 65.000, pero se amplió el 27 de noviembre del mismo año, para que se realice un sondeo de opinión en la zona de Santa Isabel y otros distritos eco industriales, por un valor de USD 37.496. En total USD 102.496.





El ecoparque no se construye y cambia de lugar


El proyecto del Centro Ecoproductivo Girón no estuvo ajeno a las críticas por parte de los moradores de las zonas de influencia y de las autoridades municipales, por lo que Carrasco decidió buscar otros lugares en donde construirlo.



Es así que se abrió la posibilidad de emplazar el ecoparque en el cantón Santa Isabel. José Miguel Uzhca, alcalde de Girón es una de las autoridades que se opuso al proyecto. Su argumento fue que se ofreció un precio por predio mucho menor al acordado.

“Llegó a la zona (Paul Carrasco) y ofreció pagar millones. Primero ofrecieron pagar de USD 13 a USD 14 por metro cuadrado de terreno, luego cambiaron de opinión y dijeron que pagarían 0,60 centavos”, manifestó. “También ofrecieron a la gente que podrían vender comida en el ecoparque, luego dijeron que iba a ser una zona restringida”. â€¨

Explicó que cuando Carrasco llegó a mostrar el proyecto, se planeó levantarlo en las zonas de San Sebastián del Cachi, Santa Marianitas o El Pungo, en Girón; pero “habían inconsistencias”, dijo Uzhca a MIL HOJAS.  “La gente rechazó el proyecto porque nunca estuvieron claras las condiciones. Tenemos los planos del ecoparque pero nunca la ubicación exacta de donde iba a hacerse. Todo era un montaje. Revisamos el tema del agua. La cantidad de agua que necesitaba el ecoparque estaba sobre los 100 litros por minutos. ¡Si solo Girón maneja 33 litros por segundo, con los 6.000 habitantes que tenemos aquí en ciudad Girón!”, agregó.

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Otra de las dudas del alcalde es que se ofrecieron 18.000 empleos en un cantón con una población que no supera los 13.000 habitantes, incluyendo menores de edad.



Así es que el prefecto Carrasco ordenó los estudios urbanísticos y de ingeniería del ecoparque en Santa Isabel. Entonces se firmó el séptimo contrato, el 03 de febrero de 2015, por USD 276.755,50. Precio tres veces menos al gastado en los primeros estudios de factibilidad. Nuevamente la empresa ALTIOR se hizo con la adjudicación, tras presentar la única oferta de tres empresas convocadas en el proyecto.


En Santa Isabel, el Concejo Cantonal declaró zona franca un área de 5.000 hectáreas entre las zonas de Puenteloma y Minas de Huascachaca, junto a la vía Cuenca-Girón-Pasaje, según explicó el alcalde del cantón, Rodrigo Quezada Ramón.



A pesar del apoyo del alcalde, la consultora registró problemas en la realización de los estudios. El 03 de junio de 2015 se vio obligada a suspender las actividades hasta el 16 de agosto, por la oposición de los moradores.



Hubo más inconvenientes, ALTIOR debe asumir multas por USD 4.981,60 debido a retrasos en la entrega del estudio final. Durante la ejecución del proyecto se pidió incluso cambiar al profesional a cargo de la consultoría por inconsistencias halladas en los informes del análisis geológico. Finalmente, el estudio se entregó el 6 de abril de 2016.



En las calles de Santa Isabel existe incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, una vez posesionadas las nuevas autoridades. Lo que sí es cierto es que han transcurrido siete años desde la adjudicación del primero de siete contratos para estudios y promoción del proyecto, en los que la Prefectura asignó USD 2’559.153 que más IVA superaría los USD 3 millones. Y después de todo ese tiempo y los montos entregados, no se cuenta ni con los sustentos técnicos para la viabilidad de la obra, ni hay certeza sobre si se la podrá construir en el nuevo sitio escogido para ello.