ENERGÍA: BASTA DE PARCHES Y DE DOGMAS
Por Alberto Acosta
La mente es como un paracaídas…
solo funciona si la tenemos abierta”.
Albert Einstein
Nuevamente aparecen problemas en el suministro de electricidad. Era esperable. La indudable mediocridad y la masiva corrupción presentes entre quienes son responsables del sector, y que ven la energía como una opción para hacer billetes, pasa, una vez más, factura.
Los cortes de electricidad en la primera etapa de la gestión noboista eran evitables. A inicios del año 2023, se anticipó la llegada de un agudo estiaje y se elaboró un plan para enfrentarlo. Existiendo recursos para financiarlo, nada se hizo en el gobierno del banquero Guillermo Lasso. Luego, con Noboa, no solo que se incumplió con dicho plan de emergencia, sino que incluso se retiraron recursos de las cuentas de las empresas eléctricas para cerrar el déficit fiscal. A renglón seguido, en operaciones abiertamente corruptas, se despilfarró decenas de millones de dólares en la contratación de equipos termoeléctricos obsoletos, sin que tampoco se haya dado paso a un adecuado mantenimiento del sistema. Y en este escenario, sin posibilidad de acceder al suministro eléctrico de Colombia, como consecuencia de la “guerra comercial” desatada por Noboa, se alienta más aún el dogma de la privatización como la alternativa, apuntalado por un par de leyes de urgencia económica. El problema de fondo no es únicamente la falta de electricidad. Es la forma en que entendemos y organizamos la energía: como un negocio de corto plazo, con parches permanentes y no como la base material de un proyecto país.
Frente a tantos problemas causados por el propio gobierno, agravados por temas ambientales (previsibles), precisamos lo antes posible una mayor oferta de electricidad y un sistema mucho más confiable. Eso es evidente. Pero el asunto es muchísimo más complicado.
La solución no implica solo aumentar la oferta energética para satisfacer cualquier creciente demanda. Tampoco basta la diversificación energética o el empleo de tecnologías de punta. El tema exige decisiones políticas estructurales con un horizonte de largo plazo. Algo que no se impulsa con simples soluciones temporales, ni con dogmatismos privatizadores o estatizantes.
Lo que se requiere es impulsar procesos de cambio que transformen las estructuras energéticas en toda la economía y en la misma sociedad, destacando el reto energético de las ciudades. Eso demanda, en paralelo, la mayor descentralización energética posible, sin seguir entrampados en las megaobras que, entre otras dificultades, acarrean en si mismas un elevado nivel de vulnerabilidad. Y todo, asumiendo con responsabilidad la inevitable descarbonización, en suma, superando de forma paulatina y planificada el uso de los combustibles fósiles.
Para plantear ese cambio estructural tenemos que entender la energía como un derecho, no como una mercancía o un simple insumo. Esto implica la planificación y construcción de un sistema energético que sea sustentable, económico, confiable, de calidad, democrático y socialmente equitativo. Tarea que empieza por combatir la “pobreza energética” de amplios segmentos de la población, enfrentando simultáneamente el despilfarro de energía, que se da, por ejemplo, cuando se destinan ingentes cantidades de electricidad a megaproyectos mineros, social y ambientalmente no sustentables, que económicamente no son rentables para el país.
Si la energía es un derecho, se precisa, por supuesto, propender a la eficiencia en el aprovechamiento, la transformación, el transporte y el uso, tanto como a la diversificación de fuentes y tecnologías energéticas. Hacer realidad la soberanía energética es imprescindible; es decir lograr el mayor autoabastecimiento posible, que no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectando a las comunidades o a la Naturaleza, incluyendo los ciclos vitales del agua.
Destaquemos un punto crucial. La utilización de la energía en las ciudades es una cuestión en extremo compleja, pero indispensable de enfrentar. Dejar de consumir combustibles fósiles, alentando la utilización de vehículos eléctricos particulares, que pueden dar lugar a una menor contaminación del aire, no resuelve el tema del transporte, pues con cada vez más autos aumentan muchos otros problemas, incluyendo los ecológicos. No solo eso, la creciente demanda de autos eléctricos se traduce en una mayor ampliación de la frontera minera especialmente en los países del Sur global, dando lugar a lo que se conoce como “colonialismo verde”. La solución pasa por impulsar sistemas de transporte público eficientes y de alta calidad, que necesariamente deberán ser subsidiados; sobre todo a cargo de los municipios. Por supuesto que también se precisan sistemas de transporte de carga que utilicen fuentes energéticas realmente renovables.
Este tema del transporte es apenas un punto que conduce a valorar la capacidad de construir/reconstruir participativamente las ciudades, restableciendo lazos con el mundo rural. Igualmente es indispensable incidir en la planificación urbana, teniendo en la mira la densidad poblacional, las estructuras productivas y los patrones de consumo. Entre muchas otras acciones, hay que cambiar el paradigma de la arquitectura y la construcción de viviendas y edificios, tanto como la organización de la vialidad urbana. Las ciudades precisan de más y más espacios verdes, llenos de vida y biodiversidad, con más parques y huertos urbanos. Atrás deben quedar las lógicas consumistas, tanto como el frenético ritmo de vida en las urbes. Y, en esa línea, el reto es recuperar los espacios urbanos para la gente, desplazando al automóvil particular. La reducción del uso de dichos vehículos, así fortaleciendo el transporte público, es pues una opción indispensable y concreta, que se cristaliza ya en varios países.
En paralelo, para mencionar al paso otro punto de una larga lista de posibilidades, se podría alentar el uso de energía solar en las viviendas, a través de políticas municipales que favorezcan la instalación de paneles, los que podrían ser fabricados localmente.
En este punto emerge con fuerza la construcción de nuevas lógicas de integración regional con Colombia y Perú, teniendo horizontes de largo plazo. Por igual, precisamos una adecuada política de precios y subsidios de la energía con una visión integral en todo momento, es decir con criterios sociales, productivos, ecológicos y por supuesto energéticos, para superar los ajustes fiscalistas atados a las condiciones impuestas por el FMI.
Así las cosas, la viabilidad del sistema energético tiene que planificarse de forma democrática y darse en armonía con la justicia social y la justicia ecológica, logrando un verdadero fortalecimiento institucional, que no se alcanzará con simples reformas legales. Sin negar el potencial de otros sectores de la sociedad, hay que fortalecer a las empresas energéticas del sector estatal, permitiendo que funcionen como tales, incluso dotándolas de las garantías suficientes para que puedan fondearse en el exterior.
Para resumir, se precisa propiciar el mayor nivel de autosuficiencia energética nacional, que incluya no solo a las empresas sino a las comunidades. Una transición fundamentada en la democracia energética equivale a potenciar la participación de consumidores y consumidoras en la toma de decisiones, de emprendimientos comunitarios y cooperativos generadores de electricidad, con la intervención activa de municipios y prefecturas, así como del gobierno central.
Un punto clave es asumir el consumo eficiente de la energía viéndolo incluso como una nueva fuente de energía, lo que obliga a enfrentar el doble reto: eficiencia y suficiencia. Este aspecto, con los anteriormente enunciados, deben configurar los elementos a emplear y desarrollar una transición energética democrática y democratizadora, es decir popular, justa y sustentable. En la mira está el beneficio de las mayorías, no un proceso para que las élites económicas sigan acumulando riqueza y despilfarrando energía. Esto nos lleva a repensar el sistema energético (y económico, por cierto) desde sus cimientos, sobre nuevas bases que, sin marginar las cuestiones técnicas, privilegien la equidad, la participación democrática y el respeto por los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.
Para lograrlo, las preguntas que debemos formularnos son: energía para qué; energía para quién; energía controlada por quién; de qué energía estamos hablando; cómo se obtiene, se distribuye y consume esa energía. Y en todo momento hay que considerar una cuestión crucial, su cristalización requiere participación y no imposición. En consecuencia, se trata de un asunto político (no partidista, por si acaso) y no solo técnico.
En el fondo, la discusión energética no trata solo de megavatios o infraestructura. Trata del tipo de sociedad que queremos construir: una que garantice la vida o una que siga subordinada a la acumulación de capital. En las actuales circunstancias, con gobiernos – mediocres y corruptos, como el actual -, que ven en la energía la posibilidad de hacer negocio, estas preguntas no tienen cabida y menos aún tendrán las respuestas adecuadas.-
* Economista, especializado en economía de la energía en Alemania. Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Ministro de Energía y Minas (2007). Funcionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE – hoy PETROECUADOR) y de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE), en los años 80. Consultor energético. Profesor universitario.
