**MILLONARIOS PROCESOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN GENERAN CUESTIONAMIENTOS EN CUENCA**
Diversos procesos de contratación impulsados por el Municipio de Cuenca y sus empresas municipales para publicidad, difusión y comunicación institucional han generado debate ciudadano en medio de reclamos por obras, movilidad, seguridad y atención a los barrios.
Entre los procesos revisados constan contratos para campañas comunicacionales, promoción institucional, difusión de actividades, publicaciones en medios, sistemas de mensajería masiva y promoción turística, cuyos montos suman varios millones de dólares.
Entre las cifras destacan USD 640.000 para producción y difusión de contenidos informativos, USD 600.000 para promoción institucional, USD 760.000 para difusión de proyectos y notificaciones, USD 450.000 para campañas de posicionamiento de obras y servicios municipales, además de otros contratos relacionados con publicidad y comunicación.
Varios de estos procedimientos aparecen actualmente con estado de "suspendidos" en el portal del SERCOP.
Más allá de la legalidad de los procesos, distintos sectores consideran que corresponde a las autoridades municipales explicar los criterios utilizados para priorizar estas contrataciones y si la inversión responde a las necesidades más urgentes que enfrenta actualmente la ciudad.
Las insolentes mentiras de John Reimberg
Roberto Aguilar
El dictamen de John Reimberg sobre la muerte de la activista anticorrupción Monika Silva Koniuszek cambió radicalmente en menos de 48 horas. El martes, bastó un puñado de “elementos necesarios” (ni autopsia, ni levantamiento de evidencias, ni recolección de testimonios, ni interrogatorios… Apenas un palo y una cuerda) para que el ministro del Interior y fiscal de facto de la nación diera el caso por resuelto: suicidio. El jueves, sin embargo, se echó para atrás: lo que dos días antes no presentaba misterio se convirtió de pronto, sin mediar explicación alguna, en una investigación abierta cuyo esclarecimiento exigía la incorporación de peritos internacionales. ¿Qué ocurrió en esas 48 horas que lo cambió todo?
Algo muy simple: se publicó un comunicado de la Unión Europea. Ocurre que la víctima era ciudadana polaca y hay países que se toman esas cosas en serio. Acostumbradas a mirar para otro lado cuando niños ecuatorianos son maltratados en cárceles extranjeras, o cuando pescadores del país son bombardeados en alta mar, las autoridades del gobierno nacional no consideraron ese pequeño detalle.
Así que probablemente hubo jalón de orejas. Porque cuando el ministro del Interior habla de suicidio y la Unión Europea pide una investigación “rápida, exhaustiva, independiente y transparente”; cuando el cónsul de Polonia, con sede en Lima, se traslada hasta Montañita para verificar el proceso…
Monika Silva era de origen polaco y residía en Santa Elena.Foto: JOFFRE LINO/EXPRESO
Bueno, el mensaje implícito es muy claro: “no te creemos”.
Por lo demás, esto es algo que tenía que ocurrir tarde o temprano con un ministro que ha hecho del prevaricato la mejor herramienta para marcar líneas de investigación (o de falta de ella) y dictar instrucciones a los funcionarios judiciales.
Hallazgo
La activista anticorrupción de origen polaco fue hallada en su casa sin vida el 8 de junio de 2026. Su madre arribó al Ecuador para realizar los trámites correspondientes.
En un país en el que se acaba de perpetrar un golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura bajo la coordinación de funcionarios del Ejecutivo (el SRI, el Ministerio de Trabajo) y la participación de otros poderes del Estado (El Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia), todo con el objeto de controlar el órgano disciplinario de jueces y fiscales, es claro que el dictamen anticipado del ministro del Interior es, prácticamente, una orden.
Los criterios adelantados de Reimberg y la justicia
Si él dice, por ejemplo (siempre antes de que concluyan las investigaciones) que el incendio de 35 embarcaciones en el puerto de Manta no tiene relación alguna con el crimen organizado, ¿dónde está el fiscal que se atreva a contradecirlo?
… O cuando dice que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es un “criminal”. Así lo llama, sistemáticamente (siguiendo en esto al presidente de la República): “criminal”. Y lo trata como si tuviera sentencia ejecutoriada, sin importarle que el proceso judicial en su contra no haya hecho otra cosa que caerse a pedacitos desde que arrancó; sin considerar siquiera que, así fuera declarado culpable el alcalde de Guayaquil al término de este juicio, no merecería otro calificativo que el de infractor (delincuente, a lo sumo, y esto con reservas). Pero no: “criminal”, sentencia el ministro, como si estuviera hablando de un sicario, y es un mensaje explícito dirigido a jueces y fiscales.
… O cuando arremete contra los jueces que toman decisiones que a él no le gustan (dictar unas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por ejemplo), los exhibe y empapela, los acusa de favorecer a los delincuentes y moviliza en su contra el aparato disciplinario del Consejo de la Judicatura sin preocuparse por averiguar las circunstancias que rodearon el hecho…
¿No es también un mensaje directo sobre el tipo de resoluciones que espera de los jueces? Luego resulta que la Policía no hizo sus deberes o el fiscal de turno no presentó el pedido correspondiente pero él ni corrige ni se disculpa: lo importante aquí es dejar sentada una pedagogía.
¿Qué pretende el ministro John Reimberg cuando adelanta criterio y da por resueltos los casos que no han empezado a investigarse siquiera? No es esta una operación inocente ni mucho menos: es un acto de encubrimiento.
El caso del millón de dólares en efectivo en Quito
A la corporación Elite Corp, en cuyas oficinas del edificio World Trade Center, en el corazón financiero de la capital, se encontró un millón de dólares en efectivo metidos en una caja fuerte, se apresuró el ministro a librar de toda sospecha y exculpar de cualquier posible irregularidad, incluso tributaria, antes de que la Fiscalía tuviera tiempo de decir ni pío: “Los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo en varios lugares”, justificó absurdamente.
La catarata de preguntas que provoca semejante afirmación le tiene sin cuidado: ¿por qué guardan tanta plata en efectivo? ¿De dónde proviene? ¿Para qué lo emplean? ¿Están siendo extorsionados? ¿Están extorsionando? ¿Pagan sobornos? ¿Trafican en el mercado negro? Nada de eso.
Traslado
El cuerpo de Monika Silva permanece en criminalística de Santa Elena, pero está previsto que sea trasladado a Guayaquil para garantizar su conservación.
El ministro tenía resuelto el caso desde el minuto uno: “es una persona -dijo refiriéndose al propietario de ese millón en efectivo cuando no habían transcurrido ni seis horas de su hallazgo- que no tiene una vinculación hasta ahora que usted lo pueda ver con alguien o algo que pueda llamar la atención”. Porque, claro, un millón de dólares en efectivo no llaman la atención de nadie. No la de John Reimberg. ¿A quién encubre?
El agravante de la versión de Reimberg sobre Silva
Lo de Monika Silva es más de lo mismo, con un terrible agravante: en esta ocasión se trata de la muerte de una líder de su comunidad. Y, para empeorar las cosas, cada indicio recogido no por la Policía, que plegó de inmediato a la versión oficial dictaminada por Reimberg, sino por el periodismo independiente y los vecinos, contradice la historia del suicidio hasta volverla inverosímil.
Ciudadanos rindieron un homenaje a Monika Silva en Manglaralto.Foto: Joffre Lino/ EXPRESO
La olla de comida cocinándose a fuego lento que dejó la víctima; sus hijas abandonadas en la escuela; la tarea de lavar la ropa a medio hacer; las llaves de la casa prendidas en la cerradura por el lado de afuera; el corte de luz en el barrio a la hora del deceso; los mismos datos arrojados por la autopsia, incluyendo un golpe en la cabeza propinado antes de la muerte…
Y, para coronarlo todo, la intolerable mentira del ministro del Interior: la inexistente nota suicida, supuesto mensaje de despedida a su pareja. “Palabras bonitas”, tuvo la desvergüenza de decir. Con ellas completaba el perfil suicida que se había propuesto falsificar. Averiguadas las cosas, el mensaje decía: “Que tengas un buen día, amor”.
El objetivo evidente: dar el caso por resuelto y omitir las investigaciones. Que la Policía actuó según esas instrucciones lo evidencia el hecho de que, en el levantamiento de la escena, no se preocuparon por recoger su computadora, en la que reposan todas sus investigaciones, los casos de corrupción que venía documentando, las denuncias que presentó ante Fiscalía sobre las amenazas de muerte recibidas, los correos con esas amenazas o con información sobre ellas proporcionada por terceros…
Tampoco les interesó, a los policías a cargo de la diligencia, conservar el teléfono celular de la víctima: se lo quisieron entregar al novio, que no daba crédito a lo que veían sus ojos. Ese teléfono, les dijo, es una evidencia y debería estar en cadena de custodia. ¿Lo está?
No estuvo de más que la Unión Europea, primero, y la embajada de Polonia, en un comunicado posterior, recordaran al Estado ecuatoriano su obligación de aplicar al caso de Monika Silva los protocolos internacionalmente reconocidos para la investigación de casos de muerte de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas sociales. Especialmente cuando había, como en este caso, amenazas documentadas de por medio.
Monika Silva llevaba meses recibiendo amenazas de muerte; algunas de esas amenazas fueron públicas, como las proferidas por el asambleísta Otto Vera, esa especie de Pablo Muentes de la provincia de Santa Elena, involucrado en los principales casos de tráfico de tierras que ella documentó de manera exhaustiva; así lo denunció ante la Fiscalía y otros organismos del Estado; era, además, víctima del acoso judicial de funcionarios gubernamentales en relación con sus denuncias de nepotismo contra la hoy ministra de Trabajo Cynthia Gellibert o el contralor Mauricio Torres, o por sus investigaciones que relacionaban a la compañía Noboa Trading y otras empresas bananeras con el narcotráfico…
Todos esos personajes que la amenazaban y la acosaban debieran ser los primeros investigados en este caso. Y es precisamente esa investigación la que el ministro del Interior trata de evitar a toda costa mediante la historia del suicidio.
Lo de John Reimberg ante la muerte de Monika Silva es el ejemplo más descarado de falsificación de un caso policial fraguado desde el Estado que el Ecuador ha visto en mucho tiempo.
El montaje que coordinó esta semana y, aparentemente (ojalá), se vio frustrado gracias a la intervención de la Unión Europea, es una forma de encubrimiento que pone en duda todos sus proclamados esfuerzos por luchar contra el crimen organizado. Está claro que al menos no es en Santa Elena, lugar de residencia del presidente de la República, donde tienen lugar esos esfuerzos.
MUY POBRE NIVEL DEL CONCEJO CANTONAL
Me llama la atención el nivel de formación, muy pobre, me ha sorprendido el nivel de representación, los concejales, no representan a la ciudadanía, sino a su partido político en el caso de mantenerlo todavía, o a su núcleo clientelar, o bien a su círculo de interés. . Muy pobre nivel del concejo, convidados del silencio de un alcalde prepotente, rompen ese silencio, aquellas personas que se han opuesto a ser arrasados, la Señora González, la Sra Peñafiel, en algunos momentos, Román Carabajo, en algo Federico Guzmán, pero en términos generales, es menos que mediocre el Concejo Cantonal.
Silencio de muchas personas subsumidas al poder : La señora Flores, Brito que está en su 2 o 3 camiseta política, la señora Pesántez Chalco, fiel servidora de la RC , el señor Alvarado y su mediocridad y ordinariez, se suman al combo del silencio Abril, Bermeo , Valencia, Flores, Fajardo, Juca y Pañi. Ni la sombra de otros concejos como aquel del 2009 - 2014 o del 1996 - 2000 y 2000 - 2005.......El problema de Cuenca, como he expresado en editoriales, no solo es el nivel de los alcaldes de los últimos años, sino la baja calidad del Concejo Cantonal.
Dr. Juan Pablo Serrano
Historiado
UN CONCEJO CANTONAL NULO, AUSENTE
Los y las concejales no han pasado de rencillas internas que nada bien le hacen a la ciudad. Acciones importantes, concretas que se visualicen a favor de la ciudad, no existen. Han sido sumisos al poder autoritario del alcalde. Dos damas han cuestionado la conducta prepotente del burgomaestre, sí, pero ha sido personal, han agotado sus energías en ese enfrentamiento interno, ahora una de ellas consiguió la sanción que todos conocemos, pero repito, ordenanzas, fiscalizaciones a empresas y direcciones municipales, que hayan trascendido, al menos yo no conozco. Peor en cultura y patrimonios (áreas de mi conocimiento) sus intervenciones han sido CERO.
No han dicho nada sobre las afecciones diarias al patrimonio edificado de la ciudad, nada también al abandono de museos, centros culturales y bibliotecas, de la falta de recursos económicos para los mismos, de las lamentables condiciones de conservación de sus colecciones, de una absoluta falta de tipología o especialización de los mismos, de su intrascendente cercanía con los públicos.
Y en turismo, una catástrofe, ninguno de los y las concejales ha criticado frontalmente la turistificación de Cuenca en forma masiva, descontrolada, con serias consecuencias para la calidad de vida de los propios ciudadanos que ha ocasionado especulación en los arriendos y la expulsión de los cuencanos de su propio centro histórico convertido en gran hotel y Airbnb, lo único que le ha interesado al alcalde, a las directoras de la EDEC y Fundación de Turismo son los porcentajes de ocupación hotelera, los millones que en cada feriado entra al bolsillo de grandes empresarios privados. Sobre esta grave realidad el concejo cantonal, mudo, ausente.
**MILLONARIOS PROCESOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN GENERAN CUESTIONAMIENTOS EN CUENCA**
Entre los procesos revisados constan contratos para campañas comunicacionales, promoción institucional, difusión de actividades, publicaciones en medios, sistemas de mensajería masiva y promoción turística, cuyos montos suman varios millones de dólares.
Entre las cifras destacan USD 640.000 para producción y difusión de contenidos informativos, USD 600.000 para promoción institucional, USD 760.000 para difusión de proyectos y notificaciones, USD 450.000 para campañas de posicionamiento de obras y servicios municipales, además de otros contratos relacionados con publicidad y comunicación.
Varios de estos procedimientos aparecen actualmente con estado de "suspendidos" en el portal del SERCOP.
Más allá de la legalidad de los procesos, distintos sectores consideran que corresponde a las autoridades municipales explicar los criterios utilizados para priorizar estas contrataciones y si la inversión responde a las necesidades más urgentes que enfrenta actualmente la ciudad.
