Para el presidente Daniel Noboa, ningún cuestionamiento en contra del empresario de la salud Jaime Bernabé; ninguna alerta, ninguna advertencia, sirvió. En los próximos días asumirá oficialmente la cartera moribunda de salud, ministerio que está en terapia intensiva, como nunca antes en la historia del país. El impedimento de ejercer cargo público, no fue obstáculo, porque el ministerio del Trabajo, en un abrir y cerrar de ojos, le anuló ese impedimento, y listo, cuál es el problema. El gobierno del "Nuevo" Ecuador, todo lo puede; las órdenes se cumplen ipso facto, y nadie , absolutamente nadie, puede contradecir al amo y señor de todos los poderes. Ya verán cómo lo posesiona en el Palacio de Carondelet, con bombos y platillos. para que termine lo que dejó trunco la señora Pinto, o sea, la sepultura de la salud pública. Ya verán, esperen nomás.

"La soberbia nunca baja de donde sube, peor siempre cae de donde subió".

El Observador

 La Naranja

otSepnodrsic1050u2u8ti50ufm026hu 59hc2ghgm8af560fl82308fiugh ·

El caso Purga sigue dejando consecuencias contundentes en la justicia ecuatoriana. La exfuncionaria Fabiola Gallardo ha sido nuevamente sancionada, sumando medidas disciplinarias a su condena de 13 años y cuatro meses de prisión.

El Consejo de la Judicatura resolvió imponerle 30 días adicionales de suspensión, en un proceso que continúa acumulando decisiones en su contra. Según las autoridades, Gallardo incurrió en irregularidades graves, entre ellas la omisión de etapas procesales fundamentales y la emisión de resoluciones sin la debida motivación jurídica.

Estas acciones, según el organismo, vulneraron principios esenciales como el derecho a la defensa y el debido proceso, pilares del sistema judicial ecuatoriano. El historial disciplinario de la exjueza ya registra múltiples sanciones, incluyendo destituciones y suspensiones previas, lo que evidencia un patrón de conductas cuestionadas.

El caso ha generado un fuerte impacto político y judicial en el país, reavivando el debate sobre la transparencia, la corrupción y la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia. Mientras tanto, las autoridades insisten en que este tipo de decisiones buscan sentar precedentes y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Progen contrató en Catamayo con visto bueno del Ministerio de Energía de Luque

El análisis del contrato fallido de Progen para repotenciar la Central Catamayo revela el 'candado legal' de Roberto Luque. Pese a la autonomía de las eléctricas, el Ministerio de Energía validó procesos de emergencia por 39,6 millones de dólares, marcando un hito en la crisis energética de 2024.

(Lea también: Caso Progen: cuenta que recibió $110 millones de Celec registra saldo de cero dólares)

El candado legal que estableció el entonces ministro de Energía, Roberto Luque, para que la Coordinación General Jurídica del Ministerio autorice las contrataciones de generación eléctrica en la emergencia declarada en 2024 no fue un simple trámite administrativo.

La fallida repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo, el primer contrato que suscribió Progen en Ecuador, revela la aplicación real y concreta de la disposición emitida por Luque en la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, en la que ordenó que “todos los procesos de contratación pública que se lleven a cabo en el marco de la emergencia declarada en el sector eléctrico (...) sean previamente comunicados y coordinados con la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Electricidad para su análisis y aprobación”.

El proceso se inició en mayo de 2024. Richard Vicente Vaca Carrión, presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa), remitió dos oficios claves (EERSSA-PREJEC-2024-0486-OF y EERSSA-PREJEC-2024-0565-OF), con fechas 14 y 31 de mayo, a José Manuel de Oliveira Allu, coordinador jurídico del Ministerio de Energía.

A través de estos, Vaca Carrión solicitó la “autorización” y el “análisis y aprobación” para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo, y lo hizo “en cumplimiento con lo dispuesto en la circular” firmada por Luque.

La estricta regla que impuso Luque

Bajo la estricta regla, ninguna empresa eléctrica estatal podía avanzar sin el visto bueno del Ministerio. De Oliveira también invocó la circular de Luque y dejó constancia de que los procesos de emergencia de la Regional del Sur debían contar con su visto bueno. 

Así lo detalló en el oficio MEM-COGEJ-2024-0199-OF, del 10 de junio de 2024. “La Empresa Eléctrica Regional del Sur puso en conocimiento de este Ministerio que se encuentra lista para realizar el proceso de contratación de la consultoría de estudios para la repotenciación de la Central Termoeléctrica Catamayo (...) y solicitó el análisis y aprobación correspondiente”, escribió De Oliveira.

En ese documento también quedó en evidencia que el cumplimiento de la disposición de Luque incluyó la verificación de los Términos de Referencia (TDR) y los informes de necesidad suscritos por Juan Carlos Godoy Godoy, gerente de operación de la Eerssa. 

El objetivo de la contratación era repotenciar las unidades obsoletas para incorporar entre 14 y 15 MW adicionales al sistema eléctrico nacional, por 39,6 millones de dólares.

Tras examinar los documentos, el coordinador jurídico emitió un dictamen. Señaló que la intención de iniciar el proceso de contratación “por encontrarse dentro de los procesos establecidos en el artículo 57.1 de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) (...) es viable”.

Esta validación ministerial fue el requisito indispensable para comenzar la contratación. Pese a esto, De Oliveira Allu dejó por escrito una suerte de salvaguarda legal en el mismo oficio. Al concluir su validación, señaló que su pronunciamiento lo hacía bajo el “principio de confianza mutua” y que el Ministerio “no es responsable de los trámites y gestiones que hayan precedido a la elaboración de la documentación enviada”.

Hoy la defensa de Luque defiende la autonomía total de las empresas eléctricas. Y señala que la disposición tuvo como único fin “precautelar el erario público”. 

“Impedir que la declaratoria de emergencia se utilizara como excusa para contratar bienes o servicios ajenos a la mitigación de la crisis energética, como computadoras, vehículos u otros objetos sin conexión real, directa e inmediata con la superación de la contingencia eléctrica. No instituyó control previo alguno sobre contratos específicos, ni facultó al Ministerio de Energía o a su Coordinación General Jurídica para revisar o autorizar acuerdos particulares”, asegura Erick Leuschner, abogado de Roberto Luque.

Por su parte, el excoordinador jurídico, José Manuel de Oliveira Allu, sostiene que su participación se limitó al cumplimiento normativo de la circular de Luque. “Consistió únicamente en verificar (...) si el objeto de la futura contratación planteada (...) se enmarcaba dentro de los parámetros de la emergencia declarada”.

De Oliveira enfatiza que en este proyecto de la central de Catamayo, su informe estableció que correspondía a la entidad contratante, por su “autonomía administrativa y de gestión”, justificar técnica y legalmente que la contratación cumplía con los requisitos emergentes.

Asimismo, el exabogado del Ministerio asegura que no tuvo “intervención alguna en la estructuración del proceso, elaboración de pliegos o términos de referencia”, tareas que califica como responsabilidad exclusiva de Eerssa. Según el exfuncionario, esta fue la única consulta de este tipo procesada por su despacho durante su gestión entre abril y diciembre de 2024.

 Nación Rebelde TV

etpodrsSno ium8t.alf0s0gl9 91ba40ffd a46 9ae20l.uhggfmc30g  33:ra f0ptc67 ·

¿EL PRINCIPIO DEL FIN? LA REBELIÓN SILENCIOSA QUE SACUDE AL PODER EN VENEZUELA

El tablero político venezolano acaba de sufrir una sacudida que nadie vio venir. En un giro que muchos califican de cinematográfico, el discurso de Delcy Rodríguez en Barquisimeto ha dejado un aire de incertidumbre que se respira en cada esquina del país. No es solo lo que dijo, sino el momento en que decidió romper el guion.

EL DESMARQUE

Tras el polémico hundimiento de la ley de amnistía, las palabras de la vicepresidenta suenan a una ruptura táctica. Al implorar que nunca más caigan misiles y que no se repitan escenarios de conflicto bélico, Rodríguez no solo está mirando al pasado, parece estar lanzando una advertencia directa sobre el futuro del liderazgo actual. ¿Estamos ante una funcionaria que busca salvar el barco o ante alguien que ya prepara su propio salvavidas?

DIPLOMACIA O SUPERVIVENCIA

Hablar de una década de sufrimiento por sanciones y exigir un diálogo diplomático puro no es un discurso común en la retórica de Miraflores. Es un reconocimiento implícito de que el modelo de confrontación total ha llegado a un muro infranqueable. La mención de que Venezuela no puede permitir ni una sanción más es el grito de un sistema que reconoce su agotamiento.

EL IMPACTO EN LA CALLE

La audiencia se pregunta si esto es una estrategia de distracción o el inicio de una fragmentación real en la cúpula. La reflexión que pide Rodríguez sobre los momentos duros vividos parece chocar de frente con la línea dura que ha mantenido Nicolás Maduro. En política, las palabras son armas, y hoy, Delcy Rodríguez parece haber disparado una ráfaga de realismo que incomoda a los sectores más radicales.

La pregunta que queda en el aire y que genera tensión en todo el continente es simple pero devastadora. ¿Es este el reconocimiento de que el camino actual es insostenible o simplemente el primer paso de una transición que ya no pueden detener?

Venezuela observa. El mundo espera. El poder, por primera vez en mucho tiempo, parece dudar de su propia sombra.

¿Crees que este cambio de discurso es una estrategia desesperada para ganar tiempo o realmente estamos viendo las primeras grietas reales en la estructura del mando?

 

CNE canceló a dos partidos políticos: Construye y Unidad Popular

Por

Redacción La Hora,

26 de abril 2026 • 10:49 hs

Este 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la cancelación a las organizaciones políticas de Construye y Unidad Popular.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que el Código de la Democracia señala que el CNE por oficio o por iniciativa cancelará una organización política en casos como haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes.

Las votaciones para cancelar a Unidad Popular se dieron con 3 votos a favor y 2 abstenciones.

Atamaint indicó que el movimiento político, Construye, no tiene registros de adherentes permanentes.

La cancelación de los dos movimientos políticos se da en medio del escenario electoral que vivirá Ecuador en noviembre de 2026. Fecha en la que se desarrollarán las elecciones seccionales.

Por su parte, el CNE sustanció el procedimiento administrativo previsto en el artículo 327, del numeral 7, del Código de la Democracia garantizando el proceso y el derecho a la defensa de Unidad Popular y Construye, a las que se les habría otorgado el plazo legal de 10 días para presentar la documentación legal que respalde el número de afiliados y adherentes para conservar su personería jurídica.

Por lo que el organismo electoral resaltó que en la documentación jurídica presentada no se evidenciaron fichas ni respaldos documentales que permitan actualizar o validar dicha información en las bases de datos institucionales.

Reacciones frente a la resolución del CNE

powered by

A través de su cuenta de X, Geovanni Atarihuana, presidente de la Unidad Popular, calificó como una “vergüenza nacional” la decisión del Pleno del CNE. Dijo que “sin argumentos , fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución con solo dos votos resolvieron cancelar el registro de Unidad Popular y la decisión es nula, por el fondo y forma”.

Además, destacó que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la CIDH. Indicó que para este lunes convocarán una rueda de prensa para informar las siguientes acciones legales y de movilización.

En un diálogo con LA HORA, Geovanni Atarihuana mencionó que califica a la resolución como una “medida ilegal, antijurídica y antidemocrática. Es la continuación de un fraude que orquesta el Gobierno, utilizando a dos personajes”.

“En base a falacias, violando los procedimientos y la ley fuera del plazo”, resaltó Atarihuana y dijo que las alarmas se deben prender, porque bajo esa circunstancia, “el Consejo Nacional Electoral podría cancelar cualquier organización política hasta las vísperas de la inscripción de candidaturas y están violando la ley expresa".

Además, aseguró que, en esta semana, con su equipo jurídico presentarán el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral y van a exigir que se pronuncie lo más antes posible, pues el mes tope, para participar en las elecciones, es en mayo.

“Nosotros no nos rendimos, vamos a dar la pelea jurídica y política. Nosotros no nos rendimos, porque hay una decisión de Daniel Noboa de eliminar rivales en la papeleta y, obviamente, si eso se consume, estaremos hablando de casi una dictadura”, indicó el dirigente de Unidad Popular.

Atarihuana dijo que son una organización política que vive y que luchará junto a su pueblo y que si el Gobierno no les dejará participar, no les puede eliminar, porque serán siempre un actor político en la vida nacional. (PSR)