Oficio Nro. CC-0960-2026

Cuenca, 29 de abril de 2026

Máster Diana del Rocío González Arteaga Presidenta de la Comisión de Áreas Histórica GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

Magister Hugo Xavier Aguirre Vargas Director General de Áreas Históricas y Patrimoniales GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

En su Despacho.

De mi consideración: En ejercicio de las atribuciones de fiscalización conferidas por el COOTAD, particularmente lo establecido en el artículo 58 literal d), y en concordancia con los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, me permito poner en su conocimiento lo siguiente:} Ha circulado públicamente una denuncia ciudadana difundida por el Sr. Jaime Cedillo F., en la cual se alerta sobre una presunta afectación al patrimonio cultural edificado en el Centro Histórico de Cuenca, específicamente relacionada con intervenciones en inmuebles ubicados en las calles Bolívar y Juan Jaramillo, que habrían derivado en la alteración sustancial de su estructura interna, conservando únicamente sus fachadas.

Dada la relevancia de estos hechos y su posible impacto en la conservación del patrimonio declarado, incluso por organismos internacionales como la UNESCO, resulta imprescindible que esta Comisión, en el marco de sus competencias, proceda con el análisis técnico, jurídico y administrativo correspondiente. En tal virtud, solicito: 1796. Se incorpore como punto de orden del día en la próxima sesión de la Comisión, el conocimiento y tratamiento de la referida denuncia pública. 1797.

Se requiera de manera inmediata a la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales un informe técnico detallado que contenga: Estado actual de los inmuebles señalados. Intervenciones autorizadas y su sustento legal. Permisos emitidos, informes técnicos previos y responsables de su aprobación. Determinación de posibles infracciones a la normativa patrimonial vigente. 1798.

Se convoque a comparecencia a los funcionarios responsables de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, así como a las demás dependencias involucradas, a CONCEJO CANTONAL Simón Bolivar y Presidente Borrero (esq). (Segundo piso) Teléfono: 4134900 Ext: 2210 Cuenca, Ecuador www.cuenca.gob.ec

@MunicipioCuenca @MunicipioDeCuenca 1/2CONCEJO CANTONAL Oficio Nro. CC-0960-2026 Cuenca, 29 de abril de 2026 fin de que expliquen las actuaciones realizadas en estos casos.

Se evalúe la pertinencia de iniciar procesos de fiscalización y, de ser el caso, recomendar el inicio de acciones administrativas o legales frente a posibles irregularidades. Se emita un pronunciamiento oficial de la Comisión, con base en los informes recabados, a fin de garantizar transparencia frente a la ciudadanía. Es fundamental recalcar que el tratamiento de esta denuncia debe realizarse con objetividad, garantizando el debido proceso, pero también con la firmeza necesaria para precautelar el patrimonio cultural edificado del cantón, cuya protección constituye una responsabilidad institucional. Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*FIRMA_ELECTRONICA_0102360070*

Lcda. María Augusta Peñafiel Bermeo

CONCEJAL URBANO DEL CANTÓN CUENCA

NUT: IMC-2026-36202

 

 

 

 𝐏𝐞𝐧𝐚 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐞𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐋.

𝐐𝐮𝐢𝐭𝐨 (#𝐏𝐢𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚), 𝟕 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔.- La decisión fue unánime. Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito que conoció la causa sentenció a José Luis D. a veintiséis años de privación de la libertad, como autor del delito de femicidio.

La víctima fue su expareja sentimental, María Fernanda L., cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 2 de mayo de 2025, dentro de un inmueble en el barrio San Marcos, en el centro de Quito.

En la audiencia de juicio, la Fiscal que investigó el caso informó al Tribunal que la víctima murió a causa de asfixia por estrangulamiento, hecho que fue demostrado con el testimonio de la perita que practicó la autopsia médico-legal.

Respecto de la autoría de José Luis D. en el femicidio, Fiscalía sostuvo que en las uñas de María Fernanda L. se halló el perfil genético del acusado, lo que fue técnicamente corroborado mediante una pericia de ADN.

La Fiscal también probó la existencia de chats entre la pareja. Los mensajes materializados de WhatsApp revelaron el círculo de violencia que mantenía el sentenciado con su entonces pareja sentimental.

Asimismo, presentó conversaciones entre la víctima y su hija, en las que ella relataba su vida sentimental conflictiva, marcada por agresiones ejercidas por el acusado.

Fiscalía también convocó a dos amigas de María Fernanda L., quienes aseguraron haber presenciado una relación violenta y manipuladora por parte del acusado.

A este conjunto de testimonios se sumó el de una expareja sentimental de José Luis D., quien afirmó haber sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte del sentenciado.

Luego de haber valorado estas y otras pruebas, el Tribunal dictó sentencia condenatoria. Además, impuso al acusado el pago de 50.000 dólares como reparación integral a la familia de la víctima y una multa de 1.000 salarios básicos unificados.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

El delito de femicidio está sancionado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años.

 Mr.Chino.Ec

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M4FI4 "ADN" El pueblo ecuatoriano se hace una sola pregunta: ¿Dónde está la justicia? El fiscal Carlos Alarcón se niega a avanzar en la investigación contra Mario Godoy, ex presidente del Consejo de la Judicatura, a pesar de que existen pruebas y documentos que lo vinculan a presuntas irregularidades, tráfico de influencias y nexos con grupos de poder y gobiernos de turno.

Hasta ahora, ni siquiera se ha llamado a declarar para indagar sus conexiones con los diferentes mandatos, ni se ha exigido responsabilidades por sus actuaciones dentro de la institución que debía garantizar la independencia judicial. En lugar de investigar, lo que se ve es protección y impunidad para él.

Pero la situación da vuelta cuando se trata de otros: mientras a Godoy se le guarda silencio y se le evita cualquier cuestionamiento, sí se investiga con premura y aparentes pruebas a la esposa de Aquiles Álvarez. Se actúa rápido, se abre procesos y se busca vincularla a casos, a pesar de que en el caso de Godoy hay elementos probatorios que ya están en conocimiento de la Fiscalía.

¿Será que estamos ante una protección para la mafia que opera dentro de las instituciones? ¿Por qué unos son juzgados rápido y otros reciben trato privilegiado? La ciudadanía exige respuestas: la justicia debe ser igual para todos, sin importar el cargo o los vínculos políticos. ¡Basta de dobles raseros!