Entre 2024 y 2025, 151 exámenes especiales de la Contraloría General del Estado reflejan indicios de responsabilidad penal en municipios y prefecturas.
EL NEW YORK TIMES LE PONE NOMBRE Y APELLIDO AL DESASTRE: RAFAEL CORREA.
El correísmo dejó Ecuador servido en bandeja al narcotráfico internacional.
Expulsó la Base de Manta. Rompió la cooperación antidrogas. Destruyó controles. Dejó a los militares sin apoyo, sin ojos y sin manos.
Ecuador: la superautopista mundial de la cocaína. 70% del tráfico global saliendo por nuestro territorio.
Los cárteles mexicanos, guerrillas colombianas, mafias europeas y bandas locales encontraron aquí un paraíso porque el correísmo dejó todo listo.
En 2022 y 2023 Ecuador estuvo a punto de caer en manos de un consorcio internacional de narcos.
El correísmo no solo fue un error político… fue un crimen contra la humanidad.
Ecuador consta entre los 12 países con más alta percepción de corrupción de América Latina, según Transparencia Internacional
Transparencia Internacional confirma que el crimen organizado fomenta la impunidad en Latinoamérica. En Ecuador hay un declive en la transparencia, revela su informe 2025.
Ecuador es uno de los 12 países con más alta percepción de corrupción de América, de entre 33 países del continente. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, revelado la segunda semana de febrero de 2026 por Transparencia Internacional, lo menciona.
El informe señala que las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.
El pleno de la Asamblea Nacional sesionó de manera virtual este sábado 14 de febrero.
Este sábado 14 de febrero de 2026, el pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de ley urgente que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En la sesión estuvieron presentes 144 de los 151 legisladores que integran el pleno. La bancada correísta buscó archivar el proyecto de ley, pero no logró reunir los votos necesarios.
La ley, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, plantea que los GAD destinen al menos 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, dejando un máximo del 30 % para gasto corriente, incluidos pagos de funcionarios. El proyecto fue remitido por el Ejecutivo el 28 de enero de 2026 y, al tratarse de una ley con carácter económico urgente, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobarla o rechazarla.
Entre las intervenciones más destacadas, la legisladora del oficialismo Valentina Centeno señaló que la reforma busca que el dinero de los ciudadanos se invierta en obras prioritarias. Citó el caso de Pujilí, donde, según ella, se gastó un millón de dólares en ornato municipal mientras existen problemas más importantes, como la falta de agua en el sector. También mencionó casos de grandes ciudades como Quito, que ha invertido más de siete millones de dólares en conciertos y eventos musicales, y Guayaquil, con un gasto de cuatro millones de dólares en actividades similares.
Por su parte, la legisladora de la bancada Revolución Ciudadana, Noemí Cabrera, aseguró que, aunque el Cootad requiere modificaciones, la propuesta no es urgente. Además, sostuvo que la ley limitaría la obra pública y afectaría programas de infraestructura y agua. Cabrera señaló que el presidente podría usar esta medida para controlar a los GAD mediante herramientas económicas y finalizó solicitando archivar el proyecto de ley económica urgente.
Tras la moción de archivo presentada por el legislador Xavier Lasso, el Pleno de la Asamblea Nacional la rechazó con 70 votos en contra, 63 a favor, 7 abstenciones y 0 en blanco, lo que permitió que el debate sobre el tema continuara y se mantuviera vigente para su análisis y eventual resolución.
Tras el primer debate, la Asamblea Nacional recopilará las observaciones de los legisladores para elaborar un nuevo informe, que servirá para el segundo y último debate. En esta etapa, el proyecto de ley será sometido a votación, pudiendo ser aprobado o archivado.
Cerca del mediodía del pasado jueves 12 de febrero de 2026, autoridades de gobiernos locales, encabezadas por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, realizaron una marcha en Quito para rechazar la ley y solicitar su archivo. Los manifestantes argumentaron que la propuesta podría reducir los presupuestos de los GAD y afectar la prestación de servicios sociales, como educación y atención comunitaria, además de cuestionar que no se convocó a representantes seccionales para discutirla.
Dentro del ámbito parlamentario, la propuesta fue aprobada en informe para primer debate por la Comisión de Desarrollo Económico con mayoría oficialista, mientras que sectores de oposición, incluido el movimiento de la Revolución Ciudadana rechazaron la iniciativa y exigieron su archivo, señalando posibles impactos negativos para la gestión local y cuestionando su carácter de urgencia.
