"Cuando el municipio no planifica, el mercado planifica por él. Esa es, en síntesis, la situación que hoy vive Cuenca".
Cuenca, 17 de noviembre de 2026
Señora Magíster
Marisol Peñaloza Baculima
ALCALDESA (S) DEL CANTÓN CUENCA
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca
Señoras y señores
CONCEJALES DEL CANTÓN CUENCA
Comisión de Urbanismo
Señores
Arq. Santiago Vanegas Peña, Ph.D
Dirección de Talento Humano del GAD del Cantón Cuencactor de Planificación Municipal
Arq. Gina Mavel Dávila Pontón
Directora de Control Municipal
Presente. -
De nuestra consideración:
Luego de expresarles un atento saludo, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República, y de los derechos de participación en los asuntos de interés público previstos en sus artículos 61 numeral 2 y 95, nos dirigimos a ustedes como ciudadanos cuencanos que, desde el año 2023, hemos advertido a la administración municipal sobre las intervenciones que vienen afectando a las zonas de El Barranco del Tomebamba, Bajada de Todos Santos, Centro Histórico de Cuenca, El Ejido, y las colinas que rodean a la ciudad; así como la desobligada gestión del suelo rural.
Lo que entonces se señaló respecto de casos concretos, se ha convertido hoy en un problema estructural: Cuenca se está transformando sin un plan, al ritmo de proyectos inmobiliarios, y los costos de esa transformación lo asumen sus habitantes. Los fundamentos de estas preocupaciones, se exponen en cuatro partes: la deficiente o nula planificación urbana; sus efectos en la calidad de vida y en el derecho a la ciudad; la situación de la población rural frente a los fraccionamientos agrícolas; y las medidas concretas que solicitamos al Concejo Cantonal adoptar.
PRIMERO. - LA DEFICIENTE O NULA PLANIFICACIÓN URBANA
1.1. La Constitución asigna a los GAD Municipales, como competencias exclusivas, planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, y preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón (artículo 264 numerales 1, 2 y
. El artículo 415 ordena, además, que los gobiernos autónomos descentralizados adopten políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano e incentiven el establecimiento de zonas verdes. El COOTAD desarrolla estas competencias en sus artículos 54 literales c) y o), 55 literales a), b) y h), y 57 literales e), w) y x). Planificar la ciudad, por tanto, no es una opción de gestión: es un deber jurídico cuyo incumplimiento compromete derechos.
1.2. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) establece como principio rector la función pública del urbanismo, en virtud de la cual toda decisión sobre planificación y gestión del suelo debe adoptarse sobre la base del interés público, ponderando las necesidades de la población y garantizando la vivienda adecuada, el hábitat seguro y saludable, un espacio público de calidad y el disfrute del patrimonio natural y cultural (artículo 5 numeral 7). La misma ley dispone que el plan de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios son vinculantes, y que son nulos los actos administrativos de autorización contrarios a ellos (artículo 15); que los planes parciales son obligatorios cuando se modifican usos de suelo o se autoriza un mayor aprovechamiento (artículo 34, sustituido por la reforma publicada en el Registro Oficial 320-4S de 7 de julio de 2026); y que solo puede autorizarse un mayor aprovechamiento en los polígonos que el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios expresamente permitan, siendo inválida cualquier otra autorización (artículo 72).
1.3. Frente a ese marco, la realidad de Cuenca muestra que la densificación y el incremento de alturas en sectores urbanos consolidados se han venido autorizando sin planes parciales o especiales que determinen previamente la capacidad de soporte de las redes de agua potable y alcantarillado, de la vialidad, de la movilidad, del espacio público y de los equipamientos; sin estudios de tramo ni de paisaje; y sin una evaluación del impacto acumulado de las autorizaciones otorgadas. La norma general ha sido sustituida, en la práctica, por resoluciones y criterios particulares.
1.4. Esta ausencia de planificación es especialmente grave en tres sectores:
a) El Centro Histórico y El Barranco del Tomebamba. El Centro Histórico de Cuenca integra la Lista del Patrimonio Mundial desde 1999. El Plan Especial de El Barranco, aprobado por el Concejo Cantonal el 31 de enero de 2003, ha sido contradicho por autorizaciones posteriores, como la edificación levantada en el espacio que ese plan reservaba para el Parque Puente Roto y dos edificaciones, que impiden las visuales hacia la Iglesia de Todos Santos. Por más de dos décadas se ha ofrecido un plan especial de manejo que hasta hoy no se ha concretado en un instrumento actualizado, y esa falta de norma no puede seguir sirviendo de pretexto para aprobaciones lesivas. Seguro existirán observaciones por parte del Comité del Patrimonio Mundial, como responsable de supervisar la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y de su órgano asesor ICOMOS, que es urgente realice un monitoreo y observaciones a fin de que esta degradación no continúe.
Esta debilidad no es nueva. Mauricio Montalvo, ex Delegado Permanente Adjunto del Ecuador ante la UNESCO (1996-2001), relata en su artículo “La diplomacia ecuatoriana y el patrimonio mundial” (Revista AFESE No. 37, pp. 81-96) que, al evaluar la candidatura de Cuenca, el ICOMOS, organismo consultor que examina las nominaciones para el Comité, formuló dos observaciones principales: “la ausencia de una adecuada zona de protección del Centro Histórico y la falta de un inventario detallado y actualizado de los bienes culturales protegidos en el Centro Histórico”, y recomendó posponer la inscripción. Según el mismo autor, fue una urgente gestión de la Delegación Permanente, apoyada en la respuesta técnica de la Municipalidad, la que logró que la Mesa del Comité (París, julio de 1999) descartara esa recomendación; la inscripción se confirmó en Marrakech el 4 de diciembre de 1999.
Aunque el autor sostiene que la Alcaldía de entonces había atendido esos criterios, lo cierto es que la zona de protección y el inventario fueron precisamente los aspectos que el órgano técnico consideró deficientes, y son hoy los que más se han debilitado. Cuenca obtuvo la declaratoria asumiendo el compromiso de proteger adecuadamente su Centro Histórico y su entorno. Veintisiete años después, no se ha delimitado un área de protección hacia El Barranco del Tomebamba, el área histórica se ha reducido y se autorizan edificaciones en altura en su entorno inmediato. Lo que en 1999 fue una observación superada por la vía diplomática podría convertirse hoy en fundamento para que el Comité incluya al Centro Histórico de Cuenca en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
b) El Ejido. Sector concebido bajo el modelo de ciudad jardín del plan regulador de mediados del siglo XX (Gatto Sobral 1947) y reconocido por su valor urbanístico y patrimonial, viene siendo sometido a sustituciones y edificaciones en altura que alteran su morfología, su arbolado, sus retiros y su carácter residencial, sin un instrumento de planificación que ordene esa transformación y, más aún, afecta las visuales hacia el área patrimonial Barranco de El Tomebamba.
c) Cazhapata – Puertas del Sol. Sector residencial consolidado junto al río Tomebamba, en el que se ha concentrado la construcción vertical de alto costo. El resultado ha sido la degradación que se expresa en: la congestión vehicular, presión sobre los servicios, pérdida de asoleamiento y de visuales, y afectación del paisaje ribereño.
1.5. ONU-Hábitat ha señalado que el control urbanístico es una función pública esencial para la gobernanza de las ciudades, que ese control debe ejercerse sin quedar permeado por intereses particulares, en especial rentistas, que desplacen al bien común, y que la porosidad de los sistemas normativos y la escasa eficacia del control están entre los principales obstáculos para una transformación urbana adecuada. En la misma línea, la investigación en salud urbana del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal, 2024) muestra que la forma urbana, el transporte, la calidad ambiental y la salud están profundamente interconectados, por lo que la planificación debe integrar consideraciones de salud, sostenibilidad ambiental y cultural, con equidad social, y no limitarse a la edificabilidad.
Cuando el municipio no planifica, el mercado planifica por él. Esa es, en síntesis, la situación que hoy vive Cuenca.
Se ha escuchado que, las decisiones municipales de densificación del suelo, permiten un crecimiento concéntrico de la ciudad, argumento válido; se ha señalado que permitirá el acceso a un suelo menos costoso, falso, se ha generado una especulación en beneficio de pocos actores; y, se han degradado las áreas patrimoniales y las áreas urbanas consolidadas.
SEGUNDO. - EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EN EL DERECHO A LA CIUDAD
2.1. El artículo 31 de la Constitución reconoce a las personas el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural, y establece que su ejercicio se basa en la gestión democrática de la ciudad y en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad. El artículo 30 garantiza el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. La LOOTUGS recoge el derecho a la ciudad como principio rector, exigiendo que la función social y ambiental de la propiedad anteponga el interés general al particular (artículo 5 numeral 6), y orienta todas las competencias urbanísticas a la efectividad de esos derechos (artículo 6).
Normas que atienden intereses particulares
2.2. Cuando los parámetros de altura, ocupación y uso se incrementan sin plan, la plusvalía que esa decisión pública genera es apropiada privadamente por los promotores, mientras los costos (redes saturadas, congestión, pérdida de paisaje, desplazamiento de residentes) se trasladan a la colectividad. Ello contraviene el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios (artículo 5 numeral 8 de la LOOTUGS), el derecho de la sociedad a participar en los beneficios producidos por la planificación y la obligación de controlar las prácticas especulativas sobre inmuebles, en materialización de la función social y ambiental de la propiedad(artículo 7 numerales 3 y 4), así como el régimen de concesión onerosa de derechos, cuyos recursos deben destinarse a infraestructura, vivienda de interés social, equipamiento y garantía del derecho a la ciudad (artículos 72 y 73).
Destrucción de áreas urbanas consolidadas y de valor urbanístico
2.3. La LOOTUGS dispone que al suelo urbano consolidado se le apliquen tratamientos de conservación, sostenimiento o renovación (artículo 42 numeral 1), no una densificación indiscriminada. Más aún, la reforma de julio de 2026, al incorporar el artículo 39.3, reconoce expresamente el valor jurídico de los entornos urbanos consolidados cuya morfología, volumetría, perfil urbano, alineaciones y alturas se encuentran homogéneamente definidos, y considera relevante la ruptura de la continuidad urbana, del paisaje urbano o de la imagen de conjunto. Si el propio legislador protege la coherencia de esos tejidos, no puede ser la Municipalidad la que, con sus autorizaciones, los rompa. Es urgente la intervención de los legisladores cantonales para corregir estas distorsiones y evitar sanciones.
2.4. El Centro Histórico, El Ejido y Cazhapata - Puertas del Sol, son precisamente tejidos consolidados que dan identidad y valor a la Cuenca patrimonial. Su sustitución por edificaciones que compiten con el paisaje, anula visuales y alteran la escala del conjunto, constituye una pérdida irreversible, que además expone a la ciudad al supuesto previsto en el artículo 11 numeral 4 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, esto es, su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Recordamos que, según el artículo 144 del COOTAD, los bienes declarados patrimonio de la humanidad se sujetan a los instrumentos internacionales, y que los artículos 4 y 5 de dicha Convención, obligan al Estado, y con él a la Municipalidad, a su identificación, protección, conservación y rehabilitación, la que ha sido nula.
Las edificaciones en altura que están autorizadas no han considerado el impacto urbanístico, la pérdida de área verde, soleamiento, servidumbres de vista, entre otras afecciones a la calidad de vida urbana. La explotación del suelo y su rentabilidad parece que se ha convertido en el elemento sustancial que orienta y define la planificación.
Colapso de servicios en beneficio económico de los promotores
2.5. Las redes de agua potable y alcantarillado, las vías locales, la capacidad de estacionamiento, la recolección de desechos y los espacios verdes de estos sectores fueron dimensionados para densidades muy inferiores a las que hoy se autorizan. La densificación sin estudio previo de capacidad de soporte produce sobrecarga, deterioro de la calidad del servicio y obras correctivas que termina financiando toda la ciudadanía, mientras la rentabilidad queda en manos privadas. La evidencia científica citada advierte que los beneficios atribuidos a la “ciudad compacta” no son automáticos ni universales: dependen de que la densidad venga acompañada de transporte público, espacios verdes y servicios suficientes, que es exactamente lo que no se ha planificado.
Deterioro de la calidad de vida y desplazamiento de residentes
2.6. Los efectos ya son visibles. Diario El Mercurio (10 de agosto de 2025) documentó como síntomas de gentrificación y turistificación en Cuenca, el aumento del valor del suelo, el desplazamiento de residentes del Centro Histórico, más de 3.000 inmuebles ofertados en plataformas de alquiler temporal y la canasta básica más cara del país (USD 861,46 según el IPC de julio de 2025 del INEC). En la misma publicación, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana reconoció que el alquiler temporal pasó de alrededor de 400 a 2.000 unidades en cuatro años y que cerca del 30 % de las transacciones corresponde a inversionistas.
Por su parte, representantes estudiantiles de la FEUE Cuenca han alertado que los arriendos ya no están pensados para quienes trabajan y estudian en la ciudad (Radio Pichincha, 11 de julio de 2025), en un contexto en el que los especialistas recuerdan que una vivienda adecuada no debería absorber más del 30 % del ingreso del hogar.
2.7. La doctrina latinoamericana sobre el derecho a la ciudad (Carrión y Dammert-Guardia, editores, Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, CLACSO, FLACSO Ecuador e IFEA, 2019) advierte que los bienes urbanos encierran una tensión permanente entre su valor de uso y su valor de cambio, y que cuando la ciudad se convierte en mercancía y la especulación prioriza el valor de cambio, la ciudad se vuelve excluyente y deja de funcionar como tal. La experiencia de otras ciudades de la región, analizada en esa misma obra, muestra cómo determinadas tendencias de edificación terminaron por destruir el valor de uso de la ciudad y de la vivienda. Cuenca todavía está a tiempo de evitar ese resultado.
TERCERO. - LA RURALIDAD: SE OFRECE RESPETAR LA PROPIEDAD Y REDUCIR EL LOTE MÍNIMO, PERO SE NIEGAN LOS FRACCIONAMIENTOS
El derecho a la ciudad se ejerce, según el artículo 31 de la Constitución, bajo el principio de equilibrio entre lo urbano y lo rural. La falta de coherencia de la gestión municipal no afecta solo al área urbana: alcanza también, y con especial dureza, a la población rural del cantón.
El compromiso público asumido con la población rural
3.1. Como es de conocimiento público, en el debate de las últimas reformas al Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), que se suspendieron por el reclamo ciudadano, fundamentalmente de la población rural gravemente afectada por la pretensión de intromisión y lesión de su derecho de libertad de propiedad, el señor Alcalde, Ing. Cristian Zamora Matute, junto con el Concejo Cantonal, desechó la propuesta aprobada en primer debate relativa al artículo 8 innumerado a continuación del artículo 117 de la Ordenanza que reforma a la Ordenanza que regula el uso, gestión y aprovechamiento del suelo urbano y rural, y actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la sanción del Plan de Uso y Gestión de Suelo.
3.2. En el seno del Concejo, y ante las múltiples reclamaciones de la población rural, se discutió la legalidad y constitucionalidad de esa propuesta, que pretendía calificar, en contra de normas expresas, como urbanizaciones a los fraccionamientos agrícolas del suelo rural de producción (artículo 471 del COOTAD), y exigir en ellos vías de 8 metros de ancho, la ejecución de obras y la cesión de suelo. Esas exigencias son propias de los procesos de urbanización de predios urbanos y de predios rurales de expansión urbana, esto es, de la consolidación del suelo urbano o de la conversión del suelo de expansión en suelo efectivamente urbanizado. Trasladarlas al suelo rural de producción desconoce su naturaleza: un fraccionamiento agrícola no encaja en la descripción jurídica de un proceso de urbanización ni en sus exigencias, precisamente porque se ubica en suelo rural de producción.
3.3. El debate supuso varios encuentros y socializaciones. En ellos, el señor Alcalde afirmó de manera pública y expresa que en la ruralidad se respetaría el derecho de propiedad y el derecho a dividir, vender y donar los predios rurales, siempre respetando las condiciones de ese suelo, sin la obligación de dotar de vías ni de infraestructura, y reconociendo la accesibilidad a las propiedades a través de senderos, caminos vecinales y servidumbres. Se afirmó, además, que se respetaría el acceso a la vivienda rural, es decir, el derecho a una vivienda digna como componente del Buen Vivir y obligación de todos los niveles de gobierno, de acuerdo con las determinantes establecidas en las ordenanzas vigentes y en la normativa nacional.
La actuación de la Dirección General de Control Municipal
3.4. A pesar de que las máximas instancias legislativa y ejecutiva de la Municipalidad, órganos de representación popular, decidieron no aprobar los artículos en mención, la Dirección General de Control Municipal, que parece ajena a esos acontecimientos públicos pese a haber participado en el debate del Ilustre Concejo por medio de sus personeros, aplica hoy indebidamente, en sus respuestas a los administrados, una norma no atinente y contraria, que el legislativo cantonal no aceptó por oponerse al ordenamiento orgánico y cantonal. El Concejo Cantonal y el Ejecutivo expresaron su respaldo a la real naturaleza del suelo rural de producción, que no implica cesión de suelo ni ninguna de las obligaciones propias de la urbanización.
El paisaje natural, parte del área rural de protección, que envuelve a la ciudad está siendo degradado por la ampliación de la frontera agrícola y por la invasión de las colinas con vivienda y la mancha urbana, lo que conlleva la destrucción del hábitat rural, la biodiversidad, los bosques y la vegetación protectora de las fuentes hídricas.
3.5. Esa Dirección no ha permitido que los propietarios de predios rurales de producción fraccionen su suelo siguiendo los procedimientos determinados por la ley. Para justificar su negativa, y encubrir la desviación de poder y la arbitrariedad, recurre a interpretaciones extensivas y a analogías que en derecho público no caben, desconociendo las normas orgánicas que regulan dichos fraccionamientos.
Exige obras, cesiones gratuitas y niega la aprobación por decir no tener competencia para aprobar los accesos, cuando es claro, que esos accesos son privados y que su cesión gratuita y voluntaria permite la conformación de una estructura vial pública.
3.6. Además, omite dar respuesta, dilata e incumple los términos que tiene para atender las peticiones y actúa, por decir lo menos, de manera irresponsable: inventa requisitos, genera trabas sin sustento, desvía el poder y desconoce su obligación de servicio. Solo genera caos en el área rural.
3.7. Ese accionar, contrario a todos los pronunciamientos de los ediles y del burgomaestre, provoca desorden en la tenencia y propiedad del suelo rural, termina precarizándola y promueve, en la práctica, los mismos fraccionamientos irregulares que esta administración denuncia.
3.8. Surge así una paradoja: cuando los administrados acuden a las vías legítimas diseñadas por el ordenamiento jurídico, encuentran trabas constantes, traducidas en interpretaciones aisladas y arbitrarias que demoran trámites apegados a las normas cantonales y nacionales.
3.9. La postura de la administración busca frenar los fraccionamientos irregulares del suelo rural de producción y del suelo rural de protección, que se han intensificado y agravado en los últimos años por la falta de control municipal, desnaturalizando la vocación y el destino que debe darse al uso del suelo en esos sectores. Esa finalidad, sin embargo, no puede alcanzarse cerrando la puerta a quienes, precisamente, siguen los canales regulares, sin fraude a la ley, respetando el lote mínimo, las regulaciones de uso y ocupación vigentes y los demás requisitos y condiciones previstos en la normativa.
La presión sobre el suelo rural se explica también por la deficiente planificación urbana que favorece la gentrificación, expulsando a los habitantes urbanos hacia el suelo rural.
Las consecuencias de negar los fraccionamientos regulares: posesión irregular, prescripciones y caos catastral
3.10. El fraccionamiento agrícola autorizado no es una concesión graciosa al propietario: es la herramienta de orden territorial con la que la Municipalidad controla que las parcelas resultantes respeten el lote mínimo, el uso y la vocación del suelo rural de producción, y que cada nuevo predio quede debidamente identificado, inscrito y catastrado. Por ello el artículo 472 del COOTAD exige a notarios y registradores de la propiedad la autorización municipal para suscribir e inscribir una escritura de fraccionamiento. Aprobar oportunamente los fraccionamientos que cumplen la norma es, en consecuencia, la forma más eficaz de garantizar el orden en el área rural.
3.11. A ello se suma un efecto aún más grave: la negativa empuja a los propietarios hacia prácticas cuestionadas, como el uso de juicios de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre fracciones de predios rurales, con frecuencia entre familiares o con el allanamiento del propio titular, con el único propósito de obtener por vía judicial el título individual que la Municipalidad no permite obtener por la vía administrativa. Por ese camino se eluden el lote mínimo y los demás parámetros del Plan de Uso y Gestión de Suelo, se recarga a la Función Judicial con procesos que no responden a una posesión real y se consolida, con apariencia de legalidad, la división desordenada del territorio rural. Lejos de contener el caos, la negativa lo multiplica.
3.12. Finalmente, los fraccionamientos de hecho y las adjudicaciones por prescripción impiden un catastro adecuado de la propiedad rural. El artículo 139 del COOTAD obliga a la Municipalidad a formar, administrar y actualizar cada dos años los catastros urbanos y rurales, y el artículo 100 de la LOOTUGS dispone que la información catastral sea el insumo principal de los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Cuando la tenencia real del suelo discurre por fuera de los registros, la Municipalidad se priva de información fundamental para planificar, dotar de servicios, prevenir riesgos y recaudar con equidad los tributos prediales. Un municipio que no sabe cómo está dividido su suelo rural no puede ordenarlo.
Resulta una falacia que se diga y se proclame a viva voz que se reduce el lote mínimo, mientras se niega la aprobación de los fraccionamientos: de nada sirve un lote mínimo menor si la Dirección General de Control Municipal no permite fraccionar. Persistir en esta negativa sería una burla a los habitantes y propietarios del suelo rural de producción.
CUARTO. - PETICIONES
Con fundamento en las normas constitucionales y legales vigentes, solicitamos al I. Concejo Cantonal, lo siguiente:
4.1. Suspensión de autorizaciones por el plazo de un año
El artículo 475 del COOTAD faculta al Concejo a acordar la suspensión, hasta por un año, del otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificación, en sectores comprendidos en un perímetro determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en los planes de ordenamiento territorial. En aplicación de esa norma, solicitamos:
4.1.1. Que se acuerde la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento y de edificación nueva o de ampliación en altura o volumen, en los perímetros que la resolución delimite técnicamente para: a) el Centro Histórico de Cuenca, incluidos El Barranco del Tomebamba y su área de influencia, suspensión que deberá mantenerse hasta contar con el plan solicitado en el numeral 3, el cual deberá aprobarse dentro de ese mismo plazo; b) El Ejido; y, c) el sector Cazhapata – Puertas del Sol, cuyas condiciones urbanas se han degradado. La suspensión no alcanzaría a las intervenciones de conservación, mantenimiento, restauración o rehabilitación que no incrementen alturas ni volumen.
4.1.2. Que, durante ese año, la administración municipal realice un balance técnico de las autorizaciones otorgadas en esos perímetros y de su impacto sobre los servicios públicos (en coordinación con ETAPA EP y CENTRO SUR), la movilidad, el espacio público, el paisaje, el patrimonio y la población residente, y que sobre esa base se ajuste la normativa urbanística correspondiente.
4.1.3. Que las autorizaciones ya otorgadas en dichos perímetros y aún no ejecutadas sean revisadas a la luz del artículo 39.1 de la LOOTUGS, que permite modificar, suspender o revocar, mediante resolución motivada, aquellas incompatibles con declaratorias patrimoniales o con proyectos de interés público, y que niega la calidad de derecho adquirido a las autorizaciones obtenidas con fines especulativos o para congelar parámetros urbanísticos; así como del artículo 15 de la misma ley, respecto de los actos contrarios al plan de uso y gestión de suelo.
4.1.4. Que la Municipalidad convoque formalmente a promotores e inversionistas inmobiliarios a dirigir su inversión hacia el suelo urbano no consolidado, en el que la LOOTUGS prevé tratamientos de mejoramiento integral, consolidación o desarrollo (artículo 42 numeral 2), mediante planes parciales, unidades de actuación urbanística e incentivos regulados por ordenanza, de modo que su actividad genere valor urbanístico, espacio público, equipamientos y vivienda, en lugar de degradar las áreas consolidadas que sostienen a la Cuenca patrimonial.
4.2. Ajustes a la normativa urbanística que restablezcan y garanticen la calidad de vida
Que, dentro del mismo plazo y con participación ciudadana (artículo 38 de la LOOTUGS y artículo 54 literal d) del COOTAD), se reformen el plan de uso y gestión de suelo y las ordenanzas pertinentes para, al menos:
a) Exigir, como requisito previo a toda autorización que incremente densidad o altura, un informe de capacidad de soporte de los servicios de agua potable, alcantarillado, vialidad y movilidad, y una evaluación del impacto acumulado por sector;
b) Fijar alturas, retiros y coeficientes de ocupación compatibles con el tramo.
c) Exigir estudios sobre los impactos en el paisaje y la atención a las condiciones de asoleamiento, ventilación y privacidad de los predios colindantes;
d) Impedir que resoluciones o autorizaciones singulares sustituyan a la reforma de la norma general;
e) Condicionar todo mayor aprovechamiento a la existencia de un plan parcial y al pago de la concesión onerosa de derechos, con destino preferente a infraestructura y espacio público del sector afectado (artículos 34, 72 y 73 de la LOOTUGS);
f) Establecer los estándares urbanísticos de espacio público, áreas verdes, protección del paisaje y previsión de vivienda social que exige el artículo 43 de la LOOTUGS;
g) Regular los usos que desplazan la vivienda permanente, en particular el alquiler temporal, en el Centro Histórico y en los sectores residenciales consolidados; y,
h) Transparentar, en un registro público y accesible, todas las autorizaciones urbanísticas otorgadas, con sus parámetros y fundamentos.
4.3. Plan urgente para el Centro Histórico
Que se disponga la formulación y aprobación urgente, dentro del plazo de suspensión, de un plan especial o plan urbanístico complementario para el Centro Histórico de Cuenca (artículos 31, 32 y 38 de la LOOTUGS y 144 del COOTAD), que integre y actualice el Plan Especial de El Barranco de 2003 y que contenga, como mínimo: la gestión y conservación del patrimonio edificado, del paisaje y de las visuales, con especial atención a El Barranco y a la Bajada de Todos Santos; la delimitación de una zona de protección o de amortiguamiento del Centro Histórico que comprenda El Barranco del Tomebamba y su área de influencia, y la actualización del inventario detallado de los bienes culturales protegidos, deficiencias que ya advirtió el ICOMOS en 1999; una política de vivienda y de permanencia de sus residentes, con incentivos para habitar el centro y vivienda de interés social; la regulación de usos de suelo y del alquiler temporal; la movilidad y el espacio público; y mecanismos eficaces de control y sanción. Su elaboración debe contar con la participación de los barrios, la academia, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Vice Ministerio de Cultura, y guardar coherencia con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador ante la UNESCO.
4.4. Fiscalización de la Dirección General de Control Municipal por la negativa a aprobar fraccionamientos rurales
Que el Concejo Cantonal, en ejercicio de su facultad de fiscalización (artículos 29, 57 literal m) y 58 literal d) del COOTAD), inicie un proceso de fiscalización de la actuación de la Dirección General de Control Municipal y el ejecutivo cantonal respecto de los trámites de fraccionamiento agrícola en suelo rural de producción, y que, para el efecto:
a) Requiera a dicha Dirección un informe pormenorizado de los trámites de fraccionamiento agrícola presentados desde el debate de las reformas al Plan de Uso y Gestión de Suelo, con indicación de su estado, de los tiempos de atención y de los fundamentos normativos de cada negativa, observación o requerimiento;
b) Verifique si en esos trámites se han exigido cesión de suelo, apertura de vías, dotación de infraestructura u otros requisitos propios de la urbanización, o si se ha aplicado, directa o indirectamente, el contenido de los artículos innumerados 7 y 8 a continuación del artículo 117 que el Concejo Cantonal no aprobó;
c) Verifique el cumplimiento de los términos legales para atender las peticiones de los administrados y del criterio expresado por el señor Alcalde en la Resolución No. SG-239-2025, de 29 de septiembre de 2025, sobre la naturaleza de los fraccionamientos agrícolas y la cesión gratuita y voluntaria de caminos privados para que se conviertan en caminos públicos;
d) Convoque al titular de la Dirección General de Control Municipal a comparecer ante el Concejo Cantonal o ante la comisión que corresponda, para que explique los fundamentos de su actuación frente a lo expresado por el Ejecutivo y el Legislativo cantonal;
e) De verificarse irregularidades, disponga las acciones administrativas y disciplinarias que correspondan y requiera al Ejecutivo que instruya a la Dirección General de Control Municipal tramitar los fraccionamientos agrícolas conforme al artículo 471 del COOTAD y a la real naturaleza del suelo rural de producción; y,
f) Ponga en conocimiento de la ciudadanía, y en particular de los suscritos, los resultados de la fiscalización.
Adicionalmente, solicitamos ser recibidos en Comisión General ante el Concejo Cantonal para exponer y ampliar los fundamentos de este pedido, y que se nos dé respuesta motivada dentro del término legal.
Cuenca no se opone a la inversión ni al crecimiento. Se opone a que su crecimiento se decida sin plan, a espaldas de quienes la habitan y en contra de los valores que la hicieron Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son nuestros derechos, los de la ciudad, los de nuestra identidad y pertenencia, los que están en riesgo; por ello es imprescindible una decisión urgente del Concejo Cantonal.
Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en los correos electrónicos tarquino.orellana@gmail.com, jpvidalegal@gmail.com, ccastroriera@hotmail.com y en la oficina jurídica VBC ubicada en la avenida Remigio Tamariz 4-49 y Remigio Romero de esta ciudad de Cuenca.
Suscribimos en el respeto a sus autoridades y en el compromiso con los más altos intereses de Cuenca.
Dra. Ana Luz Borrero Vega, Ph.D. Dr. Carlos Castro Riera
Lcdo. René Cardoso Segarra Arq. Gustavo González Galarza
Dr. Tarquino Orellana Serrano Dr. Juan Pablo Vidal Durán
C.c.
Señores candidatos a la Alcaldía y Concejalía del cantón Cuenca
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