#Ecuador|| Recuento de las promesas por cada administración:
Gobierno de Lenín Moreno (2018-2021): Se centró en el discurso de la "emergencia puntual". Hubo al menos tres anuncios grandes de inversión para estabilizar taludes críticos, pero la realidad se limitó a contratos de limpieza de derrumbes y parches asfálticos que duraban apenas una temporada.
Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023): El enfoque giró hacia el Kilómetro 49. Tras varios cierres prolongados, el Gobierno anunció con fuerza la estabilización de ese punto con una inversión de 8 millones de dólares y prometió incluir la vía en un macroplan de concesiones privadas que nunca llegó a licitarse.
Gobierno de Daniel Noboa (2023-2026): Bajo la bandera de la reconstrucción tras años de abandono, el discurso actual se apoya en el financiamiento externo. En 2025 se anunció el crédito del Banco Mundial y, recientemente en febrero de 2026, se formalizó la adjudicación de 21.6 millones de dólares para una "rehabilitación integral". 
#ALERTA | El 11 de febrero, periodistas enfrentaron restricciones arbitrarias, empujones y expresiones intimidatorias durante una rueda de prensa convocada por el gobernador de El Oro.
El acceso a información pública no puede depender de decisiones discrecionales ni de criterios selectivos.
Fundamedios exhorta a garantizar el ingreso igualitario de la prensa y a transparentar los protocolos de acceso.
#Ecuador|| Al ser una ley de carácter económico urgente, la Asamblea tiene un plazo de 30 días (hasta fines de febrero de 2026) para aprobarla, modificarla o negarla; de lo contrario, entraría en vigencia por el "ministerio de la ley". El núcleo del conflicto en esta reforma es que busca agilizar la inversión minera eliminando la licencia ambiental en las etapas iniciales y reemplazándola por una simple "autorización". Este cambio es peligroso porque la licencia actual obliga a realizar estudios de impacto profundos, mientras que el nuevo permiso suaviza los controles preventivos. Al priorizar la rapidez del trámite sobre la protección del entorno, el Estado estaría permitiendo que actividades de exploración avancen sin garantías claras, lo que constituye una regresión de derechos prohibida por la Constitución, que exige que los estándares ambientales nunca retrocedan.Además, al extender los plazos de exploración hasta por quince años, la ley otorga una suerte de "blindaje" a las empresas que podría chocar con la necesidad futura de proteger nuevas fuentes de agua o ecosistemas frágiles. Esta urgencia económica también pone en riesgo la consulta previa a las comunidades, ya que se intenta validar la intervención en el territorio como un proceso administrativo rápido en lugar de un derecho fundamental. En definitiva, la reforma transforma la protección de la naturaleza en un obstáculo que se intenta sortear, dejando a la biodiversidad vulnerable frente a la rentabilidad inmediata. La actual presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales es la asambleísta por la provincia de #Azuay, Camila León para el caso actuaría de manera consultiva. 
