Libertad de expresión bajo presión.
En el gobierno de Daniel Noboa, la libertad de expresión atraviesa un momento crítico que no puede entenderse como una simple suma de conflictos aislados. El reciente Informe sobre el estado del periodismo elaborado por organismos de derechos humanos, revela un patrón de presiones legales, económicas y políticas que configuran un escenario adverso para la crítica y el debate público. Estos hechos deben analizarse como la reacción del gobierno a la oposición principalmente popular, las contradicciones interburguesas y los choques que los diferentes grupos económicos mantienen para sostener su influencia política y económica.
En la actualidad, el deterioro del entorno para el ejercicio periodístico es evidente. Diversos reportes señalan el incremento de agresiones y mecanismos de hostigamiento, muchos de ellos provenientes de actores estatales o relacionados con el poder político, quienes en varias ocasiones han acosado y golpeado a periodistas de medios comunitarios o digitales.
Otro elemento que alarma es la forma en que el Gobierno busca reorganizar el mapa mediático a su conveniencia. Las denominadas compras “misteriosas” de medios como La Posta y Radio Centro, realizadas por la empresa Galamedios S.A.S., vinculada al asambleísta oficialista Luis Alvarado Campi, revelan una preocupante concentración mediática bajo intereses cercanos a Carondelet. La adquisición de La Posta, se concretó por 1 millón de dólares, mientras que el 80 % de Radio Centro fue comprado por 1,6 millones de dólares, sumando un total de 2,6 millones de dólares, sin que hasta hoy exista una explicación clara sobre el origen de los recursos utilizados en estas operaciones.
A ello se suman las observaciones en torno a la compra de acciones de medios tradicionales como El Universo, cuya propiedad pasó en 2026 a un grupo inversionista liderado por el empresario Yves Maia Pardini, radicado en Florida, junto con la firma Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano. Al siguiente día de esta compra, el medio de comunicación cambio su línea editorial a favor del gobierno y la mayoría de columnistas de opinión renunciaron.
El caso del diario Expreso y del grupo editorial que lo sostiene, evidencia también esta lógica. Investigaciones y acciones administrativas contra empresas vinculadas a medios críticos, han sido señaladas como posibles mecanismos de presión estatal, especialmente cuando estos medios publican reportajes que incomodan al poder político. Este tipo de acciones genera un clima de intimidación que afecta no solo a los periodistas, sino a toda la población.
Es evidente que, el grupo monopólico que nos gobierna busca influir en la propiedad de los medios de comunicación, restringir su financiamiento o someterlos a litigios prolongados para moldear su línea editorial. No se trata únicamente de controlar la información, sino de disputar el control ideológico de la sociedad y consolidar un aparato comunicacional funcional a los intereses del grupo de Noboa y las facciones burguesas que cogobiernan con él.
En este contexto, denunciar las violaciones a la libertad de expresión es parte de la lucha contra el autoritarismo de Noboa. Las agresiones a trabajadores de la comunicación, la censura a medios comunitarios y digitales, el cierre de programas, los despidos a periodistas, y la compra opaca de acciones de las empresas mediáticas son formas de censura que busca domesticar la crítica y ocultar las trafasías y corruptelas del actual régimen.
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