miércoles, 25 de febrero de 2026
#LaFuenteEc || Sin anestesia, Roberto Gilbert Febres Cordero le canta la verdad a María José Pinto: La medicina debe ser como el agua y la luz, jamás debe irse
El director de la Clínica Guayaquil lanzó un enérgico llamado a la vicepresidenta y ministra de Salud ante la crisis que golpea al sistema sanitario y ahoga financieramente a los prestadores privados
Gilbert advirtió que la institución ha enfrentado juicios por deudas con proveedores debido a la falta de pagos del Estado, situación que limita la atención de pacientes de alta complejidad con los insumos y tratamientos necesarios “Mal podemos recibir pacientes críticos si no tenemos cómo sostener su atención”, sostuvo
Alertó que no solo mueren pacientes por falta de diálisis o tratamiento oncológico, sino también por enfermedades cardíacas, especialidad en la que la clínica es referente nacional, incluidos trasplantes de corazón Hay casos, según relató, de personas que fallecen antes de acceder a atención o medicación permanente
Con 74 años y amplia trayectoria en gestión pública y sanitaria, el médico insistió en que se deben buscar soluciones urgentes y advirtió que la salud no puede paralizarse “La medicina debe ser como el agua y la luz para un país Jamás debe irse”
#ZamoraChinchipe || La mañana de ayer 22 de febrero de 2026, fueron detenidos Carlos Tendetza Antun, su hijo Wilson Tendetza Mashendo, su hija Myriam Jhuliana Tendetza Mashendo, su yerno Darwin Rubén Zamareño Borja y dos menores de edad que posteriormente fueron liberados. Los adultos fueron trasladados a audiencia de flagrancia en la Unidad Judicial de El Pangui.
El operativo militar contra la familia Tendetza Mashendo fue motivado por la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) un consorcio estatal chino CRCC-Tongguan, que opera el Proyecto de minería a gran escala Mirador. Según testimonios recogidos en la zona, personal militar —acompañado por guardias vinculados a la empresa— ingresó a la comunidad y procedió a destruir bienes de subsistencia de la familia Tendetza como una bomba de agua, alimentos y herramientas básicas de trabajo.
La familia Tendetza enfrenta una persecución sistemática por parte de la empresa minera ECSA y el Estado Ecuatoriano. En el 2014, José Tendetza, hermano de Carlos Tendetza, fue torturado y asesinado, en el marco del desalojo de la comunidad San Marcos sobre la que se construyó el complejo minero Mirador. El caso del asesinato de José Tendetza ahora se encuentra en instancias internacionales luego de todas las irregularidades que la justicia ecuatoriana mantuvo en este caso para proteger a la trasnacional minera ECSA.
Desde el 2019 que el proyecto entró ya en la fase de explotación, las amenazas y acoso a familias Shuar, especialmente contra la familia Tendetza no ha parado, en tanto que el proyecto minero Mirador les ha arrebatado progresiva y sistémicamente sus medios de subsistencia. El río Kiim del que dependía su alimentación, agua para la producción para beber y bañarse ahora está totalmente contaminado.
Mientras tanto el proyecto Minero Mirador en su segunda fase sigue ampliando en su dimensión, destruyendo selva virgen y contaminando ríos sin que se hayan cumplido plenamente los procesos de licencia ambiental y consulta exigidos por la normativa vigente.
Todo esto ocurre en un contexto de urgencia de el gobierno de Daniel Noboa Azin para que la Asamblea Nacional del Ecuador apruebe hoy la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía que pretende reducir los tramites para que las proyectos mineros avancen más rápido, además de otorgar protección militar en las zonas concesionadas.
Estos son los ‘bullies’ que el oficialismo activó contra Expreso
Por: Redacción Plan V
La Superintendencia de Compañías tiene desde el pasado 19 de febrero una oficina en diario Expreso. Esto después de que esa entidad interviniera el medio por pedido de otra institución pública: Inmobiliar. Esta última alega que Granasa, la casa editora de Expreso y Extra, no le ha entregado la información que solicitó porque desde enero pasado pasó a ser parte de los accionistas minoritarios de la empresa periodística. Granasa, en cambio, sostiene que esa información es sensible.
Pero esto solo es el último episodio de lo que Expreso ha llamado como un “hostigamiento” en su contra. El rotativo guayaquileño enfrenta desde septiembre pasado una serie de acusaciones sobre presunta evasión tributaria y lavado de activos, además de intentos por intervenir en su composición accionaria. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el grave precedente que el gobierno de Daniel Noboa está dejando en libertad de expresión. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideró como “un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor”. El medio ha dicho que mantendrá su línea editorial.
Plan V hace un recuento de este caso a través de la participación de las autoridades de entidades públicas y de control, la mayoría de ellas cercanas al presidente Daniel Nboa, que han protagonizado las presiones a Expreso.
Damián Alberto Larco Guamán. Fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 23 de noviembre de 2023 al 23 de septiembre de 2025. Dos semanas antes de dejar su cargo, el SRI inició una auditoría a 15 canillitas (personas dedicadas a la venta de periódicos al por mayor, entre ellos el diario Expreso) tras identificar presuntas “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. La institución, bajo la administración de Larco, informó sobre estas auditorías un día después de que La Posta (comprada por Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN) publicara un video sobre esa misma acusación. En ese boletín, Larco adelantó que en este caso habría un presunto “delito de defraudación tributaria”.
Granasa, la casa editora de los diarios Extra y Expreso, denunció no haber sido notificada de ninguna investigación y sostuvo que la información de La Posta tenía cifras alteradas. Hasta el momento, ese informe no ha sido notificado a Granasa, según relató el pasado viernes su procurador judicial, Eduardo Carmigniani.
Larco Guamán es un economista guayaquileño cercano al presidente Daniel Noboa, quien le dio su primer cargo en el sector público. Larco se estrenó como director del SRI durante el primer mandato de Noboa, hasta que fue electo vocal del Consejo de Judicatura y posesionado en la Asamblea el 24 de septiembre pasado. Larco fue parte de la terna que Noboa envió, en julio de 2025, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de su delegado en ese organismo. Durante su gestión en el SRI, la deuda del Grupo Noboa, de la familia del Mandatario, pasó de USD 94,6 millones a USD 6,1 millones el 26 de septiembre, registró diario Expreso. Esto es dos días después de que Larco dejara el cargo. Y cuatro días después, el 1 de octubre, la deuda quedó en 0.
Larco, sin experiencia en el ámbito judicial, se convirtió en presidente de la Judicatura después de una polémica designación en la madrugada del 18 de febrero pasado.
José Julio Neira Hanze. Es considerado uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de Noboa, pues ha acumulado 12 cargos clave en el Ejecutivo. Entre ellos está el de Secretario General de Integridad Pública y director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Después de la activación del SRI, Neira fue la primera autoridad que habló públicamente sobre el caso de Expreso. El 17 de septiembre pasado, el funcionario apareció en un video de tres minutos titulado “Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos”. Aunque Neira no es una autoridad tributaria, habló de un “patrón sospechoso” y de diferencias entre las compras y ventas realizadas por estos canillitas y proveedores del medio. En el texto de su publicación, el funcionario intentó relacionar este caso con el de Synohidro e involucrar al abogado de Expreso. La versión de Neira fue ampliada al siguiente día en un comunicado de la Presidencia y replicado en medios oficialistas. Granasa, en un comunicado, consideró a las declaraciones de Neira como un intento de intimidación.
Por: Redacción Plan V
La Superintendencia de Compañías tiene desde el pasado 19 de febrero una oficina en diario Expreso. Esto después de que esa entidad interviniera el medio por pedido de otra institución pública: Inmobiliar. Esta última alega que Granasa, la casa editora de Expreso y Extra, no le ha entregado la información que solicitó porque desde enero pasado pasó a ser parte de los accionistas minoritarios de la empresa periodística. Granasa, en cambio, sostiene que esa información es sensible.
Pero esto solo es el último episodio de lo que Expreso ha llamado como un “hostigamiento” en su contra. El rotativo guayaquileño enfrenta desde septiembre pasado una serie de acusaciones sobre presunta evasión tributaria y lavado de activos, además de intentos por intervenir en su composición accionaria. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el grave precedente que el gobierno de Daniel Noboa está dejando en libertad de expresión. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideró como “un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor”. El medio ha dicho que mantendrá su línea editorial.
Plan V hace un recuento de este caso a través de la participación de las autoridades de entidades públicas y de control, la mayoría de ellas cercanas al presidente Daniel Nboa, que han protagonizado las presiones a Expreso.
Damián Alberto Larco Guamán. Fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 23 de noviembre de 2023 al 23 de septiembre de 2025. Dos semanas antes de dejar su cargo, el SRI inició una auditoría a 15 canillitas (personas dedicadas a la venta de periódicos al por mayor, entre ellos el diario Expreso) tras identificar presuntas “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. La institución, bajo la administración de Larco, informó sobre estas auditorías un día después de que La Posta (comprada por Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN) publicara un video sobre esa misma acusación. En ese boletín, Larco adelantó que en este caso habría un presunto “delito de defraudación tributaria”.
Granasa, la casa editora de los diarios Extra y Expreso, denunció no haber sido notificada de ninguna investigación y sostuvo que la información de La Posta tenía cifras alteradas. Hasta el momento, ese informe no ha sido notificado a Granasa, según relató el pasado viernes su procurador judicial, Eduardo Carmigniani.
Larco Guamán es un economista guayaquileño cercano al presidente Daniel Noboa, quien le dio su primer cargo en el sector público. Larco se estrenó como director del SRI durante el primer mandato de Noboa, hasta que fue electo vocal del Consejo de Judicatura y posesionado en la Asamblea el 24 de septiembre pasado. Larco fue parte de la terna que Noboa envió, en julio de 2025, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de su delegado en ese organismo. Durante su gestión en el SRI, la deuda del Grupo Noboa, de la familia del Mandatario, pasó de USD 94,6 millones a USD 6,1 millones el 26 de septiembre, registró diario Expreso. Esto es dos días después de que Larco dejara el cargo. Y cuatro días después, el 1 de octubre, la deuda quedó en 0.
Larco, sin experiencia en el ámbito judicial, se convirtió en presidente de la Judicatura después de una polémica designación en la madrugada del 18 de febrero pasado.
José Julio Neira Hanze. Es considerado uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de Noboa, pues ha acumulado 12 cargos clave en el Ejecutivo. Entre ellos está el de Secretario General de Integridad Pública y director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Después de la activación del SRI, Neira fue la primera autoridad que habló públicamente sobre el caso de Expreso. El 17 de septiembre pasado, el funcionario apareció en un video de tres minutos titulado “Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos”. Aunque Neira no es una autoridad tributaria, habló de un “patrón sospechoso” y de diferencias entre las compras y ventas realizadas por estos canillitas y proveedores del medio. En el texto de su publicación, el funcionario intentó relacionar este caso con el de Synohidro e involucrar al abogado de Expreso. La versión de Neira fue ampliada al siguiente día en un comunicado de la Presidencia y replicado en medios oficialistas. Granasa, en un comunicado, consideró a las declaraciones de Neira como un intento de intimidación.
#ATENCION || El escándalo que sacude al Estado: poder, familia y justicia bajo sospecha
Lo que debería ser un sistema diseñado para vigilar al poder se ha convertido, peligrosamente, en un espacio donde el poder parece vigilarse a sí mismo. El nombramiento de la esposa del Contralor General en un cargo clave dentro del sistema pericial no es un simple hecho administrativo: es una señal alarmante de cómo las fronteras entre el interés público y el interés privado comienzan a desdibujarse. Cuando el núcleo familiar de quien controla al Estado pasa a ocupar posiciones estratégicas dentro del aparato judicial, la independencia institucional deja de ser una garantía y pasa a ser una promesa vacía.
El conflicto de interés no es una percepción, es un riesgo real. El Contralor tiene la capacidad de impulsar auditorías, denuncias y procesos que pueden definir el destino de ciudadanos y funcionarios, mientras el sistema pericial —pieza fundamental en esos mismos procesos— queda bajo la dirección de su entorno más cercano. Esta concentración de poder no solo es éticamente cuestionable, es institucionalmente peligrosa. Porque cuando el control y la influencia convergen en los mismos círculos, la transparencia deja de existir y el sistema pierde su equilibrio.
Más grave aún es la aparente contradicción en la declaración oficial donde se afirma que la funcionaria no es una Persona Expuesta Políticamente, pese a ser cónyuge de una de las máximas autoridades del Estado. Este tipo de omisiones no son detalles menores: son grietas que exponen la fragilidad de los mecanismos de control. Si las normas diseñadas para prevenir abusos pueden ser ignoradas por quienes están en la cúspide del poder, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: que la ley no es igual para todos.
El uso del sistema penal contra quienes cuestionan estos hechos agrava la crisis. Cuando el poder no responde con transparencia, sino con acciones judiciales, la fiscalización ciudadana se convierte en un riesgo y la democracia entra en terreno peligroso. Porque el verdadero escándalo no es solo un nombramiento o una declaración, sino la consolidación de un sistema donde el poder se protege, se blinda y se impone. Y cuando eso ocurre, el mayor daño no es político: es la destrucción de la confianza en el Estado y en la justicia misma.
Fuente: Leonardo López facebook.com/share/p/1F4Sh3
martes, 24 de febrero de 2026
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)