martes, 5 de mayo de 2026
LA CULTURA ESTÁ DE FIESTA
Cuenca disfrutará los días miércoles y jueves de la presente semana, dos acontecimientos culturales de primera, en homenaje a una mujer extraordinaria que llegó, en su juventud, desde tierras lejanas, para enamorarse y quedarse a vivir para siempre en la Cuenca que "canta y encanta", nos referimos a Doña Osmara de León, su nombre completo era Carmen Estrella Villamana Bretos. Nació en La Habana (Cuba), el 16 de julio de 1918, "bautizada" artísticamente como: "La bailarina de los pies descalzos". Multifacética: Pianista, novelista, escritora, teatrera.
Mañana miércoles a las 18h00 en el auditorio de la Universidad del Azuay, se hará la presentación del libro: "Osmara: en la pupila de la cámara", obra de Felipe Díaz Heredia. El público asistente disfrutará de un conversatorio en torno a la vida de Doña Osmara, con la intervención de Yasmin León, Catalina Yunga, y Felipe Díaz.
Para el jueves a las 19h00, en una de las salas de la Antigua Escuela Central, está previsto la inauguración de la muestra fotográfica: "En la pupila de la cámara", que explora la memoria, la imagen y su sensibilidad".
Radicada en Cuenca desde la década del 50, abrió su primera academia de danza llamada “Semblanzas Morlacas” en 1951.
Fue maestra de danza en el Conservatorio “José María Rodríguez”, pero también se dedicó a la radiodifusión a partir de 1955, en la emisora Ondas Azuayas.
Para la década del 60 se convirtió en la primera presentadora de televisión de Cuenca.
Hasta 2010 dirigió programas de radio, siendo el último “En el aire” y el noticiero.
Fue esposa del destacado pintor cuencano, Ricardo León.
Falleció el 10 de abril de 2011. (I)
El Observador
Las pruebas que vinculan a Roberto Luque con la gestión en Progen: ¿Qué se reveló?
Correos y memorandos exponen intervención en contratos eléctricos. Documentación interna revela decisiones clave en los proyectos con Progen
Una serie de correos electrónicos y memorandos internos evidencian la participación directa del entonces ministro de Energía, Roberto Luque, en el proceso de contratación con la empresa Progen, señalada por los fallidos proyectos termoeléctricos en Quevedo y Salitral.
Los documentos detallan la cadena de decisiones adoptadas en medio de la crisis energética de 2024, incluyendo actores involucrados, comunicaciones internas y acciones ejecutadas durante la emergencia del sector eléctrico.
Intercambios clave entre intermediarios y funcionarios
Uno de los registros principales corresponde a un correo fechado el 27 de mayo de 2024. En él, Karla Saud —accionista de Astrobryxa S.A. e intermediaria de Progen en Ecuador— se dirige a Luis Acuña, asesor de la Dirección General de Celec.
En el mensaje, Saud menciona el envío previo de una propuesta energética por 150 megavatios, remitida el 26 de abril de ese año a solicitud del Ministerio de Energía. Además, consulta si era necesario presentar una nueva cotización.
Para ese momento, Luque ejercía como ministro encargado y ya había declarado la emergencia del sector eléctrico.
Un día después, el 28 de mayo, se registró otro intercambio relevante. Peter Dreher Pozo, asesor del ministro, remitió documentación técnica a Byron Benalcázar, entonces subsecretario de Generación y Transmisión.
Estos insumos —que incluían fichas técnicas y términos de referencia— habían sido enviados previamente por Fabián Calero, gerente subrogante de Celec, “conforme a lo solicitado”.
En las comunicaciones constan como copiados tanto Luque como el coordinador jurídico del Ministerio, José Manuel de Oliveira, lo que ubica a las autoridades en la fase inicial de estructuración contractual.
La documentación también revela que Luque, Calero y Dreher realizaron un viaje a Miami, Estados Unidos, invitados por Progen.
El 14 de mayo de 2024, Luque solicitó a la canciller Gabriela Sommerfeld la reactivación urgente del pasaporte de Calero. En el oficio, justificó el desplazamiento como parte de las acciones para enfrentar la crisis energética.
Según el documento, entre el 15 y el 18 de mayo, autoridades del sector realizarían una visita “in situ” para verificar las ofertas de proveedores de energía emergente.
Sin embargo, meses después, la Contraloría determinó que Progen no era fabricante, pese a que el viaje se planteó para visitar su “fábrica”.
Control jurídico durante la emergencia
Las actuaciones se sustentaron en un memorando emitido el 23 de abril de 2024, mediante el cual Luque dispuso que las empresas del sector eléctrico debían contar con la validación del coordinador jurídico del Ministerio para contratar durante la emergencia.
El delegado para esta función fue José Manuel de Oliveira, sobre quien la Contraloría identificó indicios de responsabilidad penal.
Pese a estos elementos, la Fiscalía no incluyó a Luque, De Oliveira ni Dreher en la formulación de cargos dentro del caso Progen.
En cambio, sí procesó a 21 personas, entre ellas Karla Saud, Fabián Calero y el exministro Antonio Goncalves.
Posturas de los involucrados
Luque ha sostenido en entrevistas que su rol se limitó a establecer lineamientos generales y no a intervenir en contratos específicos. No obstante, no ha respondido solicitudes de entrevista directa sobre el caso.
Su abogado, Erick Leuschner, argumenta que empresas como Celec actuaron con autonomía y que el memorando emitido no establecía control previo sobre contrataciones particulares.
Por su parte, Antonio Goncalves rechazó su vinculación al proceso. Aseguró que no participó en ninguna fase de contratación con Progen y que el proceso ya estaba en marcha antes de asumir funciones.
Además, pidió a la Fiscalía investigar el destino de aproximadamente 110 millones de dólares entregados a la empresa, en el marco de una disputa legal que actualmente se tramita en una corte federal en Florida.
El caso Progen continúa en investigación y se mantiene como uno de los episodios más relevantes dentro de la crisis energética reciente en Ecuador, tanto por su impacto económico como por las implicaciones políticas y administrativas que involucra.
DETERIORO DE LA DEMOCRACIA POLÍTICA
Carlos Castro Riera
Los derechos establecidos en la Constitución tienen que ser defendidos al margen de cualquier interés, finalidad, objetivo o criterio ideológico, lo que incluye la defensa de los derechos de participación política, las diferentes formas de participación en democracia y más específicamente, los derechos y garantías relacionados con tener elecciones libres, verdaderamente competitivas, transparentes y democráticas, como fundamento y garantía de la legitimación jurídico política de quienes ejercen los poderes nacionales y locales, cuyo ejercicio debe hacerse respetando la Constitución y las leyes.
Para la realización de elecciones libres, auténticas y democráticas, se requiere que el órgano que dirige las elecciones actúe con rectitud, honestidad, independencia, objetividad fáctica y jurídica, transparencia, imparcialidad y sin inclinación o preferencia por tal o cual partido o movimiento político, o subordinado a intereses, cálculos o presiones políticas de cualquier gobierno de turno.
Estas condiciones implican un órgano electoral que no solo tenga legitimidad de origen, sino que sus actuaciones se ciñan permanente al ordenamiento jurídico y respete, en todo momento, principios tales como el de soberanía popular, división de poderes, pluralidad política, juridicidad, garantía de libertad e igualdad en la participación democrática y otros que fundamentan la democracia constitucional.
Lo más elemental que demandan los electores, es que el órgano electoral, actúe con respeto a las normas jurídicas electorales, y más todavía, cuando el contenido de dichas normas, es sencillo, claro, expreso y directo referido al cumplimiento de un plazo, que implica simplemente saber contar los días, manejar las más elementales operaciones de la aritmética como es sumar y restar.
Este es el caso de la norma jurídica contenida en el último inciso del artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral “Código de la democracia”, relacionado con la extinción de las organizaciones políticas, que dice:
“La cancelación de una organización política podrá ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral hasta ciento veinte días antes de la convocatoria a elecciones”.
Pero de la teoría jurídico constitucional y las normas jurídicas, a su acatamiento y práctica, existe una brecha abismal, en un país donde campea la manipulación leguleya de las leyes, lo cual se torna más delicado, cuando se trata de una función que, como la electoral, tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para construir eficazmente la arquitectura democrática y constitucional del Estado ecuatoriano.
El caso de la última resolución del CNE sobre la cancelación de la inscripción del registro de dos organizaciones políticas, evidencia la situación crítica de la democracia ecuatoriana, sus riesgos y consecuencias. Revisemos brevemente el caso.
La fecha de convocatoria a Elecciones Seccionales y CPCCS, según el calendario adelantado de elecciones, resuelto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el 1 de agosto del 2026.
El plazo que tenía el CNE para cancelar a una organización política, feneció el 3 de abril del 2026, pues a esa fecha, se cumplían los ciento veinte días de plazo referidos en el último inciso del art. 327 del Código de la Democracia.
La fecha en que el CNE resolvió la cancelación de la inscripción del movimiento Unidad Popular fue el 23 de abril del 2026, esto es, lo hizo fuera del plazo, ya que el plazo feneció el 3 de abril del 2026. Fuera del plazo máximo establecido por la Ley Orgánica Electoral, no cabe aplicar ninguna causal de extinción de una organización política, referidas en el art. 327 de dicha Ley, pues ha operado la preclusión, es decir, la pérdida o extinción de una facultad atribuida a un órgano público.
Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente técnico jurídico, ya había caducado la potestad sancionadora del CNE para la cancelación de una organización política, y, por lo tanto, la resolución asumida es contraria a una norma jurídica escrita, previa, clara y publica, lo cual atenta al derecho a la seguridad jurídica.
Pero este acto antijurídico y antidemocrático no solo violenta derechos políticos de tal o cual organización, sino que corroe los principios fundamentales que sustentan la forma republicana de gobierno y la democracia constitucional, todo lo cual abona a la descomposición institucional del país, la inseguridad jurídica y la credibilidad en la democracia.
A estos riesgos graves de la democracia, sobrevienen consecuencias relacionadas con la generación de un ambiente propicio de burla a las leyes, lo cual incentiva la corrupción, el cinismo, la antiética y finalmente la delincuencia, por lo que las acciones irregulares, ilegales y arbitrarias de entidades públicas, caminan en sentido contrario a la lucha contra la violencia y la inseguridad.
Es curioso lo que ocurre, también en nuestro país, quienes deberían ser los garantes de la democracia liberal “burguesa”, se encargan ellos mismos en destrozarla, lo cual conduce a un escenario de actuación de los “poderes salvajes” y violencia política, se diría una caricatura de democracia, ya sin reglas, donde reina la arbitrariedad y la fuerza. Es de esperar que todos los ciudadanos reflexionemos sobre lo que ocurre y a donde nos lleva todo este relajo.
CUATRO DETENCIONES POR DROGA Y CUATRO RESOLUCIONES FAVORABLES: EL CONTRATISTA VINCULADO AL ENTORNO NOBOA BAJO LA LUPA
El caso de José Luis Rivera Baquerizo vuelve a generar controversia tras conocerse un historial judicial que levanta cuestionamientos sobre su reiterada vinculación con procesos por narcotráfico.
Según información recopilada en expedientes y resoluciones judiciales, el ciudadano ha sido detenido en al menos cuatro ocasiones en operativos donde se halló cocaína oculta en contenedores vinculados a actividades logísticas y de exportación.
Sin embargo, en todos los procesos, la situación terminó con un mismo desenlace: decisiones judiciales o fiscales que no derivaron en condena, permitiendo su liberación o sobreseimiento.
Los casos incluyen incautaciones de droga en distintos años, donde se detectaron cargamentos que superaban decenas e incluso cientos de kilos de cocaína en contenedores inspeccionados en puertos del país. En cada operativo, Rivera Baquerizo figuró como delegado o representante en el proceso de verificación de carga, según los documentos revisados.
En marzo de 2026, la Fiscalía emitió nuevamente un dictamen abstentivo en uno de los procesos más recientes, lo que derivó en su liberación, repitiendo un patrón que ya se habría registrado en años anteriores.
De acuerdo con los antecedentes citados en el expediente:
• En 2020, se reportó la incautación de droga en un contenedor de exportación, proceso que terminó archivado.
• En 2022, otro cargamento fue detectado en condiciones similares, con posterior sobreseimiento.
• En 2024, un nuevo hallazgo de cocaína en un contenedor volvió a terminar sin acusación formal.
En todos los casos, la línea de defensa y las resoluciones fiscales/judiciales señalaron falta de elementos suficientes para sostener responsabilidad penal directa.
Los cuestionamientos no son solo por la repetición de los casos, sino el patrón:
cuatro detenciones en operativos relacionados con sustancias ilegales, y cuatro decisiones que terminaron sin condena.
En cuestionamientos de ciudadanos se habla sobre los controles en la cadena logística de exportación y el rol de los actores que intervienen en la inspección de contenedores.
INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO
Hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de Rivera Baquerizo en los casos mencionados. Las autoridades judiciales han sostenido en sus resoluciones la ausencia de elementos suficientes para vinculación penal directa.
El caso, sin embargo, pone en tela de duda la efectividad de los procesos de control y judicialización en delitos relacionados con narcotráfico en puertos del país.
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