viernes, 30 de noviembre de 2018


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El Doctor Andrés Páez Benalcázar, ex candidato a la Vicepresidencia de la República, vendrá a Cuenca el próximo jueves 6 de diciembre. A las 10h00, ofrecerá una rueda de prensa, en el Auditorio del edificio OFFICE (planta baja), ubicado en la avenida Remigio Tamariz 1-62, entre la avenida Solano y Federico Proaño.


María Alejandra Vicuña recibió depósitos de otra asesora en su cuenta bancaria



29 noviembre, 2018
Además de los pagos de su exasesor Ángel Sagbay, en la cuenta corriente de la vicepresidenta Alejandra Vicuña también hay más desembolsos de otra de sus excolaboradoras. Se trata de Karla Obando, quien le depositó en total 14.650 dólares en el Banco de Machala, mientras Vicuña era asambleísta. Desde 2008, las transferencias y depósitos a su cuenta suman 400 mil dólares. La mandataria sostiene que los pagos de sus subalternos fueron voluntarios para su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). El pleno de la Asamblea le pidió su renuncia.
Por Arturo Torres R.
No fueron los únicos pagos. La cuenta bancaria de la entonces asambleísta María Alejandra Vicuña no solo recibió depósitos de quien era su colaborador, Ángel Sagbay. Otra asesora del despacho, Karla Obando Ortiz, también depositó dinero en la cuenta personal de Vicuña.
Registros del sistema financiero, a los que accedió Código Vidrio, revelan que Obando Ortiz realizó depósitos por 14.650 dólares en la cuenta corriente 1070535218 del Banco de Machala, perteneciente a la hoy Vicepresidenta. Para la fecha, Obando ostentaba el cargo de asesora de nivel 2, en el despacho de Vicuña, quien entonces era asambleísta de Alianza País.
Obando fue servidora judicial. Se desvinculó para enrolarse en la Asamblea. Para fines de 2012 ya apoyaba a Vicuña quien por esos días buscaba su reelección como asambleísta. A inicios de 2013, Obando se declaraba firme defensora de la Revolución Ciudadana, y en particular, admiradora del entonces presidente Rafael Correa. Tuvo oportunidad de conocerlo personalmente en febrero de ese año.
La carrera de Vicuña tuvo un giro inesperado a fines de 2017. Jorge Glas salió de la Vicepresidencia de la República y ella encabezó la terna para su reemplazo, dejando atrás ocho años como legisladora. En tanto, Obando volvió a la función judicial, esta vez para ocupar un cargo administrativo en el departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura.
La cuenta de Vicuña en la entidad bancaria registra en total 1,2 millones de dólares en movimientos. Desde 2008 las transferencias y depósitos suman 400 mil dólares. En ese valor se incluyen los ingresos que recibió por concepto de salarios en el sector público, al que está enrolada desde 2007. Entre 2009 y 2017, Vicuña fue asambleísta por la coalición ABA-Alianza País.
En los documentos que forman parte de la investigación previa, se detectan transferencias de ordenantes no identificados en 2009 y en 2011. Ambas suman 26 mil dólares.
“Yo era la responsable de recaudar para ABA (Alianza Bolivariana Alfarista) las contribuciones de los militantes”, admitió la Vicepresidenta Vicuña, esta mañana del jueves 29 de noviembre en una entrevista en Radio Majestad. Aclaró que estos aportes no deben ser satanizados, pues “no son ilegales ni ilegítimos”. Son contribuciones voluntarias de los militantes, “sin las cuales el movimiento no podría subsistir”.
Pedimos la versión de la Vicepresidenta a la Dirección de Comunicación para que comentara sobre los pagos de Obando y el manejo de los recursos de ABA en sus cuentas personales. Personal de esa Dirección indicó que Vicuña ya había explicado en la radio el porqué de los depósitos de los militantes en su cuenta. También buscamos el pronunciamiento de Obando para que confirmara el motivo de los depósitos. Contestó su celular pero dijo que atendería nuestro requerimiento de entrevista este viernes, pues tenía que atender un problema familiar.
A diferencia de Alianza País, un movimiento político reconocido legalmente y que recibe fondos partidarios del erario público, Alianza Bolivariana Alfarista es una organización de hecho. Por tanto, no tiene personería jurídica, ni cuentas bancarias a su nombre. Así, Vicuña justificó haber recibido los pagos en su cuenta personal para la organización política que creó su padre, Leonardo Vicuña, cercano a Rafael Correa, expresidente del directorio del Banco del Pacífico.
En su declaración de bienes Vicuña también registra una cuenta en el Banco Bolivariano. Toda esta información forma parte de la investigación previa que la Fiscal Ruth Palacios aperturó para confirmar la posible comisión de delitos. Esto, tras la denuncia periodística que difundió Teleamazonas el último martes de noviembre, con base en la declaración notarizada del exasesor Ángel Sagbay.
El denunciante aseguró que cuando trabajaba en el despacho de Vicuña en la Asamblea, fue obligado a contribuir parte de su sueldo, mediante depósitos a la cuenta personal de la entonces legisladora. Sagbay aportó con 20.600 dólares a la cuenta de Vicuña, según los registros bancarios entre 2011 y 2016.
El 13 de noviembre, el Pleno destituyó a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Espín había visitado en la cárcel de mujeres a una persona vinculada con el caso Balda. Según la denuncia en su contra, le pidió alterar su versión a cambio de protección. Antes de iniciarse la votación de los legisladores para decidir la destitución de Espín, ella se acercó a la curul de su coidearia Ximena Peña con un documento en la mano. Imágenes del noticiero Ecuavisa dan cuenta de que lo que exhibía era la declaración juramentada del exasesor Sagbay, respecto a los pagos a la Vicepresidenta.
Vallejo fue removida por cobros indebidos a sus asesores, luego de que se volviera viral en redes sociales un audio en el que se le escuchaba pedir dinero a sus subalternos.
Según el informe de la Comisión legislativa que estudió las denuncias, se demostró que la asambleísta gestionó un cargo público en favor de Martín Campos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Campos, precisamente, denunció a Vallejo por cobros indebidos y adicionalmente dijo que ella le ofreció un cargo en el IESS.
Vicuña se defiende y dice que no renunciará
Vicuña se defiende. En conferencia de prensa el último miércoles de noviembre, sin preguntas de los asistentes, aseguró que se trata de la retaliación de un excolaborador que intentó pedir cargos públicos. Después, culpó al exlegislador Andrés Páez y a los correístas de crear un ambiente de confusión para atacar al gobierno actual. Afirmó tener como prueba la captura de un chat del 10 de septiembre, en el cual el denunciante planifica el supuesto complot.
Explicó que Sagbay propuso ser promovido del cargo de asistente 1 a la función de asesor 1, con un mayor sueldo. Eso habría implicado el pago de 1.400 dólares mensuales a la organización política. Según la Vicepresidenta, fue una contribución voluntaria. Antes de ser ascendido, mientras fue asistente, Sagbay entregaba como diezmo unos 200 dólares mensuales a Vicuña.
La Vicepresidenta dijo que no renunciará ni pedirá licencia para defenderse del proceso judicial en la Fiscalía. Mientras tanto, con 77 votos, la Asamblea Nacional resolvió pedir su renuncia este jueves en la noche.
El presidente Moreno, de su lado, afirmó que la justicia tiene independencia para investigar este caso. Alianza PAÍS, basada en el artículo 339 del Código de la Democracia, estaba facultada para pedir un porcentaje de sus sueldos a los servidores públicos militantes. Para ello, debía cumplirse una formalidad: las contribuciones y aportes debían quedar registrados en un comprobante de la organización política. Pero todo indica que la práctica degeneró en el cobro de diezmos para beneficio personal a todo nivel.
Esto fue revelado en febrero de este año por Revista Vistazo. En ese reportaje, los exasambleístas Christian Viteri y Osvaldo Larriva explicaron que cada despacho debía contribuir obligatoriamente con 400 dólares mensuales para el movimiento. El propio presidente Correa habría estado a cargo de hacer seguimiento a esas contribuciones. Si bien Viteri y Larriva dejaron en claro que ellos cubrían con el aporte, mencionaron que Correa sugería que quienes hicieran esos pagos fueran los subalternos, asesores y asistentes de cada legislador. En la práctica ellos cubrieron esa obligación.
Entre 2013 y 2017, Alianza País tuvo 100 legisladores. Por tanto, cada mes solo la Legislatura contribuía con 40 mil dólares para el funcionamiento de esa organización política. Unos 480.000 dólares al año, cerca de 2 millones de dólares en el período legislativo 2013-2017.

La agresión amarilla

   en Columnistas/Influencers4P  por 
El poder acceder como ciudadanos a un buen servicio de taxis ha sido por años uno de las aspiraciones más importantes de los ecuatorianos. Tener la posibilidad de contar con un medio de transporte que no solo nos lleve de un lugar a otro, sino sobre todo que nos brinde seguridad, buena atención, un espacio limpio y la certeza de que pagaremos tarifas adecuadas, es un justo derecho de todos.
Administración tras administración, hemos visto cómo el gremio del taxismo se ha ido fortaleciendo hasta llegar a ser una fuerza de presión que se cotiza bien alto políticamente en cada elección, pues su apoyo cobra importancia el momento de captar votos. Esto ha provocado que, al final de día, termine imponiéndose su agenda y los intereses de sus líderes en detrimento del derecho  de los ciudadanos a recibir un servicio de calidad.
Producto de eso, los ciudadanos hemos tenido que aceptar un mal servicio en términos generales, adaptarnos al estado de ánimo de choferes que condicionan su servicio a una ruta determinada –porque no van a todos lados–  y que además circulan sin taxímetro.
Pero como por suerte, los avances de la tecnología y la competitividad hacen que cada vez los negocios se modernicen, nuevos servicios de transporte surgen como una luz al final de túnel y logran posicionarse ofreciendo a sus usuarios costos justos, ambiente agradable y algo que es apreciado de sobre manera: buen trato y seguridad.
Si el surgimiento de estas nuevas ofertas en el mercado de la movilización urbana fuera visto correctamente; es decir, como una oportunidad para ser más competitivos y ofrecer servicios mejorados, todos ganaríamos. Por un lado, los ofertantes de estos servicios podrían ir ganando confianza por parte de  los usuarios y aumentarían su demanda y, por otro, los ciudadanos tendríamos un buen menú de donde escoger y quizás, inclusive, abandonaríamos la recarga al tráfico con nuestros vehículos propios y nos movilizaríamos con más seguridad,  beneficiándonos mutuamente.
Pero no, la forma como se afronta esta situación es exactamente la contraria. Lejos de plantearse un análisis autocrítico que sería fundamental y positivo, la propuesta que se hace es la eliminación de la competencia como si desapareciendo al competidor se acabara el problema. Según su punto de vista hay que volver a la situación anterior, al mal servicio de siempre, atados a un gremio que maneja las cosas con tintes de mafia.
En el siglo 21 en el que vivimos, los viejos recursos de antaño como la paralización de las vías públicas y el bloqueo a los ciudadanos de la posibilidad de llegar a sus trabajos, colegios, de desarrollar la vida normalmente, ya no es una protesta, se vuelve una agresión que, además, refleja la total incapacidad de plantearse formas civilizadas de solucionar un problema.
Lejos de lograr simpatía por parte de la población, estos actos generan rechazo, más aún cuando se conoce que en algunos sectores del país se han provocado incluso daños a la integridad física y a la propiedad. Pensar que el bloqueo de calles y carreteras van a despertar simpatías es estar desubicado en el tiempo y en la realidad. Nadie quiere ser impedido en su derecho a la libre circulación por la fuerza.
Si continuamos con estas lógicas seguiremos dando palos de ciego. Debemos entender que mejorando los servicios –y esto aplica para todos los aspectos– no solamente creamos más fuentes de trabajo porque la competencia es siempre la mejor aliada de la creatividad y por lo tanto del progreso, sino también mejoraríamos la convivencia, generaríamos respeto hacia los amigos del volante porque los veríamos como servidores confiables.
Los ciudadanos no podemos tolerar más imposiciones, más agresiones amarillas: queremos servicios modernos, tarifas justas y seguridad.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

jueves, 29 de noviembre de 2018

Renuncie, señora Vicuña
María Alejandra Vicuña no ha demostrado ni coherencia ideológica ni apego a ningún principio político. Como la mayoría de correístas, ha sido la expresión más descarnada de la volubilidad política. No obstante, no está por demás pedirle la renuncia y ahorrarle al país otro bochorno.
29 de noviembre del 2018
POR: Juan Cuvi
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
Acérrima correísta, es obvio que asumió todos los hábitos y vicios implan-tados por el expre-sidente".
En un artículo publicado en enero de 2018, a los pocos días de la designación de la vicepresidenta de la República, advertí que María Alejandra Vicuña no le aportaba nada al gobierno. Carente de un perfil político sólido y de una representación social importante, su presencia parecía responder a uno más de los misteriosos designios a los que nos tiene malacostumbrados el presidente Moreno.
En efecto, nadie –exceptuando a los íntimos de Carondelet– entendió esa decisión. Y las especulaciones proliferaron como iglesias cristianas: que se trataba de una estrategia para neutralizar al correísmo obtuso en Guayas; que se aseguraba el apoyo de los sectores más radicales de Alianza PAIS; que se consolidaba un bloque oficialista en la Asamblea Nacional…
Al final, todas las suposiciones se diluyeron ante la fuerza de los hechos. En la práctica, la decisión de Moreno se sintetizó en la cooptación burocrática de una pequeña e intrascendente fracción del correísmo. Tan intrascendente, que le suprimió a la segunda mandataria las exiguas responsabilidades que le asignó en un primer momento.
Lo demás es sabido: María Alejandra Vicuña se ha pasado diez meses promoviendo su imagen, repartiendo cargos y esparciendo una vacua verborrea de izquierda.
Lo que nunca nos imaginamos es que la debacle viniera desde los pecados del pasado. Y por el flanco más insospechado. En su caso, los diezmos parlamentarios se suponían enterrados en el desierto de la inercia política, solapados por la incondicionalidad de sus subordinados. ¿Vislumbró María Alejandra que su más leal conmilitón iba a conservar los recibos de los depósitos en su cuenta corriente?
A la luz de los hechos, es muy difícil suponer que la vicepresidenta no estuvo involucrada en la corruptela de los diezmos parlamentarios. Acérrima correísta, es obvio que asumió todos los hábitos y vicios implantados por el expresidente. Se creía tocada por la magia de la impunidad indefinida, absuelta por la revolución ciudadana. Jamás pensó que la historia le pasaría una factura tan reciente. Entonces, más que inocencia, hay mal cálculo.
Por otro lado, resulta inevitable –y escalofriante– sospechar de la relación que pudiera haber establecido la vicepresidenta con el ejército de funcionarios y asesores nombrados directamente por ella. Si los diezmos fueron una práctica en la Asamblea Nacional, nada nos hace pensar que el patrón no se repita en la función Ejecutiva. La Fiscalía General de la Nación tiene entonces otra tarea pendiente.
Pero al margen de la intervención de la justicia, algo toca hacer para subsanar la indignación general que provocan tantos escándalos. Es ilusorio esperar una respuesta ética de alguien que, eventualmente, pudiera estar comprometida con actos deshonestos. María Alejandra Vicuña no ha demostrado ni coherencia ideológica ni apego a ningún principio político. Como la mayoría de correístas, ha sido la expresión más descarnada de la volubilidad política. No obstante, no está por demás pedirle la renuncia y ahorrarle al país otro bochorno.

Silencio administrativo

Publicado en la Revista El Observador (Julio de 2009, edición 51)


3 millones de dólares le cuesta a los cuencanos el silencio administrativo que se cometió durante la administración municipal de Fernando Cordero Cueva. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, desechó el recurso de casación interpuesto por el ex Alcalde Cordero y el ex Síndico Tarquino Orellana Serrano, actualmente el uno presidente del congresillo y el otro concejal electo. A la nueva administración municipal, es decir, al Alcalde y concejales electos les corresponderá emprender juicios de repetición en contra de autores, cómplices y encubridores de los delitos que acusa la parte perjudicada, para que la ciudad pueda recuperar los 3 millones de dólares, dinero que la saliente administración municipal no dispone para cumplir con la sentencia, por lo que realizó gestiones con la banca privada para obtener dos préstamos pero al final fueron negados, por lo tanto, la administración municipal se verá obligada a tomar dinero de su propio presupuesto para poder cumplir con la justicia. Ya veremos si las flamantes autoridades que inician sus gestiones en agosto próximo, cumplen con su deber obligando a los culpables a devolver el dinero a los cuencanos.
RECLAMO
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia de Cuenca, aceptó el reclamo formulado por los familiares de los cónyuges Moreira Cedeño, acusando a la I. Municipalidad por ocupación indebida de terrenos de su propiedad.
El 26 de marzo de 1992 el Concejo Cantonal aprobó la lotización para la Cooperativa de Vivienda “Acción Comunitaria Casa para Todos”, permitiendo una apropiación indebida de 15.224, 71 metros cuadrados, acto que jamás fue notificado a la familia Moreira Cedeño ni a sus herederos. Fueron ocupaciones arbitrarias, sin trámite previo alguno, ni acto administrativo, ni pago de indemnización.
Se trató de un proceso irregular que se inició con una declaratoria de utilidad pública sin sujetarse a los procedimientos establecidos en le Ley de Régimen Municipal, con una donación injustificada que culmina en la aprobación de una urbanización. El trámite de expropiación no se sujetó a los procedimientos establecidos en el artículo 291 de la Ley de Régimen Municipal, incurriendo en falsedad ideológica en la escritura de donación lo que provocó la demanda de nulidad, convirtiendo a los personeros municipales en cómplices de las actuaciones irregulares, por lo tanto, solidariamente responsables de los efectos que se produzcan y que puedan derivarse de las decisiones judiciales..
OCUPACION INDEBIDA
En la conclusión 7 el Tribunal en mención “hace a la municipalidad responsable de esa ocupación indebida, que ciertamente beneficia a la Cooperativa, pero que corresponde a áreas que debieron ser indemnizadas oportunamente”.
El Concejo Cantonal que aprobó la lotización violó claras disposiciones constitucionales y legales, se violaron principios jurídicos como los relacionados con el “Estados de Derecho” y con el “Principio de Legalidad”
Según los informes de funcionarios municipales, se afirma que se trató de un proceso irregular que se inició con una declaratoria de utilidad pública, que sin sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Municipal, avanzó hacia una donación injustificada y culminó con la aprobación de una urbanización, en la que se incluyen áreas que no fueron expropiadas, que no fueron donadas, que no fueron de propiedad municipal, que no fueron tampoco públicas.
El Dr. Leonardo Alvarado Cordero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Fiscalización, con fecha 5 de marzo del 2003, dirige una comunicación al Alcalde Fernando Cordero Cueva, en donde dice: “La aprobación de la lotización presentada por la Cooperativa de Vivienda Casa para Todos, se resuelve a pesar de las observaciones presentadas por las diferentes dependencias municipales en relación con la cabida de la lotización , en el sentido de que la misma ocupaba adicionalmente un área de 15.569,15 metros cuadrados, que no le pertenecían”.
PRUEBAS SUFICIENTES
El Tribunal en la sentencia ha señalado que existen pruebas suficientes y contundentes, tanto en la ocupación de terrenos no expropiados para la Cooperativa de Vivienda “Acción Comunitaria Casa para Todos”, como en la implementación del parque lineal a orillas del río Yanuncay, ocupando terrenos en forma arbitraria, no procedió a notificar a sus legítimos dueños”.
Los Tribunales Distritales, dice la Corte Suprema, deben pronunciarse sobre el silencio administrativo y otros efectos colaterales de origen legal. Las sanciones administrativas, según el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, son independientes de la responsabilidad que individualmente se atribuya a los funcionarios públicos por los perjuicios económicos que se ocasionaren al Estado.
La entrante administración municipal con el Alcalde Paúl Granda a la cabeza, deberá ejecutar la acción de repetición prevista en el artículo 20 de la Constitución Política, en contra de los funcionarios o empleados municipales que cometieron los delitos anotados.

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La polémica compra de 150 caballos policiales
La adquisición de 150 equinos en Argentina, para la Policía Nacional, tiene visos de irregularidades. Tras bambalinas, esta compra trae consigo un juicio penal por calumnias del ministro José Serrano, contra un coronel (r) de la Policía, Carlos Orbe, cuñado del coronel César Carrión. Plan V habló también con Guillermo Draletti, presidente de la empresa argentina que vendió los caballos.
26 de noviembre del 2016
REDACCIONES PLAN V Y FOCUS
El 1 de enero del 2016, el coronel de la Policía en retiro, Carlos Orbe Fiallo, publicó en su cuenta de Facebook: “el pony traído desde Argentina en el negociado de los 150 caballos hecho por el hermano de la directora administrativa del ministerio del Interior, María Paula Christiansen. Lindo regalo ministro”.
El mensaje es una respuesta a otra publicación en Facebook, de la activista Diana Amores Moreno, quien hace un testamento del Año Viejo del 2015, y pone un verso para el ministro José Serrano: “Un poni a @ppsesa le espera / para que salga a reprimir / ¡se lo dejo con escalera / pa’ que se pueda subir!”
Semanas después, el 20 de enero, Diego Torres Saldaña, coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, en representación del ministro Serrano, radica un escrito judicial ante un juez de lo civil y pide una confesión judicial para el coronel Orbe.
En su demanda, Torres dice que ese mensaje de Carlos Orbe, “aduce a un negociado respecto a 150 caballos adquiridos para la Policía Nacional desde Argentina. (…) Alusión que afecta la reputación con el que se ha venido desempeñando las funciones de Ministro del Interior, así como mal fundamentadas y dolosas (sic) que lo único que pretenden es agraviar y mancillar la honra, desmereciendo la gran labor emprendida de cero tolerancia e impunidad ante actos de corrupción  debido a que dentro de la gestión se han realizado procesos de autodepuración (sic) tanto a servidores policiales como a funcionarios públicos y menos aún buscar algún beneficio en procesos contractuales en su Cartera de Estado”.
El coronel Orbe es hermano de Janeth Orbe, esposa del coronel César Carrión, ex director del hospital de la Policía cesado por el Gobierno. 
El coronel Orbe es hermano de Janeth Orbe, esposa del coronel César Carrión. Él fue enjuiciado por el ministro de Gobierno, acusándolo de intento de asesinato al presidente de la República, durante la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, la cual fue un intento de golpe de Estado, según la versión oficial. Carrión fue apresado.
El coronel era director del Hospital de la Policía durante los sucesos, y abrió una puerta lateral del Hospital para que un presidente vejado y casi desmayado por el dolor de su recién operada rodilla, ingresara a atenderse en emergencias.  Varios días después, el coronel Carrión dijo en declaraciones a la cadena estadounidense CNN que el presidente no estuvo secuestrado en su Hospital, como fue la versión oficial, y entonces fue sometido a persecución judicial, prisión, linchamiento mediático por parte de los medios gubernamentales y a escarnio público al más alto nivel. Su esposa Janeth, hermana de Carlos, hizo varias huelgas de hambre ante la fiscalía dirigida entonces por Washington Pesantez (hoy candidato a la Presidencia de la República) para defender la inocencia de su esposo. En ese momento,  su hermano Carlos era coronel en servicio activo de la Policía. Y según dice, desde entonces, ser cuñado de César Carrión se convirtió en un estigma que lo llevaría a salir de la institución policial.
Confesión judicial
El 26 de febrero del 2015, el juez Ricardo Augusto Velasteguí Endara, avoca conocimiento de la causa y dispone que se notifique al coronel Orbe para que rinda la confesión judicial el 15 de marzo del 2015, a las 15H15, “cítase al demandado en el lugar indicado para el efecto, a cuyo objeto comisiónese al Teniente Político del cantón Pomasqui”. Orbe es citado por primera vez el 3 de marzo y “por no haber sido encontrado personalmente ni a ningún miembro de su familia ni servidumbre se le fijó la PRIMERA BOLETA en el buzón de la puerta de su domicilio, ubicado en la calle (…)”.  Según el procedimiento civil, el demandado debe ser citado personalmente y en su domicilio. Pero el coronel Carlos Orbe no vivía en Pomasqui. La casa donde se dejaron las notificaciones era de la señora Kima Rosero. Esta presentó un escrito ante el juez acompañando la carta de agua potable y pidiendo que no se lo cite ahí, pero el juez rechazó el pedido, porque "no es parte procesal" y llamó al coronel para el 4 de mayo, citándolo en la misma dirección.
Tampoco fue. Al día siguiente, el ministro del Interior, a través su abogado radica un escrito en el cual pide que en vista de que el coronel Orbe no fue a la confesión judicial, se lo declare "confeso". Ese mismo día, el juez cumple el pedido. Orbe es enjuiciado penalmente por el delito penal de calumnia. Él no vive en Pomasqui, nunca fue notificado legalmente; vive con su esposa en Salinas, Santa Elena.
Una parte de los caballos que llegaron para la Policía Nacional fueron estrenados en contra de los manifestantes en contra de las enmiendas constitucionales, en diciembre del 2015, cuando se aprobaron las enmiendas constitucionales para la reelección indefinida, entre otras. En esa ocasión, las organizaciones que participaron en las protestas organismos de derechos humanos denunciaron "brutalidad policial", cuando la policía montada arremetió con las bestias contra gente indefensa y desarmada. Aunque el gobierno mostró también videos de manifestantes que errojaban piedras y lanzas a los caballos. Una yegua resultó con una pata rota.

La policía antimotines montada a caballo, estrenó las monturas compradas en Argentina. 
Los 150 caballos fueron adquiridos por un contrato de emergencia, a dedo, por USD 1'786.749.
150
Caballos fueron comprados con una adjudicación de emergencia. 
Un informe preliminar de la Contraloría General del Estado sobre esta contratación de emergencia, entre otras por USD 330 millones, del ministerio del Interior, revela que "el Perfil del Proyecto de Optimización del Servicio Policial Montado, efectuado por el Comandante de la Unidad de Equitación y Remonta presentó el cronograma valorado en USD 1 200.000 mientras que el contratista hizo su oferta en USD 1'786.749, valor por el cual se suscribió el contrato. Sin embargo, no existió, por parte del Ministerio del Interior, un estudio de mercado que de razonabilidad al valor pactado con el contratista".
Para el organismo de control, esta negociación con la empresa Interpampas S.A., de Argentina, tuvo una serie de irregularidades, y "la falta de cumplimiento del ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, por parte de la coordinadora general, administrativa y financiera; de la directora administrativa, de la directora financiera, de las administradoras del contrato y del técnico afín ocasionó que no se conozca si el valor pactado en el contrato estuvo acorde al del mercado; que se haya suscrito un acta de entrega recepción ficticia; que se haya entregado al contratista USD 714.699 sin recibir bienes a cambio (...)".
La compra de los caballos aparece como una necesidad de emergencia solicitada por el comandante de la Unidad de Equitación y Remonta, en un oficio del 4 de marzo del 2015, que fue remitido al entonces comandante general de la Policía Nacional.
En sus justificaciones decía que "el incremento de la delincuencia común organizada que opera en plazas del Centro Histórico, parques y avenidas del sector centro, norte y sur de Quito, así como de las ciudad; el comercio ambulante, la presencia de adictos y expendedores de sustancias estupefacientes y alcohol, constituyen una amenaza permanente para transeúntes, turistas nacionales y extranjeros, moradores de esos sectores (...); las diferentes marchas realizadas por agrupaciones gremiales, indígenas, sindicales, estudiantiles, realizadas en la ciudad de Quito, en apoyo o rechazo al actual régimen, generan que se altere el orden público y se atente contra la integridad de las personas...".
El pedido pasó del comandante general al ministerio del Interior, y ahí fue sumillado por la coordinadora general Administrativa Financiera, quien dispuso el trámite  a la directora administrativa.
El 1 de abril del 2015, la coordinadora general del ministerio del Interior, pidió a la empresa argentina Interpampas SRL la oferta técnica y económica para la adquisición de 15 caballos, cuya oferta debía considerar el transporte pagado hasta el lugar de destino.
El 6 de abril, la empresa argentina presentó la oferta, por el precio ya mencionado, para la venta de 150 caballos "con sus kits de atalaje, no de raza pura, para trabajo, no registrados, de rodeo general o registrados de origen, sin transferencia, dado su destino para tareas policiales. El valor total de cada animal más su transporte, fue de USD 11.911.  El dato que no pone le informe es que, lo que hace la empresa Interpampas es transporte de animales vivos y trámites de aduana. No vende animales, al menos no está esa actividad, la de comercio de animales, entre sus ofertas en su portal web oficial.
El contrato fue firmado en Argentina, el 8 de julio del 2015. El anticipo fue del 70% del valor del contrato. El 20 de agosto se firmó al acta de entrega recepción por 60 caballos y sus respectivos atalajes. El valor de la liquidación fue de USD 714.699, que fue acreditado a la cunado del contratista en Montevideo, Uruguay.
11.911
Costó cada uno de los caballos, comprados a la empresa Interpampas de Argentina. 
El organismo de control pidió a los funcionarios del ministerio del Interior varios documentos como los estudios, diseños, cálculos, especificaciones y técnicas que respaldaron la inversión en esos caballos, y la documentación justificativa que determinó el precio pactado en el contrato. A la fecha del cierre de su informe preliminar la Contraloría señaló que esa información no fue entregada. La coordinadora general del ministerio justificó -el 26 de abril del 2016- que había pedido esa documentación, a la dirección administrativa y financiera, pero que no le había entregado.
La misma respuesta fue para los pedidos de: factura comercial, lista de contenido, certificados sanitarios, certificados de metrología, certificación de pesos, certificados CITES, y más certificados que valen la calidad y salud de los equinos. Fuentes policiales dijeron a este medio que nunca hubo un informe veterinario, por ejemplo, de la salud de los 150 caballos.
También se pidieron documentos a Interpampas, la empresa que vendió y transportó los caballos.
La Dirección General de Aduanas del Ecuador certificó que la empresa Interpampas no estaba registrada como importador, pero sí consta como embarcador. La SENAE entregó dos detalles de la declaración de aduanas; la primera del 26 de noviembre del 2015 por el ingreso de 20 caballos y 21 kits de atalaje, y la segunda el 16 de diciembre del 2015 por el ingreso de 27 caballos. Es decir, hasta el cierre del informe, había ingresado 47 caballos registrados por la SENAE, pero el acta de recepción se firmó por 60 caballos, el 20 de agosto del 2015. Es decir, el ministerio del Interior recibió 60 caballos, dos meses antes de que llegara el primer embarque. Sobre esa acta, que la Contraloría señaló como "ficticia" se erogó dinero del público, mediante el CUR 22181, del 1 de septiembre del 2015, emitido por el Ministerio de Finanzas.
"El acta de entrega-recepción del 20 de agosto del 2015 carece de credibilidad, por lo que se pagó al contratista el 1 de septiembre del 2015, USD 714.699, sin que el ministerio del Interior haya recibido ningún bien a cambio; y, aún más, de los 60 semovientes constantes en el acta de entrega-recepción parcial, solamente se recibieron 47 hasta el 31 de diciembre del 2015, fecha de corte de esta auditoría", asevera el informe preliminar del organismo de control.
Esto generó intereses y multas por cerca de USD 200.000, dice la Contraloría. 
714.699
Fueron pagados al contratista argentino sin que se recibiera ningún bien a cambio, dijo la Contraloría en su informe.
La empresa argentina tampoco entregó al organismo del Estado ecuatoriano la factura comercial, de conformidad con el contrato de venta;  la documentación que se generó por la contratación del flete aéreo, Buenos Aires - Quito y el acta de entrega recepción definitiva, en caso de terminación del contrato (que tenía plazo de 120 días de entrega desde su firma) o, en su defecto, el acta de prórroga del plazo u otro documento que justifique las razones por las cuales este continúa en ejecución.  El plazo de cumplimiento del contrato se cumplió el 5 de noviembre del 2015, y los primeros caballos (de los 47 entregados hasta el 31 de diciembre) llegaron el 26 de noviembre de ese mismo año.
Las autoridades de control aún tienen pendiente verificar a quién pertenece la empresa argentina Interpampas y si está relacionada con algún pariente de algún funcionario del ministerio del Interior, que en ese momento hizo la negociación de los caballos.
El coronel Carlos Orbe fue llamado una "audiencia de conciliación" y sentencia definitiva en el caso que por calumnias le sigue el ministro del Interior, ahora primer candidato a la Asamblea Nacional, por Alianza PAIS, José Serrano, por haber puesto en su mural de Facebook  en la compra de 15 caballos, hubo "negociado".
   HABLA INTERPAMPAS-ARGENTINA   
Guillermo Draletti:
"Contraloría a  mi no me pidió nunca nada"
Guillermo Draletti, abogado, vinculado a los negocios del campo argentino. Presidente de Interpampas.
Guillermo Draletti está en el Ecuador. Llegó la noche del lunes 28 de noviembre con la intención de que el Ministerio del Interior pague el saldo que les debe. Según el titular de Interpampas Argentina, el Estado ecuatoriano solo les ha pagado el primer anticipo, el 40%.
La empresa lleva 30 años en el mercado con diversos servicios de transporte de animales, instalación de cuarentenas para preembarque, consultoría agropecuaria, instalación de granjas, servicios profesionales de veterinaria, comercialización genética y de biotecnología y prestan servicios a asociaciones de criadores. 
No es la primera vez que esta empresa envía caballos al Ecuador. Ya lo hizo en junio del 2003: 114 caballos para la Escolta Presidencial; en enero del 2005, 100 caballos para la Policía y en diciembre del 2011, 20 caballos más para la Escolta Presidencial (por cuenta y orden de terceros, aclara).
"No somos unos improvisados en este negocio", dice Draletti, y  agrega "debo suponer que es por eso que requirieron nuestros servicios". Él es un abogado vinculado a los poderosos gremios del campo argentino, a la Unión General de Tamberos. Ha estado en relaciones polémicas con el gobierno de Hugo Chávez, como lo relata el prestigioso periodista argentino Hugo Alconada en su blog, como lo de ejercer la primera defensa legal de Guido Antonini, quien fuera detenido cuando ingresaba en un avión USD 800.000 a la Argentina, procedentes de Venezuela. 
Ahora, faltan por enviar 24 caballos al Ecuador, que no los embarcan, dice, porque “no nos pagan. Hemos tenido problemas con el Gobierno de Ecuador, están atrasados en los pagos, les hemos enviado kits y caballos y no nos han pagado hasta ahora”.
En la entrevista con PLANV  participa Octavio Molina, ecuatoriano y agente de aduanas, que lleva trabajando en la internación de caballos desde 1988. "Cualquier institución o persona que quiera importar caballos, explica, me contactan. Así es como nació esta negociación, por el contacto que tenían conmigo las personas acá".
¿Quiénes en el Ministerio del Interior, qué persona?
Oscar Molina: primero sacaron un requerimiento, de que necesitaban unos caballos. Siempre estamos revisando quién necesita ese tipo de mercancía. Yo lo di a conocer a Guillermo: parece que el Ecuador va  a requerir comprar 15 caballos.
Guillermo Draletti: De hecho, Interpampas hizo todas las provisiones de caballos de este país. Con otros presidentes. Esta no tiene mucho de distinto a otras, salvo que es una compra directa del Estado a nosotros. Antes, Ecuador nos obligaba a poner un intermediario, y eso era mucho más criticable. Acá no hubo representante obligatorio en una venta internacional. En una compra directa se transparenta quién es el comprador y quién el otro. No es la primera vez que  me toca hablar con prensa, en una exportación a Bolivia hubo un tema parecido. Quedó en nada porque después averiguan cuáles son los valores, nosotros tenemos la costumbre de declarar a nuestro Estado, antes de que se hagan las operaciones, qué es lo que vamos a hacer, presentamos todos los contratos, las divisas, los valores. Muy poca gente se da cuenta lo distinto que es proveer animales de proveer cosas. Es un mecanismo distinto.
"No creo que haya ningún embarque sin la documentación presentada, en aduana, todo eso. Nosotros peleamos mucho este contrato. De hecho el gobierno nos obligó a modificarlo".
Hay algunos puntos que señala la Contraloría que para nosotros son al menos polémicos. Ustedes presentan un acta-recepción en agosto del 2015, por 60 caballos. Y la Contraloría dice que la Aduana del Ecuador le afirma que los primeros caballos recién llegaron en noviembre.
Está equivocado. No creo que haya ningún embarque sin la documentación presentada, en aduana, todo eso. Nosotros peleamos mucho este contrato. De hecho el Gobierno nos obligó a modificarlo, pese a eso no nos ha pagado tampoco y exigimos que las actas se hagan en Argentina. Porque es muy lindo decirle a un vendedor: usted provéame un caballo y si no me gusta cuando llegó, reemplácemelo. Nosotros le dijimos al Estado: no muchachos, nosotros así no proveemos ni medio caballo. Eso no se hace. Si usted compra una grabadora puede decir la marca y otras especificaciones. Si compra un caballo puede decir que la cruz le falta un centímetro en esto y cualquier cuestión que le aparezca en el medio y envío un caballo, gastamos 2800 dólares de envío, y después que me lo pague Dios, porque me reclaman acá.
La pregunta en concreto, es ¿se firmó un acta de entrega recepción antes de enviar los caballos, porque el informe de la Contraloría dice que es un acta ficticia?
No, no, qué ficticia. Vinieron a elegir los caballos, uno a uno, los miraron, nos exigieron, nos pusieron delante un contrato con todo a favor del Ministerio del Interior, los caballos son lo que valen, lo pueden averiguar paseando un rato por Argentina. Los caballos son excelentes, están comprando caballos de primera, y no sé por qué no nos están pagando.
Le insisto en la pregunta, porque es un tema que la Contraloría lo toma como grave, si se firma un acta antes de recibir la mercadería, sino dos meses después, pero al firmar el acta ya se pagó el 40% del contrato en una cuenta en Uruguay, sin recibir un solo caballo.  ¿Ustedes firmaron un acta primero antes de entregar los caballos?
Yo no recuerdo haber firmado un acta primero fuera del documento de la firma de acta. Sí exigimos que nos faltaban anticipos, porque en la compra de animales cuando usted saca un animal de un criador —yo no soy el dueño de los 150 caballos, soy el exportador— hay varias fábricas de caballos, que son criadores de primera línea muy conocidos. Cuando voy y le digo mándame los caballos a cuarentena, el hombre me dice: tráeme la plata. En los usos y costumbres comerciales, que en el comercio internacional de animales vivos es decir ley, hace operar de esta manera. Todas las licitaciones, no solo 150 caballos que son pocos, sino imagínese un buque de tres mil caballos, dos mil vacas o veinte mil ovejas. Denunciamos en aduanas previamente el movimiento que vamos a hacer, con el fisco. Es más, les hemos dicho: lo vamos a hacer con Uruguay, que somos los mismos socios, mi hermano y yo, no tenemos otros socios. Y le dijimos al gobierno (de Ecuador) lo vamos a hacer con Uruguay porque acá no nos dejan ni entrar las divisas, era aún el gobierno de Cristina (Fernández, ex presidenta de Argentina), nos obligan a entregar las divisas en tiempos tan cortos y tenemos que sacarlas inmediatamente para pagar fletes internacionales. Ese movimiento bancario, incluso las condiciones de entrega, con todo pago puesto en el Aeropuerto de Quito, porque dentro de esa plata está metido todo; todo eso se lo enseñamos al Gobierno y le dijimos, lo vamos a tener que hacer con Uruguay lamentablemente, no lo podemos hacer con Argentina. Por eso Uruguay no es un invento para lavar dinero, es un invento de Argentina para sobrevivir en este negocio.
¿Es un paraíso fiscal?
No sé si sea un paraíso fiscal, yo trabajo poco con Uruguay, trabajo más con Miami donde tengo una gran cuenta. No tengo una cuenta sin declarar. Estoy tratando de "negrearme" en algo en mi trabajo, no sé cómo hacerlo, de tan blanco que está, tantos años que nos controlan.
Quisiera referirme a lo que dice el informe preliminar de la Contraloría, donde se dice que ustedes nunca contestaron sus requerimientos de información.
Contraloría a mi no me pidió nunca nada. 
La entidad dice que no se le dieron los informes técnicos ni veterinarios,  y que no se puede comprobar si los caballos llegaron buenos.
No, no, jamás, no me pidió ninguna información. 
¿Qué pasa con el pago de los caballos?
Las excusas que me dan acá es que hay problemas de caja, en el medio nos hicieron reformar los contratos porque no nos querían dar anticipo para caballos, que primero debíamos entregar y después cobrar. De hecho tenemos un embarque de abril pendientes de entregar el cobro y dos embarques más pendientes de cobro. Nosotros el día de hoy entregamos 126 caballos y hemos cobrado fácil los primeros cuarenta. No hubo anticipo, ese fue el arreglo con el primer pago, y después nos hicieron cambiar formalmente el contrato, porque nosotros en el contrato de emergencia le discutimos: señor, nosotros no podemos trabajar sin anticipo, y Ecuador lo aceptó, macanudo. Los mandamos pero nos paga al otro día. Inclusive hubo promesas de las autoridades. Es así, no me gusta echar culpas, pero no estamos contentos con ese tema. Nos aseguran que Ecuador va a pagar los caballos, están entregados, están sanos, pero esto (se refiere al reportaje) no nos ayuda tampoco, que somos coimeros. Tenemos cita con el Ministerio, con los compradores, no es la primera vez que vengo acá. Yo confío, esta es la tercera venta al Ecuador, siempre nos han pagado.  En otros países, Interpampas es diez veces mejor tratada que acá.
¿Quién fue a ver los caballos desde el Ecuador?
Sí, fueron. Nosotros ofrecemos caballos de nuestros clientes y acá eligen. Yo les dije: lo que ustedes eligen es lo que va a llegar, entonces el acta me puede decir: esto es lo que ustedes eligieron y que llega ese mismo individuo al Ecuador. No quiero que el acta de aprobación me la hagan a la llegada. El acta de aprobación me la hacen cuando lo eligen, después yo trato de que el animal no se lastime y llegue perfectamente. Son cosas distintas. En el embarque hubo alguna persona, en otros hicimos con unas personas el acta, que se hacía acá, coincidente con los animales que se habían enumerado, que ahora viene con tecnología de chipiado, fotografiado, descripción. Son más analizados que los humanos. 
Hay una duda que viene de fuentes policiales propias, y es la relación de Iván Christiansen con ustedes. ¿Lo conoce?
Sí, cómo no.
¿Él tuvo que ver con este negocio?
Él actuó como asesor en algunas cosas de elección de caballos. Lo que pasa es que él es cliente nuestro. Hemos mandado caballos, al socio. Él es entrenador de caballos, en policía exactamente no, él conoce mucho y está mucho en Argentina. Nos ha pedido caballos muchas veces, pero no es que los caballos los haya decidido Christiansen, al menos los que se han entregado aquí. Yo tenía dos autoridades policiales en la mesa de mi oficina que decidieron lo que se va a llevar. Yo no sabía que en el último embarque vino algo para él. Embarqué tres caballos que no tiene nada que ver con la Policía, era otra cosa. Hablamos de compras privadas que lo hemos hecho toda la vida, de jinetes que son muy conocidos acá.
Le hacía esta pregunta porque estas fuentes hacen relación con la señora María Paula Christensen, funcionaria que fue directora administrativa del Ministerio del Interior, entidad que compró los caballos. 
Yo no la traté a ella, no la traté nunca. Las personas que vinieron a Buenos Aires, no estaba esta señora. Me la nombraron ahora pero no estaba. Eran otras autoridades del Ministerio. En la reforma al contrato lo mismo. Siempre, en las instituciones policiales nos ha pasado lo mismo. Algún jefe termina diciendo: esto necesita urgencia porque si no no lo deciden más, le dicen vaya usted a elegir, y siempre hay un grupo de expertos que quiere elegir otro animal. Para mí no es un descubrimiento. En Bolivia y Perú es exactamente lo mismo. Nunca queda conforme el grupo que eligió y el grupo que no eligió el caballo. Es más, le diría que no es un tema de plata, es un tema de prestigio, de decisión, nosotros con casi cuarenta años haciendo esto no andamos diciendo tome coima para vender animales; vienen a Argentina para elegir animales y trabajamos con estancias y con criadores que por suerte nos hacen ganar plata durante toda la vida. Es más, el animal es lo más mirado siempre por estas cosas. Puede elegirse un animal malo, que igual tiene cuatro patas, y es como los cracks que vinieron acá, todo es confundible. No pasa lo mismo con las cosas, son marcas, son modelos...
¿Cómo saber que son los animales que son de la alta calidad que usted dicen que son? 
Ehhh, hay que contratar un marchante. El marchante mira el cuadro y dice este es legítimo. 
¿Pero hay documentación de la calidad y de la sanidad de los animales?
Cómo que no hay documentación. El Senace de Argentina no deja salir un animal, son peores que acá. Los de aquí ni le cuento, son bravos también. Los policías que fueron no querían tener un error entre el caballo que eligieron y los que llegaron; los jinetes que los están montando no son ningunos tontos y ya nos están reportando de la excelencia de muchos de esos caballos. Por ahí habrá alguno que no resultó tanto como esperaban, pero en el promedio me están diciendo todo para arriba. Fue todo a pedido, hasta la medida de la cruz, y lo vamos a hacer para la Policía. Elegir animales para el control y el patrullaje, tiene sentido para evitar cosas peores, que son balas de goma, gases lacrimógenos. El caballo tiende a no lastimar, es muy difícil que se tire contra una persona, es muy difícil. Por eso se les ocurre a los policías de Nueva York tener policía montada. La policía montada no es el peor cartucho para disparar a la gente. Es lo más cuidadoso para tratar a la gente. (Fin de la entrevista)
"Elegir animales para el control y el patrullaje, tiene sentido para evitar cosas peores, que son balas de goma, gases lacrimógenos. El caballo tiende a no lastimar, es muy difícil que se tire contra una persona, es muy difícil".
LA FUNCIONARIA PÚBLICA, ¿CON UNA EMPRESA EN PANAMÁ?
María Paula Christiansen que según registros del Ministerio del Interior se desempeñó como coordinadora general administrativa financiera hasta noviembre del 2015, consta como socia de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, llamada Quantum Capital Investments Inc. Su primer registro es en diciembre de 2014 mientras era funcionaria del Ministerio del Interior. Consta en tres cargos dentro de la empresa, como directora, tesorera y secretaria. En la actualidad, esta persona de confianza de José Serrano, ocupa el cargo de coordinadora general administrativa y financiera en el Ministerio de Vivienda. La situación de la alta funcionaria se complica por cuanto no habría mencionado la propiedad de la citada empresa offshore en su declaración jurada, lo cual contradice los postulados del gobierno de Alianza PAIS que, decidió incluir en el proceso electoral de febrero de 2017, una pregunta en la cual busca sancionar a los funcionarios públicos que tengan empresas en paraísos fiscales.
LAS OTRAS NEGOCIACIONES SEGÚN LA CONTRALORÍA
Chalecos y otros servicios a un alto costo 
El 28 de julio de 2014 se suscribió un contrato internacional para la adquisición de 40.100 chalecos balísticos externos y chalecos internos, entre el Ministerio del Interior y la empresa india Mku Private Limited, por la cantidad de USD 24.479.500. Según el informe de la Contraloría esta compra no está dentro de la categoría de emergente, pues en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que son situaciones de emergencia las generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofe naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito y que esté comprobado.
En la compra de estos chalecos no se tomaron en cuenta los costos de embalaje, el seguro de transporte y el transporte. Además se envió a un funcionario administrativo del Ministerio del Interior a Dubai (Emiratos Árabes) y a Sittisen (Alemania) para que compruebe la calidad de los chalecos. En viáticos se invirtió USD 9.078,79. Para que se realice la última entrega, el funcionario no asistió y la justificación fue que el país vivía una conmoción interna por las manifestaciones ciudadanas y que los funcionarios debían precautelar la seguridad nacional. Pero esta justificación no fue aceptada pues el sector administrativo del Ministerio nada tiene que ver con la seguridad de los ecuatorianos. Este retraso en la entrega de los chalecos y el pago del dinero, generó una multa de más de dos millones de dólares (USD 2.350.032,00).
Este retraso en la entrega de los chalecos y el pago del dinero, generó una multa de más de dos millones de dólares (USD 2.350.032,00).
Tomando en cuenta los rubros anteriores, los chalecos habrían costado USD 26.838.610,79.
Otro contrato por emergencia se realizó para comprar neumáticos para las Unidades de Policía Nacional. Este contrato no registra sustento. Se compró 16.830 neumáticos a Tecnillantas, el costo de dicha compra fue de USD 3.528.791,96 más IVA. De los 16.830 neumáticos adquiridos se ingresaron a bodega 392, esto deja ver que la compra no fue emergente, según el informe de Contraloría. Esta adquisición también carece de documentación.
Y si hablamos de neumáticos, existe otro contrato para la adquisición de 6.164 neumáticos para la flota de motocicletas que se realizó prácticamente de manera directa aunque hubo un pequeño concurso. El Ministerio del Interior recibió varias ofertas, la que obtuvo mayor puntaje fue la propuesta de la empresa Santos Andino, pero, sin justificación, ni estudio de mercado, se eligió la oferta de Continental Tire Adean Region S.A, y se compraron los neumáticos por un costo de USD 646.003,09.
También se contrató de manera directa una consultoría para recabar información sobre la percepción ciudadana sobre la labor que realiza el Ministerio del Interior. Este contrato estuvo a cargo del Viceministro del Interior, Diego Fuentes. Se contrataron los servicios de la empresa Propraxis Marketing por el valor de USD 373.200,00 más IVA.
Dicha empresa jamás presentó informes mensuales de su cumplimiento y no se pudo constatar si efectivamente cumplió con el contrato.
116 convenios ejecutados sin respaldo
Y el dinero continúa saliendo del Ministerio del Interior. Según el informe de la Contraloría, se firmaron 116 convenios sin documentos que respalden la prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras. El monto de estos convenios asciende a USD 24.708.301,71.
Se registra como proveedor recurrente a Ecosonido Cia Ltda. El Ministerio suscribió dos convenios de pago con esta empresa en el año 2015, que suman USD 694.202,51, para el servicio logístico para realizar diferentes eventos. El informe del Ministerio del Interior es favorable pero no sustenta con documentos para verificar si la empresa cumplió a cabalidad con su oferta.
También se firmó otro contrato con esta empresa por un monto de USD 22.476,20, por régimen especial, para socializar la imagen de la Policía Nacional en los jóvenes del Club de Seguridad. Igualmente, la contratación se realizó sin respaldos, sin estudios de mercado y sin garantías.
El Gerente de esta empresa es Ernesto Guerrero, más conocido como “El Seco”, quien fue representante del grupo Pueblo Nuevo y quien ha estado presente ofertando sus servicios en algunas instituciones del Estado, entre ellas, la Presidencia de la República, en las conocidas sabatinas. 
Otra empresa contratada para la logística de eventos es Electric Light, quien se le adjudicó USD 2.152.681,48. De igual manera se firmó un convenio de pago para la compra de 5.000 camisetas con el logo del Papa Francisco para ser utilizadas en su visita. Para esto se destinó USD 273.280,00 a la empresa Progifts. Algo más de USD 50 por camiseta.
Otro convenio que llama la atención es el firmado para la adquisición de 2.500.000 fundas de agua para la misa del Papa Francisco. No se especifica el proveedor, pero se destinó USD 420.000. Se desconoce si se cumplió con la entrega, pero la empresa pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, indica en el informe de la Contraloría que hidrató a 1.200.000 ciudadanos en el Parque Bicentenario.
Claqueta Films también recibió su convenio por USD 718.200 por el producto comunicacional para televisión Tierra de Serpientes. La empresa entregó cuatro capítulos.