lunes, 31 de diciembre de 2018

El pueblo ecuatoriano a partir del próximo miércoles, reinicia la lucha en contra de los abusos de la tristemente célebre Agencia Nacional de Tránsito, que pretende meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos por supuestas deudas pendientes. Esta agencia que tiene una hoja de vida negra, busca, de la noche a la mañana, alzarse con el santo y la limosna, En Cuenca se ha conformado un frente de defensa, con una sola consigna: ni un centavo partido por la mitad a la caterva. Lamentablemente, Azuay no cuenta con un gobernador que defienda a sus conciudadanos de los intereses voraces, apenas tenemos una "autoridad" pintada en la pared, que prefiere no dar la cara. Nada de nada.
Foto El Observador
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Guarderas mete hasta la pata por Yunda

   en Conexiones4P/Elenfoque  por 
Santiago Guarderas es un político que colecciona malentendidos. Tras haber sido una cabeza visible de la resistencia al correísmo, como abogado y como figura relevante en los medios de comunicación, se apuntó en el socialcristianismo. Una corriente que, a pesar de lo que dicen sus defensores, es populista como lo probó con denuedo Cynthia Viteri en la anterior campaña presidencial. Y es autoritario, como no puede desmentirlo Jaime Nebot, a pesar de sus progresos.
Ahora, Guarderas subió la apuesta. Apareció al lado de Jorge Yunda, generando una verdadera ola de rechazo y decepción en redes sociales. Y genera una debate en el cual se ha metido Ramiro García y hasta Fidel Egas.Guarderas puso un tuit en el cual anuncia a cuatro miembros de la lista a concejales de Jorge Yunda que aspira a la Alcaldía de Quito. El tuit es una pequeña obra de mercadeo destina a descrestar a los parroquianos. ¿Qué hace Guarderas? Pues alinear los títulos universitarios, como antaño se mostraban los pasajes aéreos para Europa para crear envidia social. René Badón es master en California Western School of Law. Valeria Arguello, PHD en la Soborna de París. Marianella Irigoyen, master en la Universidad de Palermo.  Y él mismo, Master en la Universidad Católica de Guayaquil.
Ramiro García avaló el truco de mercadeo y echó gasolina a un debate en el cual se dice que los títulos no bastan o se pregunta dónde está la experiencia pública de estos aspirantes al servicio público. En este punto, cualquiera puede imaginar que la máquina del tiempo retrocedió y llevó a Guarderas y a García a los momentos cumbres en los cuales los correístas convirtieron el título de PHD en requisito indispensable para ingresar a la corte de los milagros.
Una digresión, solo una digresión, puede ser esclarecedora en este tema: en los años 90, el corresponsal de Time en Colombia entrevistó a Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. Esa experiencia la contó en diario El Tiempo. Su sorpresa no pudo ser mayor al ver al jefe del segundo cartel de Colombia presentar al equipo que le manejaba los negocios: todos graduados en las diez mejores universidades del mundo.
Los títulos son importantes: pero, como se probó durante el correísmo, lo esencial es la línea política y ética adoptada por quien detenta el poder. Y los PHD, con Rafael Correa, no sirvieron para dar racionalidad ni competencia ni ética al proyecto político. ¿Acaso ese Estado obeso que se metió hasta en la cama de los ecuatorianos no fue pensado y planificado en Senplades? ¿Quién lanzó Yachay? ¿Quién osó oponerse a la patraña armada alrededor de la Refinería del Pacífico? El viejo sueño de los tecnócratas, sentados en el poder, solo produjo tecnopopulismo.
Por eso, el debate no está en los títulos (siempre bienvenidos) de los aspirantes a concejales dispuestos a acompañar a Jorge Yunda. El debate es, en primera instancia, Yunda. Y Yunda, como político, tiene un pasado que no se puede ocultar con los títulos de sus asesores. O de sus candidatos a concejales. Un pasado que ha sido expurgado, por ejemplo, por Fundamedios. Su presente está en el informe que la Contraloría hizopúblico en junio pasado, sobre la concesión de frecuencias y que lo muestra como un hombre marrullero, mentiroso, capaz de engañar al Estado para obtener más poder mediático. Un hombre que no duda en poner sus bienes (las emisoras también lo son) a nombre de otros e incluso usar a sus trabajadores como prestanombres. Todo esto está en el informe de la Contraloría. ¿Estos factores, de ética básica, no cuentan en un candidato que aspira a dirigir la capital de la República? ¿Examinaron los PHD, citados por Santiago Guarderas, estos detalles del personaje que hoy cubren con sus títulos universitarios? ¿No imaginaron que quizá por eso los escogió Yunda?
Lo más curioso es que Santiago Guarderas no dice cómo congenió su lucha contra el correísmo con la defensa y el apoyo dado al autoritarismo por Jorge Yunda. ¿Acaso Yunda no ayudó mediáticamente en la campaña de Rafael Correa? ¿No le colaboró en las sabatinas? ¿No fue su asambleísta? ¿No fue él quien, puesto ante la disyuntiva de optar entre Correa y Moreno, habló de los dos como padre y madre? En este tópico el problema deja de ser Yunda. Es Guarderas y los otros PHD que han hecho, al parecer, tabula rasa y les da lo mismo hacer equipo con un político que apoyó al autoritarismo y medró de él. Guarderas y los otros PHD dejan muchas dudas sobre su coherencia en el campo de los valores democráticos.

*El Empire State*



Hernán Pérez Loose / EL UNIVERSO
Ese es el tamaño de la corrupción que construyó el correísmo, tan grande como el edificio Empire State. Una estructura enorme, con 8.000 metros cuadrados de base, 331.000 toneladas de peso y 443 metros de altura. Así de grande fue el asalto a los fondos públicos de Correa y su pandilla, así de sólida es la impunidad que dejaron instalada, y así de resistente es la cultura de corrupción que sembraron. Robaron en la construcción de carreteras, puentes, bordillos, aceras. Robaron en la edificación de escuelas, colegios y universidades, y en la de juzgados y cárceles. Robaron en la construcción de ministerios, hospitales, centros de salud, y en la compra de ambulancias, medicinas y equipos médicos. Robaron tanto en las centrales hidroeléctricas y redes de transmisión como en la adquisición de grilletes, patrulleros, caballos y fusiles. Les robaron a los maestros su fondo previsional, a los trabajadores sus utilidades, a los jubilados sus pensiones y al IESS sus dineros. Robaron en Tame, en Petroecuador y en los medios de comunicación públicos, y hasta en el terremoto de Manabí. Robaron en las refinerías y aeropuertos, en las ventas petroleras a China y en los seguros. Robaron en grande y en chiquito, robaron por escritura pública, con decretos y leyes, y a escondidas. El atraco de Coca Codo es una bofetada. En la propia China ya estarían enjuiciados los financistas, intermediarios, ministros y constructores.
Pero no solo robaron. Además, dejaron a un ejército de funcionarios, asambleístas, fiscales y jueces para que –salvo honrosas excepciones– los encubran. Tal es la cultura de la corrupción que crearon que hoy andan como el pavo diputados y políticos glosados por la Contraloría. La justicia corrupta fue su obra magna. Ella se prestó para protegerlos mientras violaban los derechos humanos y asaltaba al fisco. Pero no solo robaron, sino que llegaron a matar y secuestrar. Llegaron a asesinar nada menos que a un general de la República y a secuestrar a un diputado. Y, además, hicieron trampa. Trampa en los concursos de méritos, trampa en los juicios penales que instauraron para perseguir a políticos como Galo Lara –a quien lo intercambiaron por una nave involucrada en Panamá en el narcotráfico– o a Mery Zamora. Trampa en sus juicios con sentencias preparadas por sus abogados. Trampa en las elecciones y hasta en la redacción de la Constitución. Y encima permitieron que floreciera el narcotráfico y encubrieron a pederastas. Despilfarraron casi 300.000 millones de dólares y se habrán robado unos 70.000; falsificaron las cuentas fiscales y dejaron quebrado al país.
*Creer que a esta gente se la puede procesar y recuperar lo que robaron nombrando simplemente un nuevo fiscal, sin la asistencia de una comisión internacional de fiscales extranjeros por la ONU, es como creer que se puede derrumbar el Empire State con un martillo. Si no se la sanciona rigurosamente a toda esta mafia, estaremos como nación condenados a vivir sin dignidad en el basurero de la historia. ¿Es eso lo que quieren nuestras iluminadas élites?*

domingo, 30 de diciembre de 2018

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Silencio administrativo



Publicado en la Revista El Observador (Julio de 2009, edición 51)
3 millones de dólares le cuesta a los cuencanos el silencio administrativo que se cometió durante la administración municipal de Fernando Cordero Cueva. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, desechó el recurso de casación interpuesto por el ex Alcalde Cordero y el ex Síndico Tarquino Orellana Serrano, actualmente el uno presidente del congresillo y el otro concejal electo. A la nueva administración municipal, es decir, al Alcalde y concejales electos les corresponderá emprender juicios de repetición en contra de autores, cómplices y encubridores de los delitos que acusa la parte perjudicada, para que la ciudad pueda recuperar los 3 millones de dólares, dinero que la saliente administración municipal no dispone para cumplir con la sentencia, por lo que realizó gestiones con la banca privada para obtener dos préstamos pero al final fueron negados, por lo tanto, la administración municipal se verá obligada a tomar dinero de su propio presupuesto para poder cumplir con la justicia. Ya veremos si las flamantes autoridades que inician sus gestiones en agosto próximo, cumplen con su deber obligando a los culpables a devolver el dinero a los cuencanos.
RECLAMO
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia de Cuenca, aceptó el reclamo formulado por los familiares de los cónyuges Moreira Cedeño, acusando a la I. Municipalidad por ocupación indebida de terrenos de su propiedad.
El 26 de marzo de 1992 el Concejo Cantonal aprobó la lotización para la Cooperativa de Vivienda “Acción Comunitaria Casa para Todos”, permitiendo una apropiación indebida de 15.224, 71 metros cuadrados, acto que jamás fue notificado a la familia Moreira Cedeño ni a sus herederos. Fueron ocupaciones arbitrarias, sin trámite previo alguno, ni acto administrativo, ni pago de indemnización.
Se trató de un proceso irregular que se inició con una declaratoria de utilidad pública sin sujetarse a los procedimientos establecidos en le Ley de Régimen Municipal, con una donación injustificada que culmina en la aprobación de una urbanización. El trámite de expropiación no se sujetó a los procedimientos establecidos en el artículo 291 de la Ley de Régimen Municipal, incurriendo en falsedad ideológica en la escritura de donación lo que provocó la demanda de nulidad, convirtiendo a los personeros municipales en cómplices de las actuaciones irregulares, por lo tanto, solidariamente responsables de los efectos que se produzcan y que puedan derivarse de las decisiones judiciales..
OCUPACION INDEBIDA
En la conclusión 7 el Tribunal en mención “hace a la municipalidad responsable de esa ocupación indebida, que ciertamente beneficia a la Cooperativa, pero que corresponde a áreas que debieron ser indemnizadas oportunamente”.
El Concejo Cantonal que aprobó la lotización violó claras disposiciones constitucionales y legales, se violaron principios jurídicos como los relacionados con el “Estados de Derecho” y con el “Principio de Legalidad”
Según los informes de funcionarios municipales, se afirma que se trató de un proceso irregular que se inició con una declaratoria de utilidad pública, que sin sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Municipal, avanzó hacia una donación injustificada y culminó con la aprobación de una urbanización, en la que se incluyen áreas que no fueron expropiadas, que no fueron donadas, que no fueron de propiedad municipal, que no fueron tampoco públicas.
El Dr. Leonardo Alvarado Cordero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Fiscalización, con fecha 5 de marzo del 2003, dirige una comunicación al Alcalde Fernando Cordero Cueva, en donde dice: “La aprobación de la lotización presentada por la Cooperativa de Vivienda Casa para Todos, se resuelve a pesar de las observaciones presentadas por las diferentes dependencias municipales en relación con la cabida de la lotización , en el sentido de que la misma ocupaba adicionalmente un área de 15.569,15 metros cuadrados, que no le pertenecían”.
PRUEBAS SUFICIENTES
El Tribunal en la sentencia ha señalado que existen pruebas suficientes y contundentes, tanto en la ocupación de terrenos no expropiados para la Cooperativa de Vivienda “Acción Comunitaria Casa para Todos”, como en la implementación del parque lineal a orillas del río Yanuncay, ocupando terrenos en forma arbitraria, no procedió a notificar a sus legítimos dueños”.
Los Tribunales Distritales, dice la Corte Suprema, deben pronunciarse sobre el silencio administrativo y otros efectos colaterales de origen legal. Las sanciones administrativas, según el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, son independientes de la responsabilidad que individualmente se atribuya a los funcionarios públicos por los perjuicios económicos que se ocasionaren al Estado.
La entrante administración municipal con el Alcalde Paúl Granda a la cabeza, deberá ejecutar la acción de repetición prevista en el artículo 20 de la Constitución Política, en contra de los funcionarios o empleados municipales que cometieron los delitos anotados

LAS PRETENSIONES DEL CONTRATISTA-CANDIDATO

Jaime Rene Cedillo Feijóo
28 de diciembre a las 07:16 · 

La Ley es clara y es para todos. NO PODRÁ SER CANDIDATO. Artículo 113: "Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra púbica, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.
Este es el caso del Doctor Tarquino Alberto Orellana Serrano, quien aspira llegar a la Alcaldía de Cuenca.
El 7 de marzo del 2017, Orellana, en calidad de abogado en libre ejercicio, celebra un contrato (N RE-GADC-14559-2017R), con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, por servicio de asesoría y patrocinio en materia jurídica, por la suma de 75 mil dólares (más IVA); para "enfrentar las acciones de CCRC , y las que deba desarrollar el GAD Municipal".
De ser necesario, el Contratista (o sea Orellana Serrano) coordinará las actividades requeridas con la Procuraduría General del Estado y los profesionales que actúen en nombre de ésta en la defensa de los intereses del GAD Municipal de Cuenca.
Señala el contrato que los "precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista".
"El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la contratante es de 730 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato".
Pregunta El Observador: Cómo hará el candidato-contratista, Tarquino Orelllana Serrano, para por un lado defender los intereses del GAD Municipal de Cuenca, a cambio de 75 mil dólares norteamericanos, y por el otro lado, hablar de un proyecto como el tranvía que le ha costado a Cuenca, millones de dólares, sumado a la angustia y desesperación de cientos de hogares que han sufrido lamentables consecuencias por esta obra.
"Orellana explica que su labor surge del conflicto entre el Consorcio CCRC y el Municipio, cuando este dio por terminado el contrato con el constructor del tranvía.
En la labor jurídica, atendieron un pedido de arbitraje de emergencia y la demanda de daños y perjuicios planteadas por CCRC; se elaboró la contrademanda de la Municipalidad; respondieron al conflicto con la empresa Artelia que reclamó pagos adicionales en la Cámara de Comercio Internacional".
(AVB -8 agosto, 2018298. Diario El Mercurio)
El Contratista-candidato, publicó en la prensa local, en la sección intereses generales, bajo el título: Proclama: Cuenca tiene futuro. Y, entre otras cosas afirma: "Cuenca no resiste y no puede tolerar la ineficiencia, la incapacidad para tener una voz y una propuesta, la pereza e indecisión para responder, esa carencia de actitud y voluntad, esa incertidumbre como la del Ing. Marcelo Cabrera que nos ha demostrado que no está a la altura de las necesidades y demandas de la ciudad.Cuenca no resiste más la mediocridad ni la mentira".
HORAS EXTRAS
El contratista-candidato Tarquino Orellana Serrano, con fecha 24 de enero de 2017, dirige una comunicación al Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera (al ineficiente e incapaz, según sus propias palabras), para que disponga el pago de horas de trabajo cumplidas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2016 y enero del 2017, en relación del proyecto Tranvía 4 Ríos, "actividades de orden profesional a las que me he comprometido por su petición y en la urgencia requerida".
El contratista-candidato, asegura en la comunicación que en total ha trabajado "intensamente" con "celeridad" y "urgencia", 158 horas, nada más ni nada menos que a 100 dólares por hora, esto sin contar con el tiempo que ha dedicado para defender el proyecto Tranvía, en los medios de comunicación. En total el candidato-contratista, exige al Municipio de Cuenca, un pago de 15.800 dólares.
El Observador, hace un llamado a la Contraloría General del Estado, para que disponga una auditoria tanto al contrato celebrado por Orellana Serrano con el GAD Municipal de Cuenca, como a su exigencia del pago de horas extras.
Ustedes estimados lectores, sacarán sus propias conclusiones, tanto en lo legal como en lo moral.
La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.

Agentes expertos en delitos, en acción

   en Caricaturas/Humor4P  por 
James Bond se quedó corto ante dos nuevos súper agentes de seguridad secreta. En algún cuartel general subterráneo estilo Baticueva, Rafael Correa y José Serrano revisan atentos sus radares y detectan al enemigo con sus antenitas de vinil. Correa persigue la pista de los peligrosos bandidos que misteriosamente robaron $70 mil millones durante la década pasada. La misión de Serrano es desenmascarar a los perversos villanos asociados con el narcotráfico. Cada quien despliega habilidades en su área de experticia, no en vano entrenaron durante diez años para luchar ahora incansablemente contra la injusticia y la maldad.
Chamorro, que tiene acceso hasta los centros más secretos de inteligencia, retrató a los dos flamantes agentes antes de emprender una nueva misión.
Caricatura: Marcelo Chamorro 

Aviones presidenciales: Correa cae en picada

   en Conexiones4P/Elenfoque  por 
¿Alguien tiene algo que decir? Sonia Sierra, directora Nacional de Auditoría de la Contraloría, sentada a la izquierda de la mesa, mira desde lo alto del auditorio del ente de control a los asistentes. Hace silencio: espera una respuesta. Este 14 de diciembre están allí los involucrados en el uso –que resulta alegre y opaco– de los aviones presidenciales y periodistas que se han acreditado para esta lectura pública en la que no se puede interrumpir, grabar, tomar fotos o escribir en una computadora. Sonia Sierra preside la lectura del borrador del informe de la Contraloría que analiza lo que ocurrió con los aviones Legacy y Falcon durante cinco años en el gobierno de Rafael Correa: del 1 de enero de 2012 al 24 de mayor de 2017.
Omar Simon, sentado en la sección de los involucrados, interviene. Él fue secretario de la Presidencia de la República de marzo de 2014 a septiembre de 2016. Su intervención es corta y es la única. En sustancia dice a los auditores que hagan el favor de tener en cuenta que los aviones puestos al servicio de la Presidencia son de la FAE. Están bajo su responsabilidad, obedecen a sus regulaciones. Sonia Sierra no le responde. Repite que lo que se ha leído es un borrador, que está sujeto a rectificación o ratificación, que aquellos que tengan algo que decir, tienen cinco días hábiles para hacerlo. Y que adjunten las pruebas.
Omar Simon ensayó, en público y para que oigan los periodistas, una estrategia que dieron algunos a la Contraloría, que está incluido en el informe y que fue refutado por los auditores. Esa estrategia se llama lavado de manos. Simon, citado expresamente en el informe (por su cargo), quisiera hacer creer que la Presidencia de la República no tenía por qué responder por autorizaciones para usar los aviones, listas de pasajeros, motivos de los viajes, destinos, ingreso a los aviones de autoridades extranjeras, nombre de invitados especiales, paradas en los paraísos fiscales, tiempos de escalas, usuarios de esos aviones… Como si la FAE hubiera podido imponer regulaciones al gobierno de un señor que se creyó dueño del país. Por eso ante los requerimientos de la Contraloría, el ex secretario de la Presidencia se muestra extrañado de que le pidan cuentas a él. Y  pide a la Contraloría que indague allí, donde a sus ojos está el responsable de todas estas irregularidades: la FAE.
La estrategia de Simon describe a la perfección lo que fue el cinismo del correísmo en el poder: lo usaron en forma discrecional. Usaron instituciones y el erario como se les antojó. Anteponiendo la decisión política y hasta los caprichos a las leyes, los mecanismos, los protocolos, los procesos institucionales. Y ahora que les llaman a responder por las consecuencias de esos actos discrecionales, quieren hacer creer que el correísmo fue la mata de la institucionalidad. Ellos cumplieron con lo suyo y las otras instituciones (que ahora dicen que fueron independientes) tenían que velar por sus obligaciones…
Correa usa la misma línea de defensa que Simon. En la respuesta que dio a la Contraloría sobre la forma cómo manejó los dos aviones presidenciales dice que, como Presidente, no le correspondía responder por las autorizaciones. Y si hay problemas –respondió– se debió tratar de errores porque esos viajes se hicieron en función de los intereses del país. Y se originaron en una decisión suya. En claro, todo lo que se hizo, fue hecho pensando en un interés superior que, por supuesto, él definió. Si algunas cosas se hicieron mal, debió haber sido por error. Y por esos errores no responde él.
Correa y Simon, que comparten responsabilidades en este asunto, no convencieron a los auditores de la Contraloría. El informe está plagado de textos legales que regulan el uso de bienes del Estado confiados, en este caso en prioridad –pero no únicamente– al Presidente y al secretario de la Presidencia. Hay verbos claves en la ley que describen, para uno y otro, lo que tenían que hacer en el manejo de los aviones: autorizar, liderar, supervisar, coordinar, informar debidamente… Pues bien: hay 58 vuelos del Grupo de Transporte Aéreo Especial, 24 vuelos de Tame y 9 del avión de Petroamazonas que se hicieron sin requerimiento ni autorización. En algunos de ellos no se sabe los objetivos del viaje, el listado completo de pasajeros o sencillamente fueron usados para transportar autoridades sobretodo de Islas del Caribe. La Contraloría habla de un costo para el Estado de casi 13,6 millones de dólares; a los cuales podrían sumarse costos de operación. Se supone que, de no desvanecer sus responsabilidades, esos montos aparecerán en glosas y eventuales responsabilidades penales.
Correa y Simon hasta ahora se dan por enterados de que los aviones no eran de su propiedad. Que son bienes del Estado cuyo uso cuesta. Y que esa plata tampoco era suya.

El panzazo más reciente del iluminado del ático

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Nuevo lema correísta: no voten todo, todito 35

   en Caricaturas/Humor4P  por 
Lo inverosímil siempre está a la vuelta de la esquina. Rafael Correa es la prueba. Hace apenas 20 meses, era el dueño del país, de la política, de la esfera pública, del CNE, de Alianza País… De la verdad. De Todo.
Ahora irá a las elecciones seccionales, en marzo del año entrante, con el movimiento “Compromiso Social”, lista 5, del ex ministro Iván Espinel que fue condenado por enriquecimiento ilícito.
Correa ya no llama a votar “todo, todito 35” sino “todo, todito 5”.
Chamorro, fino cazador de oportunidades, no podía dejar pasar esta alianza: el hombre todopoderoso caído en desgracia con un político joven, vivaracho y ladrón. Ahora comparten serios problemas con la Justicia y los correístas el mismo lema…
caricatura: Marcelo Chamorro

Los resortes secretos que mueven a Correa

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viernes, 28 de diciembre de 2018

LAS PRETENSIONES DEL CONTRATISTA-CANDIDATO



La Ley es clara y es para todos. NO PODRÁ SER CANDIDATO. Artículo 113: "Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra púbica, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales.
Este es el caso del Doctor Tarquino Alberto Orellana Serrano, quien aspira llegar a la Alcaldía de Cuenca.
El 7 de marzo del 2017, Orellana, en calidad de abogado en libre ejercicio, celebra un contrato (N RE-GADC-14559-2017R), con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, por servicio de asesoría y patrocinio en materia jurídica, por la suma de 75 mil dólares (más IVA); para "enfrentar las acciones de CCRC , y las que deba desarrollar el GAD Municipal".
De ser necesario, el Contratista (o sea Orellana Serrano) coordinará las actividades requeridas con la Procuraduría General del Estado y los profesionales que actúen en nombre de ésta en la defensa de los intereses del GAD Municipal de Cuenca.
Señala el contrato que los "precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista".
"El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la contratante es de 730 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato".
Pregunta El Observador: Cómo hará el candidato-contratista, Tarquino Orelllana Serrano, para por un lado defender los intereses del GAD Municipal de Cuenca, a cambio de 75 mil dólares norteamericanos, y por el otro lado, hablar de un proyecto como el tranvía que le ha costado a Cuenca, millones de dólares, sumado a la angustia y desesperación de cientos de hogares que han sufrido lamentables consecuencias por esta obra.
"Orellana explica que su labor surge del conflicto entre el Consorcio CCRC y el Municipio, cuando este dio por terminado el contrato con el constructor del tranvía.
En la labor jurídica, atendieron un pedido de arbitraje de emergencia y la demanda de daños y perjuicios planteadas por CCRC; se elaboró la contrademanda de la Municipalidad; respondieron al conflicto con la empresa Artelia que reclamó pagos adicionales en la Cámara de Comercio Internacional".
(AVB -8 agosto, 2018298. Diario El Mercurio)
El Contratista-candidato, publicó en la prensa local, en la sección intereses generales, bajo el título: Proclama: Cuenca tiene futuro. Y, entre otras cosas afirma: "Cuenca no resiste y no puede tolerar la ineficiencia, la incapacidad para tener una voz y una propuesta, la pereza e indecisión para responder, esa carencia de actitud y voluntad, esa incertidumbre como la del Ing. Marcelo Cabrera que nos ha demostrado que no está a la altura de las necesidades y demandas de la ciudad.Cuenca no resiste más la mediocridad ni la mentira".
HORAS EXTRAS
El contratista-candidato Tarquino Orellana Serrano, con fecha 24 de enero de 2017, dirige una comunicación al Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera (al ineficiente e incapaz, según sus propias palabras), para que disponga el pago de horas de trabajo cumplidas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2016 y enero del 2017, en relación del proyecto Tranvía 4 Ríos, "actividades de orden profesional a las que me he comprometido por su petición y en la urgencia requerida".
El contratista-candidato, asegura en la comunicación que en total ha trabajado "intensamente" con "celeridad" y "urgencia", 158 horas, nada más ni nada menos que a 100 dólares por hora, esto sin contar con el tiempo que ha dedicado para defender el proyecto Tranvía, en los medios de comunicación. En total el candidato-contratista, exige al Municipio de Cuenca, un pago de 15.800 dólares.
El Observador, hace un llamado a la Contraloría General del Estado, para que disponga una auditoria tanto al contrato celebrado por Orellana Serrano con el GAD Municipal de Cuenca, como a su exigencia del pago de horas extras.
Ustedes estimados lectores, sacarán sus propias conclusiones, tanto en lo legal como en lo moral.
La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.