viernes, 31 de julio de 2026

 

Caso Progen: Asamblea archiva pedido de juicio político a Inés Manzano

Por

Redacción La Hora,

31 de julio 2026 • 17:15 hs

La mayoría gobiernista del Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el pedido de juicio político en contra de Inés Manzano, exministra de Energía del presidente Daniel Noboa.

La moción de archivo obtuvo 81 votos afirmativos, que contó con el apoyo de los legisladores de ADN y sus aliados. El correísmo, que impulsó el juicio político, logró 58 votos negativos.

El correísmo buscaba la censura de Manzano porque supuestamente habría participado en las irregularidades del Caso Progen. Este tiene que ver con la entrega de $104 millones a cambio de motores generadores de energía inservibles.

Rafael Oyarte e Ismael Quintana, defensores de Manzano, dijeron durante el proceso previo en la Comisión de Fiscalización que durante toda la etapa de prueba, ninguno de los interpelantes había presentado prueba alguna que demuestre que la exministra Manzano tuvo una intervención directa o indirecta en el tema de contratación o pago de los equipos que fueron adquiridos para superar la crisis eléctrica que vivió el Ecuador. (DLH)



 


 


 


 Roberto Aguilar

Actualizado:

Las claves que debes saber

  • INEC reporta pobreza de 21,37% en 2025; margen de error cuestiona la caída anunciada por Noboa.
  • Gobierno de Daniel Noboa destaca reducción 2024-2025; datos oficiales muestran amplio intervalo de confianza.
  • Informe de pobreza del primer semestre de 2026 no se publica; crecen dudas sobre las cifras oficiales.


 Directivo de Progen confiesa en Estados Unidos y detalla cómo fue la estafa al Estado ecuatoriano

Wade Minning, vicepresidente de Mecánica de Progen, y hermano del CEO de la compañía que estafó a Ecuador en la venta de generadores eléctricos, declaró ante una Corte en Florida los detalles de esa operación ilegal y el destino de los fondos millonarios que salieron de Celec.

Un distanciamiento familiar es el origen de una confesión alrededor del caso Progen. Wade Manning se convirtió en el testigo estrella de Celec en la demanda planteada en contra de la empresa estadounidense y sus directivos en Florida.

El 24 de julio de 2026, Wade Manning rindió una deposición bajo juramento, a cuya transcripción tuvo acceso PRIMICIAS. Ahí declaró que en los últimos meses ha tenido un alejamiento con su hermano John Manning, CEO de Progen y quien encabezó las negociaciones con Celec en 2024 para la venta de generadores eléctricos por más de USD 110 millones.

La pelea de los Manning se originó en diciembre de 2025, cuando ya había sido presentada la demanda en Estados Unidos y en Ecuador se investigaba un peculado detrás de los fallidos contratos. Progen había dejado de pagar el sueldo de USD 13.000 mensuales a Wade Manning, lo que lo llevó a renunciar en marzo de 2026. 

Además, en su relato, Wade Manning dijo que una vez que se había confirmado su declaración en la demanda de Celec contra Progen, en junio de 2026, recibió una transferencia de USD 43.000 de Progen sin ninguna explicación ni aviso. Y que todavía le deben USD 65.000.

Los documentos y generadores viejos

La primera confesión de Wade Manning fue que, para ganar los contratos en Ecuador, Progen falsificó de manera sistemática los certificados que garantizaban la experiencia requerida de la empresa para proveer los generadores y otros documentos.

Por ejemplo, Progen había presentado un certificado que lo avalaba como fabricante experto global en materia energética, cuando nunca había participado en un proyecto de esa magnitud. El mismo Wade Manning admitió que no tenía formación académica en mecánica o energía.

Además, la empresa estadounidense presentó múltiples referencias internacionales de su supuesta participación en proyectos previos. Cuando en realidad solo había instalado tres generadores en Texas, por lo que también hubo una demanda; y cuatro en África, que generaron quejas formales.

Finalmente, Progen certificó que los equipos que iba a entregar a Ecuador eran nuevos y tenían cero horas de uso. Pero, la verdad es que los generadores habían sido comprados bajo la modalidad conocida como "as-is".


Caso Progen: Generadores de 2009, placas adulteradas e inspecciones millonarias por Zoom

Esto significa que los generadores fueron adquiridos como bienes usados, en el estado físico y técnico exacto en el que se encontraban en ese momento, y en el lugar donde estaban ubicados (en Houston, Texas), sin que el vendedor asumiera ninguna obligación de repararlos, limpiarlos o completarlos.


Equipos fraudulentos

Según el relato de Wade Manning, para entregar los generadores a Ecuador, Progen adquirió 21 unidades EMD modelo 20-710 usadas en Houston a través de Apollo Electric. El valor de la transacción fue de USD 8,9 millones.

La deposición señala que los números de serie de estos motores identificaban años de fabricación antiguos, invalidando cualquier pretensión de ser equipos nuevos. Para falsear esa realidad, según Wade Manning, Progen retiró las placas originales de los fabricantes.Entonces, contrataron a la empresa InterFab para limpiar y pintar los generadores. Además, colocaron nuevas placas con la marca Progen y números de series manipulados para fingir la fabricación propia.

Además, Manning admitió que los equipos eran inútiles para el propósito contractual que buscaba Celec, ya que no eran aptos para Heavy Fuel Oil (HFO) y jamás fueron sometidos a pruebas de rendimiento adecuadas.


Una casa de lujo

En su relato, Wade Manning también relató un viaje de su hermano John, CEO de Progen, a Ecuador. Lo acompañaron. Andrew Williamson, director de operaciones de la compañía y el único procesado por peculado a nivel local.

También viajaron Garrett Williamson, hijastro de Andrew, y Scott Crampton, vicepresidente de Ingeniería Eléctrica de Progen. El declarante dijo que no tiene más detalles de ese viaje y que tampoco tiene conocimiento directo de supuestos pagos de sobornos relacionados con funcionarios en Ecuador.

Lo que sí relató es que luego de que volvieron de ese viaje y una vez que Celec desembolsó el dinero de los generadores a Progen, Andrew Williamson compró en diciembre de 2025 una residencia en Canterwood Drive, Mulberry, por USD 2,85 millones pagados en efectivo.

Wade Manning admitió que se sorprendió de que Williamson tuviera tanto dinero en efectivo. Y que al preguntarle a su hermano John cómo Williamson había obtenido esa suma, John le dio la excusa de que el dinero provenía de la "jubilación de la junta escolar" de la exesposa de Williamson (con quien Williamson sigue viviendo a pesar de estar divorciados legalmente). 

Tras la deposición de Wade Manning, el caso civil por fraude, conspiración y RICO en Florida sigue en la fase de descubrimiento, en la que se fijó como límite el 1 de febrero de 2027. Además, se ha programado el juicio por jurado para el 2 de agosto de 2027.



 



 





 


 




 Consejo de la Judicatura y Administración de Justicia

Por Manuel Vallejo Chávez
El Consejo Nacional de la Judicatura se creó en la Constitución Política del Ecuador del año 1992, y su presencia data desde el 21 de diciembre de 1998. Inicialmente funcionaba como un organismo dependiente de la entonces Corte Suprema de Justicia; posteriormente, con la Constitución de 2008 se innovó, dándole su actual autonomía como el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial en Ecuador.
El objetivo primordial del Consejo de la Judicatura es asegurar un servicio de justicia transparente y eficaz, sin interferir en las decisiones jurisdiccionales de los jueces; sin embargo, este cuerpo colegiado en 34 años de creación y 28 años de vigencia, lejos de cumplir con el propósito de ser un órgano técnico, administrativo y auxiliar de la hoy Corte Nacional de Justicia, se ha convertido en un ente con súper poderes, encargado de sancionar, destituir y nombrar jueces, generando constantes disputas de poder y facilitando la injerencia de gobiernos de turno y de redes narco criminales, provocando además, recurrentes crisis escandalosas por las actuaciones de sus representantes, como es el caso de Wilman Terán y Mario Godoy, que en su momento estuvieron involucrados en actos de corrupción, mereciéndoles la cárcel y destitución, como consecuencia de juicios legales y políticos planteados en su contra.
La administración de Justicia en Ecuador siempre ha tenido problemas, y grupos de poder disputando su control, con la diferencia de que antes los principales interesados eran los partidos políticos, en la actualidad se ha sumado el crimen organizado. El deterioro de la administración de justicia es evidente, aquí cabe la pregunta: ¿Cuánta responsabilidad tiene el Consejo de la Judicatura en este deterioro?, la respuesta a esta interrogante la podemos reflexionar, considerando el amplio rechazo ciudadano, académico e institucional, que en la actualidad tiene el Consejo de la Judicatura, registrando niveles de desaprobación a su gestión cercanos al 80%, consecuentemente, esta institución es percibida como un foco de corrupción, inestabilidad y politización, cuando por ejemplo la designación de sus vocales a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad también cuestionada y desprestigiada, responde a intereses políticos y mafiosos, que ponen en riesgo la independencia y estabilidad institucional de la Función Judicial del Ecuador.
Eslóganes oficiales del Consejo de la Judicatura, como: “Hacemos de la Justicia una práctica diaria” y “Construyendo justicia para la paz social”, se los podría calificar como publicidad engañosa, por cuanto en la práctica existe una gran brecha entre lo que promete y el servicio real que presta esta entidad a la comunidad, engaño que podría ser sancionado por los organismos de control competentes, como la Defensoría de Pueblo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por corrupción y falta de ética, si se presentara una queja formal por publicidad engañosa y falta de transparencia.
La reputación del Consejo de la Judicatura ha llegado al colmo, cuando el 13 de mayo de 2026, en una columna de opinión, el abogado Felipe Rodríguez Moreno publicó un artículo, a través del cual denuncia la existencia de un “tarifario” para influir en informes disciplinarios contra jueces y fiscales, según puntualizó, presuntamente se cobrarían USD 30.000 en caso de dolo, USD 20.000 por error inexcusable y USD 10.000 por negligencia manifiesta, calificándola además como “un nido de ratas”
Las opiniones sobre el Consejo de la Judicatura en Ecuador son alarmantes y condenables, circunstancia que debe llevarnos a reflexionar en la necesidad de una reestructuración profunda o incluso la eliminación del modelo actual donde el poder político interviene en la designación de vocales, convirtiendo a la Judicatura en un “botín político” que, en lugar de garantizar independencia judicial, se ha utilizado para crear redes de influencia y presionar a jueces,
En torno a este tema “hay mucha tela que cortar”; en lo personal, desde mi experiencia como ex funcionario judicial, considero que este ente burocrático debería desaparecer, por su nefasta gestión administrativa y financiera desde su creación; y más bien, retornar al modelo anterior mediante el cual la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia tenían mayor autonomía para regularse a sí mismas e interpretar la ley sin injerencias administrativas, y ejercían el control disciplinario y administrativo de sus propias jurisdicciones, con mejores resultados que los registrados en la actualidad por el Consejo de la Judicatura.
Concluyo, sumándome a múltiples voces que insinúan, que ante la evidente crisis de la Función Judicial en Ecuador, es urgente y necesario una reestructuración profunda que garantice independencia, transparencia y meritocracia.
Tomado de la Revista Girón 360 grados (Fascículo 23)

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🚨 #ATENCIÓN || Encuesta NUMMA: 36% califica positivamente la gestión del presidente Daniel Noboa; 70% se siente optimista respecto al futuro 📊Un estudio nacional de NUMMA, realizado entre el 3 y el 6 de julio de 2026, revela que el 36% de los ecuatorianos que conocen al Presidentecalifican su gestión como “buena” o “muy buena”. 👉La medición se realizó mediante 3.720 entrevistas presenciales en 12 ciudades, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error del 2%. 📈Según el informe, la aprobación del mandatario se mantiene estable respecto a la medición anterior, con una variación de apenas un punto porcentual. 🚔El estudio también muestra que la inseguridad y la delincuencia siguen siendo la principal preocupación para los ciudadanos, al ser mencionado por el 42% de los encuestados. Le siguen la corrupción política (13%), la falta de empleo (11%) y la situación económica (7%). 🛡️En esa misma línea, el 41% considera que la principal prioridad del Gobierno debe ser combatir la delincuencia y el narcotráfico, seguida por la creación de empleo (25%) y el fortalecimiento del sistema de salud (23%). 📌El sondeo también refleja que, pese a las preocupaciones sobre la situación nacional, el 70% de los consultados afirma sentirse optimista respecto al futuro, mientras que el 35% considera que Ecuador “está luchando y confía en que adelante saldrá”.



 


 Defensoría del Pueblo avanza en la investigación sobre las

intervenciones en el Cerro Monjas tras las denuncias ciudadanas
Cuenca, Ecuador.
La Defensoría del Pueblo continúa la investigación iniciada el 13 de
mayo de 2026 como respuesta a las denuncias presentadas por ciudadanos y por el Colectivo Amigos de Monjas, organización que desde hace varios años impulsa la defensa, conservación y puesta en valor del Cerro Monjas y de los cerros sagrados del
cantón Cuenca. Las denuncias ciudadanas alertaron sobre intervenciones ejecutadas en estesitio de alto valor arqueológico, ambiental, paisajístico y espiritual, solicitando la actuación
de las autoridades para proteger un patrimonio que pertenece a toda la sociedad.
La información remitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca reúne, por primera vez, los informes técnicos elaborados por la Dirección General de Áreas
Históricas y Patrimoniales, la Dirección General de Control Municipal, la Comisión de Gestión Ambiental y la Unidad Administrativa Sancionadora. Estos documentos ratifican
que el Cerro Monjas constituye un sitio arqueológico oficialmente registrado y forma parte del patrimonio cultural del Estado, protegido por la Constitución de la República y la Ley
Orgánica de Cultura.
Las inspecciones realizadas identificaron la construcción de infraestructura turística, miradores, columpios metálicos, cerramientos, edificaciones de bloque y cemento, así como
movimientos de tierra con maquinaria pesada, intervenciones que los informes consideran incompatibles con la conservación del patrimonio arqueológico y del paisaje cultural.
Como resultado de las actuaciones administrativas, se emitieron las Resoluciones Nros.
112-2023-INST3 y 113-2023-INST3, mediante las cuales se ordenó el derrocamiento de plataformas, casetas y otras estructuras construidas irregularmente dentro del área patrimonial. Asimismo, mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Nro. 011-
2026-INST7, concluido el 26 de mayo de 2026, se declaró la responsabilidad administrativa del infractor, se impuso una multa de USD 23.500 y se dispuso el derrocamiento del área intervenida, resolución remitida a las dependencias competentes para su ejecución.
La Defensoría del Pueblo mantiene especial atención sobre la posible autorización otorgada para la construcción de una denominada media agua dentro del sitio protegido, con el
propósito de determinar si dicha autorización existió, si cumplió con la normativa patrimonial vigente y si se derivan responsabilidades administrativas por su emisión.
La investigación también advierte que las intervenciones ejecutadas sobre bienes integrantes del patrimonio cultural podrían no limitarse al ámbito administrativo. De conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, este tipo de actuaciones podría
configurar responsabilidades penales o dar lugar a investigaciones penales, además de las responsabilidades administrativas y civiles que correspondan, cuando se determine la existencia de intervenciones realizadas sin la autorización legal exigida.
Asimismo, la Defensoría analiza la información relacionada con una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio respecto de un inmueble ubicado dentro del área patrimonial. Sin emitir criterio sobre la decisión judicial, este hecho evidencia la necesidad
de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para garantizar la aplicación efectiva del régimen constitucional y legal de protección del patrimonio cultural.
Las denuncias ciudadanas no se limitan a señalar las afectaciones existentes. El Colectivo Amigos de Monjas ha presentado propuestas orientadas a la recuperación y gestión sostenible de este patrimonio, entre ellas la delimitación y habilitación de senderos públicos de acceso y recorrido, que permitan a la ciudadanía conocer y disfrutar responsablemente de estos espacios ancestrales sin comprometer su conservación.
De igual manera, el colectivo propone que las autoridades incorporen en la planificación territorial la creación de museos de sitio en las inmediaciones de los cerros sagrados declarados patrimonio cultural, con el propósito de preservar, investigar y difundir la memoria de las primeras civilizaciones que habitaron este territorio. Estas iniciativas se complementarían con el desarrollo de parques botánicos y áreas de conservación,
destinados a proteger la flora y fauna nativas, fortalecer los corredores ecológicos y promover la educación ambiental y patrimonial.
La Defensoría del Pueblo continuará impulsando las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la protección integral del Cerro Monjas. Las propuestas ciudadanas demuestran que la defensa del patrimonio cultural no solo exige sancionar las
intervenciones ilegales, sino también construir una visión de futuro basada en la conservación, la investigación científica, el acceso público responsable, la educación y el respeto a la memoria histórica. La protección de los cerros sagrados representa una
oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo que armonice el patrimonio cultural, los derechos de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.


 El prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado, reconoció públicamente en una entrevista que pactó con Jaime Nebot y Guillermo Lasso (ambos representantes de la extrema derecha), supuestamente, por el bien de la patria.

"La multitud es un dócil rebaño incapaz de vivir sin amo. Tiene una tal sed de obedecer que se somete instintivamente a aquel que se erige como jefe"
El Observador


 

 Urgencia Ec
⚫ JUECES DE LA CORTE NACIONAL NEGOCIARON POR 20 MIL DÓLARES LOS HONORIS CAUSAS QUE RECIBIERON EN MÉXICO Mike Hernández, vinculado al caso Plaga, vendió Doctorados de Honoris Causa de La Universidad de México al ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y al Juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova. Los honoris Causa fueron pagados por el empresario privado, José Román Cabrera, representante de Plásticos Tubos Rival a cambio de influencias en índole tributario y laboral, según la información de Mike Hernández en su testimonio de Fiscalía.




 




Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado internacional del concurso del Museo Nacional del Ecuador, rechazó la explicación del ministro Roberto Luque sobre la fase de votación en línea. Dijo que nadie somete a votación la capacidad de carga de un puente ni la estabilidad de una presa, y sostuvo que la consulta alteró el dictamen técnico sobre una inversión de 100 millones de dólares.
El arquitecto afirmó que la participación ciudadana no debía quedar por encima de la funcionalidad técnica y que el problema estuvo en la intervención de la administración dentro del proceso. Según su versión, unas 50.000 interacciones ponderadas con 15 % del resultado influyeron en la selección final del proyecto Estratos Vivos, elegido para diseñar el nuevo MuNa.